- LA CRUZ DE HACIENDA.

LA CRUZ DE HACIENDA.

Jesús Maraña.

A las doce de la noche de este próximo viernes, 30 de junio, concluye el plazo para cumplir las obligaciones de todo contribuyente con la Hacienda pública. Si toca pagar y, aun teniendo trabajo, la cacareada recuperación económica no le ha llegado a uno de forma tan estupenda como la pintan, siempre puede dividir el pago al fisco en dos plazos, y entonces tendrá que anotar en la agenda la fecha del 6 de noviembre para apoquinar la segunda parte de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a 2016.

Una de las bases fundamentales de cualquier democracia es la credibilidad de su sistema tributario. Durante el periodo de la actual campaña de la renta, iniciada el pasado 5 de abril, los ciudadanos que tenemos la convicción y la costumbre (por otra parte legalmente obligatoria) de aportar nuestra contribución a la caja común hemos conocido algunos hechos que nos llevan (por enésima vez) a encabronarnos muchísimo con las autoridades (in)competentes, hasta el punto de considerar a algunas de ellas, con el presidente Rajoy y el ministro Montoro al frente, como verdaderas cuñas antisistema empeñadas en tomar por imbéciles a los contribuyentes-votantes-ciudadanos.

1.- Hemos sabido que el Tribunal Constitucional, con casi cinco años de retraso, considera ilegal la amnistía fiscal decidida por decreto-ley por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, de la que se beneficiaron 29.683 españoles que regularizaron lo que nos habían sisado a todos los demás al módico precio de abonar el 10% de las cantidades defraudadas y no prescritas. En realidad, Hacienda recaudó menos de la mitad de lo que tenía previsto, una cifra equivalente al 2,63% de la cantidad total evadida entre 2008 y 2010, según los cálculos oficiales de los técnicos de Hacienda.

La inconstitucionalidad estimada (con mucho retraso) debería ser suficiente para que dimitieran de sus cargos quienes dedican mucho más del 10% de su tiempo en el servicio público a reivindicar el carácter sacrosanto de nuestra Constitución. Pero, con ser grave, no es eso lo más indignante del asunto, sino la explicación misma del dislate. Sostiene ahora el Gobierno que lo de menos es la comisión de esa ilegalidad, teniendo en cuenta que la amnistía fiscal era una herramienta imprescindible para “salvar a España de la quiebra”. Tanto Montoro como su superior, Mariano Rajoy, han afirmado en sede parlamentaria que esa “regularización fiscal” sirvió para evitar que la economía española fuera a la ruina definitiva según el criterio de las autoridades monetarias internacionales. No es exagerado escribir que tal afirmación supone tomar por gilipollas a la ciudadanía. La amnistía ilegal supuso una recaudación total de 1.192 millones de euros, menos de la mitad de los 2.482 millones anunciados por el ministro Montoro. Por dar otra cifra redonda, el 97% de los bienes y rentas defraudados en España durante el periodo en cuestión sigue bajo la alfombra. Se permite el ministro de Hacienda la burla de solicitar una ley que prohiba futuras amnistías fiscales, cuando el TC ya le ha dicho que la suya era ilegal. Tan asentada está esa evasión como firmes Rajoy y Montoro en sus puestos pese a las mentiras y ofensas demostradas. (Baste recordar que, según el Banco de España, nunca recuperaremos los 60.073 millones del rescate bancario cuyas condiciones tienen todo que ver con los recortes al Estado del bienestar ejecutados durante los últimos cinco años).

2.- Hemos sabido que la fiscalía de Madrid considera que el futbolista Cristiano Ronaldo ha cometido “conscientemente” un fraude tributario de 14,7 millones de euros contra la Hacienda pública española. Y hemos comprobado posteriormente que el goleador portugués está enfadado, y el Real Madrid, incluso parte de la afición madridista también, como en su día los fans de Lola Flores, porque creen que a una estrella del fútbol (o a una folclórica) no se le puede incomodar con multas millonarias cuando lo da “todo” por su público. Y otra vez se siente uno insultado. Llámense Ronaldo, Messi, Mendes, Pérez o García, pertenezcan al Madrid, al Barça o al Atleti, tienen que pagar hasta el último euro por los beneficios obtenidos de sus derechos de imagen en España, como todo hijo de vecino tiene que apoquinar a la caja común por su trabajo diario. No nos hagan gastar saliva ni tinta en cuestiones de sentido (y caja) común.

3.- Hemos conocido este último viernes los nombres y apellidos de empresas e individuos que componen la última lista de grandes morosos de la Agencia Tributaria (quienes deben más de un millón de euros 'per cápita'). Se trata de 4.549 personas físicas y jurídicas que adeudan 15.400 millones de euros a Hacienda, que sólo ha logrado recuperar desde que hizo público el primer listado en 2015 un 6% del total de la deuda de quienes no pagan. Utilizan trucos legales como los concursos de acreedores o las "derivaciones de responsabilidad" para esquivar la ejecución de pagos.

A ver si me explico: en esa lista de morosos figuran algunos de los apellidos que poseen grandes fortunas en España desde principios del siglo pasado, atravesando restauraciones, dictaduras, repúblicas, nuevas dictaduras, transiciones, democracias… y hasta hoy. Sin que se les mueva una ceja y conservando palacetes, yates y cuentas en paraísos fiscales. A un servidor (y disculpen que personalice) le han retenido durante meses la devolución de Hacienda por una multa de tráfico no recibida y por tanto (provisionalmente) impagada. Y cuando no ha podido afrontar el pago del IRPF ha solicitado un crédito personal. ¿Lo entiende usted, señor Montoro? No me haga risas con esto porque me está insultando personalmente.

El Gobierno de Rajoy y de Montoro sigue explotando su mayor éxito sociológico: convertir en normal lo que es absolutamente inadmisible en una democracia sólida. Si un presidente de partido y de Gobierno fuera sorprendido apoyando y animando a un evasor fiscal confeso (como Luis Bárcenas) estaría políticamente enterrado. Si un ministro de Hacienda decretara una amnistía fiscal que se demuestra ilegal y además inútil, tendría que renunciar a su puesto en el minuto siguiente en lugar de carcajearse del personal sin el menor pudor.

Pero esto es España, un país en el que los grandes morosos pueden seguir obteniendo jugosas adjudicaciones públicas, como es el caso del empresario Miguel Ángel Ramírez. Un país en el que una fe religiosa concreta (la católica) dispone de casilla propia en la declaración de la renta, y que se permite (con los recursos públicos que obtiene) realizar campañas propagandísticas para convencer al personal de que no marque la cruz del “adversario” en los objetivos sociales sino en la suya… aunque el grueso de lo recibido vaya dedicado a sueldos de curas y obispos.

Aportar a las arcas públicas según las posibilidades de cada cual es una de las claves de la solidez democrática. Por eso los más peligrosos antisistema son precisamente los que contribuyen a desacreditar esa máxima. Recuerden estos datos de la cruda realidad: hace una década, las empresas aportaban en España el 22% de la recaudación tributaria, y ahora su contribución supone un 12%. Dicho con otras cifras, los trabajadores y el consumo soportan el grueso de la recaudación fiscal en nuestro país, mientras la mitad de las grandes corporaciones pagan en concepto de impuesto de sociedades 0 euros. Respecto a la media europea, nuestros ingresos fiscales están entre seis y siete puntos por debajo. Dejen de insistir en la falacia de que hay que recortar gastos, porque lo que nos falta son ingresos.

Si hubiera que proponer cruces en las casillas de la declaración de la renta, a uno se le ocurren varias opciones: por ejemplo, la de reforzar los medios humanos y técnicos para luchar contra el fraude fiscal, que sigue doblando la media europea. O una específica que vaya directamente al sostenimiento de la caja de las pensiones, de modo que no quepa la más mínima duda de que el sistema público de jubilación está garantizado. Será un disgusto para los negociantes a corto plazo, pero esa cruz tendrá mucho más que ver con el bien común que la recaudación de una fe religiosa concreta que, a estas alturas del siglo XXI, debería buscarse la vida por su cuenta.

P.D. El ministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha acumulado méritos para renunciar al cargo y para ser reprobado por el Parlamento. Más de 118.000 ciudadanos han exigido ya a través de infoLibre su dimisión tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegal la amnistía fiscal que defendió y aplicó. Pero Montoro tiene un superior, Mariano Rajoy, que sigue necesitando cortafuegos para no asumir sus propias responsabilidades.

- LA MEDALLA A LA VIRGEN DE "KICHI"

La medalla.

Francisco Espinosa.

Historiador y autor de Guerra y represión en el sur de España, entre otras obras.

Por iniciativa de la orden de los dominicos y del PP, y mediante propuesta avalada por seis mil firmas, el ayuntamiento de Cádiz presidido por José María González Santos “Kichi”, del grupo Por Cádiz Sí Se Puede (Podemos), ha decidido recientemente conceder la “medalla de oro” de la ciudad a la virgen del Rosario, patrona de la ciudad desde 1867 y alcaldesa perpetua desde 1967. Conviene señalar que el 24 de este mes de junio, coincidiendo con el 150 aniversario de la designación de la imagen como patrona de la ciudad, tendrá lugar una magna procesión en la que colabora el Ayuntamiento. El único grupo que no apoyó la iniciativa ni en la comisión previa ni en el Pleno fue Ganar Cádiz en Común (IU). Basó su decisión en que, según el reglamento, solo puede otorgarse dicha medalla a personas físicas o jurídicas y no a imágenes o figuras. El resto de los partidos, PP, Podemos, PSOE y Ciudadanos, votaron a favor. Como era de esperar la noticia causó de inmediato polémica por estar relacionada con una opción política, Podemos, que supuestamente apoya el laicismo, por más que el mismo González Santos,  siendo ya alcalde de Cádiz, hubiera llamado la atención al aceptar recibir la medalla de “Hermano de la cofradía del Nazareno”.

En esas estábamos cuando el 28 de mayo apareció en Público un artículo de Juan Carlos Monedero titulado “¡Ahí va, la virgen!” favorable a la decisión del alcalde de Cádiz y en el que puede leerse que “Kichi” es alcalde “de todos los gaditanos”, que “hace bien en escuchar al pueblo” y que es alcalde “sin ayuda de la virgen, porque dios nunca abandona a un buen marxista”. Sin comentarios. Unos días después, el 2 de junio, Teresa Rodríguez, coordinadora de Podemos en Andalucía, declaraba en la SER que “la Semana Santa, la patrona, los símbolos, no son de la Iglesia ni del Estado. Son del pueblo”. Respecto a la extrañeza manifestada por algunos en el asunto de la medalla procedía, según ella, del error que conlleva pensar que “nuestra identidad es diferente a la del pueblo”. Añadía: “Nosotros no somos sectarios. (…). Somos coherentes. Se puede defender esta medalla y reclamar, al mismo tiempo, que la Iglesia pague el IBI”. Finalmente daba dos argumentos para justificar la entrega de la medalla a la virgen: que lo “pedía la gente” y que la semana santa “tiene que ver con la gente”, “trasciende lo religioso” y “tiene que ver con lo que la gente piensa y respira. Y nosotros no somos diferentes del pueblo al que queremos representar”. Otra vez sin comentarios.

Dos días después era Pablo Iglesias el que declaraba al Diario de Cádiz que, pese a sus dudas iniciales, “Kichi” lo convenció: “Me habló del carácter de dignidad popular que significaba esa Virgen y que en una ciudad como Cádiz, con esa tradición anarquista y liberal, esa Virgen, tan vinculada a las cofradías de pescadores, no va unida al conservadurismo como nos podría parecer desde fuera”. Lo mejor sin duda era el final: “Yo creo que Kichi lo ha manejado de una manera muy laica en el sentido de que se trata de una muestra de respeto a los sentimientos populares, demostrando que hay que convivir con distintos pareceres y tradiciones. Los urbanitas de izquierdas tenemos que aprender a respetar esas tradiciones tan arraigadas en el pueblo”.

Si estas ideas vinieran de donde suelen venir habitualmente no hubiera pasado nada. Lo llamativo es que vengan de la izquierda o, más concretamente, de una izquierda de la que podría pensarse que estaba al margen de estas veleidades ideológicas. Los que vivimos la transición recordamos los equilibrios que algunos tuvieron que hacer para conllevar su militancia en partidos de izquierdas con su pertenencia al mundo cofradiero. Solían justificarlo entonces diciendo que eran costumbres paganas. ¿Cómo olvidar aquellas decadentes semanas santas de fines de los años setenta? Parecía que aquello se acababa. Podría haberse apostado entonces por otros rituales cívicos más acordes con la nueva situación, pero era más fácil seguir con lo de siempre y eso es lo que se hizo a partir de 1982.

Por otra parte, con estas ideas justificadoras de la medalla se puede llegar donde uno quiera. Ya se sabe que las palabras lo soportan todo, pero decir que “Kichi” ha manejado la decisión de entregar una medalla a una virgen “de una manera muy laica” pone el listón muy alto. ¿Se puede hacer tal cosa de una manera laica? Lo verdaderamente laico hubiera sido haber respetado el reglamento municipal y rechazado como alcalde la intervención del Ayuntamiento en este asunto, y que a título personal y en privado José María González Santos se hubiera puesto al servicio de los dominicos para lo que gustaran.

Las cuestiones religiosas pertenecen a la esfera privada. Y entre esas cuestiones están incluidas todas las que dependen de la Iglesia por muy populares que sean. Un cofrade podrá ser agnóstico, pero desde el momento en que participa en rituales católicos entra en el ámbito de la Iglesia católica. Es desde la convicción de que la religión y sus ritos pertenecen a la vida privada de cada uno desde la que se reivindican hechos tan simples como que la religión salga de los ámbitos públicos, desde la enseñanza hasta la sanidad pasando por todo tipo de actos del Estado y de la Administración en todos sus niveles. Y es también desde ahí desde donde cabe exigir a las autoridades civiles que dejen de asistir como tales a eventos religiosos. Que vayan privadamente, pero no como cargos públicos.

Dicen que entregan la medalla a la virgen porque son pueblo y respetan las tradiciones populares. Olvidan que hay otro pueblo que va en otra dirección y que no se siente representado en decisiones como esta ni se reconoce en toda la parafernalia que acarrean los rituales católicos, que soportan estoicamente a lo largo de todo el año. Si quieren representar a todo el pueblo deben estar por encima de la cuestión religiosa y de sus manifestaciones. Su deber es atender las necesidades municipales de todo tipo pero sin implicarse en el terreno de las creencias. ¿Qué hace un Ayuntamiento entregando una medalla a una virgen? Suena a lo mismo que cuando el tal Fernández Díaz ministro de Interior hizo otro tanto: suena a reminiscencia franquista, lógica en el caso de Fernández e incomprensible en el caso de un alcalde que se dice de izquierdas. Realizar cesiones en este sentido para no perder votos ya sabemos que tarde o temprano acaba beneficiando a la derecha. El número de firmas da igual. ¿Qué tiene que ver el Ayuntamiento en esto y cómo es posible decidir tal cosa por unos pliegos de firmas?

Por otra parte, como bien sabemos en este país, el concepto de “lo popular” da para mucho. ¿Habrá algo más “popular” que la romería del Rocío? Durante la primera etapa de la II República sirvió para desestabilizar la situación política y para preparar el terreno de cara al golpe de Sanjurjo en el que sería su principal escenario: Sevilla. No puede imaginarse lo “popular” que resultó que una masa alentada por la burguesía agraria con la virgen del Rocío en ristre y con un cura en cabeza ocupara el Ayuntamiento de Almonte tras expulsar y detener a las autoridades. Y es que en España la religión siempre ha constituido un instrumento al servicio de la derecha. Lo fue en el siglo XIX, en el XX y en lo que va del XXI. Iglesia y dictadura fueron una misma cosa y debe dar tal miedo el poder de la primera que nadie desde la transición se ha atrevido a plantar cara a la anómala situación existente. La estrecha relación entre Iglesia y Estado y entre religión y política debe desaparecer, aunque solo sea por las terribles consecuencias que ha tenido en nuestra historia y sin olvidar además que dicha unión ha traído siempre más beneficios a la primera que al segundo. Sería la única forma de superar no ya los brotes anticlericales, cosa del pasado, sino la presión clerical, cosa del pasado y del presente.

En España la Iglesia ocupa un espacio muy superior al que le corresponde. Da igual que su influencia esté en decadencia. Ahí sigue recibiendo miles de millones de todos y pontificando urbi et orbi sobre todo lo que le viene en gana. ¿A quién representan los obispos y la Conferencia Episcopal? ¿Acaso a la sociedad española? Pues bien, esta Iglesia es la misma que controla la semana santa por muy “popular” que esta sea. Pensar que es del pueblo es ignorar que la Iglesia tiene experiencia de siglos en manejar estas cuestiones y sabe cuándo dar más cuerda y cuándo reducirla sin perder nunca el control. Y quien tenga duda que eche un vistazo a los boletines cofradieros.

En cuanto a que los urbanitas de izquierdas debemos aprender a respetar las tradiciones hay que decir que dichos urbanitas estamos hartos de soportar “tan arraigadas tradiciones”: hartos de ensayos y de procesiones sin fin, de cohetes, de interminables toques de campanas, de cornetas y tambores, de alardes eclesiástico-populares de todo tipo e incluso de actos y celebraciones en lugares públicos que recuerdan a las “misiones interiores” de los años cuarenta. Porque para la Iglesia, cuyo victimismo no tiene límites, no existen los espacios cívicos. La calle es suya. Todo es suyo.

José María González Santos “Kichi” decidió cambiar el retrato de rey que presidía su despacho por el de Fermín Salvochea. La prensa resaltó el gesto al igual que su participación anterior en una comparsa de carnaval en la que se decía: “Si yo fuera alcalde de Cádiz sería un alcalde como Salvochea”. Pero no es tan fácil. Este, alcalde de la ciudad durante la I República (1873-1874), fue un firme partidario de la separación Iglesia/Estado. En su primer año como alcalde suprimió las fiestas religiosas sustituyéndolas por fiestas cívicas, cambió los nombres de santos que tenían las escuelas municipales por los de principios y virtudes, y sustituyó la enseñanza religiosa por clases de moral universal. Algunos escritos suyos harían que aún hoy cayese sobre él la “ley mordaza”. Me pregunto qué pensaría Salvochea, que mantenía que el Ayuntamiento debía mantenerse ajeno a toda religión, de la entrega de la medalla a una virgen por parte de un alcalde de izquierdas. Lo que es seguro es que la curia y la derecha gaditana verán con agrado que la pasión que el actual alcalde de Cádiz siente por Salvochea se limite a tener su retrato en su despacho.

…Y no pasa nada.

Rajoy no va a doblar la rodilla mientras la relación de fuerzas políticas le permita seguir mandando. Ahí está el problema, diga lo que diga el Constitucional sobre la amnistía fiscal.

Una más. El Tribunal Constitucional no solo ha tumbado el decreto-ley de amnistía fiscal de 2012, sino que ha sentenciado que con esa medida el Gobierno "abdicó" de la obligación de que todos los ciudadanos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos. Son palabras gravísimas. Y sin embargo no pasa nada. Montoro "sigue gozando de la plena confianza del Gobierno", ha dicho el Consejo de Ministros. Sobre todo porque ese decreto no fue responsabilidad suya sino de Rajoy. Y el presidente no va a doblar la rodilla mientras la relación de fuerzas políticas le permita seguir mandando. Ahí está el problema. Diga lo que diga el Constitucional.

Que, por otra parte, ha quedado muy bien con su sentencia. No podía decir otra cosa, porque el decreto ley era jurídicamente impresentable, pero se ha cuidado muy mucho de dar un paso más, de determinar las consecuencias concretas que habría de tener su sentencia. Es decir, de ordenar que los que se beneficiaron de la amnistía devuelvan el dinero. Eso sí que habría sido justo. Pero el alto tribunal aduce que no puede ser, porque una instrucción de ese tipo generaría "inseguridad jurídica".

La clave para entender tanto comedimiento ha de estar necesariamente en la lista de las personas que se acogieron a la amnistía. No en los Rato, Bárcenas, Pujol y demás corruptos "excelentes", que ya están lo suficientemente vapuleados como para que nuevos golpes contra ellos vayan a provocar efectos indeseados para el Gobierno. Sino en los otros, los que siguen protegidos por un anonimato que ahora más que nunca es injustificable. Nombres seguramente destacadísimos del universo del poder económico, gentes a las que Rajoy no se atreve ni a rozar y menos a exigirles que paguen las millonadas que hace años se les perdonó.

Y el mecanismo que permite invocar la "inseguridad jurídica" que produciría tal exigencia es sencillo. Al Tribunal Constitucional le ha bastado con permitir que la causa haya dormido en sus archivos durante cinco años. La contundencia de los contenidos de la sentencia queda bastante paliada por tal desidia. Que muy probablemente no es casual, que puede que haya sido negociada con el Gobierno. Y lo más probable es que lo estuviera desde el principio. Que La Moncloa y Montoro sabían que el decreto-ley era inconstitucional pero que no importaba: se aplicaba y luego, si pasa el tiempo, no habría marcha atrás. Aunque les llamaran de todo.

Y así se cierra este nuevo escándalo. Al Gobierno no le importan las palabras. Por muy altisonantes que sean. Por mucho que en una democracia, el lenguaje formal, justamente las palabras, sean lo más importante. Eso sí, si quien pronuncia una palabra fuera de tono es un manifestante que pide que no le quiten su trabajo o un dirigente del independentismo catalán, entonces el Estado se moviliza para aplastarlo.

A Rajoy lo único que le importan son los hechos. Y para un hombre como él, que lleva toda la vida resistiendo al límite, estos no le son del todo desfavorables. Al menos hoy por hoy. Es impopular como sólo lo fue el José Luis Rodríguez Zapatero de sus peores tiempos, cuando ya nadie daba un duro por el presidente socialista; tiene a la mitad el gobierno quemado; la corrupción lo ahoga: los sondeos le son muy desfavorables... Pero frente a él, por el momento, no aparece fuerza alguna con capacidad suficiente para echarle. Y con eso le basta.

Lo peor es que no hay indicios de que ese panorama vaya a cambiar en un futuro inmediato. Al menos hasta que lleguen las elecciones generales. Que, agotando los plazos, pueden celebrarse dentro de dos años y medio, en diciembre de 2019. Con algún apaño que está en sus manos hacer, el acuerdo presupuestario con el PNV le permitiría llegar hasta esa fecha. Un desastre del PP en las municipales y autonómicas de 2018 podría obligar a revisar ese calendario. O no.

Tanto espacio de maniobra, cuando menos para resistir, responde a tres factores distintos, que en la práctica se entremezclan en muchos de sus extremos. El primero es que hoy por hoy los demás partidos están empeñados en asuntos muy distintos del de echar a Rajoy del poder. La prioridad del PSOE es su recomposición interna a la que seguirá la fijación de un perfil político y electoral que le permita competir con sus rivales, Podemos y Ciudadanos, por ese orden.

Unidos Podemos está en busca de una nueva afirmación ante la gente, la suya en primer lugar, también con la vista puesta en hacer frente a un Partido Socialista que puede haber cobrado nuevos bríos con la elección de Pedro Sánchez. Y Ciudadanos está en la indefinición: quiere separarse del PP para arrancarle la mayor cantidad de votos posible, pero no se atreve a hacerlo del todo, no vaya a ser que caiga en el vacío. Y juega a hacer sin gestos que le comprometan en exceso.

El segundo factor es el estado de la opinión pública. Está indignada con la corrupción, pero no hasta el punto de exigir ya mismo respuestas contundentes contra ella. Grandes sectores de la población tienen motivos de queja por sus condiciones económicas y sociales, pero no se movilizan abiertamente. El que más o el que menos se conforma con la suerte que le ha tocado o cree que en estos momentos no se puede hacer mucho para mejorarla. A menos que cambien mucho las cosas, el malestar, que existe, sólo se expresará el día de las elecciones. Entre otras cosas porque ningún partido ni organización social está ofreciendo otro camino que no sea ese.

El tercer elemento es Cataluña. A Rajoy y a los suyos les sirve para sacar pecho un día sí y otro no y esperan a que los independentistas se atrevan a dar pasos contundentes –que todavía no los han dado– para presentarse como el hombre que va a salvar a España. Pero el asunto también les es muy útil en una dimensión más estrictamente política. La de que mientras exista el riesgo de que la Generalitat rompa la baraja, Ciudadanos no se atreverá a separarse del PP. Y el PSOE tampoco, aunque busque matices y propuestas alternativas para hacer más presentable ese entendimiento.

Carlos Elordi.

- LA IZQUIERDA Y LA RELIGIÓN.

LA VIRGEN Y EL AYUNTAMIENTO DEL CAMBIO.

“Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. A veces los preceptos de nuestra maltrecha constitución suenan a manifiesto revolucionario; sobre todo si se comparan con la incongruencia de quienes nos gobiernan.

Y entre ellos hay que reconocer que la experiencia de los Ayuntamientos del cambio está suponiendo una bocanada de aire fresco en un mundo municipal mezquino y alejado de la gente. Por eso da cierta pena que, a menudo, una gestión eficiente y participativa se esté viendo eclipsada por cuestiones puramente simbólicas. Dicho eso, que el Ayuntamiento de Cádiz haya otorgado la medalla de oro de la ciudad a la virgen del Rosario supone una derrota para todos los demócratas.

Detrás de la medida pueden imaginarse razones tácticas; sin duda es un intento de reducir la imagen de radicalidad que otras medidas le estaban dando al gobierno municipal gaditano. Ha influido, sin duda, la intención de compensar el veto a la hermandad del Rocío que se presentó como una medida “animalista” por llevar una carreta tirada por mulas. Pero ninguna de estas razones tácticas justifica un ataque a los derechos fundamentales y al modelo de Estado. Que venga precisamente de quienes defendían un Estado laico, lo vuelve más terrible.

Aunque parezca mentira, el principio de separación entre Iglesia y Estado es una conquista muy reciente en nuestro país. Una rémora del antiguo régimen, que parece que no acaba nunca en España. Vivimos aún en una sociedad cargada de fundamentalismo en la que la Iglesia manda demasiado. Y seguirá así mientras los políticos antepongan sus intereses electorales a la construcción de un Estado realmente democrático.

Desde Podemos –conscientes de lo que hacen- se han lanzado varios argumentos en defensa de la medida. Dicen que esa virgen en concreto "no va unida al conservadurismo". Dicen también que la “Virgen de los humildes” ayuda a los golpeados por la sociedad a sobre llevar sus penas. A todo eso le añaden una ración de los clásicos dejes de superioridad colonialista con los que los intelectuales madrileños suelen acercarse a Andalucía: se confiesan “urbanitas de izquierdas” que no comprenden a un pueblo rural y tradicional como el andaluz. Son argumentos dañinos y despectivos, que además no sirven para esconder lo que sin duda es una claudicación en toda regla frente a las fuerzas del antiguo régimen.

En primer lugar, no se trata de una cuestión de conveniencia ideológica, sino de valores. No importa que los devotos de la virgen en cuestión sean de derechas o de izquierdas, el principio debe ser el mismo. La razón por la que el Estado debe ser laico no es por el rechazo a ninguna religión concreta, sino para asegurar que a nadie se le impone ninguna y, más allá, para recordar que la legitimidad del poder democrático nace y muere en la sociedad civil.

Al defender que una virgen merece la medalla de una ciudad por su predicamento entre anarquistas o barrios populares, se falta el respeto a la ciudadanía y a la Constitución. La separación entre el Estado y la iglesia no afecta sólo a un sector de la iglesia. El laicismo no es una postura frente a la iglesia que apoyó la cruzada nacional contra los rojos. El laicismo también se debe predicar frente a la iglesia de los curas rojos, o frente al hinduismo inofensivo. Se trata de distinguir radicalmente entre la gestión civil de la sociedad y la organización de las opciones religiosas de sus ciudadanos.

Por supuesto que la izquierda ha sido a menudo incapaz de entender la religiosidad popular. Hay una crítica intelectual y elitista a manifestaciones de auténtica identidad social como la semana santa que descansa en la ignorancia del fenómeno. Con demasiada frecuencia la izquierda no entiende el valor de cohesión social, de expresión colectiva y hasta de rebeldía que puede crecer en torno a determinadas muestras de devoción religiosa. Pero la solución a ese abandono no es darle honores civiles a una imagen religiosa. Una cosa es reconocer y respetar la religiosidad popular y otra conceder honores públicos al ídolo de cualquier religión.

La propuesta de concesión de la medalla la llevó al pleno municipal el Partido Popular, a iniciativa de la orden de los dominicos. El gobierno municipal se sumó a ella aunque sus propias normas sólo permiten dar esas medallas a personas, nunca a símbolos. Un entendimiento cabal de la Constitución, tampoco lo permitiría. Y mucho menos lo justifica el apoyo popular de las seis mil personas que firmaron a petición de los dominicos gaditanos. Detrás de la separación entre Iglesia y Estado está el afán por evitar que la mayoría imponga una religión a una minoría. Los derechos fundamentales son, precisamente, garantía de las minorías para asegurar la libertad de disentir. El poder público tiene que ser religiosamente neutral, porque ésa es la garantía de que cada persona pueda decidir libremente su posición frente al fenómeno religioso.

El Estado tiene que proteger el ejercicio de la religión. Debe asegurar que los creyentes desarrollen sus creencias y sus ritos en las mejores condiciones. Pero está obligado a armonizar los derechos de todo el mundo. Por eso ni el ejército debe presentar armas al paso de ningún símbolo religioso, ni ningún Ayuntamiento debe darle medallas a ninguna Virgen. Ni siquiera a la Virgen del Rosario de Cádiz.

Joaquín Urías es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

- RELACIÓN DE FALLECIDOS DURANTE LA GUERRA CIVIL EN BONARES, CON CAUSAS MÉDICAS.

RELACIÓN DE FALLECIDOS DURANTE LA GUERRA CIVIL CON CAUSAS MÉDICAS.

CAUSAS	TOTAL
DEBILIDAD CARDIACA (Corazón no bombea bien la sangre)	14
PNEUMONÍA (Infección pulmonar)	4
SÍNCOPE CARDIACO (parada cardiorrespiratoria)	33
ASISTOLIA (ausencia actividad corazón)	27
ATREPSIA (desnutrición)	2
HEMIPLEJIA (Parálisis corporal)	3
ASCITIS (Riñón)	1
CONGESTIÓN CEREBRAL (Alteración circulación sangre en el cerebro)	11
GASTROENTERITIS (Diarrea, vómitos)	9
INSUFICIENCIA CARDIACA (Corazón no bombea bien la sangre)	2
HEMOPTISIS (Expectoración de sangre en el esputo)	1
ASFIXIA (Falta de oxígeno)	6
MENINGITIS POSOPERATORIA (Meningitis después de una operación)	3
HEMORRAGIA CEREBRAL (Derrame cerebral)	1
MIOCARDITIS (Inflamación músculo corazón)	9
TUBERCULOSIS PULMONAR (Infección en los pulmones)	7
PERITONITIS (Inflamación membrana abdominal)	1
UREMIA (Acumulación productos tóxicos en la sangre)	3
SARAMPIÓN (Infección por bacteria)	15
CONGESTIÓN PULMONAR (Acumulación de líquidos en los pulmones)	4
CIRROSIS HEPÁTICA (Enfermedad del hígado)	1
INFECCIÓN INTESTINAL (Infección en el intestino)	2
TUMOR MEDULAR (Tumor en la médula espinal)	1
HEMORRAGIA INTESTINAL (Pérdida de sangre en el aparato digestivo)	1
HIPERTENSIÓN ARTERIAL (Tensión alta)	1
BRONCONEUMONÍA (Inflamación del aparato respiratorio)	11
CAQUEXIA (Desnutrición)	2
DEBILIDAD CONGÉNITA (Debilidad en recién nacidos)	3
BRONQUITIS CRÓNICA (Inflamación de los bronquios de los pulmones)	1
SENECTUD (Vejez)	13
FALTA DE DESARROLLO (Niños prematuros)	1
GRIPE (Enfermedad infecciosa)	3
MENINGITIS TUBERCULOSA (Meningitis grave)	2
RAQUITISMO (Mala alimentación en niños)	1
NEOPLAXIA (Tumor maligno)	1
GANGRENA (Muerte de los tejidos)	1
HERIDA DE BALA (Guerra)	1
CARCINOMA GÁSTRICO (Cáncer estómago)	1
HIPERTROFIA PRÓSTATA (Aumento de la próstata)	1
ENDOCARDITIS (Inflamación interna del corazón)	1
LEPRA (Enfermedad infecciosa)	1
DIABETES (Niveles altos de azúcar en el organismo)	1
NEFRITIS (Inflamación del riñón)	1
TOTAL GENERAL	219

MUERTES AGRUPADAS POR PARTES DEL CUERPO:

Corazón...................87

Pulmones.................28

Aparato digestivo.....24

Sarampión...............15

Vejez........................13

Riñón........................06

En esta relación no están contabilizados las muertes producidas por los asesinatos ocurridos durante el periodo de Guerra Civil, ni las producidas por hechos de guerra en combate, excepto una, lo que elevaría considerablemente el número de muertos durante ese periodo.