La gravedad de este escrache reside en la personalidad de quienes lo llevaron a cabo.
Las formas son importantes. En la 
vida y en la política. Cuando se violentan, la democracia se 
resquebraja.
En los últimos días hemos asistido a 
una escalada verbal vergonzosa, así como a acosos intolerables a diversos cargos 
públicos.
Dirigentes del PP fueron abucheados y 
acusados de traidores en la concentración que algunas asociaciones de víctimas 
del terrorismo convocaron el domingo en Madrid. Arenas, González Pons, Floriano, 
los tres vicesecretarios del PP, padecieron la presión de los más 
exaltados.
El día anterior, Susana Díaz, presidenta 
de la Junta de Andalucía, sufría el acoso de un grupo de malagueños a la puerta 
de su hotel.
A los españoles nos costó casi medio 
siglo recuperar los derechos ciudadanos: la libertad de expresión y de 
manifestación entre ellos. Y hay que seguir conservándolos y ejercitándolos. El 
espacio público (la calle, la plaza...) debe ser utilizado como el territorio 
adecuado para expresar nuestro apoyo o repulsa contra quienes nos gobiernan. Es 
el principio básico de la democracia: que el pueblo se exprese con absoluta 
libertad. Eso sí, guardando las formas.
Unas formas que saltaron por los aires 
cuando los acosadores malagueños de la presidenta Díaz golpearon su coche y 
pronunciaron insultos intolerables. Las cámaras de televisión no mienten: se ve 
cómo aporrean los cristales del coche y se escuchan con claridad algunos 
insultos, como “golfa, cobarde y sinvergüenza”.
La gravedad de este escrache reside en la 
personalidad de quienes lo llevaron a cabo. No eran yayoflautas estafados con 
las preferentes, ni parejas desesperadas por haber sido desahuciadas después de 
perder su trabajo. No. Eran representantes democráticamente elegidos por el 
pueblo, vicepresidentes de la Diputación de Málaga, diputados, alcaldes y 
concejales de la provincia. Todos ellos del PP.
Su objetivo era entregar una carta a la 
presidenta Díaz en la que le reclaman el pago de la deuda de 16,7 millones que 
tiene la Junta con sus municipios. Una petición razonable, en unos tiempos 
difíciles para las arcas municipales. Pero eligieron unas formas rechazables: el 
uso de la violencia, aunque sea de baja intensidad. Pero violencia al fin y al 
cabo.
Con ser grave este hecho, más lo es la 
tozudez de los dirigentes del PP que cerraron filas en torno a los alcaldes 
escrachadores. ¡Y negaron el acoso de sus correligionarios! Como si no 
hubiéramos visto las imágenes repetidas mil veces por televisión.
El secretario general José Luis Sanz 
marcó la línea a seguir al afirmar que la presidenta Díaz se ha montado “una 
película”. Todos los demás, incluido el habitualmente moderado alcalde de la 
capital malagueña, Francisco de la Torre, justificaron la acción de sus 
alcaldes.
El presidente regional del PP, Juan 
Ignacio Zoido, permanecía mudo varios días después del incidente. Cuando ya el 
ministro del Interior, Jorge Fernández, declaró que estaba “radicalmente en 
contra” de cualquier acto de intimidación contra los cargos públicos, apareció 
el líder provincial del PP, Elías Bendodo, diciendo con la boca chica que actos 
como ese “no deben volver a repetirse”. Pero justificando que sus compañeros de 
filas reclamaran la deuda con golpes e insultos. ¡Qué lejos quedaba aquel 
calificativo de “puro nazismo” que lanzó la secretaria general del PP contra los 
preferentistas y desahuciados que escracharon a la vicepresidente Sáenz de 
Santamaría, de manera absolutamente pacífica! ¿O no lo recuerdan?
Las formas en política están saltando por 
los aires. Que un cargo público llame golfa a la presidenta de una comunidad 
autónoma es, además de una grosería, un hecho gravísimo. Que tiene una 
repercusión inmediata: la ciudadanía huye asqueada del nivel barriobajero de 
buena parte de nuestra clase política. Una política golfa.
@JRomanOrozco
 
 
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