- ¿SERÁ ESTE EL VERANO EN QUE EMPEZAMOS A DEJAR DE ESTAR CARA AL SOL?

¿Será este el verano en que empezamos a dejar de estar cara al sol?

Si sigue habiendo plazas del Generalísimo y colegios José Antonio… es porque el PSOE lo ha permitido Señor Sánchez, no se quede a medias y sitúe a nuestro país en la normalidad democrática que disfruta Europa desde 1945.

Carlos Hernández-11/07/2018

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Han tenido que pasar 43 años desde la muerte de Franco para que un Gobierno se comprometa en sede parlamentaria a dar la espalda seriamente a los herederos de la dictadura y a ponerse realmente del lado de las víctimas. Todas y cada una de las medidas planteadas este miércoles en el Congreso de los Diputados por la ministra de Justicia son lógicas, justas y necesarias. Tan lógicas, justas y necesarias que estoy absolutamente convencido de que si hubiera asistido a la sesión un periodista, un político, un historiador o un simple ciudadano extranjero que no conozca a fondo cómo es el día a día en nuestro país, su reacción habría sido esta: "Pero todo esto… ¿todavía no lo habíais hecho?".

Solo en este país puede generar polémica que el Ejecutivo vaya a asumir la búsqueda y exhumación de los más de 100.000 demócratas que fueron asesinados por el franquismo y que hoy continúan enterrados como perros en las cunetas. Solo en España se puede cuestionar que se vayan a buscar las fórmulas para ilegalizar fundaciones que llevan el nombre de asesinos de masas y fascistas como Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera o Ramón Serrano Suñer. Fundaciones que, además, hacen apología del fascismo, practican el negacionismo histórico, justifican a los criminales e insultan impunemente a las víctimas. Solo aquí puede haber partidos que miran para otro lado o incluso critican que se retiren todos los símbolos que quedan de aquella tiranía, censuran que se pretenda sacar al dictador de su sepulcro dorado o rechazan que se quiera convertir un sitio tan repugnante como es el Valle de los Caídos en un lugar de homenaje a quienes sufrieron y murieron bajo las garras de los militares golpistas. En ningún otro lugar del planeta se discutirían estas medidas, salvo para preguntarse… eso: ¿Cómo es posible que no se hayan aplicado hace muchos, muchos años?

Si fuera la primera vez que el PSOE gobernara en este país, aquí podría acabar este artículo. Con un cerrado aplauso a Dolores Delgado y con una apelación a que vaya todavía más allá, hasta acabar de una puñetera vez con la alargada sombra de Franco. Si fuera la primera vez… pero no lo es. "Hasta que no vea las medidas publicadas en el BOE…", me decía Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, tras la comparecencia de la ministra. No le faltan razones para su desconfianza… que es la de muchos, yo diría que de la mayoría de quienes nos ocupamos y preocupamos de estos temas.

Este país sabe que otros presidentes y ministros socialistas también realizaron grandes promesas en esta materia. Cuando Felipe González llegó al poder, los españoles creyeron que había acabado por fin la llamada Transición y que tocaba por fin ajustar cuentas con la dictadura. No sé si es justificable, pero puede ser entendible que no se hiciera en los primeros años, debido a la fragilidad del sistema y a la amenaza permanente de golpe de Estado. Lo que no es ni justificable, ni entendible, ni decente, es que González y los suyos pasaran quince años en el poder sin hacer lo mismo que Alemania o Italia habían llevado a cabo siete décadas antes. O lo que harían en tiempos más recientes las democracias chilena y argentina que, tras la impunidad inicial, acabaron sentando en el banquillo y siguen sentando hoy en día a golpistas, represores y asesinos.

Este país también sabe lo que ocurrió con la bienintencionada Ley de Memoria Histórica de la era Zapatero. Los sectores más conservadores del PSOE, con supuestos análisis sociológicos en la mano, acabaron convenciendo al presidente de que convenía descafeinar la medida. "Este tema no da ni un solo voto y permite a la derecha fidelizar a su electorado", solía escucharse en los despachos de Moncloa y de la calle Ferraz. Había que aprobar una Ley de Memoria sin cabrear a nadie, ni siquiera a los nostálgicos del régimen. Manos a la obra se puso la vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega que igual que se colocó la mantilla negra para ir al Vaticano, consensuó la ley hasta con el abad franquista del Valle de los Caídos.

Es cierto que la ministra Delgado utilizó este miércoles ante la Comisión de Justicia un tono, una sensibilidad y una contundencia inéditos hasta ahora. Por primera vez, un Gobierno habló claramente de anular las sentencias de los tribunales franquistas, superando el brindis al sol que supone la mera declaración de ilegitimidad que establecía la actual Ley de Memoria. Es verdad que también hemos sabido recientemente que el Ministerio del Interior ha empezado a estudiar la forma de retirar las medallas que atesora ese torturador llamado Billy el Niño.

Es verdad que la música suena bien y suena diferente a la de González o Zapatero, pero nadie puede olvidar que si Franco sigue enterrado como si fuera un faraón; si los asesinos están en La Macarena y sus víctimas en las cunetas; si los torturadores en lugar de estar entre rejas están disfrutando de sus medallas; si sigue habiendo plazas del Generalísimo y colegios José Antonio… es porque el PSOE lo ha permitido. Estamos como estamos 43 años después de la muerte del dictador; y no podemos ni queremos olvidar que 23 de esos 43 años este país ha estado gobernado por políticos que se decían socialistas.

Emilio Silva me decía también que antes de ver las medidas publicadas en el BOE, se pueden hacer muchas cosas con la urgencia que exige la avanzada edad de muchos familiares de los desaparecidos. Coincido con él. Yo, particularmente, no me creo nada de todas estas promesas y, a la vez, quiero creer… deseo creer. Señor Sánchez, no se quede a medias y sitúe a nuestro país en la normalidad democrática que disfruta Europa desde 1945. Señor Sánchez, cumpla su palabra y pase a la Historia como el presidente que sacó a Franco del Valle de los Caídos, que dio el portazo final a la dictadura y que en el verano de 2018 inició el proceso para que España dejara de estar, por fin, cara al sol.

Franco, fuera de Cuelgamuros.

Una vez sacado Franco, hay que explicar Cuelgamuros de forma democrática; a pesar de la cruz de 150 metros de alto y cuarenta de brazos por los que caben dos coches en el mismo sentido.

José María Calleja. 10/07/2018

EFE

Cuelgamuros es la prolongación de Franco por otros medios. Un parque temático del franquismo, un paquidermo simbólico y arquitectónico de muy difícil resignificación. Franco sigue ahí, entronizado, a veces con la lápida circunvalada por un cordón morado sobre soportes de madera, siempre con flores. José Antonio Primo de Rivera, sin la tilde en la e de su lápida, está a su lado. Los dos bajo una bóveda de casi cinco millones de teselas en la que aparecen, entre otros,  falangistas de pelo en pecho y requetés de marrón, con la estética característica de Carlos Sáenz de Tejada y de Lezama, uno de los autores de la narración figurinista del franquismo. Ahora diríamos relato. A veces da la sensación de que los curas que ofician la misa de once, con micrófono inalámbrico pegado a la boca y monaguillos que no pueden con los hachones bamboleantes, van a levitar nada más acabar la interminable ceremonia, daros la paz, y ascenderán a la bóveda para quedarse pegados allí, como un chicle debajo del pupitre, hasta otra misa preconciliar.

Cuelgamuros, hay que llamarlo así, como bien nos insiste Claudio Sánchez-Albornoz, el egregio superviviente de aquel campo, protagonista de la película Los años bárbaros,  de Fernando Colomo, que narra su fuga estrambótica de aquel horrible lugar.

Cuelgamuros fue construido como túmulo onanista de Franco en medio de un país que se moría de hambre, de frío y de miedo. Hubo un trasiego de camiones negros que hacían de volquete de los restos mortales de miles de fallecidos republicanos, a quienes sus familias jamás hubieran llevado allí, y a las que, por supuesto, no consultaron los franquistas de Franco para su traslado.

Al principio iba a ser un gigantesco enterramiento de los caídos fetén, los del bando nacional, pero ante la falta de quórum mortuorio, ante la negativa de muchas familias de los franquistas a que los restos de sus familiares fueran trasladados allí, ante la gigantesca dimensión del túmulo, imposible de colmatar, echaron mano de fallecidos republicanos, sin consulta previa, claro.

El discurso de Franco en el que explica la erección del templo decía que "en el desarrollo de nuestra Cruzada hay mucho de providencial y milagroso", y también, "mucho fue lo que a España costó aquella gloriosa epopeya de nuestra liberación para que pueda ser olvidado, pero la lucha del bien contra el mal no termina por grande que sea su victoria". Vaya idea. Sobre esos marcos cognitivos y arquitectónicos decidió Franco construir Cuelgamuros nada más acabar la guerra. Qué urgencia.

Para sacar a Franco de Cuelgamuros nunca ha habido tiempo. Nada más morir el dictador, con aquellas imágenes del entierro, recientes aún los partes del equipo médico habitual, "heces fecales en forma de melena", parecía una temeridad sacar al recién inhumado, no sólo por el peso de la losa.

Con el primer gobierno socialista en 1982, era más urgente poner en condiciones la educación y la sanidad publica, el AVE a Sevilla, que levantar aquella lápida de toneladas. Aznar no tuvo entre sus mil primeras urgencias exhumar al dictador, al que elogió de soslayo en sus denuestos a la Constitución. Con Zapatero se hizo incluso un estudio para darle la vuelta al sitio, para que dejara de ser un elogio del franquismo y se convirtiera en un lugar de reconciliación entre españoles, con otro discurso, con otra forma de contar aquella aberración. Tarea complicada si se mide desde la estética, aunque éticamente necesaria.

Rajoy se ha vanagloriado de dar cero euros a la ley de Memoria Histórica. Si casi todo le parecía un lío, esto ha sido una algarabía de silencios. Tiene ahora Sánchez la oportunidad de sacar al "bicho" –Sánchez-Albornoz , otra vez- y llevárselo a un no lugar, parecido al que no ocupan Hitler y Mussolini; ya estaba tardando en decirlo.

Ya hay una sentencia judicial firme que establece la exhumación de los hermanos Lapeña, de Calatayud (Zaragoza), que establece que deben ser sacados de Cuelgamuros y que aún no se ha cumplido. El prior del establecimiento se negó a ir al Senado a explicar su negativa y tuvo que ser la propia jerarquía eclesiástica la que le afeó la conducta. La montaña del Senado fue a este mahoma de granito. Esa jerarquía de la Iglesia tiene ahora su momento estelar para facilitar la salida de Franco de aquel monumento tan nacionalcatólico y de las JONS. Ya ha dicho que el dictador tiene que estar fuera de allí y es de agradecer.

Se trata de voluntad política y de criterio de oportunidad. Los dos los reúne el gobierno de Sánchez. Se añade que no solo la Biblia establece que lo que tengas que hacer, hazlo pronto, es que como no lo hagas en los primeros minutos del partido, como los sometas al VAR, te van a dar fuera de juego. Tu sacas a Franco ahora, y los hipocondriacos en plantilla pasan un primer mal rato, pero luego no hay quién lo vuelva a meter en el nicho. La familia del interfecto que diga misa.

La "persistencia y el espíritu de la cruzada petrificados en la roca de una montaña", deben ser desactivados con la salida de Franco. Existen grúas potentes que facilitan la tarea. (Grúas Usabiaga tiene unas excelentes, busquen el teléfono).

Una vez sacado Franco, hay que explicar Cuelgamuros de forma democrática. A pesar de la cruz de 150 metros de alto y cuarenta de brazos por los que caben dos coches en el mismo sentido.

No hay que volarlo, como dicen algunos, se trata de explicarlo desde una perspectiva civilizada; aquí es fundamental el contexto: cómo es posible que en un país que se moría de hambre, de miedo y frío, Franco se sintiera Tutankamon y le dijera al arquitecto vasco: "más alto, Muguruza, más alto", para que aquel espacio tridentino fuera lo más alto entre el cielo y el suelo.

Aunque la estética terebrante de aquel lugar, inmenso de franquismo, sea irrecuperable para la democracia, pidamos que al menos los letreros y leyendas, los guías, sean capaces de explicar el autodenominado Valle como una consecuencia del destrozo que supuso en la historia de España el golpe de Estado contra la República, como un retrato de un enfrentamiento que se llevó muchas vidas por delante y con un aviso para que no volvamos a matarnos; sobre todo, que no vuelvan a matarnos. Menos aún, que el dictador que inauguró su régimen fusilando y lo acabó fusilando, no esté allí entronizado, como si tal cosa, con sus heces fecales en forma de melena.

Sánchez, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Saca a Franco ya, mañana es tarde.

Las cunetas de la vergüenza.

Juan José Torres Núñez.

En la Guerra Civil española tenemos que denunciar la barbarie en ambos bandos, pero los republicanos no empezaron la guerra. Fueron los generales traidores los que llenaron de fosas comunes las cunetas y los cementerios de España. Pablo Neruda consideró responsables de las lágrimas de España a los militares facciosos cuando dijo: “Malditos los que un día / no miraron, malditos ciegos malditos, / los que no adelantaron a la solemne patria / el pan sino las lágrimas…”.

Los vencedores, sin embargo, entendieron el “glorioso alzamiento nacional” como el día en que un  grupo de héroes, capitaneados por Franco, nos salvó de la revolución bolchevique que se estaba gestando en España. Pero Franco dejó cautivo y desarmado al Ejército rojo cuando se lanzó con una escuadra de jefes y oficiales del Ejército contra unas hordas fanatizadas y llenas de rencor. Para él España estaba amenazada por los principios rojo-comunistas. Para los vencedores Franco vino a restituir la patria y a traer a los españoles paz, pan y justicia.

Manuel Azaña, presidente de la República Española entre 1936 y 1939, pidió paz, piedad y perdón. Sabía que la República no tenía medios para frenar el desembarco de toneladas de material y miles de hombres en las costas de España: un país democrático invadido por potencias extranjeras. Pero Franco no perdonó porque no tenía ninguna piedad. Cuando Azaña pidió reconciliación, los vencedores siguieron matando como si la guerra no hubiera terminado. Franco y sus criminales siguieron con los ideales de la cruzada española. Él estaba más interesado en las represalias que en la paz. Por eso siguió con los fusilamientos masivos.

Cuando la guerra terminó, el Papa Pío XII envió a Franco y al noble pueblo español su apostólica bendición por haber alcanzado la paz. En el telegrama decía que levantaba su corazón al Señor y agradecía sinceramente con el generalísimo la deseada victoria de la católica España, haciendo votos por nuestro país para que emprendiera con nuevo rigor sus antiguas y cristianas tradiciones. El Papa no habló de perdón en ningún momento, ni tampoco  de los muertos. Y Franco lo que hizo fue emprender con nuevo rigor las represalias contra todos aquellos que lucharon por salvar al Gobierno legítimo de la República, que para él representaba a los enemigos de la religión, de la patria y de la civilización cristiana. Franco contestó a su Santidad dándole las gracias por el telegrama con motivo de la victoria total. También le dio las gracias por los sentimientos de cariño hacia el pueblo español y por su apostólica bendición, pero tampoco habló de perdón, ni dijo nada sobre los fusilamientos y los pelotones de ejecución.

Hoy, cuando ya han pasado más de cuarenta años de la muerte de Franco, miles de esos represaliados siguen aún en las cunetas de la vergüenza. El año 1978 el pueblo español aprobó la Constitución. El artículo 10  habla de la dignidad de la persona y de nuestros derechos fundamentales, que “se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Sin embargo, como señaló Vicenç Navarro, cuando el magistrado Baltasar Garzón se atrevió a exigir al Estado que “encuentre a los desaparecidos durante la brutal represión de los golpistas sublevados contra las fuerzas democráticas”, entonces, tuvo que enfrentarse en el Tribunal Supremo a una querella por prevaricación, por abrir una causa contra los crímenes cometidos por el franquismo. Lo que le ocurrió a Garzón, hoy ex juez de la Audiencia Nacional, es bien conocido por todos. Como ha apuntado Vicenç Navarro, la situación actual “cubre de vergüenza a toda España”, porque su enjuiciamiento fue “un insulto a todos los demócratas”. La sentencia tuvo una repercusión mundial. The Guardian comentó que la Justicia politizada de España “es profesionalmente incompetente”.

Natalia Junquera informó en 2010 de que “España guarda aún 2.052 fosas del franquismo y quedan 1.821 por abrir”. María Garzón y Jaime Ruiz advierten en Actúa por los derechos de las víctimas de que “es urgente atender las exigencias, reconociendo su condición y sus derechos […], implementando identificaciones [para que se investiguen] las 2.350 fosas aún existentes”. También nos recuerdan que nuestro Gobierno no reconoce “el estatus de víctimas a quienes sufrieran los crímenes atroces de la dictadura de Franco”. Este Gobierno no puede hablar de Derechos Humanos y al mismo tiempo negar el derecho a los familiares de las víctimas a enterrar dignamente a sus seres queridos. El Partido Popular ha derogado de facto la Ley de la Memoria Histórica al no financiarla. Esto se entiende porque como ha manifestado Vicenç Navarro, “El PP nunca ha condenado explícitamente y por su nombre la dictadura totalitaria y su terror” (véase “La dictadura terrorista y totalitaria”). Vemos que el PP no se comporta como “las derechas civilizadas europeas [que] sí condenan los fascismos que subyugaron a sus países”, como afirma Teodulfo Lagunero en Enterrar a los asesinados por los fascistas.

Con la Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de Diciembre), el Gobierno de Zapatero sentó las bases para que se reconocieran los derechos de todos los que “padecieron persecución o violencia” en nuestra Guerra Civil y en la dictadura franquista. Esta ley está impregnada de un espíritu de reconciliación y concordia. El Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa –firmado en París el 17 de marzo de 2006- también denuncia “las graves violaciones de Derechos Humanos cometidos en España entre los años 1939 y 1975”, el año que murió Franco. El artículo 3 pide “la rehabilitación moral de quienes sufrieron tan injustas sanciones y condenas”. Los artículos 11 a 14 establecen medidas para “la legítima demanda de no pocos ciudadanos, que ignorando el paradero de sus familiares”,  desean solicitar “las tareas de localización y en su lugar, identificación de los desaparecidos, como una última prueba de respeto hacia ellos”. Por desgracia, este Gobierno no ha implementado esta ley; tampoco lo han hecho los anteriores. El Partido Socialista perdió una gran oportunidad para actuar: tuvo mucho miedo y poco coraje. No entendió que la LMH se tenía que implementar para cerrar las heridas todavía abiertas en España. El artículo 2 dice claramente que las víctimas tienen el derecho “a la reparación moral” y a su “memoria personal y familiar”.

Quien parece que tampoco ha entendido la LMH es la Iglesia católica. Siempre ha estado dispuesta para abrir las fosas de sus mártires y para anunciar beatificaciones masivas, pero no ha querido hablar de los represaliados para no abrir heridas, olvidando que nunca van a cicatrizar si tantos miles siguen ignorados. Sabemos que la Iglesia es responsable de muchas de las atrocidades cometidas en nuestra guerra. Siguió las recomendaciones de la carta episcopal de apoyo al golpe militar y a Franco, redactada por el cardenal Isidro Gomá en 1937 (véase La Asociación de Memoria reclama que la Iglesia perdone y pida perdón, de Juan G. Bedoya). Hoy es mejor que la Iglesia diga en voz alta las palabras del obispo auxiliar de Toledo, Carmelo Morobia, cuando al ver una fosa en el pueblo toledano de Camuñas, pidió “que esto nos sirva para no repetir nunca las barbaridades que hicimos en la guerra”. También sabemos que “algunos curas confeccionaron listas de rojos para entregarlas a los asesinos” (véase La Iglesia también abre las fosas a sus muertos, de Natalia Junquera). Como ha expresado Julián Casanova en La Iglesia de Franco, la Iglesia siempre estuvo al servicio del dictador. Sin embargo, la Iglesia nunca se ha olvidado de “apropiarse de bienes sin aportar título alguno”. Por esta razón, Antonio Manuel Rodríguez Ramos, en El paraíso fiscal de la Iglesia, exige “que devuelva lo público y pague por lo que demuestre ser suyo”. Parece que estos privilegios no pueden seguir mucho tiempo. Una revisión de las relaciones entre Iglesia y Estado no puede esperar más.
Quien sí tuvo coraje a sus 88 años fue Ascensión Mendieta cuando se marchó a Argentina para buscar la justicia que España le denegaba. Hoy a sus 91 años ha podido, por fin, enterrar a su padre, Timoteo Mendieta, asesinado por los criminales franquistas y arrojado a una fosa común del cementerio de Guadalajara. Hay muchas más personas con coraje y organizaciones y plataformas como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Plataforma Actúa, la Plataforma por la Comisión de la Verdad, entre muchas otras, que merecen nuestro encomio y admiración por su lucha constante para que se reconozcan los derechos de las víctimas, que exige el Derecho Internacional: Verdad, Justicia, Reparación y Garantías para que el horror no se repita. Nosotros también tenemos que actuar.

- LEY MEMORIA HISTÓRICA.

CON FRANCO SE “REPARABA” MEJOR.

Juan Carlos Escudier.

Lucía Izquierdo, nuera de Miguel Hernández, ha declarado tras conocer la negativa del Supremo a revisar la condena a muerte del poeta que la ley de Memoria Histórica es “un disparate”. Razón no le falta. La ley es un quiero y no puedo, un pastiche pensado para no molestar demasiado, que busca reparar a las víctimas del franquismo con una declaración genérica de ilegitimidad de quienes les juzgaban y con un diploma para los represaliados. Impide, como es el caso, que las condenas se revisen y niega la responsabilidad patrimonial del Estado. Todo ello en aras de una pretendida seguridad jurídica, moralmente insostenible.

La dictadura defendía mejor a los suyos. Un decreto de abril de 1938 concedió pensiones extraordinarias a las viudas y huérfanos de los militares sublevados muertos en cautiverio. En diciembre de 1940 se extendió por ley estas pensiones a las viudas, huérfanos y padres de los militares que combatieron o se alzaron por el Movimiento y fueron detenidos y ejecutados o murieron en la guerra.  En julio de 1941 se creó la figura de los funcionarios civiles muertos en campaña para subsidiar a sus familiares.

Ese mismo año, en diciembre, otra ley hizo extensivos esos beneficios a los padres de sacerdotes “muertos como consecuencia de la Guerra de Liberación”. Y otra norma de junio de 1947 fue más allá hasta hacer beneficiarios a los “caídos en la revolución de 1934”, a los que se consideró muertos en campaña. En agosto de 1939 se había aprobado ya el acceso preferente a la función pública por parte de mutilados, ex combatientes y ex cautivos, así como a los familiares de las víctimas de la guerra, y se les reservó el 80% de las plazas en los niveles inferiores de la Administración.

Respecto a la localización de víctimas, una orden de mayo de 1940 sobre exhumaciones e inhumaciones “de cadáveres de asesinados por rojos” estableció el procedimiento: “Toda persona que desee exhumar el cadáver de alguno de sus deudos que fueron asesinados por la horda roja, para inhumarlos de nuevo en el cementerio, puede solicitarlo al gobernador civil de la provincia correspondiente”. En contraste, la democracia se ha tomado más de 30 años para elaborar una ley disparatada y para retirar la última estatua ecuestre de Franco, mientras los muertos siguen en las cunetas.

El Psoe, con todos los años que ha gobernado España, ha sido incapaz de aplicar la Ley de Recuperación de la Memoria Histórica que aprobó el Parlamento y que al cabo de los años se está quedando en aguas de borrajas por culpa del miedo al qué dirán de muchos dirigentes socialistas, que más que socialistas parecen de la derecha más rancia y católica.

Aquí en Bonares, aparte del monolito a los muertos en la Guerra Civil, fuesen del bando que fuesen, instalado en la Avenida de la Paz y el libro escrito por el ex-alcalde Juan Coronel Martín, poco se ha hecho o nada, ya que sigue sin investigarse y exhumarse los restos de los fusilados que se encuentran enterrados en la fosa común del cementerio de Bonares o en la de San Juan del Puerto, donde tenemos a muchos paisanos.

- MEMORIA HISTÓRICA.

Garzón termina con la "impunidad del franquismo": razones y decisiones.

Por EDU SÁNCHEZ (SOITU.ES)

Actualizado 16-10-2008 14:33 CET

Los crímenes de la guerra civil y la 'causa general' abierta por los golpistas durante los primeros años de la dictadura han quedado impunes durante la democracia. Así de tajante se ha manifestado el magistrado Baltasar Garzón en el auto en el que se declara competente para investigar este caso. El magistrado ordena la búsqueda y exhumación de las miles de víctimas que descansan en el anonimato de las fosas comunes repartidas por toda España.

(EFE)

La apertura de fosas comunes tendrán ahora el cobijo judicial de Garzón

El magistrado utiliza los siguientes argumentos jurídicos para declararse competente en la investigación del franquismo, encausar —o en caso de que estén muertos, declarar la extinción del delito— a los máximos dirigentes de la dictadura y de Falange Española, así como ordenar la búsqueda, identificación y exhumación de fosas comunes:

• Los hechos nunca han sido investigados penalmente por la Justicia española. "La impunidad ha sido la regla frente a los acontecimientos que podrían revestir la calificación de crímenes contra la humanidad", afirma.
• No se trata, según el juez, de hacer una 'causa general' de la guerra y la dictadura —como sí hicieron los golpistas tras la victoria del 39—, sino investigar las desapariciones forzosas llevadas a cabo durante la contienda y la posguerra.
• La sublevación militar "estuvo fuera de toda legalidad" y constituyó "un atentado contra la forma de Gobierno legítimo de España". Los golpistas "indujeron y ordenaron las previas, simultáneas y posteriores matanzas, torturas y detenciones ilegales sistemáticas y generalizadas de los opositores políticos, y provocaron el exilio forzoso de miles de personas".
• A diferencia de las familias de los fallecidos en el bando vencedor, los vencidos no tuvieron reparación: ni localización, ni identificación. Sino todo lo contario.
• Las actuaciones de los golpistas que "propiciaron, participaron, desarrollaron y ejecutaron" las acciones a partir del 18 de julio de 1936 constituyen un delito de crímenes contra la humanidad.
• Exactamente cometieron el delito permanente de detención ilegal, sin ofrecerse razón sobre el paradero de la víctima, recogido en el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998.

¿Qué decisiones adopta el magistrado?

• Declararse competente en la causa de investigar las desapariciones forzosas.
• Solicitar información —en la mayoría de los casos el certificado de defunción— de los militares que participaron en el golpe de Estado (empezando por el general Francisco Franco) y de los dirigentes de Falange Española hasta finales de 1951.
• Autorizar las exhumaciones solicitadas en los municipios de Parrillas (Toledo); Adrada de Haza, Valdenoceda y San Juan del Monte (Burgos); La Robla (Ponferrada); Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil y Carucedo (León); Córdoba; La Palma del Condado, Bonares y Niebla (Huelva); Fuerte San Cristóbal (Navarra); La Serna (Madrid); y la fosa de Víznar (Granada), donde al parecer se encuentran los restos del poeta Federico García Lorca.
• Para llevar a cabo estas exhumaciones, Garzón ordena la creación de un grupo de expertos (cinco propuestos por las asociaciones y dos por el Juzgado) para analizar y valorar la localización, exhumación e identificación de los desaparecidos. Así mismo se crea un grupo (de diez funcionarios) de la Policía Judicial para que facilite el trabajo de los expertos, todo con la autorización de los tribunales competentes de cada territorio.

"Hoy hace exactamente 72 años que asesinaron a mi abuelo"

Todo esto era lo que venían reclamando las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica desde hace años. El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, "está flipando" con el auto y hoy se mezcla en él la sensación de satisfacción y una enorme emoción. "Hoy precisamente se cumplen 72 años desde que asesinaron a mi abuelo los franquistas", comenta Silva.

Su asociación seguirá desempolvando cunetas, huertas y tapias de cementerios, como lo vienen haciendo de forma voluntaria y altruista desde hace ocho años. "Lo seguiremos haciendo con el cobijo legal —ahora actúan en una situación de alegalidad, ya que sólo les requieren una autorización sanitaria del municipio—", explica el presidente de la ARMH. Además, Emilio Silva espera reunirse con el magistrado en los próximos días, "porque me preocupa que los expertos encargados ahora de las exhumaciones no tengan empatía con las familias de los desenterrados". Y es que, como recuerda, la exhumación "es parte fundamental de la reparación" del daño cometido.

El trabajo que tiene por delante ahora la Audiencia Nacional es ingente. Finalmente, y a la espera de que se amplíen y revisen todos los casos, son 114.266 casos con nombre y apellidos de personas que fueron asesinadas durante la guerra y el franquismo y cuyos cadáveres no han podido ser localizados hasta el momento.