Con la iglesia y la banca topamos.
Escandaliza La Utopía, pero no el expolio de bienes perpetrado por la jerarquía católica.
Mientras la cesión temporal del uso de ocho viviendas a otras tantas
familias sevillanas que no tienen donde caerse muertas ha estado a punto
de dinamitar el Gobierno andaluz, el robo de más de 5.000 bienes
inmuebles por parte de la jerarquía católica ha pasado inadvertido para
buena parte de la ciudadanía.
La apropiación de viviendas, huertos, viñedos, fincas, solares,
almacenes, garajes, ermitas, iglesias, catedrales y hasta cementerios,
por parte de la iglesia, se ha hecho legalmente.
La Ley Hipotecaria franquista de 1946 concede a los obispos el
privilegio de inmatricular (registrar por primera vez) bienes que
durante siglos han pertenecido al pueblo. Basta con su firma. Un
privilegio ampliado en 1998 por Aznar, que incluyó entre los bienes que
podían ser rapiñados los centros de culto. Como la mezquita-catedral de
Córdoba.
Por 30 míseros euros pagados en el Registro de la Propiedad, el
obispado cordobés se ha hecho con la propiedad de una joya con 12 siglos
de historia. Será difícil revertir ese robo. Porque de eso se trata: un
robo, como coreaban, hace un par de semanas, los manifestantes
convocados por la Plataforma pro mezquita.
Este país tiene pendiente la asignatura de la religión católica.
Iglesia y Estado se confunden. Estos días, alcaldes y concejales
desfilan en miles de procesiones en representación de instituciones
laicas. Un disparate.
El escándalo protagonizado por el cardenal Rouco Varela en los
funerales del expresidente Suárez ha animado al PSOE a proponer al
Congreso una regulación laica de los actos de Estado. Que se reserven
los actos religiosos al ámbito de lo personal y privado. Veremos que en
qué queda.
El abuso de los privilegios otorgados a la iglesia se resume en esos
5.000 bienes (según Europa Laica; 4.500, según el Registro de la
Propiedad), que han pasado a sus manos en poco más de 10 años.
Este despojo masivo de bienes públicos ha alcanzado tales
proporciones que hasta el Gobierno católico de Rajoy ha decidido ponerle
coto. En el anteproyecto de reforma de la Ley Hipotecaria que prepara
se elimina ese increíble privilegio. Eso sí, la nueva ley entrará en
vigor un año después de ser publicada en el BOE, lo que permitirá a la
iglesia rematar su particular expolio.
La sentencia de otro tribunal, el Constitucional, viene a echar más
leña al fuego del problema de la vivienda. El Constitucional confirma la
suspensión de la ley antidesahucios andaluza. Dicen que pone en peligro
la solvencia del sistema financiero. Como siempre, gana la banca. Con
ella y con la iglesia topamos.
Mientras, auscultan la letra pequeña para decidir cuantos kilos de
miseria acumulan ocho familias sevillanas para ver si son merecedoras de
que les dejen usar provisionalmente una vivienda social. ¡Qué
indecencia!
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