Los errores del PP lastran su labor de oposición.
EXISTÍA MUCHA EXPECTACIÓN en torno a la reunión que el Comité de Dirección del PP celebraba ayer. No sólo porque es la primera y la única que se ha producido en estas vacaciones, sino porque se esperaba con lógico interés que la cúpula del PP confirmara, o no, la grave denuncia formulada por su secretaria general de que «altos dirigentes nacionales» de este partido están siendo espiados por el Gobierno a través de escuchas telefónicas ilegales. Es decir, el PP acusaba al Ejecutivo de violar derechos fundamentales y cometer delitos castigados con la cárcel. No puede haber denuncia más grave en democracia, por lo que el PP tenía la obligación de facilitar a la opinión pública los datos que le han llevado a esa conclusión -los nombres de los dirigentes supuestamente espiados, por ejemplo- y de acudir al juzgado con todos los indicios de los que disponga. Diez días después de su declaración en Marbella, María Dolores de Cospedal compareció ayer tras la reunión de la dirección y, aunque dijo que se reafirmaba en sus palabras, no aportó datos concretos sobre la denuncia y echó balones fuera cuando se le preguntó si acudirán al juzgado para denunciar esos presuntos delitos. La práctica totalidad de la rueda de prensa de la secretaria general del PP estuvo centrada en este asunto del que le está siendo muy difícil salir airosa.
Y esto es lo más sintomático, a la vez que lo más preocupante para su partido. La dirección nacional del PP se reunió en un día especialmente propicio para ejercer eficazmente la labor de oposición al Gobierno, después de que cientos de miles de españoles desempleados y sin ingresos se sintieran estafados porque la publicitada ayuda del Gobierno de 420 euros al mes sólo podrán cobrarla aquellos que se hayan quedado sin paro a partir del 1 de agosto. Prácticamente todos los partidos, a excepción del PSOE, pidieron al Gobierno que se replantee los plazos por considerar que la medida es injusta y discriminatoria. Igual hicieron diferentes federaciones regionales de UGT y CCOO, a pesar del significativo silencio de las direcciones de ambos sindicatos.
Efectivamente, la secretaria general del PP se refirió a este asunto en su comparecencia de forma contundente y clara, al calificar la medida de «insulto» y «engaño» a los parados, al tiempo que criticó a Zapatero por «jugar con la inquietud y desesperación de mucha gente». Unas palabras que sin duda son compartidas no sólo por los desempleados, sino por muchos miles de españoles, cansados de las chapuzas e improvisaciones con las que el Gobierno intenta frenar su desgaste político propiciado por la crisis económica y el aumento del paro. Sin embargo, este mensaje del PP, que hubiera debido llegar con toda nitidez a la opinión pública, quedó oscurecido por los comentarios sobre la denuncia del supuesto espionaje. La dirección del PP tenía motivos más que suficientes para acusar a la Fiscalía y a la Policía de una persecución contra sus dirigentes. El último episodio fue la humillación a la que se sometió a los detenidos en Palma. Sin embargo, al elevar el tiro sin poder justificarlo el PP corre el riesgo de perder credibilidad. La número dos pidió ayer al Gobierno que investigue su denuncia. Tal petición sería razonable si el PP informara al Ejecutivo de qué es lo que tiene que investigar, esto es, de quiénes son los dirigentes que sospechan que tienen los teléfonos pinchados. Cabe exigir al PP una mínima responsabilidad a la hora de hacer acusaciones tan graves. Un partido de gobierno no puede hacer política con chascarrillos o cotilleos de barra de bar. Una vez más, y ya parece una fatalidad, sus propios errores lastran la labor de oposición a un Gobierno no precisamente brillante.
Editorial de El Mundo del día 19 de agosto de 2.009
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