miércoles, 7 de abril de 2010

- PRIVILEGIOS CATÓLICOS.

Privilegios católicos.

EUGENIO S. PALOMARES 07/04/2010. El País.

El pasado 30 de marzo, Miércoles Santo, quedó suspendido el acto de concesión de indulto a un preso granadino. La hermandad de la Soledad de San Jerónimo de Granada no pudo proceder a la liberación del preso elegido y al que el Gobierno, accediendo a la petición de esta hermandad, había concedido el indulto el pasado 19 de marzo. El preso, que estaba condenado a tres años de prisión por un delito contra la salud pública, no estaba de penitencia; estaba delinquiendo -presuntamente-, fue detenido y un juez ordenó su prisión preventiva. No ha sido posible su libertad. Este privilegio -que algunas hermandades católicas puedan decidir la libertad de algunos presos- es uno más de los muchos que disfruta la Iglesia católica en España. El hermano mayor de esta hermandad afirma que el año que viene seguirá conmutando penas.

Cuando observo que la Iglesia católica, a través de algunos de sus pastores, como Martínez Camino o Rouco Valera, extiende hasta el infinito que los gobiernos socialistas le acosa y persigue por su fe, tengo que admitir que es uno más de los misterios que hay que aceptar por razones de fe, y no de los hechos que la sociedad en general percibe. Más aún, en tiempos de Cuaresma y de Semana Santa. Y es así porque no hay ninguna otra religión ni ningún otro colectivo en España que pueda tomar las calles de las ciudades y pueblos durante 10 días y el resto de la ciudad se tenga que acomodar a la forma de desarrollar e imponer a los demás ciudadanos desfiles y costumbres. Hasta el calendario laboral se adapta al eclesiástico. Es verdad que la exhibición de pasos, santos, ermitas y otras calendas -cuyo nombre tomo en homenaje al sacerdote que identifica en sus discursos las críticas que un sector hace contra la pederastia de algunos sacerdotes con el nazismo- enriquecen a hoteles, restaurantes, bares y todo un rosario de lugares se llenan hasta la bandera. Pero junto con estos beneficios, que hacen que los inconvenientes personales pasen a un segundo plano en beneficio de la comunidad, el fondo es que la Iglesia católica en España, por mucho discurso que hagan en contra del color de algunos gobiernos, sigue gozando de unos privilegios que en cualquier otro país no serían aceptables. Más aún cuando sólo un 14% de los ciudadanos españoles se confiesan católicos practicantes.

Y entre estos privilegios se lleva la palma el que algunas cofradías en España tengan el poder de conseguir que los gobiernos concedan indultos a las personas que ellas decidan. Los indultos responden a causas que no son, precisamente, a mayor gloria de las hermandades. La desproporción de las penas impuestas y la reinserción social constituyen su base y su finalidad. No el capricho de las cofradías de hacer el bien sin mirar a quién. Si no miras a quién se le concede pasa lo que pasa: que siguen delinquiendo -presuntamente-. Además, si quieren de verdad hacer el bien, ahí están Haití -exige algo más que una colecta del Domingo de Ramos en el Vaticano-, Chile y numerosos barrios marginales de Andalucía.

Es normal, pues, que con tanto privilegio el Observatorio de la Laicidad critique estos aspectos de la Semana Santa y solicite información al Ministerio de Justicia. No es para menos. Sin duda rompen la neutralidad del Estado en materia religiosa. Un disparate y un despropósito. Más despropósito aún si el acto de puesta en libertad del preso va acompañado de actos litúrgicos en los que participa el indultado.

Me recuerda esta forma de indultar una anécdota que me contó el dueño de una finca hace años. En algún pueblo de Córdoba, durante la Guerra Civil, el titular de la propiedad sólo daba trabajo a aquellos jornaleros que de rodillas rezaban antes de trabajar. Todos terminaron por aprender hasta la salve en latín. Tal vez haya que volver a recordar que el hambre y la libertad no deben servir para hacer confesión de fe ni para extenderla con los medios del Estado. Algunas hermandades deberían saberlo y el Gobierno practicar la neutralidad religiosa que declara la Constitución.

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