- 2014

¡ POR UN 2.014 BUENO !

- LA “VENDETTA” DEL ABORTO.

La ‘vendetta’ del aborto.

El Gobierno se ha embarcado en la aventura equinoccial de poner las leyes al servicio de sus creencias y supersticiones. No es una ley. Es una declaración de guerra. Lo ha explicado Gallardón con su acento nasal y pijo. “Creía la izquierda que tenía la superioridad moral y que la derecha española no se atrevería a modificar ciertas leyes”, pero este Gobierno está decidido a derribar todo el edificio institucional basado, según él, en un equivocado concepto de la libertad y la igualdad.

Precisamente por eso, nos explica Gallardón, la contrarreforma del aborto ha producido en la izquierda tanta “irritación y tan grave quebranto”. El Gobierno de Rajoy se ha sacudido los complejos de la derecha y el ministro advierte a su propio partido que esta batalla ideológica figuraba en su programa electoral. O dicho de otra manera, que ser miembro del Partido Popular supone asumir un ideario ultracatólico, hostil a la libertad de las mujeres y beligerante en materia moral. Esa es la verdadera marca España que este Gobierno intentará trasladar a Europa, donde los ciudadanos sufren una derecha paniaguada que no se atreve a tocar los cimientos de viejas libertades progresistas.

España va a convertirse en el referente de la nueva derecha europea. Rajoy emprenderá una gira por los países de nuestro entorno para explicar cómo ha conseguido convertir las creencias religiosas en leyes, los prejuicios en normas y los pecados en sanciones penales.

Mientras en Europa este ideario solo se atreve a enarbolarlo la ultraderecha nacionalista, en España la verdadera ultraderecha política se sienta en el Consejo de Ministros de la única forma que podría hacerlo: disfrazada de gobierno tecnocrático. Durante años nos han intentado convencer de que era un acierto el hecho de que el Partido Popular hubiese absorbido la representación de la derecha más ultramontana. Esto nos libraba de que surgiera un partido de ultraderecha en nuestro país. Sin embargo, el coste de esta operación va a ser ruinoso para el sistema político español porque sus postulados culturales, educativos y morales empiezan a impregnarlo todo.

A diferencia de la derecha europea, que no se atrevería a tocar leyes que afecten a la libertad de conciencia o las relaciones personales, en nuestro país el Gobierno se ha embarcado en la aventura equinoccial de poner las leyes al servicio de sus creencias y supersticiones.

No nos engañemos tampoco sobre la autoría de esta ley. Con Gallardón o sin él, con Wert o en su ausencia, estos son los proyectos de este Gobierno, esta es la herencia que Rajoy quiere legar a la posteridad de su mandato. Han medido los tiempos y analizado el grado exacto de desmovilización social. Han confundido la escasez de manifestantes con la capacidad de respuesta. Han valorado la división de la izquierda, el descrédito de las organizaciones sindicales y han resuelto que este era el momento. Incluso las fechas navideñas han sido elegidas para dar su toque familiar y natalista.

No es una ley, no. Es una vendetta frente a las derrotas que la sociedad civil española les ha infligido en los últimos 30 años; una venganza por la incomprensión social que han sufrido cuando recorrían las calles con la sola compañía del revuelo de sotanas y hábitos eclesiales contra leyes que reflejaban profundos cambios sociales en la familia, en el matrimonio, en la libertad de las mujeres, en las relaciones personales. Son muchas derrotas sociales las que pretenden lavar con este texto.

Por eso, esta ley no tiene arreglo entre las cuatro paredes del Congreso de los Diputados. No se soluciona con una redacción más tibia o con la inclusión de otro supuesto legal como pretenderán muchas voces del PP escandalizadas por la virulencia del proyecto.

Esta ley se cambiará en la calle y en las urnas, porque quizá sin saberlo el Gobierno ha escrito con ella su Waterloo.

@conchacaballer

- UN CONDÓN EN EL CRUCIFIJO.

En su difícil tarea de sacar a España de la crisis y llevarla directamente al Medievo, el PP le ha encargado a Gallardón encarar el lado moral del asunto, algo que le va muy bien a un ex alcalde reconvertido en ministro con hechuras de seminarista. La ley del aborto que Gallardón se ha sacado de la manga, cual Harry Potter consultando entre grimorios, coloca a España a la cabeza de los países antediluvianos, al lado de Irlanda y Polonia, únicamente superados por potencias democráticas como Malta, Andorra o El Vaticano.

Esta ley no sólo le proporciona a un feto de dos días más derechos que un emigrante y un parado juntos, sino que además va a logar que las mujeres retornen a su condición secular de vacas de cría, tal y como pregona la santa madre iglesia. Este gobierno está empeñado en una cruzada a ultranza en defensa de ritos y tradiciones ancestrales que van desde los toros alanceados hasta una versión policial del Código de Hammurabi. En buena lógica, tarde o temprano, las mujeres tenían que regresar a la mantilla, porque las que llevan tan piadosamente Cospedal y Soraya no son sólo de adorno.

Entre las muchas barbaries reivindicadas por este aborto de ley está la suposición de que la despenalización del aborto suponía un desmadre y una invitación a la orgía. Han igualado el aborto con una operación de cirugía estética en que las mujeres que pasaban por el quirófano a extraerse un feto lo hacían con el mismo desparpajo que una señora que encarga una liposucción. Doctor, quíteme este peso de encima y de paso me pone los labios gordos. Estos señores tan cristianos han venido a decirnos que una mujer disfruta con un aborto, lo cual es la extensión lógica de esa mentalidad arzobispal que ve la práctica del coito como un sufrimiento, un pecado y un sacrificio.

La obra que mejor ha explicado el drama del aborto es Rosemary’ baby, de Ira Levin, que dio pie a una extraordinaria película de terror de Roman Polanski: La semilla del diablo. Lejos del mensaje satánico, Chuck Palahniuk diseccionó el mensaje profundo de la novela: una mujer privada de voluntad propia y sometida al capricho de su marido, de su médico y de una infame secta religiosa. Tienes que parir este niño sí o sí, querida. Tienes que desearlo, amarlo y respetarlo porque para eso te dio Dios un útero. Porque para eso, y para poco más, estás en el mundo.

En España vivimos una película de terror desde que nos gobierna una camarilla satánica que está a dos proyectos de ley de parir al Anticristo. Ni siquiera vale ya el supuesto de que el feto presente malformaciones físicas. A la mujer, ese útero con piernas, no le queda otro recurso legal que consignar en la comisaría cada cópula como una violación en un callejón oscuro. Que es exactamente el meollo del asunto: devolver al sexo el aura de maldad, bestialismo y suciedad que sufrió durante los oscuros siglos del catolicismo. Y también una metáfora de cómo nos sentimos todos, españolas y españoles, después de este aborto de ley: vapuleados, jodidos y violados en bloque por un gobierno que ni siquiera ha tenido el detalle de ponerse un condón en el crucifijo.

David Torres

- EL PP, DE LA MANO DE LA IGLESIA.

El PP está en manos de Rouco Varela, que quería ganar su última batalla, y tenía a un "tonto útil" como Alberto Ruiz-Gallardón para darla.

El PSOE abandonó el marxismo al inicio de la Transición, pero el PP no ha sido capaz de dejar de gobernar bajo las directrices de la Iglesia católica. La reforma del aborto aprobada en el Consejo de Ministros este viernes es la mejor prueba de ello.
Yo he oído decir a miembros del Gobierno que era razonable la actual legislación del aborto, equiparable -incluso a la baja- a las leyes que hay en toda Europa. Yo he recopilado comentarios de miembros del Grupo Parlamentario Popular afirmando que esto era una cabezonería intolerable del ministro de Justicia, que se iba a frenar. Yo he escuchado a diputados del Partido Popular comentándome que no había ninguna necesidad de abrir este debate, cuando con la actual ley el número de abortos había disminuido.
Pero el PP está en manos de Rouco Varela, que quería ganar su última batalla, y tenía a un "tonto útil" como Alberto Ruiz-Gallardón para darla. "Yo soy Iñigo Montoya, tú mataste a mi padre.. ¡Prepárate a morir!". No sé, pero esta frase la tengo todo el día en la cabeza, desde que le escuché hacer demagogia en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.La diferencia es que Iñigo Montoya luchaba por una causa justa y Gallardón, en su venganza personal, se ha propuesto castigar a todas las mujeres de este país.
Ha hecho la ley del aborto más restrictiva de Europa, la que quería la Iglesia, la que vuelve a tutelar a las mujeres en sus decisiones, la más retrógrada que se conoce. Y todo ello, bajo el amparo de la Jerarquía eclesiástica y la celebración de los grupos más ultraconservadores que, al parecer, han sido los únicos consultados.
Gallardón miente en la interpretación de la doctrina del Constitucional, saca pecho porque no se penaliza a la mujer por abortar -ninguna mujer ha ido a la cárcel por ello en toda la democracia- y vende como un gran logro que las mujeres de 16 a 18 años no puedan abortar sin el permiso de sus progenitores como mantenía la anterior legislación, cuando suponen el 0,4% de los casos y, en su mayoría, por motivos que serían hasta muy duros relatar aquí.

Pero esto no es el cumplimiento de una promesa electoral del PP. Es un pacto con la Iglesia católica, que sigue dando las directrices a la derecha española.

No es cierto que sea para contentar a una parte de su electorado, no es verdad que hubiera una necesidad social para hacerlo y, lo que es peor, no va a cambiar nada. Las mujeres españolas seguirán abortando cuando ellas lo decidan. Eso sí, en peores condiciones, con riesgo para sus vidas en muchos casos y, las que tengan posibilidades económica, pasarán tranquilamente las fronteras europeas a otros países con una legislación razonable: "Yo a Londres, tú a Alemania". Movilidad exterior le llaman.
El "progre" de Gallardón ha cumplido su último servicio público. Se ha salido con la suya. "Yo soy Iñigo Montoya, tú mataste a mi padre... ¡Prepárate a morir". Pero, aún a riesgo de volver a equivocarme, esta ley que atenta contra los derechos básicos de las mujeres no le va a salir gratis al Gobierno, ni al ministro de Justicia. Y marcará un punto de inflexión muy importante. Al tiempo.

Manuel Sánchez

- LEY MORDAZA.

10 cosas que estarán prohibidas.

No se trata de un debate entre izquierda y derecha sino entre estado autoritario o democrático.

Todos los gobiernos adoran a las mayorías silenciosas, pero este ha dado un paso más. Por si acaso no hay en el futuro mayorías silenciosas, habrá por ley mayorías silenciadas.

En los primeros años de la crisis los think tank de este capitalismo salvaje se asustaron con la perspectiva de una revuelta popular. Nos dijeron que “lo sentían mucho” y que “no volvería a pasar nunca más”. Anunciaron una refundación del capitalismo pero enseguida vieron que era mucho más productivo refundar el estado del bienestar y volverlo chiquitito, minúsculo tan reducido como los salarios de los que alimentan con su trabajo la maquinaria de sus ganancias.

Inyectaron provisionalidad y miedo en grandes dosis. El tono moral de la sociedad en general ha sido de resignación pública e indignación privada. Arden las redes, sobrevuelan maldiciones en conversaciones de bares y centros de trabajo pero la calle (ay, la calle que cuando se hace millonaria en cuerpos todo lo cambia), ha permanecido silenciosa y tranquila, con gloriosas excepciones de mareas y herederos del 15-M.

Pero la derecha es previsora y barrunta que puede empezar un lento movimiento social que pretenda recuperar derechos, aumentar salarios y devolver la calidad perdida de los servicios públicos. Por eso, justo cuando publicitan el fin de la crisis económica, promulgan una ley represora que intenta cortar las protestas de raíz, por vía gubernativa y sin apelación posible.

Creíamos que no tenían en cuenta a los movimientos sociales pero han tomado exacta cuenta de sus acciones y han diseñado un traje a medida para terminar con sus movilizaciones. Vean algunas de ellas:

Contra el 15-M: ya no se podrá volver a acampar en Sol ni en Las Setas de Sevilla, ni en ningún espacio público.

No se podrá acompañar a las víctimas de los desahucios porque supone obstaculizar la labor de funcionarios públicos.

No se podrán celebrar manifestaciones en torno al Congreso de los Diputados, el Senado, ni el Parlamento de Andalucía. No importa que desde hace 30 años se esté haciendo a diario y sin conflictos. Vaya a manifestarse donde no estén sus representantes.

No se podrán grabar las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni compartirlas en las redes sociales. Si hay violencia policial, debe quedar en la estricta intimidad.

No podrá colgar pancartas ni banderas en edificios.

No podrá instalar tenderetes para recoger firmas o repartir propaganda.

Tenga cuidado de que sus expresiones no supongan una ofensa para España a juicio de la autoridad competente. Diga que recitaba a Cernuda, Machado o Gil de Biedma por si acaso.

No haga reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público. Busque lugares recónditos de tránsito privado.

No pierda el DNI ni dejen que se lo sustraigan tres veces en cinco años porque será multado. Llévelo siempre atado al cuello.

No pronuncie injurias, calumnias ni acusaciones contra las autoridades o instituciones en las manifestaciones públicas. No vuelva a repetir aquello de “Fulanito… trabaja de peón”. Ahora debe decir “Mariano, creo que te estás equivocando”.

El Gobierno creará un registro de infractores que tendrá unos indeterminados efectos administrativos. Quizá no le den licencia de apertura de su negocio, o le prohíban el acceso a cualquier servicio público.

El Gobierno se reserva el derecho a autorizar, disolver y reprimir un derecho fundamental. Para que los jueces no se entrometan han trasladado las decisiones a la vía gubernativa. Bastará la palabra de un funcionario, un policía o una autoridad para ser multado. Si aún así se empeña, las tasas judiciales le convencerán de que está mejor calladito.

Con esta ley, hecha a la medida del Madrid más reaccionario, de las demandas de Aguirre y las frustraciones de Ana Botella, el Gobierno está tocando el nervio del sistema democrático. No se trata de un debate entre izquierda y derecha sino entre estado autoritario o democrático. Una vez más. Treinta y tantos años después. ¡Qué dolor!

@conchacaballer

- ESPAÑA S.L.

JULIA OTERO. Periodista  @julia_otero

España S.L.

Usted y yo podemos ir tranquilamente por la calle y encontrarnos ante la comisión flagrante de un delito o la intención inminente de cometerlo. Pues bien, sepa que usted y yo estamos autorizados, según el artículo 490 de la ley de enjuiciamiento criminal, a evitarlo, previo placaje, obviamente: los delincuentes no suelen ser tipos amables que atiendan a requerimientos verbales educados.

Si esa potestad la tiene en España cualquier ciudadano desde 1882, ¿qué pretende autorizar exactamente Interior a los vigilantes privados? ¿Hacía falta una ley de seguridad privada para repetir el contenido de los artículos de la ley actual? Como la respuesta es claramente negativa, habrá que pensar mal, que es la única forma de acertar. Se nos informa de que esos vigilantes de seguridad podrán exigir nuestra identificación en las calles que patrullen -sí, en el espacio público-, así como cachearnos, registrarnos el bolso o el coche. No podrán hacernos un interrogatorio, pero acto seguido añade el texto que no se considerará como tal la averiguación, comprobación o anotación que se haga de nuestros datos personales. O sea, cambiar el nombre de la cosa para aparentar que es otra.

Para tranquilizarnos, el proyecto de ley resalta que todo se hará en colaboración con las fuerzas de seguridad. Pero ¿eso incluye el acceso a la base de datos policiales para hacer eficazmente las comprobaciones? ¿Inspira seguridad que una empresa privada maneje información de los ciudadanos que solo debe estar al alcance del Estado? La propia policía y la Guardia Civil, a través de portavoces, han alertado de los muchos problemas que surgirán entre vigilantes y miembros de las fuerzas de seguridad. Cuando se extralimiten o equivoquen gravemente, ¿dónde reclamaremos? ¿En la sede de la empresa privada para la que trabajan?

Negocio para unos pocos.

España parece hoy una SL, una sociedad (muy) limitada a la que expropian cada mes parte del patrimonio. Detrás de cada privatización -siempre negada- nos venden eficacia, cuando solo es negocio para unos pocos. No, desde luego, para los vigilantes que pagaremos los contribuyentes a precio de policías -cuando protejan edificios públicos- aunque su empresa les pague a ellos la mitad. Márgenes empresariales, ya saben. Lo privado pagado con dinero público. Las cuentas del Estado no ahorrarán un céntimo, pero el lobi de la seguridad privada subirá extraordinariamente su facturación. En tiempos de apreturas hay los mismos jinetes pero pocos caballos, así que hay que abrir nuevos modelos de negocio.

Por último, ¿han reparado en que el proyecto tuvo los votos de PP, PNV y CiU? La derecha siempre da lecciones de coherencia: se enfrentan por las banderas pero se fuman un puro en cuanto hablan de pasta. Llega un nuevo nicho de negocio privado a cuenta de la seguridad pública.

- LA IGLESIA Y LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL.

La Iglesia solo admite que fue víctima y niega que también fue verdugo.

Francisco Espinosa Maestre. Historiador.

Decía hace poco el obispo de Tarragona, Jaume Pujol, que cuando “ve la memoria histórica” se da cuenta de que le faltan “sus sacerdotes y el obispo”. Según él, se dijo que en esa lista iban a estar “los dos bandos”. Pero rápidamente añade que los suyos “no son de un bando, son otra cosa…”, ya que hay que distinguir entre la persecución religiosa y la guerra civil. Mantiene Pujol que la persecución religiosa venía ya de antes, de los años treinta, aunque tenga que afinar más y dejarlo en “los años 34”, donde dice que ya hubo más de cien muertos. De ahí que se permitan hablar de “los mártires del siglo XX”. Al contrario que otros, la Iglesia, por supuesto, no abre heridas sino que las cura. Pero hay más. Según el obispo, los asesinos de los 522 mártires no han pedido aún perdón, al contrario que la Iglesia: “El papa Juan Pablo II ya pidió perdón en el 2.000 por toda la Iglesia”, lo cual parece que incluye, aunque no nos enteráramos, a la Iglesia española.

Por su parte, el jesuita y jesuítico exportavoz Martínez Camino se mostró partidario de abrir las fosas comunes. Sería “una obligación de piedad y humanidad”, declaró. Y añadió: “Y lo decimos con toda el alma: no se debe olvidar a ninguna víctima inocente”. Martínez Camino también ha dejado perlas como estas: “[El acto de Tarragona es] ejemplo de perdón al enemigo”, “Los cristianos no queremos tener enemigos” o “La Iglesia no olvida ninguna de las víctimas de los totalitarismos”.

Uno lee con cierto asombro estas declaraciones. No solo debemos soportar que la Conferencia Episcopal organice actos como el de Tarragona sino las justificaciones que dan sus responsables, amplificadas por sus múltiples medios. El obispo debe saber que los religiosos asesinados, tanto durante la revolución de Asturias como a partir del golpe militar del 18 de julio de 1936, no tienen por qué estar en lista alguna de la memoria histórica, porque esto sería repetir sus nombres. Además rebosa cinismo al echar de menos en dichas listas a “sus” sacerdotes y al obispo. A todas las víctimas de la Iglesia se las lleva conmemorando como mínimo desde 1939. Todas las diócesis y órdenes publicaron sus martirologios y la Iglesia se encargó a lo largo de la dictadura de que sus nombres no se olvidaran. Lo que llama la atención es que el señor obispo no eche de menos al diezmado rebaño. Precisamente a sus ovejas degolladas, olvidadas durante décadas, va dedicada la memoria histórica. ¿De dónde saca que “en la lista” iban a estar “los dos bandos”? Los suyos, Sr. Obispo, ya estaban en las listas de la memoria histórica del franquismo, mucho más antigua que la que surgió la década pasada. Esa es su memoria y allí sí que solo estaban los suyos.

Los que de verdad no hemos olvidado a nadie somos los historiadores. No los eclesiásticos como Montero, García Cárcel o Martín Rubio, que como Pujol solo tienen ojos para los suyos, sino los que hemos sacado a la luz la matanza fundacional del fascismo español, bendecida por la Iglesia. En nuestras obras constan también las víctimas de derechas y, por tanto, las de la Iglesia. Sabemos por otro obispo, el citado Antonio Montero, que el número de víctimas que la Iglesia considera suyas anda en torno a las seis mil ochocientas en todo el país. Un número altísimo sin duda que representa el 14 % del total de víctimas de derechas. Pero, en todo caso, un número similar al número de víctimas causado por el fascismo en una provincia como Huelva, inferior al de Córdoba o la mitad o menos del que hubo en Sevilla o Badajoz. El terror rojo acabó con más de doscientas religiosas, muchas de ellas beatificadas. Pero sólo entre las cuatro provincias mencionadas el fascismo católico acabó con más de dos mil mujeres, incluidas embarazadas. ¿Las recordarán alguna vez, Sr. Obispo?

El montaje de la Iglesia española con sus “mártires del siglo XX”, que viene de lejos, exige separarlos de la “guerra civil” y convertirlo en un fenómeno especial ajeno a esta. La Iglesia prefiere hablar de “persecución religiosa” y asociarla a la República, más por el intento de modernización que se llevó a cabo en relación con la Iglesia y en el campo de la enseñanza que por la persecución religiosa en sí. Pujol habla de más de cien muertos antes del golpe militar pero, si nos atenemos a la investigación histórica, no hay manera de pasar de los 34 causados por la revolución asturiana. Y en este caso, la mayor parte de los historiadores, incluso los más  moderados, coinciden en que fueron hechos puntuales que no respondían a ningún plan establecido ni a persecución alguna. De hecho, la inmensa mayoría del personal religioso fue respetada.

Lo que busca la Iglesia al llevar el origen de la “persecución” al 34 es lo mismo que los “Moas” al trasladar el “origen de la guerra civil” a octubre de ese mismo año: despegarse del golpe militar y de sus complicidades. La Iglesia sabe que desde el momento en que se produjo la sublevación tuvo lugar un doble proceso: en la zona en que fracasó provocó un movimiento revolucionario que en unos meses se llevó por delante la vida de miles de personas, y en la zona en que se impuso y en los territorios que las columnas van ocupando un calculado plan de exterminio que deja pequeño al otro. En este plan la Iglesia participa de diferentes formas y eso es lo que nunca ha reconocido. La Iglesia solo admite que fue víctima y sigue ocultando y negando que también fue verdugo.

La agresión vino del fascismo y fue con este con el que la Iglesia se alineó. La guerra civil fue consecuencia del fracaso parcial del golpe. La Iglesia formaba parte del poder, era mantenida por el Estado y controlaba desde el siglo XIX sectores básicos de la enseñanza. Este orden fue el que vino a trastocar la República. Para nadie era un secreto la ideología política de la Iglesia ni el privilegiado estatus de que había gozado hasta entonces. La República, al poner fin a la monarquía,  acabó con la vieja alianza entre el Trono y el Altar y convirtió la religión en un asunto privado al que cada uno era libre de dar la importancia que quisiera. El panorama resultó alarmante para la Iglesia. Sólo que en vez de reflexionar sobre las razones por las que tanta gente vivía ajena por completo a ella y a sus preceptos, prefirió culpabilizar a la República. En 1931 eclosionó una moral laica que se había ido forjando desde finales del XIX. Pero esta situación, acorde con los tiempos, suponía una provocación para la Iglesia, que no podía ver cómo la sociedad seguía su marcha sin tenerla en cuenta para nada.

Pujol dice que los religiosos asesinados no son de un bando, pero al obispo hay que decirle que, quisieran o no quisieran, el hecho de pertenecer a la Iglesia los convertía en parte principal del único bando que existió: el de los sectores que propiciaron, alimentaron y se sumaron al golpe militar cuyo objetivo no era otro que acabar con la República. Fueron muchos en todo el país los religiosos detenidos tras el fracaso del golpe. Pero no por la “persecución religiosa”, sino dentro de las medidas que los comités tomaron para controlar la situación. Parroquias, sacristías y depósitos varios albergarán a propietarios, derechistas destacados, falangistas, curas, obreros serviles, etc. Y allí donde se abrió la vía al crimen morirán todos juntos. Sus asesinos los matan por ser enemigos de clase y por representar una institución reaccionaria. Pero le diré algo al Sr. Obispo: si todos los curas detenidos tras el golpe hubieran sido asesinados, el número de víctimas religiosas habría que duplicarlo al menos. ¿Y sabe por qué no llegó a ocurrir tal cosa? Porque el respeto por la vida estuvo más cerca de los comités que se constituyeron para la defensa de la República que de los que se sublevaron y contribuyeron a su destrucción, Iglesia inclusive. Enerva que con este pasado la Iglesia ejerza de defensora de la vida.

Entre las afirmaciones de Pujol una de las más provocadoras es la de que los asesinos de los 522 mártires no pidieron perdón, pero el papa polaco sí. El obispo debe saber que por cada muerte de estas cayó luego mucha gente y que el sistema judicial franquista no se caracterizaba precisamente por el respeto a las garantías procesales. ¿Sabe acaso lo que dijeron antes de morir los culpables que fueron ejecutados? ¿Ha pensado alguna vez el obispo cuántos inocentes cayeron por cada uno de sus mártires? ¿No se ha fijado nunca en el apartado de la Causa General dedicado a los culpables y su paradero? El perdón pedido por Wojtyla en nombre de toda la Iglesia, ¿se refería a las barbaridades cometidas por la Iglesia en el siglo XX o a lo largo de su historia, en Europa o en el mundo? Pues sí que le salen baratos los pecados a la Iglesia. Y para colmo salen los de aquí diciendo que ese perdón incluía el mal que pudo hacer la Iglesia en España. Asunto resuelto. A algunos nos hubiera gustado que el perdón lo hubiera solicitado la Conferencia Episcopal no sin antes haber especificado los pecados cometidos a partir de julio de 1936. Así, en relación con la Iglesia, además de sus “mártires del siglo XX”, podríamos hablar de sus “pecados del siglo XX”.

Sorprende la llamada que hizo el ya exportavoz Martínez Camino a favor de la apertura de fosas comunes. Pues desde su cargo de secretario de la CEE y como experto en los “mártires del siglo XX” podría haber sido de gran utilidad favoreciendo el acceso a la documentación eclesiástica relacionada con la represión franquista. Por ejemplo, las memorias e informes de carácter interno y los expedientes personales de capellanes, párrocos, obispos, etc. Al fin y al cabo son archivos cuyo mantenimiento pagamos todos y que deberían regirse por la Ley de Patrimonio Histórico. Y digo que deberían porque hasta la fecha ellos deciden qué y quién lo puede ver.

La Iglesia española tiene la creencia de que todas sus víctimas eran inocentes, de lo cual yo no dudo, si bien en lo referente a las provincias que he estudiado hay casos en los que podría aportar  inquietantes matices. Sin embargo, los enemigos de la memoria histórica, entre ellos algunos eclesiásticos, han planteado más de una vez dudas sobre la inocencia de las víctimas del franquismo. Dejando caer: ¿y quién dice que estos que estáis recuperando fueron víctimas inocentes? Ya dijo el cura falangista Martín Rubio que la justicia franquista siempre castigaba por delitos concretos. En definitiva estamos ante lo de siempre. La inocencia de unos se da por supuesto; la de los otros habría que probarla.

Finalmente asombra que Martínez Camino afirme que la Iglesia nunca olvida a las víctimas de los totalitarismos. Se ve que el jesuita debe ser de la escuela del sociólogo Juan José Linz, al que tanto debe el franquismo, y que lo que ha querido decir es que no olvidan a las víctimas del nazismo y del comunismo. Como el franquismo, según Linz, fue un régimen autoritario, pues no hace falta recordar a sus víctimas. Quizás por eso la Iglesia no lo ha hecho nunca. Olvidan la frase con la que el historiador Herbert Southworth cerraba su obra El mito de la cruzada de Franco: “Sí, caballeros, tenéis razón; era una cruzada. Pero la cruz era gamada”.

- INJERENCIAS PELIGROSAS.

La Agencia Tributaria, la pieza maestra del Estado para combatir el fraude fiscal, está atravesando un periodo de confusión, según los análisis optimistas, o de caos, de acuerdo con los más realistas, debido a la brusca sustitución de varios altos cargos del organismo público desde que se hizo pública la destitución de Dolores Linares. La jefa adjunta de la oficina técnica había rechazado un recurso de la multinacional Cemex, recurso que pretendía anular una sanción de hasta 450 millones por simular pérdidas ficticias para evitar el pago de impuestos. Desde que el nuevo director de la Agencia, Santiago Menéndez, ocupa el cargo ha sustituido a 9 de los 16 miembros del Comité de Dirección de la Agencia, en lo que ya tiene todas las características de una purga política y profesional.

El ministro de Hacienda no contribuye a explicar la situación cuando asegura que los destituidos pertenecían a los equipos del Gobierno anterior. El argumento, que identifica la salida intempestiva de equipos de inspección con cambios directivos rutinarios, es muy débil. La oleada de dimisiones comenzó cuando Dolores Linares fue sustituida por rechazar el recurso de Cemex; existen indicios suficientes de que altos cargos de la Agencia recomendaron que el recurso fuera admitido; las declaraciones públicas de los dimitidos o destituidos, como la del jefe de la Inspección, Luis Jones, insisten en que la dirección de la Agencia no ha seguido los criterios profesionales en ocasiones clave. Las alusiones al caso de Cemex y Nóos son evidentes.

Estamos ante algo más que un simple relevo de cargos directivos socialistas por otros afines al Gobierno actual. Los responsables de la Agencia, y Cristóbal Montoro en primer lugar, deberían examinar con calma las consecuencias que se derivan de las últimas decisiones de la dirección. Por una parte, dan pie a la sospecha de que altos cargos de la Agencia presionaron, con fines espurios, para anular la sanción de Cemex, en contra de la opinión profesional de los equipos encargados de la inspección de la empresa. Una torpeza que compromete la imagen pública de la Agencia.

Aunque pueda despejarse la sospecha de conducta impropia, quedaría en pie el daño mayor. El equilibrio de poderes dentro de la agencia, establecido para salvaguardar los criterios objetivos de la inspección, se ha roto con las injerencias de los responsables políticos en Cemex y Nóos. Hacienda y la dirección de la Agencia parecen decididos a imponer una estricta política de obediencia entre los inspectores, por encima de cualquier otra consideración.

La crisis de la Agencia ha ido tan lejos —los inspectores responsables de casos importantes consideran que se ha maltratado su profesionalidad— que ya no es posible recuperar la confianza de los ciudadanos solo con decisiones administrativas. Es necesario que el ministro y el director de la Agencia comparezcan en el Parlamento para explicar las causas de la crisis; y sería recomendable que los cargos salientes, bien por destitución, bien por dimisión, den a conocer su versión.

- RESULTADOS, CLASIFICACIÓN, PRÓXIMA JORNADA Y ESTADÍSTICAS.

- CARTA DE LAICIDAD EN FRANCIA.

La Carta de la Laicidad

1. Francia es una República indivisible, laica, democrática y social que respeta todas las creencias.

2. La República laica organiza la separación entre religión y Estado. No hay religión de Estado.

3. El laicismo garantiza la libertad de conciencia. Cada cual es libre de creer o de no creer.

4. El laicismo permite el ejercicio de la ciudadanía, conciliando la libertad de cada uno con la igualdad y la fraternidad.

5. La República garantiza el respeto a sus principios en las escuelas.

6. El laicismo en la escuela ofrece a los alumnos las condiciones para forjar su personalidad les protege de todo proselitismo y toda presión que les impida hacer su libre elección.

7. Todos los estudiantes tienen garantizado el acceso a una cultura común y compartida.

8. La Carta del Laicismo asegura también la libertad de expresión de los alumnos.

9. Se garantiza el rechazo de las violencias y discriminaciones y la igualdad entre niñas y niños.

10. El personal escolar está obligado a transmitir a los alumnos el sentido y los valores del laicismo.

11. Los profesores tienen el deber de ser estrictamente neutrales.

12. Los alumnos no pueden invocar una convicción religiosa para discutir una cuestión del programa.

13. Nadie puede rechazar las reglas de la escuela de la República invocando su pertenencia religiosa.

14. Está prohibido portar signos o prendas con las que los alumnos manifiesten ostensiblemente su pertenencia religiosa.

15. Por sus reflexiones y actividades, los alumnos contribuyen a dar vida a la laicidad en el seno de su centro escolar.

 

Fuente: El País

- PARADOJAS DEL PARO.

Aunque la economía española sigue destruyendo empleo, el dato de noviembre ofrece algunas paradojas. La lista de parados registrados adelgazó en 2.475 empleados, con lo que la cifra muestra una tendencia buena: es el primer descenso del paro en noviembre, un mes malo por razones estacionales, desde 1989. La paradoja es que, aunque este dato sea a todas luces positivo, se sigue destruyendo empleo.

De modo que las cifras inducen a una expectativa de mejora real. Pero conviene no confundirla con una tendencia inequívocamente optimista. Entre otras razones —y es una paradoja más a añadir— porque la generación virtual de empleo registrada se contrarresta por una fuerte destrucción de empleo a lo largo del año, que se hace invisible porque cae la población activa. Los que buscan trabajo se desaniman y desapuntan; muchos jóvenes retornan a las aulas y bastantes inmigrantes vuelven a casa. La potencia laboral española se ha reducido hasta 16 millones de trabajadores, al nivel de finales del siglo pasado.

Si la coyuntura laboral registra ecos de los primeros síntomas de crecimiento económico (aún débil), el Gobierno debería basarse en ellos para multiplicarlos. Y evitar la mezcla de espíritu contable (el angustioso rastreo de una décima positiva) y de tentación propagandística. Así no habrá declaraciones apresuradas sobre la destrucción de empleo, como las recientes del presidente Rajoy, que pueden humillar, aun sin pretenderlo, a tantos.Otra paradoja más procede de la composición del empleo nuevo. Crecen exponencialmente los contratos temporales y parciales en relación a los fijos, que solo suponen un 7,5% de los firmados. Es lo contrario de lo que defendían los autores de la reforma laboral al presentarla como fórmula contra un mercado de trabajo dual, dividido entre contratos fijos (cada vez menos) y temporales (cada vez más). España parece ir ineluctablemente hacia la disminución clara de los contratos indefinidos.

Lo que hace falta es más acción política para dar prioridad a la economía productiva y a una política industrial como propugna la UE; desplegar políticas activas de empleo, entre ellas el impulso a los servicios y agencias de colocación, tanto públicos como privados; y acelerar la aplicación del plan de empleo juvenil. O sea, más hechos, porque palabras ya hay suficientes.

- UNA SOCIEDAD QUE AVERGÜENZA.

La sociedad española parece tener un buche en el que cabe todo. Engulle lo que le echen en tales proporciones que pronto habrá de habilitar esófago, estómago e intestinos para seguir almacenando lo que ingiere. El saco de la suciedad soportable se ha ido llenando al punto que ya desparrama fuera sus excrementos como lo hizo la basura de Madrid. Hasta las más inmensas tragaderas tienen un límite de espacio, no parece en el caso español. Estamos dando como pueblo un espectáculo deplorable.

Los poderes nos suministran porquería prácticamente a diario. Y la mayoría la ingiere sin mirarle el diente. Es la sentencia del Prestige, que deja la catástrofe sin culpables tras 11 años de dilación para alimentar el olvido. El chapote que sí existió tizna a la justicia y a la propia sociedad complaciente. Son los 45 diputados del PP valenciano –de los 54 electos– firmando una petición de indulto para que no entre en prisión el colega que prevaricó en Torrevieja, según condena judicial –que alguna hay–. Siguen la estela, por cierto, del magnánimo Gobierno central, presto a eximir de la cárcel a toda suerte de corruptos y estafadores de altura, torturadores, y hasta a homicidas al volante que hayan tenido la previsión de contratar los servicios del bufete adecuado. La podredumbre de la vida política actual nos entronca con los periodos más negros de nuestra historia.

Hemos visto cosas que no creeríamos. No hasta ese punto y con tanta frecuencia. Cada uno de los escándalos desvelados hubiera costado el puesto, la caída del Gobierno incluso, de forma fulminante; la aglomeración parece diluirlos. El aire se enturbia cada día más, lo viene haciendo a golpes continuos de hollín hasta haber llegado al nivel de irrespirable. Mientras, los autores del desastre caminan, erguidos y suficientes, como si nada fuera con ellos.

Cuando supimos, publicado en prensa y confirmado por él, que todo un presidente del Gobierno intercambiaba SMS de ánimo con su extesorero imputado por corrupción vinculada a su partido, pensamos que todo habría de estallar necesariamente. Sueldos, sobresueldos –hasta en A, que son casi igual de flagrantes–, donaciones al partido de las mismas empresas que reciben el contrato público de cuanto se gestiona y construye en España. Y a las que la justicia no ve relación punible porque no han firmado un escrito en el que diga: vale por un cohecho. Borrado de ordenadores comprometedores que tampoco merecen sospecha judicial. Privatizaciones cuyo tufo atruena. Finiquitos diferidos. Recibís que se firman sin que medie la recepción del dinero, según se atreven a declarar. Ni el más surrealista de los autores de ficción osaría escribir un guión tan zafio e inverosímil. Interpretado, además, por un elenco de actores de tan ínfima categoría que parecen reclutados en un desguace. De Botella a Montoro, pasando por González, Báñez, Mato, Soria, Fabra, Camps, Barberá, Bauzá, Floriano, Cospedal o el propio Rajoy, encabezando la interminable lista.

¿Nos toman por idiotas? Puede ser, pero sin duda por mansos, o moldeables. Porque, siguiendo la triste tradición de nuestro país, a quien protesta se le acalla. Por el método que sea. Saben –y ése es su triunfo– que mientras no estalle eso que llaman en términos elogiosos su “mayoría silenciosa”, sumisa, hay margen. Y, si no, se construye el entramado legal y judicial ad hoc. El Código Penal de Gallardón o la nueva Ley de Seguridad Ciudadana de Fernández Díaz en Interior, altamente represora. Para cortar reclamaciones molestas o ante cualquier eventualidad, María Dolores de Cospedal avanza ante las NNGG que el PP piensa poco menos que sacar a España de la jurisdicción de los tribunales Internacionales. Y ni se inmuta al decirlo. Ni la sociedad al escucharlo.

Asistimos al patético episodio de ver en el mismo escenario, al presidente del PP y del Gobierno –que solo habla ante quien le aclama y le corea– aplaudirse a sí mismo por sus imaginarios éxitos, al cumplirse la mitad de su mandato. Tan encantado con su labor está, que promete persistir en ella: nos seguirá empobreciendo y aumentando la desigualdad social con sus “reformas”. Él y los suyos están mejor que hace dos años, no el resto. Sin duda.

La lista de irregularidades es tan larga que la mayoría la olvida entretenida en su labor de embuchar hasta sapos con púas. Cierto que tanto golpe seguido, tanta desfachatez andante, puede terminar por anestesiar. Si se está enfermo; una sociedad sana no lo toleraría. En ningún país serio seguiría en la presidencia del Gobierno una persona que ha mentido desde la primera a la última de sus palabras y que se halla circundado por SMS y cuentas turbias. No continuarían ni un minuto más en su puesto los 45 diputados valencianos. Ni los órganos de la justicia que alojan en sus estómagos sentencias como la del Prestige y todas las que se avecinan, dando una insufrible sensación de impunidad. No se aguanta esta batería de desafueros en otros países aunque no sean un dechado de virtudes. Se echa a los corruptos. Se van ellos, incluso. Antes incluso del proceso judicial; la sospecha fundada, tanta sospecha fundada mancha.

En el llamado “escándalo de los gastos parlamentarios” de 2009 en el Reino Unido, se penó el robo de cantidades que aquí son calderilla. La sensible diferencia es que todos ellos fueron obligados a dimitir. Que sus partidos se mostraron férreos con eso. Y que en las calles de Londres la ciudadanía evidenció su enorme rechazo, su irritación, su determinación irrevocable de castigar estas prácticas. Vengan de donde vengan. Aquí no ocurre. Ni por asomo.

Hace meses que la prensa internacional se pregunta hasta dónde va a aguantar la cuerda a Mariano Rajoy y su partido. En julio decía The Economist: “La corrupción es la piedra de molino del señor Rajoy. ¿Va a hundirlo? La combinación de una mayoría parlamentaria absoluta, una inexplicable tolerancia a la corrupción entre los votantes españoles, escándalos similares que golpean la oposición socialista y un sistema judicial lento significa que probablemente no lo hará”.

Esa “inexplicable tolerancia a la corrupción entre los votantes españoles” que los medios extranjeros resaltan duele y avergüenza profundamente a los españoles decentes. A los que aún arriesgan su dinero y su trabajo para defender, por ejemplo, la sanidad pública, ahuyentando a los buitres que vienen a comer lo que han convertido o quieren convertir en carroña de la que lucrarse. A los que han dejado unos días la basura en la calle –como metáfora– para no emporcar más los salarios y condiciones laborales de los españoles. A quienes no quieren ser identificados con la España corrupta.

¿Cómo ha podido convertirse en normalidad esta inmundicia? ¿Qué puede germinar en esta mugre? Sea cual sea su papel en la obra, protagonista o secundario, si usted es de los que tiene tan empachado el buche que ya se le confunde con el intestino, mírese al espejo y reflexione si ve en él a un ciudadano o qué ve. Sinceramente.

Rosa María Artal.

- LAS 15 ROSAS DE LA PUEBLA DE GUZMÁN.

La larga noche de las rosas de Puebla de Guzmán ya ve la luz.

La familia de Pedro el Sastre (el bebé). La primera mujer por la izquierda, María Blasa, una de las rosas de Guzmán.

“Se hacían interminables las noches, insufribles”. Para Beatriz, que ya le habían matado a su hijo Gaspar. Para María y para María Dolores. Para María Márquez y María Rodrigo, a cuyo hermano también lo habían asesinado. Para María Peña, para María San Blas y para Catalina, “que no conocía eso que sus verdugos llamaban política o comunismo”. Para María Blasa y para Dolores, de la que intentaron abusar hasta la misma noche de su asesinato. “Las dejaron en el cementerio, amontonadas en una fosa abierta. Y allí las echaron. Y allí están, amontonadas”, cuenta el periodista Rafael Moreno en su libro Perseguidos, editado por el Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria Social de Andalucía de CGT-A.

El desfile continuó con Antonia, Concha, Mercedes, Sampedro, Dolores y Concepción, cuyo hijo, Félix, no dejó crecer, mientras vivió, jaramagos, ni cardos, ni ortigas sobre la fosa donde enterraron a estas 15 mujeres. Cuenta Moreno que Félix sembró un rosal, lo injertó con otros y salieron rosas rojas, amarillas, lilas… Y allí, en el viejo cementerio de Puebla de Guzmán (Huelva), siguen ocultas bajo la maleza esas otras 15 rosas y su crimen, sólo recordadas por José, un hombre de 95 años, hijo de María Blasa, una de ellas.

José, aquejado de una bronquitis, no pudo asistir al acto de presentación del libro, cuyo germen fue publicado previamente en este periódico por el propio autor el pasado junio. Pero no pudo contener la emoción en su casa, cuando supo que el alcalde, Antonio Beltrán (PSOE), había anunciado que buscará y exhumará la fosa donde supuestamente está su madre y las otras mujeres. El regidor lo hizo público la semana pasada ante unos 150 vecinos, que no cabían en la biblioteca municipal, donde se celebró el acto. “Hemos recogido el sentir de los vecinos y el Ayuntamiento asumirá, con subvención o sin ella, la investigación y la posterior exhumación de la fosa por una cuestión de orden moral, porque los vecinos tienen que ver reparada la memoria de sus familiares“, confirmó a Andalucesdiario.es el alcalde, que insiste en que es una obligación investigar esos crímenes. En Puebla de Guzmán, entonces con unos 6.000 habitantes -hoy la mitad-, se calcula que mataron a más de 80 personas.

El pasado julio, el Ayuntamiento solicitó una subvención a la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta para iniciar los trabajos pero fue denegada por “puntuación insuficiente”. Según el alcalde, la primera fase, la de investigación, supone un coste de 23.000 euros. “La siguiente fase, la de la exhumación, la tiene que cuantificar aún la arqueóloga”, aclara el alcalde, con quien -asegura- mantendrá una reunión la semana próxima.

Rafael Moreno, José Domínguez, el investigador Jesús Copeiro y Cecilio Gordillo tras la presentación de ‘Perseguidos’, en la casa de José.

76 AÑOS OCULTO

“No se ha hecho nada en 76 años hasta ahora. Esta fosa está también incluida en el mapa elaborado por la Junta de Andalucía en 2011. Pero, insisto, no se ha hecho nada hasta que no se ha publicado esta historia. Ese momento en la biblioteca fue precioso. Es un ejemplo más de la importancia de airear estos casos”, explica el editor, Cecilio Gordillo, que llevaba preparado un escrito para el alcalde donde pedía la intervención en la fosa. “Si algo bueno tuvo el boom de la memoria histórica es que animó a mucha gente a salir del silencio”, añade el historiador Francisco Espinosa en el prólogo.

Rafael Moreno destaca también la importancia de la publicación para arrancar compromisos a la administración. El autor confía ahora en que el alcalde efectivamente cumpla: “Sobre todo por José, un hombre que se sigue emocionando y que, de alguna manera, esto le va a permitir descansar al menos un poco”.

José Domínguez, conocido como Pedro el Sastre, fue enviado al frente a batallar donde operaban las tropas italianas que apoyaban a Franco en La Alcarria. Desde allí mandaba cartas a su madre sin saber que la habían matado. “Madre, no me llegan noticias suyas. Creo que no ha recibido la primera carta que le mandé en septiembre, nada más llegar a estas tierras alcarreñas. Me resulta extraño este silencio de letras y tintas pero serán cosas de los correos en tiempos de guerra”, escribe en una misiva recogida en el libro. Su memoria ha puesto nombre y apellidos a unas mujeres, a unas vivencias y recuerdos que, como subraya Francisco Espinosa, muy difícilmente habrían entrado en los libros de historia. José, con 95 años, ha logrado que todos los demás recuerden también a las Rosas de Guzmán.
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- MÁRTIRES.

La Iglesia ha beatificado a 522 religiosos de la Guerra Civil sin importarle despertar los viejos fantasmas de aquella gran matanza.

Las dos Españas enfrentadas en la Guerra Civil produjeron la misma cosecha de mártires, de uno y otro bando. Desde entonces persiste una profunda cicatriz que aún supura, porque unos mártires están en el altar y otros en la cuneta; a unos los envuelve un coro de ángeles en el cielo, a otros solo les cantan los pájaros en los árboles. El olor a cera e incienso perfuma los pies de escayola de los mártires beatificados; pero los enterrados en los barrancos reciben el aroma de las plantas silvestres, la lavanda, el anís, el tomillo y el espliego. A los mártires de la Iglesia les rezan los fieles de derechas; a los asesinados del otro lado las plegarias las trae el viento que dobla los narcisos salvajes sobre su memoria. En los retablos barrocos envueltos en falso oro, las hornacinas cobijan a los religiosos que fueron vilmente asesinados; los mártires laicos, alcaldes, maestros, obreros, funcionarios y militares demócratas, que cumplieron con su deber y cayeron después de la victoria bajo los fusiles en las tapias de los cementerios solo son glorificados por el sol, que al amanecer y al final de la tarde les ofrece con el incendio de las nubes un retablo de oro puro. A simple vista parecía un acto fanático y provocativo. En medio de la crisis social y política que azota y divide a este país, la Iglesia se ha marcado el farol de beatificar a 522 religiosos asesinados en la Guerra Civil sin importarle en absoluto despertar y poner al día los viejos fantasmas de aquella gran matanza entre hermanos. Durante la ceremonia el papa Francisco mandó un mensaje aséptico, sin atreverse a tocar el hueso. Por lo visto es más fácil echar mermelada sobre los pobres, dejar de calzar las sagradas pantuflas, enfrentarse a los cocodrilos de la curia, montar en coche utilitario y mezclarse entre la multitud sin temor a un atentado que aludir, aunque solo fuera de pasada, a los mártires que generaron los crímenes del franquismo. Es imposible que un argentino no encontrara las palabras siquiera ambiguas, si no es por el miedo cerval a molestar a una derecha dura, que es tenaz con su ideología. Pero, después de todo, lo peor no es esto, sino que un día volverá al poder la izquierda y atrapada en el mismo miedo tampoco va a hacer nada para que cese de una vez esta ignominia.

Manuel Vicent

. RECORTES Y LOMCE.

Presentan en Moncloa 1,7 millones de firmas contra los recortes y la LOMCE.

La Plataforma por la Escuela Pública reclama que el Gobierno retire la reforma educativa.

Manifestación contra los recortes y la reforma educativa, el 24 de octubre, en Madrid. / GORKA LEJARCE

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha entregado este jueves en el Palacio de la Moncloa los resultados de la consulta ciudadana que los sindicatos, organizaciones de estudiantes y asociaciones de padres que componen esta entidad iniciaron el pasado mes de septiembre para recoger la opinión de los españoles sobre los recortes y la política educativa del Ejecutivo y que ha contado con la participación de 1,7 millones de personas.

Aunque esperaban que les recibiera al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o alguien de su gabinete, finalmente, esto no ha sucedido y han entregado el resultado de la encuesta en el registro de la Moncloa. "Un sello es lo que demuestra el respeto que tienen por la comunidad educativa", ha lamentado en declaraciones a los medios el presidente de la confederación de padres de alumnos CEAPA, Jesús María Sánchez. No obstante, ha destacado que la consulta ha sido "un éxito sin precedentes de la sociedad española", pues ha recogido una posición "de absoluto rechazo" a los recortes en educación, al proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y al Real Decreto de Becas, pese al "boicoteo", según ha denunciado, por algunas administraciones educativas "del PP" para "impedir" llevar a cabo esta iniciativa.

De total de ciudadanos que han participado en la encuesta, han respondido a la primera pregunta sobre si rechazan los recortes educativos, 1.765.167 personas (el 99,1%) han contestado que "sí", 10.463 personas han dicho que "no" y en blanco hay 2.934 votos. A la segunda pregunta sobre si rechazan las políticas educativas del Gobierno, un total de 1.759.229 personas (98,3%) han votado que "sí", mientras que 19.269 han dicho que "no" y 8.076 han dejado esta cuestión en blanco.

"Esto demuestra que el Gobierno se tiene que sentar con la comunidad educativa, retomar este asunto y retirar la LOMCE", ha aseverado Sánchez, que ha insistido en solicitar la retirada también del decreto de becas, aunque ha avisado de que si no lo hace el Tribunal Supremo dará la razón a CC OO y CEAPA para que esto se produzca. "Que lo haga ahora para que no se tenga que retractar como ha ocurrido con las becas Erasmus, tras el ridículo tan espantoso que España ha hecho en Europa", ha añadido.

La encuesta se ha desarrollado entre el 23 de septiembre y el 27 de octubre. Precisamente, esta organización ya hizo entrega el pasado mes de octubre de un millón de firmas recogidas en el marco de la consulta ciudadana contra la LOMCE y los recortes. Para la realización de esta encuesta, la plataforma ha instalado 4.852 mesas repartidas en todas las comunidades autónomas, la mayoría en los centros públicos.

- EL PP Y LA BASURA.

El PP y la basura.

El símil es facilón: La basura inunda Madrid y la política nacional. Pero la empresa concesionaria es el PP y su filial el Gobierno. Vivimos entre basura y presumiblemente cuando la de la limpieza viaria pase, la de la política permanecerá. Es terrible: nos hemos acostumbrado a todo tipo de fechorías y desmanes: permitimos que cacheen a los periodistas de la radiotelevisión valenciana y a las visitantes del Congreso de los Diputados; permitimos que cierren Fagor pero a los bancos les damos lo que les haga falta, sí, el perjuicio de cerrar un banco sería enorme pero las cantidades son ingentes en relación con la ridícula que haría falta para salvar Fagor; como quien no quiere la cosa, amplían a más de un año, que ya era una buena fechoría, los contratos sin indemnización alguna, basura pura; el número de multimillonarios españoles ha aumentado un 13% y el de pobres un 25; si las comunidades autónomas retiran la subvención a los colegios que segregan por sexo, raudo acude el Gobierno para anularlo y recuperen tales cantidades para no perjudicar al Opus Dei, propietarios de los colegios, basura ideológica y religiosa; cierran las televisiones autonómicas y despilfarradoras para privatizarlas en lugar de remozar la gestión y despolitizarlas, basura de la propaganda; TVE es una risa de manipulación, rompieron el acuerdo para el nombramiento del Director General, y ellos se lo guisan y se lo comen, aunque la audiencia se hunda: indultan a kamikazes contra el criterio del tribunal sentenciados y hasta del fiscal, basura turbia y sospechosa; desparraman las becas concedidas en pilas de suciedad retroactiva hasta que Europa les ordena recogerlas; lo pasan todo a la justicia que saben larga, y en ella dan explicaciones inverosímiles de recibís, sobresueldos, cohechos y donaciones, toda España sospecha que llevaban contabilidad paralela menos ellos; paradójicamente se pelean y mienten por las concesiones de los contratos de recogida de basura; maltratan la sanidad, la esquilman aunque la gente muera, y la privatizan y hacen que se resienta el gran logro del país; prefieren que Catalunya se encabrone antes que una mínima apertura de la Constitución, creando reforzadas independencias y Españas enemigas; ni remotamente piensan en modificar el incorporado a pachas con el otro socio artículo 135 de la Constitución, causa de nuestras penurias.

Todo es basura. Todo es un uso abusivo y antidemocrático del poder que le concedieron las urnas. No hay nada que hagan que no sea basura. La basura es el alimento espiritual de este Gobierno, con el que nos está envenenando a todos. Estos jardineros y barrenderos de la política-basura están en huelga permanente y son ellos mismos quienes se encargan de esparcirla y hacer que España hieda.

Chapucismos

El hecho de plantearse a mitad de curso las asignaciones de unas becas no solo es desconsiderado, es torpe.

Wert, ese hombre de temperamento sanguíneo según la clasificación tradicional, está decidido a que compartamos sus frecuentes cambios de humor y en un mismo día nos somete a una decisión y a su contraria. Wert es un ministro de velocidad cibernética dado que el periódico de papel se le queda corto para tantos titulares diarios como ofrece. Ayer nos levantamos con la noticia de que se reducían a saco las becas Erasmus, pero antes de que se acabara esa sobremesa en la que el país le estaba poniendo a caldo, Wert rectificó, forzado por su partido, y dijo que todo volvía a su anterior cauce. No se sabe si es que Wert funciona a base de ocurrencias o si las ocurrencias son del PP y cuando la cosa se pone fea le echan la culpa al ministro de Educación y Cultura. No sería nuevo. Es ya tradicional en España que habiendo como hay tan poco acuerdo en el terreno educativo se eche al ministro por delante a ver cómo cae un recorte, y si se incendia la red, como suele decirse, se deje al ministro a solas, para que se vea las caras con el pueblo.

Un chapucismo más. El hecho de plantearse a mitad de curso las asignaciones de unas becas no solo es desconsiderado, es torpe. Puede provocar penosas deserciones. ¿Hay que replantearse a quién se concede la beca, cuánta es la cantidad y de qué manera se puede gestionar para que la experiencia sea provechosa académicamente? Es posible, pero con sensatez. Mientras para unos padres la cantidad que se concede podría salir de su propio bolsillo, para otros, ese dinero y más que se le pudiera añadir, sería fundamental. De hecho, hay alumnos que no se han podido permitir una beca Erasmus. De cualquier manera, es alarmante el grado de improvisación, la fea costumbre de tomar decisiones sin fuste ni respaldo que al cabo de unas horas se quedan en nada. Y en esas manos estamos.

Elvira Lindo.

- RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN JORNADA 9ª PREFERENTE.

- GOLFA POLÍTICA.

La gravedad de este escrache reside en la personalidad de quienes lo llevaron a cabo.

Las formas son importantes. En la vida y en la política. Cuando se violentan, la democracia se resquebraja.

En los últimos días hemos asistido a una escalada verbal vergonzosa, así como a acosos intolerables a diversos cargos públicos.

Dirigentes del PP fueron abucheados y acusados de traidores en la concentración que algunas asociaciones de víctimas del terrorismo convocaron el domingo en Madrid. Arenas, González Pons, Floriano, los tres vicesecretarios del PP, padecieron la presión de los más exaltados.

El día anterior, Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, sufría el acoso de un grupo de malagueños a la puerta de su hotel.

A los españoles nos costó casi medio siglo recuperar los derechos ciudadanos: la libertad de expresión y de manifestación entre ellos. Y hay que seguir conservándolos y ejercitándolos. El espacio público (la calle, la plaza...) debe ser utilizado como el territorio adecuado para expresar nuestro apoyo o repulsa contra quienes nos gobiernan. Es el principio básico de la democracia: que el pueblo se exprese con absoluta libertad. Eso sí, guardando las formas.

Unas formas que saltaron por los aires cuando los acosadores malagueños de la presidenta Díaz golpearon su coche y pronunciaron insultos intolerables. Las cámaras de televisión no mienten: se ve cómo aporrean los cristales del coche y se escuchan con claridad algunos insultos, como “golfa, cobarde y sinvergüenza”.

La gravedad de este escrache reside en la personalidad de quienes lo llevaron a cabo. No eran yayoflautas estafados con las preferentes, ni parejas desesperadas por haber sido desahuciadas después de perder su trabajo. No. Eran representantes democráticamente elegidos por el pueblo, vicepresidentes de la Diputación de Málaga, diputados, alcaldes y concejales de la provincia. Todos ellos del PP.

Su objetivo era entregar una carta a la presidenta Díaz en la que le reclaman el pago de la deuda de 16,7 millones que tiene la Junta con sus municipios. Una petición razonable, en unos tiempos difíciles para las arcas municipales. Pero eligieron unas formas rechazables: el uso de la violencia, aunque sea de baja intensidad. Pero violencia al fin y al cabo.

Con ser grave este hecho, más lo es la tozudez de los dirigentes del PP que cerraron filas en torno a los alcaldes escrachadores. ¡Y negaron el acoso de sus correligionarios! Como si no hubiéramos visto las imágenes repetidas mil veces por televisión.

El secretario general José Luis Sanz marcó la línea a seguir al afirmar que la presidenta Díaz se ha montado “una película”. Todos los demás, incluido el habitualmente moderado alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre, justificaron la acción de sus alcaldes.

El presidente regional del PP, Juan Ignacio Zoido, permanecía mudo varios días después del incidente. Cuando ya el ministro del Interior, Jorge Fernández, declaró que estaba “radicalmente en contra” de cualquier acto de intimidación contra los cargos públicos, apareció el líder provincial del PP, Elías Bendodo, diciendo con la boca chica que actos como ese “no deben volver a repetirse”. Pero justificando que sus compañeros de filas reclamaran la deuda con golpes e insultos. ¡Qué lejos quedaba aquel calificativo de “puro nazismo” que lanzó la secretaria general del PP contra los preferentistas y desahuciados que escracharon a la vicepresidente Sáenz de Santamaría, de manera absolutamente pacífica! ¿O no lo recuerdan?

Las formas en política están saltando por los aires. Que un cargo público llame golfa a la presidenta de una comunidad autónoma es, además de una grosería, un hecho gravísimo. Que tiene una repercusión inmediata: la ciudadanía huye asqueada del nivel barriobajero de buena parte de nuestra clase política. Una política golfa.

@JRomanOrozco

- RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN JORNADA 8ª PREFERENTE

- OTRO RECORTE MÁS Y VAN.....

Otra vez, no.

El Gobierno andaluz acaba de regalarle su discurso político al desangelado PP.

Según Montoro, ministro de Hacienda, “los salarios no están bajando en España sino que moderan su crecimiento”. El Congreso de los Diputados está cada día más entretenido. El ministerio de la verdad es cada semana más surrealista: brotes verdes, salarios en crecimiento moderado, selección de estadísticas elaboradas por chamanes enloquecidos, reinado del oxímoron, paraíso del lenguaje encubridor, lugar donde el topless está prohibido mientras se desnuda “preventivamente” a las invitadas…

Aunque los salarios —claro que no—, no bajan, por cuarto año consecutivo los Presupuestos Generales del Estado decretan la congelación salarial de todos los empleados públicos. No importa que el ministro prevea mayores ingresos y recuperación económica. A la función pública, ni agua, debe ser la consigna. Si tienen todavía alguna duda sumen estos descuentos: el IPC (según datos oficiales del INE) desde 2010 hasta el día de hoy ha subido un 9,1%. Se espera que el año próximo lo haga un 1,5% lo que significa que solo por efecto de la congelación salarial la función pública perderá 10,6 puntos de poder adquisitivo. A esto hay que sumarle la supresión de la paga extraordinaria efectuada por el Gobierno central que supuso una rebaja de 7 puntos sobre las retribuciones totales. Y, todavía no satisfechos con esto, sumen los 10 puntos que se derivan de la supresión de los complementos de la paga extraordinaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Todo esto sin contar (no quiero llevarles a la desesperación) el aumento del 5% del IRPF o los gravámenes de todo tipo de impuestos. La pérdida total de poder adquisitivo de los funcionarios oscila entre el 20% y el 30% de sus ingresos.

Con este panorama el ministro Montoro nos explicó, con expresión de quien merece ser calurosamente felicitado, que el próximo año se mantendrían las pagas extraordinarias.

Ese conflictivo recorte, se le olvidó decir, lo dejaba al arbitrio de las Comunidades Autónomas.Lo peor del caso es que la comunidad que inmediatamente tomó el guante fue Andalucía. El Gobierno andaluz, tras rechazar los Presupuestos Generales del Estado y afirmar que “estaban diseñados para asfixiar a las Comunidades Autónomas” y que le “restaban a Andalucía 1.200 millones de euros”, ha decidido suprimir la mitad de las pagas extras de los funcionarios andaluces. Es decir, que en vez de reclamar ante el Gobierno central la financiación que le corresponde o buscar nuevas formas de ingresos, vuelve a golpear a los trabajadores públicos.

Se trata de una medida socialmente injusta, políticamente suicida y económicamente contraproducente. El Gobierno andaluz argumenta que lo hace para conservar el empleo público pero, aún si así fuera, no se puede combatir una injusticia con otra de idéntico calado, máxime cuando se hace de forma reiterada. Prácticamente todas las comunidades tienen idénticos complementos y forman parte del salario reglado de sus trabajadores. No se trata de una paga potestativa ni arbitraria que se pueda suprimir sin consecuencias.

En el plano político la medida es suicida porque los mismos dirigentes políticos del PP que aprietan las cuentas públicas de Andalucía serán los primeros en ponerse a la cabeza de la protesta por el recorte de las pagas públicas. El Gobierno regional acaba de regalarle su discurso político al desangelado PP andaluz que andaba a la deriva. El Ejecutivo de Andalucía perderá toda credibilidad en la oposición a las políticas de recorte de los servicios públicos, porque no puede haber calidad alguna cuando el colectivo que los sustenta es vapuleado continuamente. Para la ciudadanía, se fomenta la idea de que todos son iguales, sin paliativos.

Finalmente, la medida es equivocada en términos económicos. Los 322 millones que se detraen a los funcionarios no solo se restan de sus bolsillos, sino de la calle, de las tiendas, de los servicios, de la actividad económica y del empleo. Empobrecer a un cuarto de millón de ciudadanos andaluces nos hace más pobres a todos.

@conchacaballer