A estas alturas del siglo XXI ya nadie discute que un país se juega su futuro en el rendimiento de su sistema educativo. Viene siendo así desde siempre, pero cada vez con más intensidad. Sin la alfabetización generalizada de la población adecuada a cada momento es imposible que una sociedad pueda competir ventajosamente con las demás, además de hacer inalcanzable que cada individuo pueda ser evaluado real y efectivamente de acuerdo con el principio de mérito y capacidad.
No debería ser necesario recordar esta obviedad, pero desgraciadamente hay que volver sobre ella. Llevamos meses en los que no hacemos más que dar pasos atrás, transmitiéndose a los ciudadanos por parte de diversas autoridades públicas los mensajes que más daño pueden hacer a la confianza de la sociedad en su sistema educativo.
Puede entenderse que, ante una situación de emergencia económica, también la educación pueda verse afectada. Cuando la crisis llega a tener la intensidad que está teniendo esta, no hay prácticamente ninguna partida presupuestaria que no tenga que sufrir algún recorte. Pero cuando de la educación se trata, el recorte únicamente puede producirse en última instancia y la justificación del mismo tiene que trasladarse a la sociedad de una manera que a ella le resulte comprensible y que, en consecuencia, pueda aceptar.
Los recortes educativos tienen que ser discutidos y pactados. Y una vez que se han discutido y pactado tienen que ser explicados a la sociedad, a fin de que los ciudadanos puedan entenderlos y compartirlos. Lo peor que se puede hacer es convertir en momentos de crisis el derecho a la educación en un arma arrojadiza.
Es posible que a los profesores se les tenga que exigir un esfuerzo superior al que se les venía exigiendo, pero lo que no se puede es justificar esa exigencia de un esfuerzo superior con el argumento de que trabajan 18 horas a la semana, como hicieron Esperanza Aguirre y Ana Botella para justificar la imposición de recortes en la comunidad de Madrid. Es posible que se tenga que contemplar la posibilidad de que únicamente se puedan convocar oposiciones para profesores en determinadas circunstancias, pero, una vez que se han convocado en tales circunstancias, no se puede obstaculizar la realización de las mismas, como ha ocurrido recientemente en el País Vasco y Andalucía, llegándose incluso a cambiar unilateralmente el temario por parte del Ministerio. Y no es posible siquiera contemplar que se pueda actuar contra alumnos que protestan legítimamente y sin violencia de ningún tipo contra los recortes educativos de la forma en que lo han hecho las autoridades en Valencia. Es un momento para consensuar la respuesta que tiene que darse por parte de todas las Administraciones Públicas al ejercicio del derecho a la educación y no el de buscar el enfrentamiento.
Lo que se ha hecho con la asignatura de Educación para la Ciudadanía no debe hacerse con el conjunto del sistema educativo. Ni en el fondo ni en la forma. En la medida de lo posible hay que intentar evitar los conflictos en este terreno. Porque los conflictos educativos, una vez que se desatan, son muy difíciles de encauzar. Especialmente cuando las condiciones en que los protagonistas directos del ejercicio del derecho a la educación, alumnos y profesores se están deteriorando de manera perceptible.
Me temo que el José Ignacio Wert no ha reflexionado suficientemente sobre el riesgo que supone expresarse de manera agresiva desde un ministerio como el de Educación. Y de hacerlo, además, con un discurso que ha sido tradicionalmente el de la extrema derecha. No tiene mucho tiempo para rectificar.
Javier Pérez Royo. El País.com
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