La derecha española o, si se prefiere, el centro-derecha español no ha sabido qué hacer con el derecho a la autonomía de Andalucía. No lo supo cuando UCD era el partido a través del cual se expresaba políticamente y ha seguido sin saberlo, cuando UCD fue sustituido por AP primero y PP después. A lo largo de más de treinta años el centro-derecha español no ha sido capaz de tener una posición coherente respecto del lugar de la comunidad autónoma de Andalucía en el Estado.
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Sin duda alguna en el origen de esa ausencia de coherencia está el referéndum del 28 F de 1980. La estrategia diseñada por UCD condujo a un fracaso de tal naturaleza, que hizo que dicho partido pasara del Gobierno a su desaparición, trasladando la representación del centro-derecha español en Andalucía a AP, que había tenido aproximadamente el 6 % de los sufragios en las elecciones constituyentes de 1977 y en las primeras elecciones constitucionales y municipales de 1979. El centro-derecha español, como consecuencia de su posicionamiento respecto del proceso estatuyente originario en Andalucía, quedó atrapado en una posición muy próxima a la de extrema derecha y condenado, como consecuencia de ello, a una travesía del desierto, que todavía no ha terminado.
AP no participó prácticamente en la elaboración del primer Estatuto de Autonomía y, en consecuencia, no lo consideró como una norma propia. Tuvo que aceptarlo porque no tuvo más remedio tras los sucesivos catastróficos resultados de las elecciones celebradas en los años ochenta, autonómicas y generales de 1982, municipales de 1983, autonómicas y generales de 1986, municipales de 1987 y generales de 1989, en las que la distancia entre el PSOE y AP estuvo, salvo en las generales de 1989, claramente por encima de los veinte puntos. Pero nunca se encontró cómodo dentro del sistema político que tenía a dicho Estatuto como norma de cabecera.
A partir de la conversión de AP en PP en el Congreso de Sevilla de 1989, el centro-derecha renunció a la reforma de la Constitución para poner fin al Estado Autonómico, que había figurado en sus programas electorales de los ochenta, y aceptó el bloque de constitucionalidad integrado por la Constitución y los Estatutos de Autonomía como marco para la acción política. Dicho giro estratégico, esto es, la aceptación de la titularidad y el ejercicio del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España, posibilitó que el centro-derecha español empezara a competir eficazmente y a ser un a alternativa de poder.
También en Andalucía se notó el giro estratégico del PP, pero con menos intensidad que en el resto del Estado. La desorientación del momento estatuyente originario no ha sido superada por completo. Y de ahí las oscilaciones, por no decir, los bandazos del PP en nuestra comunidad autónoma, como tendríamos ocasión de comprobar de forma señalada en el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía.
El centro-derecha español rechazó el nuevo Estatuto de Autonomía durante las primeras fases de su tramitación parlamentaria tanto en el Parlamento de Andalucía como en el Congreso de los Diputados. Únicamente en la fase final votó a favor de la aprobación de la Reforma, no por convicción, sino por necesidad. La no aprobación de la Reforma lo habría dejado en una posición marginal dentro del sistema político andaluz. Pero tampoco se ha encontrado cómodo en el nuevo Estatuto.
Lo estamos viendo de manera recurrente. Cuando del ejercicio del derecho a la autonomía de Andalucía se refiere, los parlamentarios del PP en el Parlamento de Andalucía hacen una cosa y los diputados andaluces del PP en el Congreso de los Diputados hacen otra distinta. En el Parlamento de Andalucía votan a favor de la gestión del Guadalquivir por la Comunidad Autónoma. En el Congreso votan a favor de la gestión por parte del Estado. No se plantean siquiera hacer que el Gobierno del PP respete el ejercicio del derecho a la autonomía tal como está definido en el Estatuto de Autonomía que ellos mismos aprobaron. ¿Cómo pueden esperar que los andaluces con fíen en ellos?
El último botón de muestra es la posición del PP respecto del Decreto-ley de la Junta de Andalucía sobre la expropiación del uso de la vivienda de titularidad de los bancos previa indemnización con la finalidad de evitar desahucios. El Decreto-ley fue aprobado con el voto de los parlamentarios del PP y, sin embargo, el Gobierno ha acordado en el último Consejo de Ministros interponer un recurso de inconstitucionalidad y hacer uso del privilegio de solicitar la suspensión del mismo, que es automática en este supuesto, si bien el Tribunal Constitucional tiene que confirmarla o levantarla en el plazo de cinco meses.
Tirar la piedra y esconder la mano no suele ser buena estrategia, especialmente cuando se hace uso de ella de manera reiterada. Acaba generando una desconfianza, que suele pesar mucho en el momento en que los ciudadanos acuden a las urnas.
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