El señor Francisco Franco, el pucherazo del 36 y la democracia acomplejada.
Nuestros políticos democráticos han tardado 41 años en decidir que 
Franco, el sátrapa genocida, no puede estar enterrado con los honores de
 un faraón y que las víctimas merecen salir de las cunetas
El Parlamento exigirá al Gobierno que saque del 
Valle de los Caídos los restos mortales del dictador. Igualmente 
decidirá que se establezca el 11 de noviembre como día de homenaje a las
 víctimas del franquismo y planteará, entre otras medidas, la necesidad 
de que la Administración colabore en la localización y exhumación de las
 fosas en que yacen más de 100.000 hombres y mujeres asesinados por la 
dictadura. Si fuéramos vírgenes e ingenuos y no tuviéramos memoria, hoy 
estaríamos celebrando por todo lo alto las decisiones debatidas este 
martes por el Congreso de los Diputados, para reactivar la Ley de 
Memoria Histórica, que a pesar de las diferencias que existen entre los 
grupos de izquierda todo apunta que se aprobarán este jueves.
Si lo fuéramos, no daríamos importancia a la fecha en que se ha 
producido este debate: mayo de 2017. Sí; nuestros políticos democráticos
 han tardado 41 años en decidir que Franco, el sátrapa genocida, no 
puede estar enterrado con los honores de un faraón; han tenido que pasar
 cuatro décadas para darse cuenta de que las víctimas merecen salir de 
las cunetas en que siguen enterradas como si fueran perros.
Si lo fuéramos, no analizaríamos el porqué de la 
negativa del Partido Popular a apoyar esta iniciativa. No nos 
preguntaríamos las razones por las que su portavoz en el debate 
parlamentario buscó mil y una excusas, hasta llegar a Stalin y a 
Venezuela, para oponerse a la propuesta. No nos rechinarían los dientes 
al escuchar a Alicia Sánchez Camacho eludir la palabra dictador y 
preferir referirse a él como "el señor Francisco Franco". No nos 
indignaría comprobar cómo la formación política que nos gobierna se 
niega a liberarse de sus vínculos con el franquismo. No nos 
avergonzaríamos de que, con su voto y su discurso, el partido con más 
apoyo popular en España reafirme su distancia con la derecha europea 
representada por Angela Merkel y se sitúe a un paso de las tesis 
revisionistas del Frente Nacional o de Alianza por Alemania. Apenas hay 
diferencias entre quienes cuestionan la existencia de las cámaras de gas
 y los que niegan el carácter totalitario y criminal del régimen 
franquista. El discurso del PP suena igual que el de historiadores 
condenados por su infame blanqueo del nazismo como David Irving.
Si lo fuéramos, no recordaríamos que este tipo de decisiones suelen 
quedarse en un llamativo titular y una bonita fotografía. Por poner solo
 un ejemplo de esos fuegos artificiales que tanto gustan a nuestros 
políticos: hace ya dos años que el Congreso de los Diputados aprobó por 
unanimidad reconocer y homenajear a los 9.300 españoles y españolas que 
fueron deportados a campos de concentración nazis. 24 meses después no 
se ha cumplido este mandato; el Gobierno se ha declarado insumiso y la 
oposición no ha ejercido su papel de recordarle, diariamente, su 
repugnante incumplimiento.
Si lo fuéramos, 
preferiríamos olvidar que Felipe González tuvo 15 años para desmantelar 
los vestigios de la dictadura y no quiso hacerlo. Tres mayorías 
absolutas consecutivas en las que no se atrevió a sacar al dictador de 
su mausoleo ni a dar un entierro digno, entre otros, a sus compañeros 
socialistas que habían muerto por defender la democracia republicana 
frente al eje Franco-Hitler-Mussolini. El gran Felipe estaba en otras 
cosas, sin duda importantes, y no le pareció relevante que como país, 
realizáramos una revisión histórica rigurosa que habría acabado, de una 
vez por todas, con la historiografía franquista que aún contamina los 
libros de texto que estudian nuestros hijos.
Si lo 
fuéramos, ignoraríamos que Zapatero permitió a la parte más conservadora
 de su partido descafeinar su Ley de Memoria Histórica y olvidaríamos 
que tuvo siete años para llevar a cabo las iniciativas que ahora plantea
 desde la oposición. Si lo fuéramos, no nos vendría a la cabeza la casi 
lasciva satisfacción que emanaba Mariano Rajoy al explicar orgulloso que
 su Gobierno había asesinado y enterrado la Ley en otra cuneta, al 
dotarla de un presupuesto anual de cero euros.
Para 
nuestra suerte o nuestra desgracia no somos vírgenes, ingenuos ni 
desmemoriados. Vemos cada día el letal fruto de la cobardía y los 
complejos con que los políticos demócratas han abordado este tema 
durante los últimos cuarenta años. Esa es la razón por la que hoy 
vivimos un auge del revisionismo franquista. El negacionismo de nuestro 
Holocausto viaja a través de Internet, contamina ondas de radio y 
televisión y alcanza las portadas de los periódicos de papel. Basta con 
que unos supuestos historiadores se quiten momentáneamente sus camisas 
azules y escriban un libro repleto de falsedades y medias verdades para 
que el producto consiga calar en la sociedad.
Así ocurrió recientemente con  1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular
 en el que Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa legitiman el golpe de 
Estado franquista demostrando un supuesto pucherazo electoral de la 
izquierda en las elecciones de febrero del 36. Sin cuestionarse 
mínimamente el sesgo que ya habían demostrado los autores en obras 
anteriores, ni contrastar sus conclusiones con otros historiadores de, 
estos sí, reconocido rigor y prestigio, numerosos medios dieron por 
buenas sus tesis y las reprodujeron como si de verdades absolutas se 
tratara. Dos meses después, tras analizar detalladamente la obra, el 
catedrático de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona José 
Luis Martín Ramos la ha desmontado punto por punto  en Público.
 Lamentablemente, su estudio no llegará a las portadas y los espacios 
que, por mala fe o por pura ignorancia de los periodistas de turno, copó
 el sesgado relato de Villa y Tardío.
No será la 
última vez que ocurran cosas similares. La democracia acomplejada ha 
permitido que varias generaciones de españoles crecieran en la 
ignorancia, cuando no en la tergiversación franquista, de nuestra 
historia reciente. Nuestros políticos socialistas, centristas y 
comunistas han tolerado que uno de los lugares turísticos de la capital 
del Reino sea la tumba de un criminal que secuestró nuestras libertades 
durante 40 años. Nuestro régimen de libertades no ha querido evitar que 
se siga equiparando a víctimas y a verdugos.
 El
 terreno está abonado, pues, para que el revisionismo franquista siga 
creciendo hasta el infinito y más allá. Lo hará si no arrancamos de 
cuajo sus raíces. Podríamos pensar que la iniciativa debatida este 
martes en el Congreso de los Diputados es un paso decisivo para realizar
 esa poda sanadora con unas tijeras de democracia, cultura y verdad. 
Podríamos pensarlo… si fuéramos vírgenes e ingenuos y no tuviéramos 
memoria.
 
 
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