Por mucho que desde el PP y desde la derecha mediática quieran atribuírselos a la herencia recibida, esos 426.364 nuevos parados sólo son imputables a Rajoy. Ha sido él, y no Zapatero, quien ha promovido la expulsión del sector público de más de 200.000 trabajadores en el último año. Y ha sido él quien ha decretado una reforma laboral cuyos efectos, a día de hoy, han resultado sencillamente nefastos.
Como consecuencia de las abusivas facilidades para el despido que la reforma introdujo, el número de afectados por ERE había subido un 53% hasta el pasado mes de octubre. Diga lo que diga la propaganda oficial, los ERE de extinción también han crecido: entre enero y octubre de 2012 alcanzaron a 10.000 trabajadores más que en el mismo periodo del año anterior.
La confluencia de esas dos circunstancias –masiva supresión de empleo público y aumento de los ERE– no sólo explica la pésima cosecha de Rajoy en materia de empleo. También es la causa de la caída del consumo y de la recaudación fiscal, consecuentes con un alza continuada del paro como la que España vine soportando desde el inicio de la crisis económica.
Para hacer frente a la situación, el Gobierno la ha emprendido a hachazos con el gasto público y, en particular, con el de carácter social, poniendo en grave peligro los pilares del Estado del bienestar. Ni la sanidad, ni la educación, ni las pensiones, ni la dependencia han escapado a las tijeras de Rajoy, afiladas por los tecnócratas bien pagados que campan a sus anchas por Berlín o por Bruselas.
Con el objetivo de cuadrar las cuentas públicas, maltrechas por culpa de una economía parada, el Gobierno también ha decidido meter la mano en el bolsillo de los españoles. No de los que se encuentran en mejor posición, sino de todos, de una forma indiscriminada. La subida del IVA o el repago de los medicamentos son sólo dos muestras de una política fiscal regresiva, que a la postre ni siquiera ha bastado para conseguir lo que se pretendía.
Una buena parte de los esfuerzos realizados en el primer año de Rajoy se han ido por el sumidero de la reforma del sistema financiero, cuyo coste ronda los 150.000 millones de euros entre ayudas y avales. Con la particularidad, además, de que los bancos continúan sin permitir que fluya el crédito, todavía prisioneros de los desastrosos frutos de sus malas prácticas.
Por todo ello, la sensación más extendida es que tanto sacrificio, al menos de momento, no ha servido absolutamente para nada y de ahí que los ciudadanos cada vez se priven menos de expresar en la calle su protesta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario