Estadolatría.

JAVIER PÉREZ ROYO 20/12/2008

Hace unos años, a fin de ordenar de la manera más racional posible el calendario de días festivos en todo el territorio del Estado, y dado que resultaba irrenunciable que uno de tales días festivos fuera el 6 de diciembre, aniversario de la ratificación de la Constitución en referéndum por el pueblo español, se pretendió que dejara de serlo el día 8, festividad de la Inmaculada y que, en el caso de que alguna comunidad autónoma deseara conservarlo como festividad, que tal día figurara entre los días festivos que cada comunidad tiene competencia para establecer en su ámbito territorial. La presión de la Iglesia Católica fue de tal intensidad que, como es sabido, resultó imposible acabar con la festividad de la Inmaculada como fiesta nacional. Para un país que avanza hacia la estadolatría no está nada mal.

¿Por qué no se denuncian de una vez por el Estado los Acuerdos con la Santa Sede?

Hace unas semanas ha sido noticia una sentencia por la que se ordenaba a un centro escolar de Castilla y León que retirara el crucifijo de las aulas, sentencia que ha sido recurrida por la Consejería de Educación de aquella comunidad autónoma. Que después de 30 años de la entrada en vigor de la Constitución las aulas de un colegio público estén todavía presididas por crucifijos, también es una buena señal de avance hacia la estadolatría.

Como no deja de serlo la enorme cantidad de centros religiosos concertados y sostenidos, por tanto, con fondos públicos, o las clases de religión impartidas por profesores designados por los obispos pero pagados por el Estado, o la financiación de la Iglesia a través no de un recargo sino de una detracción de los ingresos del Estado en el IRPF, o la previsión de la asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas con dotaciones de capellanías castrenses y tantas cosas más que no es posible enumerar en el espacio del que dispongo. Vuelvo a repetir que para un país que lleva 30 años deslizándose hacia la estadolatría no está nada mal.

Me cuesta trabajo pensar que el arzobispo Angelo Amato, prefecto de la Congregación Pontificia para las Causas de los Santos del Vaticano, desconozca la realidad de la presencia de la Iglesia católica en España y los privilegios de los que goza. Me cuesta trabajo pensar que desconozca que la situación privilegiada de la Iglesia católica en España no tiene parangón en Europa. Y de ahí que me resulte difícil entender con qué evidencia empírica puede llegar a la conclusión de que "España está avanzando hacia la estadolatría, hacia la intromisión del Estado cada vez más en la vida de las personas".

Tengo la impresión de que en España ocurre lo contrario. No es que hayamos avanzado hacia la estadolatría, sino que no hemos avanzado prácticamente nada en 30 años en lo que a la aconfesionalidad práctica del Estado se refiere. Los avances que se han producido han sido consecuencia de la conducta de los ciudadanos, que cada vez son más laicos, pero no de la acción de los poderes públicos en los distintos niveles de gobierno, que son de constitucionalidad más que dudosa, por no decir que abiertamente anticonstitucionales.

Pues, como escribía ayer en las páginas de Opinión Jorge Urdánoz Ganuza, en su artículo titulado Neutralidad pendiente, la verdadera noticia no es que se retirara el crucifijo, sino que siguiera estando en una escuela pública, de la misma manera que la verdadera noticia es que se siga impartiendo la clase de religión de la forma en que se hace o que se financie a la Iglesia católica mediante la renuncia por el Estado de parte de la recaudación del IRPF. Todo esto sí que es noticia, o debería ser noticia, porque nada de ello cabe en la Constitución. No hay un terreno comparable a éste en el que la acción de los poderes públicos haya sido tan poco respetuosa de la Constitución.

Y además, para nada, ya que los propios privilegiados se rebrincan contra los poderes públicos que le están reconociendo unos privilegios sin cobertura constitucional. En la pasada legislatura tuvimos ocasión de comprobarlo en varias ocasiones y en ésta, en la que parecía que la belicosidad de la jerarquía católica iba a ser menor, se vuelven a calentar motores con declaraciones como las del arzobispo Amato a las que acabo de hacer referencia o con manifestaciones como la prevista para el día 28 en Madrid, nuevamente en defensa de la familia.

Más vale una vez rojo que ciento amarillo, dice un conocido refrán. Creo que sería de aplicación oportuna en este terreno. ¿Por qué no se denuncian de una vez por el Estado los Acuerdos con la Santa Sede y se aplica la Constitución en lo que a la separación de la Iglesia y el Estado se refiere? Ya está bien de soportar lo que ningún Estado democrático debe soportar.