sábado, 27 de abril de 2024
domingo, 21 de abril de 2024
lunes, 15 de abril de 2024
domingo, 14 de abril de 2024
domingo, 7 de abril de 2024
lunes, 1 de abril de 2024
jueves, 21 de marzo de 2024
- ENTRENAMIENTO DE CONVIVENCIA C.D. BONARES BONAFRU - JUVENIL C.D. FÚTBOL BASE BONARES.
Foto de los equipos del C.D.BONARES BONAFRU y juvenil del C.D. FÚTBOL BASE BONARES en la noche de hoy. Recordamos que el equipo juvenil es filial del amateur y surte de jugadores cuando hace falta.
domingo, 17 de marzo de 2024
- RESULTADOS, CLASIFICACIÓN Y PRÓXIMA JORNADA 1ª ANDALUZA SENIOR.
Datos extraídos de la web:lapreferente.com.
martes, 12 de marzo de 2024
- EL DEPORTE Y LA RENTABILIDAD ECONÓMICA.
Este artículo, escrito en diciembre de 2008, sigue teniendo actualidad en el día de hoy y lo seguirá teniendo aunque pase muchos años.
"Mucho se ha hablado, se habla
y se seguirá hablando de la
rentabilidad económica o no de la práctica deportiva subvencionada con dinero oficial (local, provincial, autonómico
o estatal). Esta modalidad de práctica deportiva es la que se da en Bonares, es decir, haya unos
clubes deportivos particulares que reciben una subvención anual para que sus
socios puedan practicar su deporte favorito en las instalaciones deportivas municipales sin que tenga que pagar una cuota por el uso de
esas instalaciones.
Más de uno piensa que ese
dinero que el ayuntamiento se gasta en construir
instalaciones deportivas y en ayudar a la práctica del deporte por parte de
los habitantes de nuestro pueblo se debe destinar a otros menesteres que le
sean rentables económicamente
hablando o bien que el que quiera hacer deporte que se lo pague de su
bolsillo. Y digo yo y pregunto ¿cuánto vale el tener a varios cientos de niños
y jóvenes, y algunos no tan jóvenes, entretenidos (a la vez formándose) varias
horas a la semana y no estando en la calle bajo la influencia de muchos factores sociales muy perjudiciales para sus vidas como son las drogas y
cierto tipo de compañías nada favorecedoras del buen ser y estar?. La respuesta para mí es muy sencilla: no tiene precio y
no se paga con todo el dinero del mundo. Mucho más dinero se gasta las
administraciones públicas en cárceles, centros de menores, centros de
desintoxicación, etc. y muchas veces por no haber invertido en deportes,
cultura, ocio, etc. que costaba y cuesta menos dinero.
Si cada uno tuviese que
pagarse el coste de la práctica deportiva no pagaría una cuota anual
tan baja como pagan, por ejemplo, en
el fútbol en Bonares (60 euros anuales, es decir,
6 euros al mes) sino que pagarían mucho más: coste del alquiler de las instalaciones para entrenamientos y
partidos, salario de los monitores, material deportivo, desplazamientos,
seguros, arbitrajes, cuotas de inscripción, ficha federativa, etc. lo que
supondría multiplicar la cuota por 5 o tal vez más y esta cantidad no la pagaría casi nadie.
Ahora bien, para que el
deporte se siga practicando hace falta 3 factores fundamentales: deportistas,
dinero y organización (patronato municipal de deportes o clubes deportivos independientes)
ya que si falla uno de esos factores difícil será que funcione
en condiciones más o menos dignas.
Como
persona que llevo muchos años ligado al deporte: deportista, árbitro y
directivo, he de decir que agradezco al Ayuntamiento y a otros organismos
oficiales (Diputación y Junta de Andalucía) la colaboración
económica que presta al deporte en Bonares, pero a la vez le critico porque el tanto por ciento del presupuesto anual que
supone el deporte debe incrementarse
en algunos puntos y también apoyar más a las personas
que dirigen los clubes y contar más con ellos a la hora de planificar las actividades e inversiones en materia de deporte.
PUBLICADO
EN BONASPORT Nº 36, DICIEMBRE 2008.
domingo, 10 de marzo de 2024
viernes, 8 de marzo de 2024
lunes, 4 de marzo de 2024
domingo, 3 de marzo de 2024
- ¡HAY UN TERRORISTA SUELTO! (Y EN CUATRO AÑOS NADIE SE ENTERÓ).
¡Hay un terrorista suelto! (y en cuatro años nadie se enteró).
Ignacio Escolar
2 de marzo de 2024 08:35h
Supongamos, como hipótesis, que el juez Manuel García Castellón tiene razón; que también están en lo cierto los fiscales y magistrados del Supremo que respaldan su investigación. Supongamos que el expresident Carles Puigdemont fuera el “líder absoluto” de un grupo terrorista, el máximo responsable de una organización violenta y criminal; alguien dispuesto a matar y secuestrar, alguien que cuenta con una banda organizada capaz de llevar estos objetivos tan siniestros hasta el final.
De ser así, de ser esto verdad, ¿cuál sería el grado de incompetencia de estos eminentes juristas? ¿Qué explicaciones tendrían que dar por el enorme retraso que acumula esta investigación?
Porque aceptar que Puigdemont es un presunto terrorista implica algo más. Los supuestos delitos por los que esta semana se le acaba de imputar no ocurrieron ayer: son de septiembre de 2019, de hace más de cuatro años. Y si aceptamos pulpo como animal de compañía –o Puigdemont como líder terrorista, que es un disparate similar– también habría que pedir responsabilidades al juez instructor, por su negligente retraso en actuar.
Si Puigdemont es el presunto líder de una organización criminal, y es tan obvia esta conclusión como ahora dicen, ¿por qué permitieron cuatro años de impunidad? ¿Por qué ni el Supremo ni la Audiencia Nacional avisaron antes a las autoridades de otros países de que había un terrorista suelto, campando por el Parlamento Europeo? ¿Por qué no se incluyó este gravísimo delito –peor que la sedición– en las distintas euroórdenes donde se instaba a su detención? ¿Por qué no se hizo nada contra el “terrorismo” de Puigdemont hasta –casualmente– esa epifanía a la que llegó el juez Manuel García Castellón, justo cuando la ley de amnistía se empezó a negociar?
Parece muy extraño. Porque lo es. Y no solo por este retraso de cuatro años largos en desenmascarar al presunto terrorista Puigdemont.
Se ha resaltado en distintos medios que el auto del Tribunal Supremo donde se imputa por terrorismo al expresident catalán ha sido una decisión “por unanimidad”. Se da a entender así que es un asunto indubitable: que no hay siquiera discusión.
Es un dato engañoso, que conviene explicar. La decisión no se llevó al pleno de la Sala de lo Penal. Los jueces que firman este auto son cinco: Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Eduardo de Porres.
Todos ellos tienen algo en común: son del sector conservador.
Todos ellos, sin excepción, fueron ascendidos al Supremo a propuesta de los vocales en el CGPJ elegidos por el PP.
No hay un solo progresista entre los cinco. Ni uno.
Carmen Lamela es la jueza que también vio terrorismo en la agresión a varios guardias civiles en un bar en Alsasua: algo que la sentencia después descartó. También es la jueza que encerró durante dos años a un inocente: al expresidente del Barça Sandro Rosell. Poco después de esa polémica decisión, en 2018, fue ascendida al Supremo por el sector conservador.
Juan Ramón Berdugo es miembro de la APM –la asociación conservadora– y llegó al Supremo en 2004, ascendido por el CGPJ conservador de la mayoría absoluta de Aznar. Es uno de los jueces que condenó al cantante César Strawberry por varios tuits –una sentencia que fue después anulada por el Tribunal Constitucional–. También firmó la sentencia del ‘procés’.
Julián Sánchez Melgar es también conservador. Y de la plena confianza del PP: en 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy le nombró fiscal general del Estado. Su carrera tiene un punto de inflexión en Ávila, donde fue presidente de la Audiencia Provincial; allí conoció al entonces alcalde de la ciudad, Ángel Acebes, que más tarde se convertiría en ministro de Justicia con Aznar. Fue Acebes quien después le apoyó para el Tribunal Supremo, al que llegó en diciembre de 1999. Entre otras polémicas, es el principal ideólogo de la ‘doctrina Parot’, para alargar artificialmente las condenas de terrorismo, y que después fue declarada ilegal por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Eduardo de Porres es el último de todos ellos en llegar. Fue ascendido al Supremo en 2018 por el CGPJ conservador que salió de la mayoría absoluta en 2011 del PP de Mariano Rajoy. Fue el ponente de la sentencia de los ERE –y de la polémica condena a Cháves y Griñán que se aprobó por la mínima: con dos votos en contra frente a tres a favor. En este juicio, el PP estaba presente como acusación popular. Y sobre la imagen de imparcialidad de Porres había una sombra: tras la sentencia se conoció que tanto la mujer como el hijo de este juez militan en el PP. Algo que, según De Porres, no le condicionó.
En cuanto a Manuel Marchena, he escrito ya mucho sobre él. Llegó al Tribunal Supremo en 2007 –cuando el sistema de elección obligaba a acuerdos entre los distintos bloques del CGPJ, en un pacto donde también entró Luciano Varela por el sector progresista–. En 2014, el CGPJ de la mayoría de Rajoy le nombró presidente de la Sala de lo Penal. Más tarde, en 2018, fue candidato a presidente del CGPJ, en la renovación que estuvo a punto de firmar Pablo Casado; renunció después de que un senador del PP, Ignacio Cosidó, presumiera de que su liderazgo ayudaría al partido a “controlar la Sala Segunda desde detrás”.
Cinco jueces del Supremo, elegidos entre todos los que hay en la Sala de lo Penal por las normas de reparto. Que no haya entre todos ellos ni un solo juez progresista no es casual: es la consecuencia de que el PP haya controlado 22 de los últimos 27 años del Consejo General del Poder Judicial, gracias a los distintos bloqueos a la renovación cada vez que la derecha pierde las elecciones. Por eso solo hay cuatro jueces progresistas de los quince que hoy forman la Sala de lo Penal del Supremo. Es casi imposible que los jueces promocionados por la derecha no tengan la mayoría en este tribunal.
Pero dejemos a los jueces y vayamos a lo que acaban de decidir. Que hay mucho que contar.
El Tribunal Supremo, en el auto donde se imputa por terrorismo a Puigdemont, ha decidido ignorar uno de los asuntos más polémicos de la instrucción de García Castellón. Seguro que lo recuerdas: ese turista francés que murió de un infarto y que este juez de la Audiencia Nacional presentaba como una presunta víctima del terrorismo. El Supremo, en su auto, ni siquiera menciona esta cuestión. Los cinco magistrados han hecho como si esa acusación, tan ridícula, nunca se hubiera puesto sobre la mesa.
Si no hay víctima del terrorismo –ni se menciona siquiera– ¿cuál es la violencia terrorista que justifica una acusación así?
El Supremo va por otras vías. Por un lado, la de la ‘kale borroka’, el “terrorismo de baja intensidad”, donde cita distintas sentencias de los años en los que ETA mataba.
Hay solo un problema. Uno no menor: la ‘kale borroka’ se calificaba como terrorismo –y no como disturbios callejeros– porque respondía a la estrategia del terrorismo de verdad. El entorno de ETA era terrorista también –según la Justicia– porque había un núcleo central, armado y violento, que dirigía todo lo demás. Esto es algo que no ocurrió en el procés: no hay un grupo armado que permita acusar de terrorismo a quien comparte estrategia y objetivos con él.
En esta curiosa banda terrorista liderada por Puigdemont no hay ni muertos ni nadie con intención de matar. Así que se acusa a los líderes de la banda de otro delito: detención ilegal.
Está en el Código Penal junto con el delito de secuestro. La diferencia entre uno y otro es que el segundo exige que se haya pedido un rescate, una condición para la liberación. Para la detención ilegal basta con que se impida la libertad de movimientos.
¿Y quiénes son, para García Castellón y el Tribunal Supremo, las víctimas de ese delito terrorista de detención ilegal? Pues al parecer los controladores aéreos, que no pudieron llegar a la torre a la hora del cambio de turno por la manifestación de Tsunami Democràtic en los accesos del aeropuerto. Y también se extendería a los pasajeros, que no pudieron ni entrar ni salir durante unas horas de las terminales de pasajeros. Miles de personas en total.
Por las mismas, las personas bloqueadas en las carreteras por las tractoradas de estas últimas semanas, o los trabajadores de la sede del PSOE en Ferraz que tampoco pudieron salir de su oficina por las protestas ultras, ¿serían también víctimas del terrorismo, por otra detención ilegal?
Hay un añadido más: las penas por los delitos de detención ilegal con el agravante de terrorismo van de entre 10 y 15 años. Pero es por persona, por cada detenido. En este caso, habría que multiplicar esos años de condena por todos los viajeros que estuvieron ese día en El Prat. Todos ellos, además, podrían tener derecho a una indemnización como víctimas del terrorismo.
En cuanto al argumento de la “kale borroka”, el Supremo describe unos curiosos “artefactos de similar potencia destructiva a los explosivos” que, hasta donde se conoce, no suelen explotar: carritos portaequipajes, vallas, extintores de incendios, vidrios o láminas de aluminio. Todos estos objetos, según el auto, se lanzaron contra la policía en los disturbios. Algo que, por otra parte, ha ocurrido y ocurrirá en centenares de manifestaciones más, sin que en ellas se acuse a nadie de terrorismo.
El auto para abrir la causa judicial por terrorismo contra Puigdemont solo se puede entender bajo dos prismas. Ninguno bueno para la imagen de imparcialidad del Tribunal Supremo español.
El primero, la ley de amnistía. Solo desde el análisis político se puede entender que esta acusación por terrorismo haya aparecido justo ahora, cuatro años después. El jaque es doble, en esta jugada de ajedrez: por un lado, evitar que Puigdemont pueda beneficiarse de la amnistía, si es que se aprueba. Por el otro, tensionar la negociación entre PSOE y Junts, de la que depende la estabilidad del Gobierno.
El otro análisis posible, compatible con el anterior, pasa por lo que algunos juristas han teorizado como “el derecho penal del enemigo”. Consiste en aplicar la Justicia contra estos acusados que suponen una amenaza para la estabilidad del Estado de la forma más dura y restrictiva posible, incluso sobrepasando algunos límites. Lo que se hizo durante años en España contra los terroristas de ETA. Lo que pasó, por ejemplo, con la doctrina Parot: un castillo jurídico en el aire muy similar al que se está construyendo hoy.
Hay un factor extra, uno que roza lo personal. El Tribunal Supremo ha sido ridiculizado por Carles Puigdemont. Sus éxitos en Europa –en tribunales de Bélgica, Alemania o Italia, que se negaron a conceder su extradición– han sido la mayor derrota de la historia del Supremo: su mayor humillación.
En las próximas semanas, la Justicia tendrá que resolver un asunto que, en circunstancias normales, hundiría toda esta investigación. Manuel García Castellón cometió en 2021 un gravísimo error judicial: se retrasó en la aprobación de una de las prórrogas para investigar este caso.
Hay bastante jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre lo que supone un fallo así. Lo habitual es que anule casi toda la causa: que se archive todo lo que se investigó después de ese error, incluyendo lo que ahora afecta a Puigdemont. Es lo que ocurrió en el pasado con algunos casos de corrupción –como el que afectaba al expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez–. Hay incluso un caso de homicidio que quedó impune por un fallo así.
¿Y ahora? ¿Qué hará el Supremo? ¿Seguirá su doctrina de siempre y archivará la causa? ¿O aplicará el derecho penal del enemigo hasta encontrar una excusa con la que cambiar su propia jurisprudencia?
Ignacio Escolar
jueves, 29 de febrero de 2024
- REIVINDICANDO A ESCUREDO.
Reivindicando a Escuredo.
·
La Andalucía moderna e institucional nace con Rafael Escuredo, el primer
presidente elegido en urnas de la comunidad autónoma y líder de la rebelión
popular que supuso el referéndum del 28F
27 de febrero de 2024 20:06hActualizado el 28/02/2024 10:33h
Para la izquierda y,
parte de la derecha, es un referente, pero 44 años después no se le ha dado el
lugar merecido. Todos le han sacado como un paso de Semana Santa cada 28
de febrero, como él mismo dijo con sarcasmo en una entrevista del periodista
Rafael Rodríguez en 2020. “Me lanzaban dos o tres saetas y otra
vez para dentro”. No se trata de medallas o de títulos, que los tiene. El
PSOE de Juan Espadas y Manolo Pezzi ha reaccionado para reivindicar su legado y
que la historia de Andalucía se escriba con su nombre como protagonista. Quizás
un poco tarde. Ha tenido tres décadas para hacerlo. Ha hecho falta que el PP
alcanzara el gobierno de la Junta de Andalucía con su propio relato y que
Escuredo escribiera un libro para desmemoriados, junto a Juan Cano Bueso, - “Valió
la pena. La lucha de Andalucía por su autonomía”-. “Aquello fue una lucha en solitario del pueblo andaluz para
situar a nuestra tierra en el lugar que le correspondía”. A
Escuredo parece preocuparle más que los hechos no se olviden y que se traslade
a las nuevas generaciones el esfuerzo de lo que se logró, su valor político y
lo que ha supuesto para la vida de los andaluces. “La Andalucía que nosotros
conocimos tenía 1,5 millones de analfabetos”, dijo en aquella entrevista a elDiario.es Andalucía.
Los gobiernos socialistas fueron incapaces de llevar
la historia autonómica y el origen de sus símbolos como disciplina de estudio a
los colegios. Tampoco el PP ha solventado esa carencia. Los niños y niñas
siguen con su mollete con aceite cada 28F.
El olvido de la gesta autonómica es terreno abonado para la renacida
ultraderecha, su declarada guerra a las autonomías en general y a los símbolos
andaluces en particular. Volviendo a las banderas. Qué nostalgia al ver pasar
las tractoradas recientes de las gentes del campo por las calles de las
ciudades andaluzas protestando contra su abandono político, enarbolando solo
banderas rojas y amarilla en sus vehículos. Hubo aquel tiempo en que todas las
protestas campesinas llenaban los campos andaluces de banderas verdes y
blancas.
El fracaso de la pedagogía. Un ejemplo de clase de secundaria: Preguntan a
los alumnos de un colegio si saben quién es Blas Infante, y responden que un
cantante de rap o que un cuentacuentos. Preguntemos a los profesores por la
ruta de los pueblos de Blas Infante o por el origen de los símbolos
andaluces. Habrá silencios y alguno podría sorprender que Rafael Escuredo
es un escritor de novelas. Y no se equivoca. Rafael Escuredo ha escrito una
decena de libros de ficción, entre ellos una saga policíaca.
Varias generaciones, la de los menores a 50 años, desconocen la historia de
la autonomía de Andalucía, la importancia del 28F y sus protagonistas. Para
muchos de los que no vivieron de adultos aquellos días del referéndum, el 28F
no es más que un día de fiesta, que siendo escolares celebraron con un desayuno
de mollete con aceite de oliva y el himno que nunca aprendieron. Esas
generaciones no tienen interiorizado la Andalucía autonómica como un activo
político, ni la trascendencia que ha tenido para el bienestar de sus vidas.
Hay culpables. Los gobiernos socialistas sucesores de Escuredo fueron
incapaces de llevar la historia autonómica, sus protagonistas, el origen de sus
símbolos como disciplina de estudio a los colegios e institutos. Tampoco el PP,
pese a lo anunciado, ha solventado esa carencia. Los niños y niñas siguen con
su mollete con aceite cada 28F.
Moreno se ha puesto el traje andalucista sin complejos, se exhibe con
lugares, personajes y símbolos de la autonomía, ninguneando a sus adversarios
de siempre, los socialistas
Durante décadas, las manifestaciones del 4D, germen de la conquista
autonómica, y el referéndum del 28F, culmen de la misma, llegan a la opinión
publicada según la pugna partidista. Cada partido hace una lectura interesada
de su papel en los acontecimientos. La izquierda y andalucistas (socialistas,
PCA y PSA) tuvieron un liderazgo en el proceso autonómico, eso es histórico y
no se puede ocultar. Los socialistas capitalizaron el sentimiento andalucista
por aquel 28F hasta permanecer en el poder 37 años. Se lo deben a Escuredo.
Pero a sus sucesores también se les fue la mano dejando fuera a la derecha de
aquellos logros, por el hecho de que tanto la UCD como Alianza Popular pidiesen
la abstención o el voto en contra en el referéndum del 28F. Ni el consenso del
segundo Estatuto en 2007 entre PSOE y PP logró limar el resquemor en este
partido.
El vacío didáctico dejado por los socialistas unido al resentimiento de
años noqueado cada 28F, ha sido aprovechado por el PP al llegar al Gobierno de
la Junta de Andalucía en 2019. Ha impulsado su propia lectura sin apenas
contestación ilustrada. “El cuento de que el PP es malo para la autonomía se ha
acabado”, frase de Juanma Moreno investido presidente. Moreno se
ha puesto el traje andalucista sin complejos, se exhibe con lugares, personajes
y símbolos de la autonomía, ninguneando a sus adversarios de siempre, los
socialistas. Se apropia del relato hasta el punto de crear con éxito un Día de
la Bandera de Andalucía el 4D junto a históricos del PA. En aquellas
manifestaciones participaron históricos del centro derecha hoy en el PP.
Comete el mismo error que sus antecesores socialistas. En ese afán de
interpretar la historia, el PP busca imponer a Manuel Clavero, el ministro de
la UCD que dimitió para apoyar el sí en el referéndum del 28F, como el gran
protagonista de la autonomía. Sin aquel apoyo de Clavero, que contagió al
electorado de la UCD (este partido obtuvo 24 diputados en las generales de 1979
en Andalucía frente a 23 de los socialistas), probablemente el referéndum
hubiera fracasado. El entorno de Rafael Escuredo lo tiene claro: “Votó mucha
gente que no era de izquierdas, si no, no sale”. La posición de Clavero
“desmonta los miedos del centro derecha”, intoxicada con que el referéndum era
una estrategia de los socialcomunistas para hacerse con el poder. (El
vocabulario en la derecha para referirse al actual gobierno del PSOE se repite
décadas después).
La salud y la edad no le permitiría una huelga de
hambre como la que sostuvo para que el Gobierno de la UCD aceptara el
referéndum y Adolfo Suárez le dijera una fecha tras aquella histórica
entrevista en la Moncloa.
Juanma Moreno reivindica a Clavero porque fue el único político destacado
de la derecha que impulsó entre este electorado el sí a la autonomía plena el
28F. Clavero, que soñó con un andalucismo de derechas (Unidad Andaluza) sin
éxito electoral, no llegó a militar en el PP como sí hicieron otros dirigentes
de la UCD en Andalucía, como Soledad Becerril, que fue alcaldesa de Sevilla, y
Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. Pero el PP lo ha adoptado como “padre
de la Andalucía moderna” por su etapa de ministro que impulsó la arquitectura
autonómica. Cuando el verdadero padre de la Andalucía moderna es Rafael
Escuredo.
Moreno ha sido osado con el papel de Clavero: Encargó un busto del político
para colocarlo en el Parlamento en parangón a los de Blas Infante y el
socialista Plácido Fernández Viagas (primer presidente de la junta
preautonómica), puso el nombre de Clavero a la sala de reuniones del Consejo de
Gobierno y creó en 2020 una medalla con su nombre en la gala de premios
institucionales del 28F. Hasta esa fecha Clavero y Escuredo eran ambos hijos
predilectos de Andalucía. La misma distinción. Desde entonces, Rafael Escuredo
es medalla del premio Manuel Clavero. El premio de la humillación. “Ellos
quieren ser conversos, bienvenidos, pero que no cambien la historia. Moreno no
fue el primero, fue Escuredo”, Pezzi a simpatizantes socialistas.
Rafael Escuredo, que acaba de cumplir 80 años, sigue siendo un rebelde. La
salud y la edad no le permitiría una huelga de hambre como la que sostuvo para
que el Gobierno de la UCD aceptara el referéndum y Adolfo Suárez le dijera una
fecha tras aquella histórica entrevista en la Moncloa. “¡Qué gol le he
metido!”, le dijo al salir al periodista Enrique García. Sigue publicando
novelas (‘Sombras de luz’ en 2023) y mantiene el vigor de siempre para analizar
sin ataduras la política actual, ahora con otro megáfono, el de las redes
sociales. Defiende la amnistía en Cataluña sin paños calientes y arremete
contra los críticos de su partido con Pedro Sánchez, desde Felipe y Guerra al
presidente de Castilla la Mancha. “El presidente Page dice que no entiende la
política de Pedro Sánchez, olvidando que somos decenas de miles los que no
entendemos la suya”, posteó en X (antes Twitter) el pasado 13 de enero.
domingo, 25 de febrero de 2024
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