- EL PP Y LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA.

Este sabotaje "muestra el rostro más radical y conservador de Rajoy”, indican desde el PSOE.

La dirección del PP ordena a sus Gobiernos regionales unirse en un boicot conjunto a EpC.

ELPLURAL.COM

Ayer al mediodía, Génova 13, sede del PP, acogía a los diversos responsables autonómicos de Educación del partido, un acto al que también acudía Javier Arenas, presidente de los populares en Andalucía. El principal tema sobre la mesa era Educación para la Ciudadanía (EpC), asignatura obligatoria según la Ley Orgánica de Educación a la que los sectores más conservadores -con la Iglesia a la cabeza- se oponen radicalmente. Y aunque en el Partido Popular parece haber un núcleo duro que rechaza frontalmente la clase y otro sector que juega a la ambigüedad, la dirección del partido ha impuesto su criterio: las Comunidades gobernadas por este grupo tendrán que oponerse frontalmente a la materia escolar y avalar la objeción de conciencia.

Castilla y León, Canarias, Rioja, Murcia, Madrid y Valencia, comunidades gobernadas por el PP, han unificado criterios para rechazar EpC. Tal como informa El País, ayer por la mañana el partido cerró filas en su negativa a la asignatura. Hasta la fecha, imperaba la división: una facción dura abogaba por la oposición y el apoyo incondicional a la objeción de conciencia –en el caso de Valencia, el boicot fue más original y la asignatura ha comenzado a impartirse en inglés-, en tanto el resto del partido apostaba por el despiste, sin respaldar a los objetores ni posicionarse contra la materia.

EpC viola la Constitución

Este último es el caso, por ejemplo, de Castilla y León, donde la asignatura había empezado a impartirse con normalidad. Ahora, si embargo, la Comunidad la Constitución tendrá que romper esta línea educativa o desobedecer la disciplina impuesta desde Génova. El texto aprobado tras la cita de los consejeros de Educación pretende acabar con estas diferencias proclamando que EpC viola y conlleva al “adoctrinamiento ideológico”.

“Divide a la sociedad”.

“El Partido Popular se ha manifestado en contra de la implantación de esta asignatura y especialmente de su contenido por su carácter doctrinario e ideológico que, como ya ha recogido alguna sentencia, pretende conformar en los alumnos una conciencia moral concreta, la denominada ‘conciencia moral cívica’, atentando contra el derecho de los padres y dividiendo a la sociedad”, recoge el documento.

Retirada de la asignatura.

Además, los populares exigen que no se imparta la clase hasta que no haya una sentencia del Tribunal Supremo. “El Partido Popular, ante la pluralidad de sentencias, considera imprescindible y urgente que haya un pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo que unifique doctrina. Mientras tanto, defiende la no impartición de los contenidos contemplados en el Real Decreto a los alumnos que así lo manifiesten. Esta situación no debería perjudicar nunca el expediente de los alumnos”, prosigue el texto.

“Uso partidista de la educación”.

El PSOE, por su parte, ya ha mostrado su preocupación ante la “actitud irresponsable” del principal partido de la oposición, que intenta evadir “las leyes aprobadas por las Cortes Españolas”. Cándida Martínez, secretaria de Educación de la formación, ha condenado que se jalee “al absentismo escolar bajo la coartada de un derecho a la objeción inexistente”. La dirigente ha indicado que su partido "asiste con preocupación a la actitud irresponsable de gobiernos autonómicos como los de Madrid, Murcia o Valencia". "Lo más grave es que el PP ha demostrado que no le importa hacer un uso partidista de la educación, sin reparar en las consecuencias y la vulneración del derecho a la educación de los niños", ha remarcado. "El boicot a la asignatura muestra el rostro más radical y conservador de Rajoy, a pesar de que la realidad es que las comunidades gobernadas por el PP están cumpliendo en términos generales con su obligación”. Aunque, vistas las instrucciones de la Dirección, no se sabe si seguirá siendo de esta manera.

Todo lo dicho anteriormente demuestra la actitud más reaccionaria del PP, asociado a las teorías de la jerarquía de la Iglesia Católica, que por boca de Rouco Varela, declara inconstitucional una Ley aprobada por el Parlamento español, órgano máximo legislativo, como si del mismísimo todopoderoso señor se tratase y haciendo campaña de objeción y desobediencia a la Ley (otra cosa es que no se esté de acuerdo con la Ley y haga campaña para cambiarla) o tomando medidas en "sus comunidades" como las de Valencia con clases en inglés ayudado por un profesor traductor o en otras con un simple trabajo.

Lo que debe hacer el PP y el resto de los españoles acatar la Ley, tal cual, porque así lo ha querido la mayoría parlamentaria, que es la que legisla, y cuando el Tribunal Supremo dicte sentencia, acatarla o recurrir al Constitucional o al Europeo.