- FIN DE VACACIONES.

Cuando escribo estas líneas apenas me queda un día de vacaciones oficiales y teóricas, ya que en la práctica sólo he tenido un día, viernes, que me fui de viaje a Avilés (Asturias) para asistir la boda civil de mi amigo José Antonio. El resto del tiempo le he dedicado al Juzgado y a andar y tomas algunas cervezas con mis amigos.

Estos dos meses me han parecido más corto que la pisada de un chivo, ya que se ha pasado volando, como sin darme cuenta, pero he de volver a la realidad y pensar que el martes comienzo de nuevo en el colegio con un curso que puede ser problemático por la incertidumbre que plantea la gripe A y su incidencia en el transcurso del año escolar como una posible pandemia y las consecuencias que pueden acarrear a la comunidad escolar, aunque espero que se quede en nada y no nos afecte a nadie. El curso empezará el día 10 de septiembre y con posibles desconciertos por la premura y la falta material de tiempo para organizarlo correctamente y con todo el profesorado en el centro, cosa que hasta ahora no ha ocurrido pues la administración se ahorra muchos millones de euros contratando al profesorado suplente a partir del día 10 que es cuando comienza el curso o más tarde si es posible.

- FÓRMULA 1 PEPERIANA.

Y decían que no le iba a costar nada a los valencianos la fórmula 1. Si les llega a costar algo, ¿cuánto tendrían que pagar?

- ¿PERSECUCIÓN?

Los grupos hablan de 'delirio' y 'mentiras de distracción masiva' del PP.

Aguntín Yanel | Madrid

Actualizado martes 25/08/2009 13:44 horas

El PP no recibió los votos de ningún grupo del Congreso y vio rechazadas sus peticiones de que comparezcan con urgencia en la Cámara Baja -para hablar de una supuesta "persecución" del Gobierno hacia este partido- la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega; el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

Lo que sí recibió el PP fueron las críticas de los demás grupos, por haber pedido estas comparecencias sin haber aportado ni un mínimo indicio de las supuestas escuchas ilegales que los máximos dirigentes del PP han denunciado ante los periodistas pero no en los tribunales. Precisamente hoy, Soraya Sáenz de Santamaría no habló en ningún momento de "escuchas".

En respuesta a la portavoz del PP en el Congreso, desde el PSOE y los demás grupos dijeron que la supuesta "persecución y las escuchas ilegales" que denuncian los 'populares' son "un delirio" y "una mentira de distracción masiva", con el único objetivo de que no se hable de los casos de corrupción en los que están implicados miembros y dirigentes del Partido Popular.

El portavoz de los socialistas, José Antonio Alonso, dijo que las afirmaciones de los dirigentes del PP son "un conjunto de inventos, insidias y mentiras". Además, como Mariano Rajoy ha encargado a Sáenz de Santamaría que elabore un informe para demostrar que se persigue al PP, Alonso criticó que durante el mes de agosto los dirigentes 'populares' hayan "estado diciendo barbaridades" sin tener todavía esa información en la que poder sustentarlas.

Hoy, Sáenz de Santamaría ha señalado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "tiene obsesión por Camps" y que el PP "no confía en el Gobierno ni en Conde Pumpido". La portavoz 'popular' en el Congreso ha asegurado que "casi todas las investigaciones abiertas contra el PP han quedado en nada. La causa contra 49 miembros del PP implicados en casos de corrupción ha sido archivada o no ha dado lugar a actuaciones judiciales, pero sí han sufrido la pena del escarnio público de los telediarios".

Los 'populares' Sáenz de Santamaría y Ayllón. | Efe

En su opinión, el Gobierno parece utilizar la consigna "que se hable del PP y no se hable de la crisis" porque, a su juicio, "quieren acabar antes con el PP que con el desempleo".

En este sentido, ha acusado a la Fiscalía de no realizar bien su trabajo: "Se detiene, se esposa y se exhibe a los diputados del PP, pero ¿qué actuaciones ha llevado la Fiscalia respecto al caso del Sr. Chaves, ni el director del CNI ni el directos de la Caja de Castilla-La Mancha? ¿Qué ha pasado con las filtraciones del 'caso Gürtel'? ¿Y con otros casos de corrupción que la Fiscalía ha decidido sismplemente archivar?

"La corrupcion", ha sentenciado Sáenz de Santamaría, "ha de investigarse aplicando la ley con el mismo rasero para todos, porque si no, estamos hablando de abuso de poder y de utilización ilegítima de las instituciones del Gobierno.

Por CiU, el diputado Jordi Jané ha anunciado la abstención de su grupo, se ha quejado del "clima de bronca" con el que se reanuda la actividad parlamentaria y ha emplazado al PP a trasladar sus denuncias a los tribunales.

Desde el PNV, su portavoz, Emilio Olabarría, ha indicado que su grupo se abstendría a pesar de considerar el debate de una naturaleza "un tanto esotérica", aunque ha asegurado que si el PP aportara una "sola prueba" incluso apoyarían la creación de una comisión de investigación.

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, ha señalado que no apoyarán las peticiones del PP al considerar que sus denuncias constituyen una estrategia de "defensa" ante el "cerco de sospechas" sobre corrupción que afecta, ha dicho, a este partido, y van camino de convertirse en una "paranoia casi tan delirante como la trama del 11-M".

Por su parte, el portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, ha justificado su voto en contra porque no quiere que "la mentira de destrucción masiva, poco creíble e indemostrable" del PP se convierta en un "delirio de persecución", ya que no ha podido presentar un mínimo de indicios que acrediten sus denuncias.

Francisco Jorquera, por el Grupo Mixto, ha votado en contra de las tres peticiones del Partido Popular por entender que obedecen a una estrategia del PP para levantar una "cortina de humo" cuyo único objetivo es "tapar los escándalos" que le afectan.

Blanco tampoco comparecerá.

La Diputación Permanente del Congreso -que sustituye al Pleno cuando no se celebran sesiones ordinarias, como ocurre en las vacaciones- también rechazó las peticiones del PP para que comparezca con urgencia el ministro de Fomento, José Blanco, a informar sobre elapagón del 15 de agosto en el aeropuerto de Barajas y los cortes ferroviarios de los días 10, 11 y 12 de ese mismo mes como consecuencia de lluvias torrenciales.

Los socialistas están dispuestos a que el ministro ofrezca todas las informaciones necesarias, pero no ven la necesidad de hacerlo con urgencia sino cuando se reanuden las sesiones ordinarias del Congreso en la segunda semana de septiembre.

Por la misma razón de no ser urgente fue rechazada la petición de ERC-IU-ICV y PNV de que comparezca el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, a informar de la ayuda de 420 euros mensuales que ha aprobado el Gobierno para los desempleados que no reciben ninguna prestación.

Esos dos grupos también habían solicitado que comparezca José Blanco para informar del accidente ocurrido en agosto del año pasado en Barajas y de las medidas para mejorar la seguridad. El PSOE se comprometió a que el ministro de Fomento acuda a la Cámara Baja "en los primeros días de septiembre", cuando ya se haya acordado las medidas se seguridad que se van a poner en marcha. Ante esa promesa, los diputados Gaspar Llamazares (IU) y José Ramón Beloki (PNV) retiraron su solicitud de comparecencia.

- MAREA NEGRA: NUNCA MÁS.

Esta marea negra no sólo está invadiendo el litoral español sino que también tiene colonizado todo el interior intentando a toda costa invadir nuestras mentes y nuestras vidas. Esperemos que el gobierno “socialista” les pare los pies con la nueva Ley de Libertad Religiosa y separe definitivamente la iglesia del estado y denuncie el Concordato.

- DENUNCIAS SIN PRUEBAS.

Los errores del PP lastran su labor de oposición.

EXISTÍA MUCHA EXPECTACIÓN en torno a la reunión que el Comité de Dirección del PP celebraba ayer. No sólo porque es la primera y la única que se ha producido en estas vacaciones, sino porque se esperaba con lógico interés que la cúpula del PP confirmara, o no, la grave denuncia formulada por su secretaria general de que «altos dirigentes nacionales» de este partido están siendo espiados por el Gobierno a través de escuchas telefónicas ilegales. Es decir, el PP acusaba al Ejecutivo de violar derechos fundamentales y cometer delitos castigados con la cárcel. No puede haber denuncia más grave en democracia, por lo que el PP tenía la obligación de facilitar a la opinión pública los datos que le han llevado a esa conclusión -los nombres de los dirigentes supuestamente espiados, por ejemplo- y de acudir al juzgado con todos los indicios de los que disponga. Diez días después de su declaración en Marbella, María Dolores de Cospedal compareció ayer tras la reunión de la dirección y, aunque dijo que se reafirmaba en sus palabras, no aportó datos concretos sobre la denuncia y echó balones fuera cuando se le preguntó si acudirán al juzgado para denunciar esos presuntos delitos. La práctica totalidad de la rueda de prensa de la secretaria general del PP estuvo centrada en este asunto del que le está siendo muy difícil salir airosa.

Y esto es lo más sintomático, a la vez que lo más preocupante para su partido. La dirección nacional del PP se reunió en un día especialmente propicio para ejercer eficazmente la labor de oposición al Gobierno, después de que cientos de miles de españoles desempleados y sin ingresos se sintieran estafados porque la publicitada ayuda del Gobierno de 420 euros al mes sólo podrán cobrarla aquellos que se hayan quedado sin paro a partir del 1 de agosto. Prácticamente todos los partidos, a excepción del PSOE, pidieron al Gobierno que se replantee los plazos por considerar que la medida es injusta y discriminatoria. Igual hicieron diferentes federaciones regionales de UGT y CCOO, a pesar del significativo silencio de las direcciones de ambos sindicatos.

Efectivamente, la secretaria general del PP se refirió a este asunto en su comparecencia de forma contundente y clara, al calificar la medida de «insulto» y «engaño» a los parados, al tiempo que criticó a Zapatero por «jugar con la inquietud y desesperación de mucha gente». Unas palabras que sin duda son compartidas no sólo por los desempleados, sino por muchos miles de españoles, cansados de las chapuzas e improvisaciones con las que el Gobierno intenta frenar su desgaste político propiciado por la crisis económica y el aumento del paro. Sin embargo, este mensaje del PP, que hubiera debido llegar con toda nitidez a la opinión pública, quedó oscurecido por los comentarios sobre la denuncia del supuesto espionaje. La dirección del PP tenía motivos más que suficientes para acusar a la Fiscalía y a la Policía de una persecución contra sus dirigentes. El último episodio fue la humillación a la que se sometió a los detenidos en Palma. Sin embargo, al elevar el tiro sin poder justificarlo el PP corre el riesgo de perder credibilidad. La número dos pidió ayer al Gobierno que investigue su denuncia. Tal petición sería razonable si el PP informara al Ejecutivo de qué es lo que tiene que investigar, esto es, de quiénes son los dirigentes que sospechan que tienen los teléfonos pinchados. Cabe exigir al PP una mínima responsabilidad a la hora de hacer acusaciones tan graves. Un partido de gobierno no puede hacer política con chascarrillos o cotilleos de barra de bar. Una vez más, y ya parece una fatalidad, sus propios errores lastran la labor de oposición a un Gobierno no precisamente brillante.

Editorial de El Mundo del día 19 de agosto de 2.009

- PAÍS DE OBJETORES.

País de objetores.

El protocolo que permite a las farmacias negarse a vender la píldora poscoital es un despropósito.

16/08/2009

La Constitución regula la objeción de conciencia sólo para asuntos militares, según establece en su artículo 30.2. Hace ya muchos años que el servicio militar ha dejado de ser obligatorio, pero a la sociedad española le han crecido los problemas de conciencia por doquier. Está reciente todavía el episodio -exótico en algunos de sus pasajes- de la oposición por parte de comunidades gobernadas por el PP a impartir Educación para Ciudadanía en centros escolares.

Pero eso no sorprende en un país que garantiza el derecho al aborto y que apenas lo practica en hospitales públicos (un 2,5% del total) debido a la objeción de los médicos. Los problemas de conciencia también han llegado a los jueces en un asunto relacionado con el aborto. El pasado mes de julio fue imposible arrancar un pronunciamiento técnico-jurídico en este sentido del Consejo General del Poder Judicial. Las creencias religiosas de su presidente, Carlos Dívar, ganaron el pulso a los criterios jurídicos y frenaron que el Consejo informase sobre el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, un texto que pretende europeizar la legislación española introduciendo los plazos.

El último episodio objetor ha llegado hace unos días, en pleno agosto, desde Cataluña. Después de que el Ministerio de Sanidad anunciara que las farmacias deberían dispensar sin receta la píldora poscoital y la que no lo hiciera podría exponerse a una multa de más de 90.000 euros, la Generalitat catalana y el Colegio de Farmacéuticos han llegado a un acuerdo que lleva la conciencia al interior de las boticas.

En las farmacias de Cataluña gobernará un protocolo por el que los establecimientos que se nieguen a vender la píldora poscoital deberán indicar a la paciente la farmacia más próxima para adquirirla. La ciudadana deberá también someterse a un cuestionario que realizará el farmacéutico o el mancebo de botica que en aquel momento se halle detrás el mostrador. Probable y desgraciadamente, la senda iniciada por Cataluña será seguida por otras comunidades, que se han apresurado a tomar el texto como pauta. La ajada imagen del cura, el capitán de la Guardia Civil y el boticario parece primar en algunas mentes nostálgicas por encima del debido respeto democrático a la voluntad de los ciudadanos.

Editorial de El País del día de hoy.

- MODA DE TEMPORADA.

Nueva moda de temporada con precios asequibles a políticos corruptos.

- PINCHAZOS.

- ¿VACACIONES REALES?

- LA SIGUIENTE.

 

- LECCIONES.

Las diez lecciones del caso Camps.

Camps, tras conocer el sobreseimiento de la causa contra él. | Efe

Marisol Hernández | Valencia

Actualizado martes 04/08/2009 13:45 horas

Los coletazos de la 'trama Correa' en la Comunidad Valenciana ponen sobre la mesa la necesidad de regular los regalos a los políticos y de que controlen sus amistades.

No obstante, el asunto no está cerrado, visto que la Fiscalía Anticorrupción anunció que presentaría hoy martes el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, un día después de hacerse público el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que acuerda el sobreseimiento libre del 'caso Gürtel'.

1. Un presidente no debe tener en su círculo de amistades a 'El Bigotes'.

A los amigos no se les exige normalmente su declaración del IRPF, pero un político que preside una comunidad debe cuidar como nadie sus amistades. Francisco Camps cayó en las redes de seductor de Álvaro Pérez y casi acaba en el banquillo.

Cuando se ocupa un puesto de esta responsabilidad, es necesaria una intuición a prueba de aduladores para discernir el polvo de la paja. 'El Bigotes' -que nunca dejó de trabajar para Francisco Correa- no puede ser la persona que una Nochebuena cualquiera llame a un presidente. El "nos ha engañado" que esgrime Presidencia de la Generalitat no les descarga de responsabilidad.

2. Un partido no puede contratar únicamente con una empresa.

Desde su aterrizaje en la Comunidad Valenciana, Orange Market se convirtió en la empresa de referencia del PP. El argumento para explicarlo fue que Álvaro Pérez hacía su trabajo muy bien y que su disponibilidad era absoluta. Pero lo cierto es que sólo trabajaba para los 'populares'. No se le conocen otros contratos pseudo privados, a excepción de Feria Valencia, lo que da fe de cuál era la posición de Orange en el mercado.

3. La empresa del partido no puede contratar con la Generalitat.

Si no es comprensible que toda la actividad externa de un partido la monopolice una sola empresa, menos lo es que esta firma sea objeto de adjudicaciones de la Generalitat.

Álvaro Pérez se quejaba amargamente en los despachos de Presidencia de los pocos contratos que se le daban. Tal vez no debió recibir ninguno.El PP debería haber puesto esta condición antes de convertir Orange Market en su principal proveedor. Aunque el TSJCV ha dejado claro que no hay relación entre los regalos y las adjudicaciones, éste es un asunto que deberá abrir una reflexión.

4. Un político debe afrontar los contratiempos.

La manera más adecuada de enfrentarse a las dificultades es decir la verdad. Francisco Camps debió defenderse desde el minuto cerocon todos los argumentos que tenía a su favor. Un presidente es responsable, sobre todo, ante los ciudadanos, y el primer ámbito para ejercer esta función son las Cortes Valencianas.

Frases como "tengo unas ganas locas, locas, locas de explicarme"o "quedan uno o dos escaloncitos" no han sido suficientemente explícitas.

5. Un presidente necesita un entorno sólido y audaz.

La pluralidad es una de las mayores virtudes de la democracia. Si un dirigente sólo tiene asesores que le dicen lo bueno que es, corre el riesgo de equivocarse.

Francisco Camps ha aparecido durante estos meses demasiado sobreprotegido. Las dificultades del proceso Gürtel han puesto de relieve algunas carencias en su entorno, que ha errado en sus previsiones. El TSJCV no iba a abrir una investigación por un asunto para ellos inexistente como el de los trajes, y lo hizo. Y Camps nunca sería imputado, y lo fue. Dentro y fuera del PP ha sido muy cuestionada la estrategia del caparazón.

6. Un dirigente no puede aceptar cualquier regalo.

A cualquier persona informada y con sentido común no le resultaría muy difícil discernir qué regalos están dentro de la cordialidad social —propia de las relaciones políticas— y cuáles no. Una caja de naranjas como las que Rita Barberá envía a Javier Arenas en Navidad lo está, un reloj como el que Álvaro Pérez supuestamente mandó a la ex consejera de Turismo y actual presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, no. Urge una regulación de qué dádivas son o no aceptables. No es necesario aprobar una ley, es suficiente con un reglamento interno.

7. Un gobierno autonómico no puede pararse porque su presidente tenga un problema.

El presidencialismo impuesto por Francisco Camps ha resultado pernicioso. Como norma, un político debe saber elegir a los mejores. El dirigente valenciano escogió hace dos años un Ejecutivo de bajo perfil político y esta estrategia se ha demostrado errónea.

Con alguna excepción, el Gobierno autonómico no ha existido durante el proceso del 'caso Gürtel'. En el mayor momento de debilidad de Francisco Camps, los consejeros escogidos por él no han demostrado ni ideas ni iniciativa.

8. La política nacional entraña riesgos.

El presidente de la Generalitat Valenciana había ganado en los últimos años cierta proyección nacional, fruto más de su hegemonía electoral en la Comunidad que de su aportación al debate político. Sin embargo,estaba decidido a relanzar su carrera en Madrid, con objetivos siempre ocultos o disfrazados del interés por mejorar la influencia valenciana.

Cualquier incursión de estas características entraña riesgos. Por eso el presidente debía estar preparado para los éxitos y para las críticas.

9. Todos los que te dicen que te quieren pueden dejar de hacerlo.

La política implica la asunción de un cierto grado de hipocresía; mayor o menor en función del sistema de valores de cada persona. Gürtel ha demostrado a Camps que tiene enemigos, posiblemente más de los que pensaba dentro y fuera del partido. Pese al apoyo inquebrantable de Mariano Rajoy y de la dirección del PP, el dirigente ha sufrido cierto cuestionamiento interno. El archivo de la causa por el TSJCV supone la primera reparación.

10. Un político no puede tener a un juez como amigo.

Hay frases que cuando se dicen se desconocen sus efectos. Camps se equivocó al afirmar que el presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, era su "amigo", y éste, al contribuir al intercambio de piropos. Pero en aquel momento ninguno podía intuir que les uniría un proceso judicial y que De la Rúa debería resolver un recurso de apelación del presidente.

Este artículo ha sido publicado hoy en El Mundo, un diario nada sospechoso de ser de izquierda, sino todo lo contrario.