Inspectores de todo el Estado contra Ciudadanía en inglés de Camps.
La asociación federal Adide denuncia la "arbitrariedad" del caso valenciano.
NEUS CABALLER - Valencia - 11/11/2008
Cerca de 400 inspectores educativos de todo el Estado, reunidos en un congreso nacional en Zaragoza, denuncian que la "regulación" de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés impuesta por la Generalitat valenciana -en contra del criterio expresado ya por el 90% de los claustros docentes y de los directores de instituto de Secundaria- supone una "arbitrariedad administrativa" y constituye un "disparate educativo" de primer nivel.
La Junta Directiva de Adide -la asociación profesional de inspectores que representa al 90% de los funcionarios de toda España- denuncia, en una "resolución" aprobada el jueves pasado, "la instrumentalización de la inspección educativa" por parte de "algunas administraciones", como la valenciana, que pretenden "imponer a la comunidad escolar interpretaciones que poco tienen que ver con la regulación normativa".
Los inspectores -cuya función constitucional es "garantizar la educación de todos los ciudadanos" y "hacer cumplir las leyes"- sostienen, en un texto redactado con minuciosidad, que "no tiene ninguna justificación objetiva la elección de esta materia para introducir el inglés como lengua de instrucción en el sistema educativo valenciano". Máxime, subrayan los funcionarios, "cuando no se garantiza la incorporación del inglés en el segundo ciclo de la Educación Infantil, que es obligatorio". Además, consideran un "disparate educativo la fórmula organizativa y metodológica de que haya dos profesores en el aula simultáneamente: uno que conoce la materia, pero desconoce la lengua de instrucción; y otro, que desconoce la materia, pero es necesario para impartirla en inglés".
El congreso estatal rechazó, además, cualquier intento de "utilizar" la inspección educativa por parte de cualquier administración "para imponer al profesorado y a los centros fórmulas de impartir u obstaculizar la aplicación de Ciudadanía, tan arbitrarias y disparatadas como las citadas" en Valencia. La federación valenciana de Adide denunció en octubre pasado el intento de usar a los inspectores como "comisarios políticos" a través de unas "instrucciones" de la Consejería de Educación que ordenaban interrogatorios y controles en las 2.120 aulas donde se ha estrenado esta conflictiva versión inglesa de una materia que el PP objeta, pese a que se da en toda Europa desde 1997, recuerda la resolución de Zaragoza.
Cualquiera del PP diría que los inspectores valencianos están pagados por el Psoe y por eso están en contra de la fórmula arbitraria impuesta por Camps para dar EpC en inglés, cuando la mayoría de esos alumnos tienen un nivel muy básico de esa segunda lengua.
Pero no solamente son los inspectores, sino que también están en contra los directores, claustros de profesores, Ampas, padres, madres, alumnos y ciudadanía en general. Es una fórmula de la derecha más rancia de no querer dar una asignatura, para nada doctrinal, que se imparte en la casi totalidad de los países europeos sin ningún tipo de problemas, pero que aquí en España el PP-Iglesia Católica viven todavía en la época de la Inquisición y quieren imponer sus "doctrinas" a los demás y sin ningún fundamento.
El tiempo les quitará la razón a los peperianos y se darán cuenta de la torpeza que están cometiendo.
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