- 28-F. DÍA DE ANDALUCÍA.

 

 

- PRIVILEGIOS CATÓLICOS.

Un Ayuntamiento como Madrid deja de ingresar 94 millones cada año, el Estado, unos 3.000 millones.

Los obispos españoles miran para otro lado ante la decisión de Monti de quitar a Iglesia italiana sus privilegios fiscales.

La decisión del primer ministro italiano, Mario Monti, de dejar a la Iglesia sin sus privilegios fiscales ha dejado en evidencia a la jerarquía eclesiástica española, amparada en los acuerdos del Estado y la Santa Sede de 1979. Por lo pronto, los obispos españoles miran para otro lado en intentan tapar el sol con un dedo alegando que tienen “exactamente el mismo régimen que cualquier fundación y cualquier partido político”.

Lo cierto es que con la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con que cuenta la Iglesia, un Ayuntamiento como el de Madrid deja de ingresar cada año 94 millones de euros, según dados del exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón, citados por El País. En el conjunto del Estado la cifra se sitúa en los 3.000 millones, de acuerdo con Europa Laica, Juventudes Socialistas e Izquierda Unida.

Jiménez Barriocanal niega los privilegios.
La Iglesia católica está exenta del IBI y de otros impuestos, gracias a los acuerdos entre el Estado y el Vaticano firmados en Roma el 3 de enero de 1979. Sin embargo, el responsable económico de la Conferencia Episcopal Española y presidente de la COPE, Fernando Giménez Barriocanal, lo ha negado  alegando que “el régimen fiscal que tienen las instituciones de la Iglesia católica, en su 99% no deriva de los acuerdos Iglesia-Estado, como la gente piensa, sino de la Ley de Mecenazgo 49-2002. En materia de IBI, por ejemplo, tenemos exactamente el mismo régimen que cualquier fundación y cualquier partido político. No hay un régimen de privilegio en ningún caso. Debe quedar claro”, afirmó Giménez Barriocanal hace una semana, cuando los medios de comunicación le preguntaron a él y al portavoz de esa organización, Juan Antonio Martínez Camino.

Una tajada de los Presupuestos y otros pagos a la Iglesia
La Iglesia no solo se beneficia de las excepciones fiscales, sino que recibe una buena tajada de los Presupuestos Generales del Estado. Este año la jerarquía eclesiástica recibirá 248,3 millones, proveniente del IRPF. Aparte de esto, el Estado paga los salarios de miles de profesores de catolicismo y de cientos de capellanes castrenses, hospitalarios y penitenciarios. No hay que olvidar las subvenciones a la enseñanza religiosa concertada con casi 4.000 millones y la conservación del patrimonio arquitectónico de la iglesia.

¡NI UN DURO A LA IGLESIA CATÓLICA!

- EVITAR EL CONFLICTO EDUCATIVO

A estas alturas del siglo XXI ya nadie discute que un país se juega su futuro en el rendimiento de su sistema educativo. Viene siendo así desde siempre, pero cada vez con más intensidad. Sin la alfabetización generalizada de la población adecuada a cada momento es imposible que una sociedad pueda competir ventajosamente con las demás, además de hacer inalcanzable que cada individuo pueda ser evaluado real y efectivamente de acuerdo con el principio de mérito y capacidad.

No debería ser necesario recordar esta obviedad, pero desgraciadamente hay que volver sobre ella. Llevamos meses en los que no hacemos más que dar pasos atrás, transmitiéndose a los ciudadanos por parte de diversas autoridades públicas los mensajes que más daño pueden hacer a la confianza de la sociedad en su sistema educativo.

Puede entenderse que, ante una situación de emergencia económica, también la educación pueda verse afectada. Cuando la crisis llega a tener la intensidad que está teniendo esta, no hay prácticamente ninguna partida presupuestaria que no tenga que sufrir algún recorte. Pero cuando de la educación se trata, el recorte únicamente puede producirse en última instancia y la justificación del mismo tiene que trasladarse a la sociedad de una manera que a ella le resulte comprensible y que, en consecuencia, pueda aceptar.

Los recortes educativos tienen que ser discutidos y pactados. Y una vez que se han discutido y pactado tienen que ser explicados a la sociedad, a fin de que los ciudadanos puedan entenderlos y compartirlos. Lo peor que se puede hacer es convertir en momentos de crisis el derecho a la educación en un arma arrojadiza.

Es posible que a los profesores se les tenga que exigir un esfuerzo superior al que se les venía exigiendo, pero lo que no se puede es justificar esa exigencia de un esfuerzo superior con el argumento de que trabajan 18 horas a la semana, como hicieron Esperanza Aguirre y Ana Botella para justificar la imposición de recortes en la comunidad de Madrid. Es posible que se tenga que contemplar la posibilidad de que únicamente se puedan convocar oposiciones para profesores en determinadas circunstancias, pero, una vez que se han convocado en tales circunstancias, no se puede obstaculizar la realización de las mismas, como ha ocurrido recientemente en el País Vasco y Andalucía, llegándose incluso a cambiar unilateralmente el temario por parte del Ministerio. Y no es posible siquiera contemplar que se pueda actuar contra alumnos que protestan legítimamente y sin violencia de ningún tipo contra los recortes educativos de la forma en que lo han hecho las autoridades en Valencia. Es un momento para consensuar la respuesta que tiene que darse por parte de todas las Administraciones Públicas al ejercicio del derecho a la educación y no el de buscar el enfrentamiento.

Lo que se ha hecho con la asignatura de Educación para la Ciudadanía no debe hacerse con el conjunto del sistema educativo. Ni en el fondo ni en la forma. En la medida de lo posible hay que intentar evitar los conflictos en este terreno. Porque los conflictos educativos, una vez que se desatan, son muy difíciles de encauzar. Especialmente cuando las condiciones en que los protagonistas directos del ejercicio del derecho a la educación, alumnos y profesores se están deteriorando de manera perceptible.

Me temo que el José Ignacio Wert no ha reflexionado suficientemente sobre el riesgo que supone expresarse de manera agresiva desde un ministerio como el de Educación. Y de hacerlo, además, con un discurso que ha sido tradicionalmente el de la extrema derecha. No tiene mucho tiempo para rectificar.

Javier Pérez Royo. El País.com

- PARADOS.

PATRONAL = P.P.  = MALTRATADORES DE LOS TRABAJADORES.

- LA IMAGEN DE ESPAÑA.

Mariano Rajoy, preguntado ayer por las violentas cargas policiales de Valencia, hizo un llamamiento a la “serenidad y responsabilidad de todos” para evitar dar “una imagen que no es la de nuestro país”. El presidente del Gobierno quiso ofrecer una declaración institucional y equidistante a la que cabe oponer varias objeciones. En primer lugar, los incidentes ocurridos en Valencia durante la última semana no surgen por esporas ni por capricho o divertimento característicos de una adolescencia “difícil”. Los estudiantes (y profesores y padres y madres) del Instituto de Educación Secundaria Lluís Vives se manifiestan contra los durísimos recortes educativos decididos por la Generalitat y por el Gobierno que preside Rajoy. En segundo lugar, las protestas estudiantiles consisten en cortes de tráfico, sin que haya constancia de agresiones a personas o contra el mobiliario urbano; la única violencia demostrada a través de imágenes y testimonios directos es la ejercida por fuerzas policiales contra lo que su jefe superior en Valencia considera “el enemigo”. En tercer lugar, que chicos y chicas menores de edad reciban porrazos no es una cuestión “de imagen”, sino un uso desproporcionado de la autoridad que debe ser investigado por la fiscalía correspondiente. Por último, la mala imagen será del Gobierno y de su delegación en Valencia, no de “nuestro país”, porque en realidad es excelente para España la imagen de miles de jóvenes que llenan las plazas armados con libros.

- REFORMA LABORAL

Cientos de miles de personas protestan en toda España contra la reforma laboral.

Los sindicatos y el Gobierno miden por primera vez el sentir ciudadano ante la ley.

"Si el Gobierno no rectifica, continuaremos en la movilización creciente", afirman CC OO y UGT.

Apenas 59 días después de llegar a La Moncloa, Mariano Rajoy ya se ha topado con su primera gran protesta contra su política. Decenas de miles de personas han salido este domingo a la calle de 57 ciudades españolas convocados por UGT y CC OO para pedir cambios profundos en la reforma laboral que el Gobierno aprobó el 10 de febrero. De lo contrario, amenazan, habrá más movilizaciones. "Si el Gobierno no rectifica, continuaremos con la movilización creciente", concluía el manifiesto leído en Madrid.

Cifras estimadas. (Entre paréntesis, cifras de la policía o el Gobierno)

Los sindicatos todavía no concretan en qué consistirá esa "movilización creciente". Pese a la respuesta del domingo, todavía se resisten a hablar en público de la huelga general y mucho menos a especular con la fecha en la que se podría convocar. "Voy a seguir hablando de la reforma, y no me voy perder en el debate sobre la respuesta", defendía el líder de UGT, Cándido Méndez, en la Puerta del Sol de Madrid.

Para las centrales de trabajadores, las medidas emprendidas por el Gobierno no solo pretenden cambiar el mercado laboral, sino el modelo social a través de los recortes presupuestarios. De ahí que hayan emprendido lo que llaman una "movilización inclusiva", que se ha concretado con la presencia de manifestantes que, con la habitual camiseta verde, se oponen a los recortes en la educación madrileña; los trabajadores afectados por el cierre de la planta de Arcelor en Villaverde; los que rechazan los recortes sanitarios; y la presencia de miles de personas del movimiento 15-M, que de forma crítica, y entre reproches a UGT y CC OO, se sumaron a la protesta.

Con el lema "No a la reforma laboral injusta con los trabajadores, ineficaz para la economía e inútil para el empleo", han arrancado las manifestaciones en las principales provincias andaluzas, aragonesas, catalanas, castellanas, vascas, gallegas, baleares y valencianas, y en ciudades como Gijón, Santander, Pamplona, Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Ceuta y Melilla. La primera estaba convocada a las 10.30 en Córdoba, y la última a las seis de la tarde en Ibiza, aunque el grueso de las protestas se han celebrado a mediodía.

La jornada es el inicio, según las dos principales centrales, de una campaña de concienciación "creciente y sostenida" contra la reforma del Gobierno del PP, que entre otras medidas, limita a dos años la ultraactividad de los convenios, generaliza el contrato con un despido de 33 días de indemnización y concreta las causas que permiten a los empresarios despedir con 20 días, por ejemplo si suman tres trimestres consecutivos con un descenso de los ingresos. La siguiente jornada de protestas esta convocada para el miércoles 29. No obstante, Toxo y Méndez han admitido que no convocarán una huelga general hasta que el "ánimo" de los trabajadores sea el adecuado.

Frente a los sindicatos, en la retina del Gobierno está aún el paro del 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que no fue tan dura como la aprobada ahora por el PP. De hecho, fue Rajoy el primero en hablar de esta posibilidad, cuando, en una conversación informal en Bruselas antes de aprobar la reforma, dejó caer que le costaría una huelga general. El presidente del Gobierno, que acaba de clausurar el congreso del PP en Sevilla, ha expresado su respeto por las protestas, pero ha asegurado que la reforma es "justa, buena y necesaria" para el país.

Mientras, el PSOE ha estado presente en las protestas de Madrid mediante una delegación,  que ha contado con la presencia de la portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, que ha sido abucheada por medio centenar de indignados al grito de "no nos representan". En la cabecera de la manifestación también se ha visto al exministro de Trabajo, Valeriano Gómez y a Diego López Garrido, a quien algún manifestante le preguntaba desde la acera donde había estado en la huelga general de 2010 y en la reforma de pensiones. Los socialistas, que pretenden recuperar la relación con los sindicatos y el apoyo social, han convertido esta reforma en el escenario de su política de oposición frontal al Gobierno.

- MENTIRAS SOBRE LA REFORMA LABORAL.

Las cinco grandes mentiras de la reforma laboral.

1. Es mentira que el objetivo de la reforma sea crear empleo. Abaratar el despido en plena crisis disparará aún más el paro, como hace nada admitían hasta los dirigentes del PP. Lo que busca esta reforma laboral es forzar una rebaja generalizada de los salarios. Es el gran plan del Gobierno, convencido de que la única salida de la crisis pasa por una devaluación de los trabajadores, de nuestros derechos y del Estado del bienestar ahora que ya no tenemos una peseta que devaluar.

2. Es mentira que la indemnización por despido baje “sólo” de 45 a 33 días y que sólo cuente a partir del sábado. En realidad se rebaja a 20 días con un máximo de doce meses de indemnización: ésas son, para todos, las nuevas condiciones del despido “procedente” que ahora será el habitual.

3. Es también mentira que la reforma no tenga efectos retroactivos. Cambian las condiciones laborales de todos los empleados, los que ya tenían un trabajo y los que consigan un contrato a partir de hoy.

4. Es completamente falso que este decreto “garantice la seguridad de los trabajadores”, como pomposamente firma en su preámbulo el presidente Rajoy. La reforma legaliza el mobbing: los empresarios podrán cambiar unilateralmente el horario, las funciones e incluso el sueldo. Si no estás de acuerdo con las nuevas condiciones, el despido es procedente: 20 días por año de indemnización.

5. Pero la mayor mentira de todas es la que el PP nos contó durante la campaña electoral. “Lo que necesita España no es facilitar el despido sino fomentar la contratación”, decía Mariano Rajoy, decía Sáenz de Santamaría, decía Cristóbal Montoro, decía Javier Arenas y decía González Pons. “Un gobierno previsible que diga siempre la verdad”, nos prometieron antes de votar.

- SENTENCIA JUEZ GARZÓN.

¿Una sentencia prevaricadora?

Alguien se podría preguntar si no es también injusta a sabiendas la resolución del Supremo

El juez Baltasar Garzón, cuyo trabajo de investigación permitió desarticular el crimen de Estado de los GAL durante el mandato socialista, las redes de narcotráfico más poderosas, el entramado que alimentaba a ETA, algunas de las células del terrorismo islamista más peligrosas que operaban en España y la red de corrupción masiva más extensa vinculada al PP, ha sido condenado por siete magistrados del Supremo a 11 años de inhabilitación por prevaricar al ordenar grabar las conversaciones de los jefes de la red Gürtel con sus abogados en la cárcel.

Las órdenes para intervenir esas conversaciones que le han retirado de la carrera judicial fueron avaladas por la Fiscalía Anticorrupción, que investigaba la extensa trama corrupta; por el juez Antonio Pedreira, que retomó el caso cuando Garzón se inhibió por la participación en los hechos delictivos de numerosos cargos públicos del Partido Popular: por el magistrado José Manuel Suárez Robledano, que firmó un voto particular cuando otros dos jueces decidieron anular esas escuchas por considerar que se había vulnerado el derecho de defensa de los corruptos.

Pero ni los fiscales, ni el juez Pedreira ni el magistrado Robledano cometieron un delito de prevaricación. Simplemente entendieron que el Estado de derecho y la legislación vigente permitía la intervención de las comunicaciones de los corruptos cuando hablaban con sus abogados en la cárcel. En esas comunicaciones, entre otros detalles, se trazaron planes para evitar que la Justicia alcanzara el dinero que los corruptos habían acumulado como consecuencia de su rapiña en colaboración con dirigentes del PP.

La investigación judicial que Garzón desarrolló entre agosto de 2008 y marzo de 2009, dejó fuera de juego a dos decenas de políticos del PP (alcaldes, diputados autonómicos, consejeros, directores generales…) cuyas prácticas corruptas quedaron demostradas gracias a los hallazgos de la policía dirigida por el juez de la Audiencia Nacional.

Siete magistrados del Tribunal Supremo han decidido ahora que Garzón sabía, cuando estaba ordenando las escuchas en la cárcel de los jefes de la trama corrupta, que era ilegal y por tanto, estaba dictando una resolución injusta a sabiendas. Y eso que durante el desarrollo de la causa abierta a Garzón nadie ha acreditado que al juez le advirtieran en ningún momento que su práctica era ilegal. Y eso pese a que otros jueces han defendido la legalidad de las escuchas. Alguien se podría preguntar si los siete magistrados del Supremo sabían, cuando estaban dictando la sentencia condenatoria, que se trataba de una resolución injusta a sabiendas. En ese caso, alguien podría pensar que se trata de la primera condena prevaricadora de la historia.

- INVOLUCIÓN.

De una tacada se sepultan años de conquistas sociales y de respeto entre los ciudadanos trabajosamente construido.

No estaría mal llamar las cosas por su nombre. Tan sorprendida estoy de las medidas que ha anunciado el nuevo Gobierno como de la falta de respuesta de la sociedad civil. Claro que vienen tiempos de mayorías compactas, de intercambio de nuevos favores, de poder absoluto y existe la tentación de congraciarse, o al menos no significarse en exceso ante los nuevos mandarines. Pero lo que ha ocurrido esta semana solo tiene un nombre propio: involución.

El PP ha lanzado tantas pelotas sobre el terreno de juego que es casi imposible responder a cada una de ellas. Imagino que lo dicta así su estrategia política y que han decidido en esta fase contentar a los sectores más ultraconservadores, por eso, las comparecencias de los ministros parecían hechas a la medida de Intereconomía y de las TDTs party, a las que tanto deben.

Para empezar, se volverá a penalizar el aborto, excepto para algunos estrechos supuestos que determinará la autoridad competente. Se acabará con la libertad de las mujeres para decidir sobre la continuidad de su embarazo y, a partir de ahora, serán los jueces, los médicos y otras instancias administrativas las que decidan en su nombre. Lejos de tener una legislación equiparable a Alemania, Francia o Reino Unido, nos pareceremos a Rumanía, a Hungría y a la propia España en los tiempos del aborto clandestino. Se limitará, también, la administración de la píldora del día después que evita miles de abortos y de embarazos no deseados entre las jóvenes, a las que se explicará que pueden dar su hijo en adopción o ser responsables y continuar con su embarazo.

En la enseñanza se suprimirá un peligroso capítulo de Educación para la Ciudadanía dedicado a las relaciones interpersonales y que —pueden comprobarlo ustedes mismos con cualquier manual de sus hijos— considera un valor democrático el respeto a las diferentes opciones sexuales, los distintos tipos de familia, la igualdad de las mujeres y el valor del ser humano independientemente de su procedencia o del color de su piel. Un capítulo que no es pura teoría, ni mucho menos adoctrinamiento, sino afrontar la realidad social, evitar la burla y la discriminación de los propios alumnos y proclamar el respeto como valor universal. Mientras se suprimen estos contenidos que califican de adoctrinadores, justo en el aula de al lado un religioso explicará dos horas a la semana, la maldad de la homosexualidad, las carencias de la familia que no disponga de un padre y una madre y el papel subordinado de las mujeres en la sociedad.

Nos anuncian que se prepara una reforma educativa de la que ni siquiera saben dónde empiezan o terminan los ciclos ni las titulaciones, ni el presupuesto con el que contará pero que, eso sí, segregará tempranamente a los adolescentes y abrirá la puerta a aumentar los conciertos educativos con la enseñanza privada hasta mitad del bachillerato.

No se detiene aquí la involución política que se avecina. El flamante ministro de Medio Ambiente anuncia un cambio total de las leyes medioambientales para permitir más negocios a pie de playa y una medición de la calidad del aire “más realista”, lo que convertirá la nube contaminante de Madrid en un fenómeno meteorológico. De las energías renovables, ni hablamos.

La reforma tiene ribetes esperpénticos como el nuevo papel de los notarios y la compasión que siente el Gobierno por este negocio, inexistente en la mayoría de los países. Para compensarlos por la crisis inmobiliaria, las bodas y los divorcios pasarán por la notaría. Escrituraremos nuestras vidas como si de una propiedad se tratará y disolveremos los matrimonios como un negocio de compraventa, previo pago, por supuesto.

De una tacada se sepultan años de conquistas sociales y de respeto entre los ciudadanos trabajosamente construido. El 90% de la población no tiene problemas respecto a la homosexualidad, la capacidad de decisión de las mujeres sobre la maternidad, ni la educación en valores. Pero el Gobierno piensa, equivocadamente, que la mayoría en las urnas les otorga una supremacía ideológica de raíz católica y ultraconservadora. Ya veremos.

Artículo publicado por Concha Caballero en El País.com

- PECADO ORIGINAL

Mariano Rajoy parece que tiene prisa para dar satisfacción a la Iglesia católica y al sector de la derecha más sensible a sus admoniciones.

Tal vez, las víctimas del franquismo tuvieron la oportunidad de explicar sus sufrimientos delante de un tribunal de justicia. Para que esto ocurriera, 37 años después de la muerte del dictador, ha sido necesario que se sentara en el banquillo de los acusados el único juez que osó investigar los crímenes del franquismo. Creo que es difícil encontrar una historia que explique mejor el pecado original de la democracia española. Sigue marcada por la herencia del régimen anterior.

Estos mismos días, los dos ministros del PP con fama de más abiertos, el conservador Alberto Ruiz-Gallardón y el liberal José Ignacio Wert, han asumido cargar con las reformas culturalmente más ideológicas del Gobierno. Gallardón nos retrotrae a los tiempos en que el aborto era delito y quita a la mujer la libertad de abortar, colocándola una vez más bajo la tutela paternal del Estado y de la familia; Wert anuncia la sustitución de la asignatura de Educación para la Ciudadanía por Educación Cívica y Constitucional, porque, coincidiendo con la caverna mediático-religiosa, ve en ella un carácter adoctrinador.

¿No es adoctrinador eliminar el noble concepto de ciudadanía que es el nombre que reconoce a las personas como actores políticos en las sociedades democráticas modernas? Si no somos ciudadanos, ¿qué somos? ¿Súbditos?

Son dos ejemplos del furor contrarreformista del Gobierno. Hay otros y habrá más: el propio Gallardón apuesta por el divorcio ante notario, poniendo en riesgo a la parte más vulnerable que acostumbran a ser las mujeres y los hijos, al restarles protección judicial. Y Ana Mato, la ministra de Sanidad, pretende que la píldora poscoital no se pueda dispensar sin receta, con lo cual, una vez más, se coloca la libertad sexual de las mujeres bajo sospecha.

Mariano Rajoy parece que tiene prisa para dar satisfacción a la Iglesia católica y al sector de la derecha más sensible a sus admoniciones. Y, por lo que se ve, los sectores liberales de la derecha no oponen resistencia alguna a estas regresiones. Es más, José Ignacio Wert las hace suyas, aun a costa de forzar los argumentos. A estas alturas de la historia, el PP parece considerar carril de circulación obligatoria una cierta idea tradicional de la familia y mantiene sobre la mujer el aura de pecadora que debe pagar por sus deslices. Me gustaría saber qué les contarán a sus hijos Alicia Sánchez Camacho o Dolores de Cospedal.

En tiempos en que desde la derecha se trona contra las ideologías, se las acusa de fomentar la división y de entorpecer los acuerdos básicos para que la sociedad funcione, y se dice que distinciones como derecha e izquierda son anacrónicas y carecen de sentido, el PP desde el primer momento pone la lucha ideológica en primer plano. Siempre ha sido así. Los Gobiernos de la derecha han sido muy ideológicos en este país. Los líderes del PP saben perfectamente que la hegemonía ideológica es la mejor garantía para ganar elecciones. Si se tiene la preeminencia en este campo, el poder acaba cayendo por sí solo. Al mismo tiempo, en el PP piensan que España es mucho más de derechas de lo que parece y están demostrando que el tópico alumbrado durante los años de la transición de que España era mayoritariamente de izquierdas era puro mito. O que si fue de izquierdas ya no lo es: primero, por el acomodamiento de las clases medias que se consolidaron precisamente en tiempos del felipismo; después, porque la crisis ha sembrado el miedo, y el miedo es conservador. Empezaron a dar la batalla con Aznar, siguen ahora y la están ganando. Mientras el PSOE se pierde en querellas internas por el poder en un partido maltrecho, el PP va a lo suyo roturando el país a su imagen y semejanza. Cuando el PSOE despierte ya será tarde.

Quizás así se entienda mejor la paradoja del principio. Mientras la derecha sea hegemónica, es imposible que la democracia afronte su pecado original. El PSOE no osó en su momento, por los miedos de la transición, y porque, contaminado por el discurso de la derecha, no quiso que se le pudiera señalar como revanchista. La derecha sigue poniendo tierra sobre el franquismo y sigue señalando con el dedo a cualquier intento de recuperar la memoria de las víctimas como motor de odios y de conflictos innecesarios. Y, sin embargo, una derecha realmente liberal podría afrontar este tema mejor que nadie. Si la hay, que lo dudo, no quiere o no puede, y así la democracia española seguirá atada a su pecado original.

JOSEP RAMONEDA. El País

- TODO COMO DIOS MANDA.

- REQUIEM POR CIUDADANÍA.

UN MINISTRO DE EDUCACIÓN IGNORANTE Y EMBUSTERO.

La asignatura de Educación para la Ciudadanía murió ayer. El funeral ha sido religioso: fueron los sectores católicos más reaccionarios quienes envenenaron a la opinión pública contra una materia que ni era adoctrinante ni atacaba a la familia ni a la libertad ni a los padres ni a sus hijos. El ejemplo más obsceno de esta campaña de propaganda, lo que resume cinco años de mentiras, es la manipulación informativa alrededor de un ensayo de la editorial Akal titulado también “Educación para la ciudadanía”. No era un manual para los alumnos: era un libro crítico contra la asignatura desde planteamientos de izquierda que escribieron Carlos Fernández Liria, Pedro Fernández Liria y Luis Alegre Zahonero, con ilustraciones de Miguel Brieva.

Este ensayo nunca fue un libro de texto: no respondía al temario, nunca se usó en los colegios ni fue homologado por el Ministerio de Educación. Tampoco lo pretendía. Sin embargo, con el título bastó para que los medios de la derecha cargasen contra la nueva asignatura usando este ensayo como munición: citando párrafos de esta obra –donde se criticaba a Aznar o a Jiménez Losantos– como si fuese un libro de texto homologado, como ejemplo del “adoctrinamiento” a la ciudadanía.

Los autores del libro mandaron cartas a los diarios denunciando esta evidente manipulación. Las cartas nunca fueron publicadas. Y aún hoy, cinco años después, hay periódicos y periodistas que citan ese libro de Akal como ejemplo de lo que enseñaban a los niños en los colegios del malvado Zapatero.

Que una manipulación tan burda pase por buena demuestra una cosa: que la Educación para la ciudadanía es una asignatura imprescindible en España.

Las mentiras sobre el libro de Akal alcanzan al propio ministro de Educación. José Ignacio Wert acaba de explicar en la Cadena SER sus motivos para considerar “adoctrinante” a esta polémica asignatura. Como ejemplo, como no, ha citado varios párrafos del ensayo de Akal como si fuese un libro de texto.