El Partido Popular ante la evidencia del tsunami de casos de corrupción que se les viene encima, ha decidido poner en marcha una estrategia tan vieja como la humanidad, hacer de vicio virtud.
Por eso, ahora se nos presenta ante la ciudadanía como el principal defensor de la transparencia, la persecución del fraude fiscal y la lucha contra la corrupción.
Lo ha hecho con el caso Rato, con una hiperactuación que deja al descubierto su poca credibilidad y autoridad en esta materia.
La connivencia del poder político con la evasión y el fraude fiscal no es nueva ni exclusiva de nuestro país. De hecho es uno de los grandes retos de la Unión Europea. O se acaba con las diferentes modalidades de erosión del sistema fiscal, que en una economía globalizada son abismales, o la erosión del sistema fiscal acaba con el Estado Social Europeo.
Pero en España esa connivencia del poder político con las diferentes formas de elusión, fraude, evasión fiscal es mayor y corre pareja a la “comprensión” de la sociedad con estos comportamientos.
La manera en que el PP está presentando sus iniciativas apuntan a que todo puede quedar en papel mojado.
En el terreno de la transparencia se anuncia una Reforma de la Ley General Tributaria que permita al Gobierno hacer públicos los datos de los morosos tributarios por importe de más de un millón de euros y de los condenados por sentencia firme por fraude fiscal.
Más allá del debate sobre los límites a partir de los cuales se debe dar publicidad a la morosidad fiscal y a los fraudes, el problema principal reside en que el Gobierno ha anunciado que la primera publicación de datos deberá hacerse antes del final del último trimestre dl 2015. Es decir, cuando ya se haya celebrado todo el ciclo electoral.
Este último movimiento del record Guinness de los trileros políticos, el Ministro Montoro, no debe sorprendernos, el Gobierno Rajoy no ha hecho nada durante esta legislatura para reformar el artículo 95 de la Ley General Tributaria y facilitar información de morosos y defraudadores. Y no será porque no se le haya exigido. O porque no haya tenido oportunidades, por ejemplo cuando aprobó la amnistía fiscal a la que se han acogido Bárcenas, Pujol o Rato, entre otros.
Entre las prioridades reformistas de Rajoy no ha estado nunca la transparencia fiscal, por eso ha esperado hasta el final de la legislatura para presentar este proyecto de Ley, que muy probablemente no tendrá ni tiempo para ser aprobado. Como también puede suceder con el Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Pero en esta política de falta de transparencia fiscal y de poca convicción en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, el PP no ha estado solo. El PSOE ha hecho lo mismo en sus 7 años de Gobierno, demostrando que si en algún ámbito la indistinción política ha sido la divisa del bipartidismo, este es el terreno de la política fiscal.
PSOE y PP han compartido con CIU los ejes básicos de la política fiscal de este país. No deberemos olvidar que la Ley General Tributaria que, según el Gobierno le impide facilitar los datos de morosos y defraudadores es de diciembre del 2003, con Aznar en el Gobierno. Pero durante el Gobierno Zapatero se ha mantenido en sus propios términos.
Si la apuesta del PP por la transparencia fiscal fuera sincera, que no lo es, lo podría demostrar, presentando una Proposición de Ley de reforma del artículo 95 de la Ley General Tributaria, que se podría tramitar por urgencia.
Cuando al PP le ha interesado ha utilizado este método parlamentario. Por ejemplo para acabar con la Justicia Universal o para reformar el Código Penal e introducir los acuerdos entre PP y PSOE en la lucha anti-yihadista.
Si no lo hace así, no es porque no se pueda, es sencillamente, porque su apuesta por la transparencia fiscal es falsa. Una vez más está fingiendo y engañando a la ciudadanía.
Joan Coscubiela.
No hay comentarios:
Publicar un comentario