No, no iban a morir igual.
Son dos momentos casi paralelos en el tiempo, aunque
en escenarios muy diferentes. El primero ocurre en la Asamblea de Madrid. Allí,
una portavoz de Amnistía Internacional critica
con dureza la gestión del gobierno de Ayuso en las residencias de ancianos
durante la pandemia. Describe un infierno dentro de los centros, asegura que se
produjeron violaciones de derechos humanos y que los mayores
murieron abandonados a su suerte. Con sufrimiento. Encerrados, sin saber de sus
familias, en soledad. Es el relato del horror que ya hemos
escuchado otras veces a familiares y trabajadores, pero no por ello deja de
poner los pelos de punta.
El segundo tiene lugar a menos de 6 kilómetros de
allí, en el centro de la capital, en un desayuno informativo en el Hotel Ritz
en el que participa la presidenta de la Comunidad. Ayuso insiste en que la
catástrofe que se vivió en Madrid -7291 personas muertas en residencias sin recibir la atención
sanitaria que necesitaban- se vivió por igual en toda
España y que el traslado de los enfermos a los hospitales no garantizaba su
supervivencia. Que iban a morir igual. Es la argumentación del gobierno
de Ayuso que ya hemos escuchado tantas veces, pero no por ello
deja de resultar demoledor.
Lo cierto es que los datos desmontan sus
palabras (aquí pueden leerlo).
Es innegable que la situación fue dramática en toda España. Y hubo comunidades
con una tasa de mortalidad muy alta, como Cataluña, que
también estableció criterios para atender o no a los pacientes. Pero fue Madrid
la única que aplicó los ‘Protocolos de la Vergüenza’, desvelados
por el periodista Manuel Rico en infoLibre,
que establecieron qué residentes podían ser trasladados al hospital según su
nivel de dependencia e independientemente de su edad.
¿Cómo no van a indignar las palabras de Ayuso a los
familiares de las 7291 personas que murieron de una forma cruel e
indigna en las residencias? Resulta tremendamente doloroso comparar la
muerte de un paciente en un hospital, con medios y atendido por personal médico
con la de alguien que murió solo, agarrado a los barrotes de la
cama, asfixiado, sin poder respirar, como contó una trabajadora
en la comisión de investigación ciudadana el verano
pasado. O a los que murieron de hambre o sedados sin
saber si tenían covid, como han relatado algunos sanitarios. ¿Cómo no van a
sentir rabia esas familias?
Es uno de los capítulos más trágicos de nuestra
historia. Excepcional, podrán pensar. Pero por desgracia, lo que ocurrió
durante la pandemia no sólo es un síntoma. Lo que ocurrió en esos terribles
meses puso sobre la mesa la enfermedad que sufre la atención a los
mayores en nuestro país. Porque demostró que más allá de las redes
familiares, de las que no todo el mundo puede echar mano, esa atención es
fallida. Y no funciona, porque el estado del Bienestar -ese que sí se ha
preocupado por las pensiones- todavía tiene como tarea pendiente el cuidado de
los más mayores.
Lo primero, porque el modelo está altamente
privatizado. En España hay 1.642 residencias públicas frente a los
3.925 centros privados. Es decir, la oferta pública es infinitamente
inferior. Tiene una explicación que cualquiera que haya tenido cerca a algún
trabajador o trabajadora de estos centros conocerá bien. Hay poco personal, mal
pagado y con una carga de trabajo extenuante. Por lo tanto, quien tiene
recursos, optará por la privada. Es el mismo modelo neoliberal que
se aplica en la sanidad. La vejez nos devuelve así el reflejo de la clase
social a la que pertenecemos cuando más indefensos y vulnerables somos. Es
nuestro bolsillo el que decidirá si estamos protegidos y atendidos. Quien no lo
esté, morirá como pueda. Desamparado. Ocurrió también durante la pandemia: la
Comunidad sí permitió el traslado de los ancianos que tenían seguro médico. Al
resto, se le negó esa opción. Es evidente: no, no se iban a morir
igualmente. Y no, no todos murieron de la misma manera.
Durante su intervención en la Asamblea de
Madrid, Carmen Miquel, la portavoz de Amnistía Internacional,
enumeró los cinco derechos fundamentales que, según esta
organización, Ayuso vulneró con los llamados ‘Protocolos de la Vergüenza’: el
derecho a la vida, a la no discriminación, a la salud, a la vida privada y
familiar y al de una muerte digna. En paralelo, Isabel Díaz
Ayuso aseguró que la izquierda está a un paso de acusarla de un genocidio. Es
la justicia la que deberá determinar la responsabilidad de cada uno. Mientras,
el resto de la sociedad deberíamos hacernos una pregunta: ¿queremos vivir en un
modelo de sociedad que arrincona así a los mayores? La respuesta ni puede ni
debe esperar a otra pandemia.
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