- EL GOBIERNO DEL PP Y LAS MANIFESTACIONES.

Carne de cañón.

¿Y si resulta que el Gobierno en el 22M utilizó a los antidisturbios como carne de cañón para disparar de muerte a las protestas sociales? 

¿Y si lo que ocurrió en los altercados del 22M es que se abandonó conscientemente a esos quince UIP entre un grupo violento sin prestarles apoyo para conseguir la imagen de policías brutalmente agredidos y el titular de antidisturbios heridos, algunos de gravedad? ¿Y si los responsables políticos utilizaron a los policías como carne de cañón, poniendo en riesgo sus vidas, para criminalizar una protesta que fue mayoritariamente pacífica? Es solo una hipótesis pero tanto las circunstancias como las fuentes que he consultado hacen que sea una posibilidad perfectamente plausible la teoría del montaje que sostienen los organizadores de las Marchas. Analicemos los acontecimientos.

Los hechos. Como sabemos, un retén de solo quince antidisturbios se queda aislado a merced de un grupo mucho más numeroso de manifestantes con el que se inicia una tremenda batalla campal. Los policías piden auxilio pero se produce "un silencio en la emisora durante unos minutos. Pasan demasiados minutos sin apoyo", como ha explicado Miguel Ángel Fernández del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y como corroboran el resto de sindicatos policiales.

¿Por qué calla la emisora durante minutos en una situación de altísimo riesgo que requiere una respuesta inmediata? ¿Por qué se quedan aislada una quincena de antidisturbios en un dispositivo de 1.700? Los mandos aseguran que fue un "error humano", que se tardó en reaccionar y que se envió a los refuerzos a la zona equivocada. Además de que sea muy poco creíble que se equivoquen de posición en un área tan abierta y cercana al núcleo del dispositivo, eso no explica los minutos de silencio en la radio ni por qué avanzan 15 policías solos sin la cobertura habitual de los furgones y de otros compañeros.

Fuentes policiales y observadores independientes que han grabado decenas de manifestaciones, aseguran que los antidisturbios tienen perfectamente localizados los focos de violencia y saben cómo moverse en grupos muy numerosos para acordonarlos. Sin embargo, esta vez ocurrió al revés: fueron rodeados por ellos. Además habían recibido una orden estricta y anormal: no utilizar pelotas de goma, lo que les hace infinitamente más vulnerables. Después la tensión se elevó tanto que las utilizaron sin respetar el rebote reglamentario en el suelo. Se creó el escenario para que ocurrieran desgracias en uno y otro lado, como así ha sido.

La clave está en quién daba las órdenes allí. No fue el jefe de la UIP que no estaba en la calle como es habitual. Su lugar lo ocupaba extraordinariamente el Comisario General de Seguridad Ciudadana, un cargo de confianza del ministro del Interior, nombrado por Jorge Fernández Díaz. Lo normal es que el comisario hubiera estado en su gabinete coordinando el dispositivo, ¿por qué entonces sustituyó en su puesto al jefe de la UIP que desapareció del mapa? ¿A qué se debe este cambio tan inusual? ¿Y a qué se debe que no respondiese a la llamada de auxilio de sus hombres y dejase la emisora en silencio "durante minutos"? Hay silencios que dicen más que mil palabras. Ese silencio podría haberle costado la vida a alguien. Ese silencio solo servía a quienes quieren acallar los gritos en la calle.

Las consecuencias. El resultado es el que venía persiguiendo el PP antes de la manifestación, criminalizarla como había hecho el presidente de la Comunidad de Madrid al compararla con los nazis de Amanecer Dorado. El resultado es que no se ha hablado del éxito de la convocatoria ni de las legítimas demandas ciudadanas solo de los altercados que se han comparado incluso con los de Ucrania. Cifuentes ha llegado a decir que se intentó "matar policías" y que "no había visto nunca una manifestación tan violenta". El jefe de la policía, Ignacio Cosidó habla de "escalada de violencia". Y la siempre imprudente Ana Botella pide que se limite el derecho de manifestación a una zona de la ciudad. Qué casualidad que el único que ha secundado semejante insensatez ha sido el ministro del Interior. Ha tenido que venir la vicepresidenta a desautorizarlo. Por ahora. Veremos qué dice si sigue escalando la tensión. 

Qué casualidad también que esto ocurre cuando el Gobierno trata de sacar adelante la Ley de Seguridad Ciudadana, puesta en tela de juicio esta misma semana, una vez más, por el poder judicial que advierte al ministro de que contiene muchos elementos inconstitucionales. Luego dice Ignacio González que las Marchas vienen a "subvertir el orden constitucional". Para qué, si ya lo subvierte su partido. Para superar las trabas judiciales qué mejor que generar en la opinión pública la necesidad imperiosa de una ley que ponga freno a la "escalada de violencia" que quiere "matar policías".

La escalada la está propiciando el Gobierno con declaraciones incendiarias que criminalizan la protesta sin distinguir entre la mayoría pacífica y la residual minoría violenta, a la que el 22M hace parecer mucho mayor de lo que es. También propician la violencia al agotar todas las vías pacíficas sin ofrecer más respuesta que el silencio y el desprecio a las reivindicaciones sociales. Y lo peor es que están consiguiendo lo que querían: cada vez hay más agresividad en algunos manifestantes y entre los policías, como prueban los 69 antidisturbios heridos, el joven que ha perdido un testículo de un pelotazo y el que ha perdido la visión también por una pelota.

En foros policiales se puede leer estos días frases aterradoras que deberían ser motivo de expediente disciplinario como "los gomazos del cuello para arriba", "usar la pistola llegará, solo es cuestión de tiempo" o "tendrá que morir alguien para que se tomen cartas en el asunto". De hecho ya hubo dos policías que desenfundaron sus pistolas. Parece que eso es lo que van buscando los responsables políticos y unos y otros están cayendo en la provocación, lo que solo beneficia al Gobierno. Un muerto sobre la mesa, sea policía o civil, generaría tal alarma social que las manifestaciones quedarían desactivadas o fatalmente estigmatizadas.

Todo esto me lleva a pensar que se ha utilizado a los policías como carne de cañón para disparar de muerte a la protesta. Con un Gobierno instalado en la mentira y tantas circunstancias sospechosas ocurridas en el 22M, me resulta difícil creer que se deban solo a "errores humanos" como sostienen fuentes oficiales. Demasiados errores juntos parecen un acierto premeditado. Los antidisturbios deberían empezar a cuestionar a quienes les utilizan como carnaza por un sueldo de saldo. Muchos ciudadanos hace años que sabemos que nos usan como carne de cañón. 

Javier Gallego

- XX ANIVERSARIO C.D. FÚTBOL BASE BONARES

- JORNADA 27 PREFERENTE.

 

 

- ¡DURO CON ELLOS!

¡Duro con ellos!

La juez Alaya tiene un club de fans numeroso que jalea todas sus actuaciones, al que le caracteriza el odio a la políticaTiene la juez Alaya un club de fans numeroso que jalea todas sus actuaciones. Si leen sus comentarios y sus parabienes lo que les caracteriza es un profundo odio a la política y, de paso, una nefasta idea de la autonomía. Por ejemplo se expresan así sobre el Parlamento de Andalucía: ¡Duro con ellos! ¡Muy bien entrar en la guarida! ¡Todos a la cárcel! ¡Tanta autonomía y tanta tontería! ¡A por el Parlamento!

Cuando se empezaron a conocer los primeros datos sobre las correrías de Guerrero, sus juergas, borracheras y toneladas de cocaína, convirtieron estas características en una especie de marca para toda la Administración andaluza. Teníamos los chorizos más vulgares de todo el Estado, nada que ver con el seny de los delincuentes públicos catalanes o con el glamour de los protagonistas de la Gürtel. Pero, cuando el público realmente se rindió a los pies de la juez Alaya, y la cubrió de alabanzas entusiásticas, fue cuando elevó el tiro y, según sus propias palabras decidió “dar un paso cualitativo” de la instrucción y apuntar al más alto nivel de la política andaluza.

El delito, dejó en ese momento de ser individual, contable y objetivable, para convertirse en una simple cuestión de organigrama. El verdadero punto culminante de la juez Alaya no es la imposición de una fianza millonaria a Magdalena Álvarez, sino la imputación de 24 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por el simple hecho de haber ejercido como directores generales, secretarios técnicos o puestos de responsabilidad en el Gobierno, sin que se detallen las actuaciones delictivas concretas y personalizas. El foco se desplazó de los Guerrero, Lanzas y Cía, a los más elevados puestos de la política. La tesis principal de la juez Alaya es que existió una conspiración de alto nivel para facilitar el robo de caudales públicos. Se supone que existió en Andalucía toda una banda organizada de altos cargos que se coordinaban para facilitar los delitos. ¿Qué ganaban con ello? ¿A quién encubrían? ¿Qué pruebas existen? No se conoce la respuesta a ninguna de estas preguntas.

Todavía no se ha diagnosticado como patología, pero la misopolítica es una nueva enfermedad que recorre España. No se ha determinado el agente causante de la misma ni la forma de sanarla, pero presenta síntomas muy comunes: un tremendo malestar en la boca del estómago, una irritación profunda que no atiende a argumentos, un ansia desmesurada de descargar las tensiones en los representantes públicos, sin distinciones.

Los políticos son culpables per se. Da igual si se han enriquecido o no con la comisión de los delitos; si su falta fue no vigilar de forma suficientemente eficaz o cobrar por el crimen.

La instrucción de la juez Alaya es una mina para los estudios semánticos de desplazamiento de los contenidos. Así, el procedimiento de las subvenciones, considerado “inadecuado” por la Cámara de Cuentas, se convierte en “irregular” y, a renglón seguido, en “ilegal”.

Debemos a la juez Alaya el uso del término “preimputado” que no existe pero que es una indeleble letra escarlata. Pero, quizá la elaboración más novedosa sea la de considerar que el Parlamento de Andalucía aprueba leyes “ilegales”. Que se sepa, las leyes —en una democracia, claro— no son ilegales más que si así lo declara un tribunal competente o el Tribunal de Justicia Europeo.

Presuponer que las leyes aprobadas por el Parlamento de Andalucía son ilegales y que su finalidad era ayudar a una red de delincuentes a robar dinero público, convierte a todos los representantes públicos en cómplices del delito o en descerebrados personajes que no se enteraban del contenido de las leyes.

En esta trama sin fin, la juez ya ha solicitado la transcripción de los debates del Parlamento de Andalucía para determinar en qué medida conocía o participó en esta macroconspiración.

La juez Alaya, en un acto inaudito, desvela que “con probabilidad cierta” sus imputados serán condenados. El populismo penal triunfa plenamente: todos culpables, todos chorizos, todos ladrones. Pero no es verdad. Hay quien robó dinero público y quien no lo hizo. Hay responsabilidades penales y responsabilidades políticas y no se puede meter todo en la misma coctelera porque afecta a nuestra democracia, a nuestra autonomía y, a la larga, al prestigio de la justicia.

@conchacaballer

- LA IGLESIA CATÓLICA Y EL11 M.

Rouco en el funeral del 11-M: “Mataron inocentes por oscuros objetivos de poder”.

En su homilía, el cardenal-arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha llamado a hacer examen de conciencia: "¿Cómo nos hemos comportado con ellos en estos durísimos años?", ha preguntado, refiriéndose a las víctimas, y ha atribuido la matanza "a personas con oscuros objetivos de poder".

"De un sencillo análisis de lo ocurrido se desprende una primera respuesta: murieron, sufrieron y sufrimos porque hubo personas que, con una premeditación escalofriante, estaban dispuestas a matar inocentes a fin de conseguir oscuros objetivos de poder, porque hay individuos y grupos sin escrúpulo alguno, que desprecian el valor de la vida humana y su carácter inviolable, subordinándolo a la obtención de sus intereses económicos, sociales y políticos", ha dicho Rouco Varela.

Durante la homilía, también se ha referido al perdón, al que "hay que estar abierto siempre, aunque solo se pueda hacer efectivo cuando se muestra arrepentimiento sincero por los crímenes cometidos y se reparan los daños causados".

Este tiparraco, representante de la iglesia católica española, es un “hijodelagranputa” por muy temprano que se levante

11 – M.

Una historia ejemplar.

Por: Ángel S. Harguindey

Mañana, ya lo saben, es 11-M. Diez años de la barbarie, de una de ellas, pero no sólo eso: diez años de los mayores intentos de manipulación de los hechos, del bastardo balance entre la verdad y la poltrona, de las directrices mas impresentables e indignas seguidas fielmente por la servidumbre, diez años del sectarismo en defensa de intereses personales, de adulteración de la historia, diez años para comprender que la derecha más retrógrada es capaz de cualquier falsificación para conservar sus privilegios. Diez años de demasiadas cosas.
"Me parece absolutamente intolerable cualquier tipo de intoxicación que vaya dirigida, por parte de miserables, a desviar el objetivo y los responsables de esta tragedia, de este drama". Era una declaración de Ángel Acebes, ministro del Interior, siguiendo las consignas emanadas desde la Moncloa: ETA fue la autora del atentado. Batasuna ya lo había negado pero nadie le dió crédito. Empezaba una ceremonia de la confusión interesada ante las inminentes elecciones generales que, por supuesto, el pequeño gran estadista Aznar no estaba dispuesto a que perdiera su designado, Mariano Rajoy. Las iniciales investigaciones policiales ya se distanciaban de la primera versión oficial. Daba lo mismo.
"Lograremos acabar con la banda terrorista", declaraba Aznar después de los primeros indicios que señalaban al islamismo radical como autores de la barbarie. En la tarde de ese mismo día, 11 de marzo de 2004, y cuando la policía ya había encontrado una cinta de audio en árabe y explosivos en una furgoneta localizada en Alcalá de Henares que alejaba cada vez mas la posibilidad de ETA, la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, enviaba el siguiente comunicado a todas las embajadas: "El ministro del Interior ha confirmado la autoría de ETA. Así lo confirma el explosivo utilizado y el patrón utilizado en los mismos, que es el habitual de ETA; así como otras informaciones que aún no se han hecho públicas por razones obvias. […] Debería vuestra excelencia aprovechar aquellas ocasiones que se le presenten para confirmar autoría de ETA en estos atentados, ayudando así a disipar cualquier tipo de duda que ciertas partes interesadas puedan querer hacer surgir en torno a quien está detrás de estos atentados". De la confusión a la mentira: la policía ya había señalado que el explosivo encontrado no era el habitual de ETA. Todo vale si se consigue difundir la mentira oficial: "El Consejo de Seguridad condena en términos enérgicos los ataques con bomba en Madrid el 11 de marzo, perpetrado por el grupo terrorista ETA, que han causado numerosos muertos y heridos, y considera que estos actos, como todo acto de terrorismo, constituyen una amenaza para la paz y la seguridad". Un triunfo de la diplomacia de Ana Palacio.
El impresentable Ángel Acebes comparece de nuevo ante los periodistas a las ocho de la tarde de ese mismo día. Desde las cinco, la policía le había informado que el explosivo encontrado no era el habitual de ETA sin embargo el ministro señala que "el explosivo es dinamita y por tanto la habitual de la organización terrorista ETA". Una hora y media después de la declaración de Acebes, el periódico Al Quds Al Arabi, en su sede de Londres, recibe una carta que afirma que las Brigadas de Abu Hafs Al Masri, en nombre de Al Qaeda, la red terrorista de Osama Bin Laden, está detrás de los atentados perpetrados en Madrid. Ni caso.
El viernes, 12 de marzo, todos los medios de comunicación españoles anunciaban nuevos indicios que apuntaban a la autoría de grupos islamistas. Los medios de comunicación extranjeros (por ejemplo: The New York Times, Le Monde, Le Figaro, Correo della Sera, Financial Times, The Washington Post) también se hacían eco de estas hipótesis poniendo en duda la posible autoría de ETA, y ya algunos apuntaban directamente a la posible implicación de Al Qaeda. Por la tarde de ese viernes, el ministro del Interior seguía afirmando que "ETA sigue siendo la principal línea de investigación. Así me lo han manifestado hace un momento las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es decir los responsables de la investigación. No hay en estos momentos, ningún motivo para que no sea la principal línea de investigación". El sábado, 13 de marzo, El Mundo publicaba una entrevista con el candidato de la derecha. "Rajoy: Tengo la convicción moral de que fue ETA" era el título en la portada del diario. Nuevas ruedas de prensa de Acebes, nuevas manipulaciones. Era la víspera de las elecciones y había que mantener a toda costa la sospecha de que había sido ETA. Era lo políticamente conveniente para la cita electoral.
El 16 de marzo -perdidas ya las elecciones generales- y ante la sospecha de la manipulación que hacía el Gobierno español sobre la autoría del atentado, Inocencio Arias, embajador de España en la ONU, tuvo que enviar una carta al Consejo de Seguridad en la que, entre otras cosas, decía que "se descubrieron nuevos elementos que han aconsejado abrir otras líneas de investigación, que apuntan a la intervención en los atentados de ciudadanos de otros países". Durante las sesiones del juicio oral celebradas entre febrero y julio de 2007, diversos mandos policiales testificarían señalando que el ministerio de Interior supo hacia las 18.00 horas del jueves 11 que el explosivo empleado no era Titadine y que ni el día 11 ni el 12 la investigación aportó "datos objetivos que apuntaran a ETA".
Esta es, a grandes rasgos, la historia de unos días que conmovieron al mundo y muy especialmente a los españoles. Atrás quedaban 191 cadáveres y 1.858 heridos. Por delante nos quedaban aún muchas sorpresas: desde la intensa y extensa campaña del diario El Mundo en mantener una teoría de la conspiración afin a los intereses de una derecha que le recompensaría generosamente con licencias de radio y televisión, al comportamiento sectario del PP de la Comunidad de Madrid rindiendo homenajes distantes y distintos a los promovidos por la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, cuando no difamando alguno de sus jóvenes cachorros a Pilar Manjón, presidenta de la misma. También supimos años después de la presencia, directa o indirecta, de Aznar en varios asuntos turbios, de la imputación de Acebes y de Rato, de las prebendas del portavoz Zaplana en Telefónica y de los dos años de presidente de Gobierno de un Rajoy que tenía la convicción moral de que había sido ETA, como también tenía la convicción moral de la inocencia de Bárcenas. En fin, una historia ejemplar.

ANDALUCES, LEVANTAOS.

Andaluces, levantaos.

El espíritu del 28 F es incompatible con la tolerancia de los ciudadanos frente a los corruptos.

Fue un intento de engaño y una torpeza histórica que algunos pagaron con creces. Al pueblo con el índice de analfabetismo más alto de España, se le hizo una pregunta imposible desde el convencimiento de que íbamos a errar en la respuesta. Ni nos cuestionaron por Andalucía ni por su autonomía. ¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo? ContestaTroylo, le dijo Antonio Gala a su perro. ¿Quién puede ser tan torpe o tan maligno para redactar una pregunta sobre la autonomía andaluza de esa forma? Muérdeles Troylo. Lo mejor es morderles, insistió. Pegarles un mordisco, y que se vayan con su maldita música a otra parte.

El espíritu del 28 F fue eso, un enorme mordisco. El de una sociedad, la andaluza, cansada de años de abandono y miseria. De desigualdades y falta de oportunidades. De emigración y hambrunas en el campo. También de servilismos y pobreza, mucha pobreza. De intelectuales en la diáspora y de una sociedad que había vivido cuarenta años resignada ante una férrea dictadura que generó muchas desigualdades y muy pocas esperanzas. Andalucía no reclamó un estatuto de autonomía como el de Cataluña, Euskadi o Galicia, para ser ni más nacionalista ni más localista ni menos universal. Los andaluces se movilizaron por las ansias de vivir mejor. Convencidos de que, gestionando parte de sus recursos, disfrutarían de las mismas oportunidades que tenían otros territorios españoles, aquellos a los que muchos tuvieron que emigrar para labrarse un futuro que en su tierra no tenían.

El Estatuto de Autonomía por el 151 se consiguió a dentelladas. Y costó la vida, la de Manuel José García Caparrós. En una España que acababa de salir de una dictadura, Andalucía se intentaba sacudir muchos años de miseria y muchos miedos. También esa pringue folclórica que lo embadurnaba todo, con sus clichés, sus parodias y sus tópicos. Muchos todavía nos persiguen, incrustados como una coraza sobre nuestra piel y alentado, demasiadas veces, desde las propias instituciones que debían dedicarse a quitarnos esa pátina de caspa de encima. Necesitaría la mitad de este periódico para explicar el cambio de Andalucía más de una treintena de años después. Y otro puñado de páginas, casi igual de grande, para exponer los errores cometidos y lo mucho que queda por hacer. Claro que todo ha ido a mejor, faltaría más. Pero en este artículo no voy a hablar de ello, sólo quiero referirme al espíritu del 28 F. Ese al que apelan los partidos cada año en estas fechas.

El espíritu del 28 F no está en el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía que se conocía hace unos días, ese que advierte que de celebrarse ahora unas elecciones en la comunidad la mitad de los andaluces no irían a las urnas, lo que equivaldría a unas autonómicas con el menor nivel de participación de la historia. O ese mismo que avanza que la corrupción se ha convertido en el segundo mayor problema de la región, y que, 30 años después, mantiene enquistado el paro en el vértice de la pirámide de la gran preocupación de los andaluces. El espíritu del 28 F es incompatible con el actual grado de desafección de los ciudadanos hacia la política y hacia muchas de sus instituciones. Es incompatible con los ERE, con los trapicheos de los sindicatos en los cursos de formación, con la rigidez corporativa de los partidos políticos y con sus maquinarias de colocación o sus cadenas de favores.

Pero también es incompatible con la tolerancia de los ciudadanos frente a los corruptos, con asumir como normal la mediocridad y la incompetencia. Y con renunciar a defender las ideas y parapetarse en una trinchera. Con seguir indignado, pero sin levantarse. Tú, Troylo, conoces bien Andalucía. Dales otro buen mordisco, a ver si se enteran de una puñetera vez con quien se están jugando los cuartos.

@jmatencia