- SENTENCIA JUEZ GARZÓN.

¿Una sentencia prevaricadora?

Alguien se podría preguntar si no es también injusta a sabiendas la resolución del Supremo

El juez Baltasar Garzón, cuyo trabajo de investigación permitió desarticular el crimen de Estado de los GAL durante el mandato socialista, las redes de narcotráfico más poderosas, el entramado que alimentaba a ETA, algunas de las células del terrorismo islamista más peligrosas que operaban en España y la red de corrupción masiva más extensa vinculada al PP, ha sido condenado por siete magistrados del Supremo a 11 años de inhabilitación por prevaricar al ordenar grabar las conversaciones de los jefes de la red Gürtel con sus abogados en la cárcel.

Las órdenes para intervenir esas conversaciones que le han retirado de la carrera judicial fueron avaladas por la Fiscalía Anticorrupción, que investigaba la extensa trama corrupta; por el juez Antonio Pedreira, que retomó el caso cuando Garzón se inhibió por la participación en los hechos delictivos de numerosos cargos públicos del Partido Popular: por el magistrado José Manuel Suárez Robledano, que firmó un voto particular cuando otros dos jueces decidieron anular esas escuchas por considerar que se había vulnerado el derecho de defensa de los corruptos.

Pero ni los fiscales, ni el juez Pedreira ni el magistrado Robledano cometieron un delito de prevaricación. Simplemente entendieron que el Estado de derecho y la legislación vigente permitía la intervención de las comunicaciones de los corruptos cuando hablaban con sus abogados en la cárcel. En esas comunicaciones, entre otros detalles, se trazaron planes para evitar que la Justicia alcanzara el dinero que los corruptos habían acumulado como consecuencia de su rapiña en colaboración con dirigentes del PP.

La investigación judicial que Garzón desarrolló entre agosto de 2008 y marzo de 2009, dejó fuera de juego a dos decenas de políticos del PP (alcaldes, diputados autonómicos, consejeros, directores generales…) cuyas prácticas corruptas quedaron demostradas gracias a los hallazgos de la policía dirigida por el juez de la Audiencia Nacional.

Siete magistrados del Tribunal Supremo han decidido ahora que Garzón sabía, cuando estaba ordenando las escuchas en la cárcel de los jefes de la trama corrupta, que era ilegal y por tanto, estaba dictando una resolución injusta a sabiendas. Y eso que durante el desarrollo de la causa abierta a Garzón nadie ha acreditado que al juez le advirtieran en ningún momento que su práctica era ilegal. Y eso pese a que otros jueces han defendido la legalidad de las escuchas. Alguien se podría preguntar si los siete magistrados del Supremo sabían, cuando estaban dictando la sentencia condenatoria, que se trataba de una resolución injusta a sabiendas. En ese caso, alguien podría pensar que se trata de la primera condena prevaricadora de la historia.

- INVOLUCIÓN.

De una tacada se sepultan años de conquistas sociales y de respeto entre los ciudadanos trabajosamente construido.

No estaría mal llamar las cosas por su nombre. Tan sorprendida estoy de las medidas que ha anunciado el nuevo Gobierno como de la falta de respuesta de la sociedad civil. Claro que vienen tiempos de mayorías compactas, de intercambio de nuevos favores, de poder absoluto y existe la tentación de congraciarse, o al menos no significarse en exceso ante los nuevos mandarines. Pero lo que ha ocurrido esta semana solo tiene un nombre propio: involución.

El PP ha lanzado tantas pelotas sobre el terreno de juego que es casi imposible responder a cada una de ellas. Imagino que lo dicta así su estrategia política y que han decidido en esta fase contentar a los sectores más ultraconservadores, por eso, las comparecencias de los ministros parecían hechas a la medida de Intereconomía y de las TDTs party, a las que tanto deben.

Para empezar, se volverá a penalizar el aborto, excepto para algunos estrechos supuestos que determinará la autoridad competente. Se acabará con la libertad de las mujeres para decidir sobre la continuidad de su embarazo y, a partir de ahora, serán los jueces, los médicos y otras instancias administrativas las que decidan en su nombre. Lejos de tener una legislación equiparable a Alemania, Francia o Reino Unido, nos pareceremos a Rumanía, a Hungría y a la propia España en los tiempos del aborto clandestino. Se limitará, también, la administración de la píldora del día después que evita miles de abortos y de embarazos no deseados entre las jóvenes, a las que se explicará que pueden dar su hijo en adopción o ser responsables y continuar con su embarazo.

En la enseñanza se suprimirá un peligroso capítulo de Educación para la Ciudadanía dedicado a las relaciones interpersonales y que —pueden comprobarlo ustedes mismos con cualquier manual de sus hijos— considera un valor democrático el respeto a las diferentes opciones sexuales, los distintos tipos de familia, la igualdad de las mujeres y el valor del ser humano independientemente de su procedencia o del color de su piel. Un capítulo que no es pura teoría, ni mucho menos adoctrinamiento, sino afrontar la realidad social, evitar la burla y la discriminación de los propios alumnos y proclamar el respeto como valor universal. Mientras se suprimen estos contenidos que califican de adoctrinadores, justo en el aula de al lado un religioso explicará dos horas a la semana, la maldad de la homosexualidad, las carencias de la familia que no disponga de un padre y una madre y el papel subordinado de las mujeres en la sociedad.

Nos anuncian que se prepara una reforma educativa de la que ni siquiera saben dónde empiezan o terminan los ciclos ni las titulaciones, ni el presupuesto con el que contará pero que, eso sí, segregará tempranamente a los adolescentes y abrirá la puerta a aumentar los conciertos educativos con la enseñanza privada hasta mitad del bachillerato.

No se detiene aquí la involución política que se avecina. El flamante ministro de Medio Ambiente anuncia un cambio total de las leyes medioambientales para permitir más negocios a pie de playa y una medición de la calidad del aire “más realista”, lo que convertirá la nube contaminante de Madrid en un fenómeno meteorológico. De las energías renovables, ni hablamos.

La reforma tiene ribetes esperpénticos como el nuevo papel de los notarios y la compasión que siente el Gobierno por este negocio, inexistente en la mayoría de los países. Para compensarlos por la crisis inmobiliaria, las bodas y los divorcios pasarán por la notaría. Escrituraremos nuestras vidas como si de una propiedad se tratará y disolveremos los matrimonios como un negocio de compraventa, previo pago, por supuesto.

De una tacada se sepultan años de conquistas sociales y de respeto entre los ciudadanos trabajosamente construido. El 90% de la población no tiene problemas respecto a la homosexualidad, la capacidad de decisión de las mujeres sobre la maternidad, ni la educación en valores. Pero el Gobierno piensa, equivocadamente, que la mayoría en las urnas les otorga una supremacía ideológica de raíz católica y ultraconservadora. Ya veremos.

Artículo publicado por Concha Caballero en El País.com

- PECADO ORIGINAL

Mariano Rajoy parece que tiene prisa para dar satisfacción a la Iglesia católica y al sector de la derecha más sensible a sus admoniciones.

Tal vez, las víctimas del franquismo tuvieron la oportunidad de explicar sus sufrimientos delante de un tribunal de justicia. Para que esto ocurriera, 37 años después de la muerte del dictador, ha sido necesario que se sentara en el banquillo de los acusados el único juez que osó investigar los crímenes del franquismo. Creo que es difícil encontrar una historia que explique mejor el pecado original de la democracia española. Sigue marcada por la herencia del régimen anterior.

Estos mismos días, los dos ministros del PP con fama de más abiertos, el conservador Alberto Ruiz-Gallardón y el liberal José Ignacio Wert, han asumido cargar con las reformas culturalmente más ideológicas del Gobierno. Gallardón nos retrotrae a los tiempos en que el aborto era delito y quita a la mujer la libertad de abortar, colocándola una vez más bajo la tutela paternal del Estado y de la familia; Wert anuncia la sustitución de la asignatura de Educación para la Ciudadanía por Educación Cívica y Constitucional, porque, coincidiendo con la caverna mediático-religiosa, ve en ella un carácter adoctrinador.

¿No es adoctrinador eliminar el noble concepto de ciudadanía que es el nombre que reconoce a las personas como actores políticos en las sociedades democráticas modernas? Si no somos ciudadanos, ¿qué somos? ¿Súbditos?

Son dos ejemplos del furor contrarreformista del Gobierno. Hay otros y habrá más: el propio Gallardón apuesta por el divorcio ante notario, poniendo en riesgo a la parte más vulnerable que acostumbran a ser las mujeres y los hijos, al restarles protección judicial. Y Ana Mato, la ministra de Sanidad, pretende que la píldora poscoital no se pueda dispensar sin receta, con lo cual, una vez más, se coloca la libertad sexual de las mujeres bajo sospecha.

Mariano Rajoy parece que tiene prisa para dar satisfacción a la Iglesia católica y al sector de la derecha más sensible a sus admoniciones. Y, por lo que se ve, los sectores liberales de la derecha no oponen resistencia alguna a estas regresiones. Es más, José Ignacio Wert las hace suyas, aun a costa de forzar los argumentos. A estas alturas de la historia, el PP parece considerar carril de circulación obligatoria una cierta idea tradicional de la familia y mantiene sobre la mujer el aura de pecadora que debe pagar por sus deslices. Me gustaría saber qué les contarán a sus hijos Alicia Sánchez Camacho o Dolores de Cospedal.

En tiempos en que desde la derecha se trona contra las ideologías, se las acusa de fomentar la división y de entorpecer los acuerdos básicos para que la sociedad funcione, y se dice que distinciones como derecha e izquierda son anacrónicas y carecen de sentido, el PP desde el primer momento pone la lucha ideológica en primer plano. Siempre ha sido así. Los Gobiernos de la derecha han sido muy ideológicos en este país. Los líderes del PP saben perfectamente que la hegemonía ideológica es la mejor garantía para ganar elecciones. Si se tiene la preeminencia en este campo, el poder acaba cayendo por sí solo. Al mismo tiempo, en el PP piensan que España es mucho más de derechas de lo que parece y están demostrando que el tópico alumbrado durante los años de la transición de que España era mayoritariamente de izquierdas era puro mito. O que si fue de izquierdas ya no lo es: primero, por el acomodamiento de las clases medias que se consolidaron precisamente en tiempos del felipismo; después, porque la crisis ha sembrado el miedo, y el miedo es conservador. Empezaron a dar la batalla con Aznar, siguen ahora y la están ganando. Mientras el PSOE se pierde en querellas internas por el poder en un partido maltrecho, el PP va a lo suyo roturando el país a su imagen y semejanza. Cuando el PSOE despierte ya será tarde.

Quizás así se entienda mejor la paradoja del principio. Mientras la derecha sea hegemónica, es imposible que la democracia afronte su pecado original. El PSOE no osó en su momento, por los miedos de la transición, y porque, contaminado por el discurso de la derecha, no quiso que se le pudiera señalar como revanchista. La derecha sigue poniendo tierra sobre el franquismo y sigue señalando con el dedo a cualquier intento de recuperar la memoria de las víctimas como motor de odios y de conflictos innecesarios. Y, sin embargo, una derecha realmente liberal podría afrontar este tema mejor que nadie. Si la hay, que lo dudo, no quiere o no puede, y así la democracia española seguirá atada a su pecado original.

JOSEP RAMONEDA. El País

- TODO COMO DIOS MANDA.

- REQUIEM POR CIUDADANÍA.

UN MINISTRO DE EDUCACIÓN IGNORANTE Y EMBUSTERO.

La asignatura de Educación para la Ciudadanía murió ayer. El funeral ha sido religioso: fueron los sectores católicos más reaccionarios quienes envenenaron a la opinión pública contra una materia que ni era adoctrinante ni atacaba a la familia ni a la libertad ni a los padres ni a sus hijos. El ejemplo más obsceno de esta campaña de propaganda, lo que resume cinco años de mentiras, es la manipulación informativa alrededor de un ensayo de la editorial Akal titulado también “Educación para la ciudadanía”. No era un manual para los alumnos: era un libro crítico contra la asignatura desde planteamientos de izquierda que escribieron Carlos Fernández Liria, Pedro Fernández Liria y Luis Alegre Zahonero, con ilustraciones de Miguel Brieva.

Este ensayo nunca fue un libro de texto: no respondía al temario, nunca se usó en los colegios ni fue homologado por el Ministerio de Educación. Tampoco lo pretendía. Sin embargo, con el título bastó para que los medios de la derecha cargasen contra la nueva asignatura usando este ensayo como munición: citando párrafos de esta obra –donde se criticaba a Aznar o a Jiménez Losantos– como si fuese un libro de texto homologado, como ejemplo del “adoctrinamiento” a la ciudadanía.

Los autores del libro mandaron cartas a los diarios denunciando esta evidente manipulación. Las cartas nunca fueron publicadas. Y aún hoy, cinco años después, hay periódicos y periodistas que citan ese libro de Akal como ejemplo de lo que enseñaban a los niños en los colegios del malvado Zapatero.

Que una manipulación tan burda pase por buena demuestra una cosa: que la Educación para la ciudadanía es una asignatura imprescindible en España.

Las mentiras sobre el libro de Akal alcanzan al propio ministro de Educación. José Ignacio Wert acaba de explicar en la Cadena SER sus motivos para considerar “adoctrinante” a esta polémica asignatura. Como ejemplo, como no, ha citado varios párrafos del ensayo de Akal como si fuese un libro de texto.