Ya sé que no es políticamente correcto decirlo en voz alta pero están maltratando a Andalucía. Ya sé que en medio de la tormenta financiera que se abate sobre nuestro país, es mejor salvar el acuerdo por el que se han aprobado los planes de las comunidades autónomas y esperar tiempos mejores, pero la verdad no puede resentirse hasta el extremo de presentar como justa, la injusticia y como colaboración el resultado de la amenaza.
En primer lugar, ha sido el Gobierno y solo el Gobierno quien se ha empeñado en desprestigiar la labor de las comunidades autónomas y la que ha desplazado el déficit del Gobierno central hacia la periferia. Ha sido una tremenda irresponsabilidad porque el deterioro de la solvencia de cualquier comunidad, recaía como un boomerang contra la marca España. Pero ha exigido el recorte autonómico, más allá de lo razonable, como una forma de forzar la disminución del gasto en los servicios públicos esenciales, salud y educación, a los que no aman en absoluto.
En segundo lugar, el Gobierno central ha jugado contra la marca Andalucía especialmente desde que perdieron las elecciones del pasado 25-M. El ministro Montoro, que el jueves se invistió de la autoridad de un juez y de un censor de cuentas, dedicó buena parte de su actividad en los meses pasados a desprestigiar las finanzas andaluzas, a hablar de facturas ocultas y de balances poco transparentes. Ni siquiera pidió perdón por sus afirmaciones cuando se demostró de forma fehaciente que Andalucía debía a los proveedores menos de la mitad que Valencia y casi igual que Murcia con una población de 400.000 habitantes. Atacar las finanzas andaluzas ha sido un deporte entre los altos cargos del PP, jaleados por las peticiones de intervención de la derecha mediática.
Pero el castigo a Andalucía no ha cesado ni por un momento y el antiandalucismo se ha convertido en leitmotiv de la política estatal. Se ha establecido así una doble vara de medir en las decisiones económicas que los gobernantes andaluces deberían de explicar con claridad. En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se aprobaron los planes de ajuste de las comunidades se pudo comprobar la falta de ecuanimidad y de criterios. El tribunal ante el que Andalucía presentaría sus cuentas era inquietante. El juez supremo que marcaría el destino de Andalucía, el señor Montoro, el mismo que nos mandaba al infierno de la intervención sin mirar ni siquiera los balances. Mientras que las cuentas de Murcia, Castilla-La Mancha o Valencia, que duplican el déficit andaluz, fueron aprobadas literalmente “con nota”, amagaron con dejar en suspenso las cuentas de Andalucía. Mientras que a otras comunidades se les aceptaban recortes contabilizados a la manera de las cuentas del Gran Capitán a Andalucía se les exigía justificar hasta el último euro.
Sin querer provocar ninguna confrontación territorial con Cataluña, cuyo conseller tuvo diez veces más visión de estado que el propio ministro Montoro, a esta comunidad se le aceptó recuperar la inversión prevista en su Estatuto de Autonomía, mientras que a Andalucía no se le permitió hacer exactamente lo mismo: a saber, que el Estado debe abonar 408 millones de euros para cumplir lo que establece el Estatuto de Autonomía de Andalucía ni mucho menos computar como parte del ajuste andaluz los 1.500 millones que el Estado debe de años anteriores.
No sé hasta qué punto la discreción o el miedo son el mejor acompañante para Andalucía en esta tormentosa travesía. Los sacrificios que se les van a exigir a los andaluces, especialmente a los funcionarios, no van a ser fáciles de entender si no se explica el contexto político que nos acompaña o que nos amenaza. No solo hay que salvar los servicios públicos de envites privatizadores y de su deterioro, también hay que proteger a los profesionales que los hacen posibles. Por ellos hay que apurar al límite las posibilidades de negociación, aplacar la dureza de los recortes, valorar su trabajo y su tiempo. Y, sobre todo, contar la verdad.
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