- 2014

¡ POR UN 2.014 BUENO !

- LA “VENDETTA” DEL ABORTO.

La ‘vendetta’ del aborto.

El Gobierno se ha embarcado en la aventura equinoccial de poner las leyes al servicio de sus creencias y supersticiones. No es una ley. Es una declaración de guerra. Lo ha explicado Gallardón con su acento nasal y pijo. “Creía la izquierda que tenía la superioridad moral y que la derecha española no se atrevería a modificar ciertas leyes”, pero este Gobierno está decidido a derribar todo el edificio institucional basado, según él, en un equivocado concepto de la libertad y la igualdad.

Precisamente por eso, nos explica Gallardón, la contrarreforma del aborto ha producido en la izquierda tanta “irritación y tan grave quebranto”. El Gobierno de Rajoy se ha sacudido los complejos de la derecha y el ministro advierte a su propio partido que esta batalla ideológica figuraba en su programa electoral. O dicho de otra manera, que ser miembro del Partido Popular supone asumir un ideario ultracatólico, hostil a la libertad de las mujeres y beligerante en materia moral. Esa es la verdadera marca España que este Gobierno intentará trasladar a Europa, donde los ciudadanos sufren una derecha paniaguada que no se atreve a tocar los cimientos de viejas libertades progresistas.

España va a convertirse en el referente de la nueva derecha europea. Rajoy emprenderá una gira por los países de nuestro entorno para explicar cómo ha conseguido convertir las creencias religiosas en leyes, los prejuicios en normas y los pecados en sanciones penales.

Mientras en Europa este ideario solo se atreve a enarbolarlo la ultraderecha nacionalista, en España la verdadera ultraderecha política se sienta en el Consejo de Ministros de la única forma que podría hacerlo: disfrazada de gobierno tecnocrático. Durante años nos han intentado convencer de que era un acierto el hecho de que el Partido Popular hubiese absorbido la representación de la derecha más ultramontana. Esto nos libraba de que surgiera un partido de ultraderecha en nuestro país. Sin embargo, el coste de esta operación va a ser ruinoso para el sistema político español porque sus postulados culturales, educativos y morales empiezan a impregnarlo todo.

A diferencia de la derecha europea, que no se atrevería a tocar leyes que afecten a la libertad de conciencia o las relaciones personales, en nuestro país el Gobierno se ha embarcado en la aventura equinoccial de poner las leyes al servicio de sus creencias y supersticiones.

No nos engañemos tampoco sobre la autoría de esta ley. Con Gallardón o sin él, con Wert o en su ausencia, estos son los proyectos de este Gobierno, esta es la herencia que Rajoy quiere legar a la posteridad de su mandato. Han medido los tiempos y analizado el grado exacto de desmovilización social. Han confundido la escasez de manifestantes con la capacidad de respuesta. Han valorado la división de la izquierda, el descrédito de las organizaciones sindicales y han resuelto que este era el momento. Incluso las fechas navideñas han sido elegidas para dar su toque familiar y natalista.

No es una ley, no. Es una vendetta frente a las derrotas que la sociedad civil española les ha infligido en los últimos 30 años; una venganza por la incomprensión social que han sufrido cuando recorrían las calles con la sola compañía del revuelo de sotanas y hábitos eclesiales contra leyes que reflejaban profundos cambios sociales en la familia, en el matrimonio, en la libertad de las mujeres, en las relaciones personales. Son muchas derrotas sociales las que pretenden lavar con este texto.

Por eso, esta ley no tiene arreglo entre las cuatro paredes del Congreso de los Diputados. No se soluciona con una redacción más tibia o con la inclusión de otro supuesto legal como pretenderán muchas voces del PP escandalizadas por la virulencia del proyecto.

Esta ley se cambiará en la calle y en las urnas, porque quizá sin saberlo el Gobierno ha escrito con ella su Waterloo.

@conchacaballer

- UN CONDÓN EN EL CRUCIFIJO.

En su difícil tarea de sacar a España de la crisis y llevarla directamente al Medievo, el PP le ha encargado a Gallardón encarar el lado moral del asunto, algo que le va muy bien a un ex alcalde reconvertido en ministro con hechuras de seminarista. La ley del aborto que Gallardón se ha sacado de la manga, cual Harry Potter consultando entre grimorios, coloca a España a la cabeza de los países antediluvianos, al lado de Irlanda y Polonia, únicamente superados por potencias democráticas como Malta, Andorra o El Vaticano.

Esta ley no sólo le proporciona a un feto de dos días más derechos que un emigrante y un parado juntos, sino que además va a logar que las mujeres retornen a su condición secular de vacas de cría, tal y como pregona la santa madre iglesia. Este gobierno está empeñado en una cruzada a ultranza en defensa de ritos y tradiciones ancestrales que van desde los toros alanceados hasta una versión policial del Código de Hammurabi. En buena lógica, tarde o temprano, las mujeres tenían que regresar a la mantilla, porque las que llevan tan piadosamente Cospedal y Soraya no son sólo de adorno.

Entre las muchas barbaries reivindicadas por este aborto de ley está la suposición de que la despenalización del aborto suponía un desmadre y una invitación a la orgía. Han igualado el aborto con una operación de cirugía estética en que las mujeres que pasaban por el quirófano a extraerse un feto lo hacían con el mismo desparpajo que una señora que encarga una liposucción. Doctor, quíteme este peso de encima y de paso me pone los labios gordos. Estos señores tan cristianos han venido a decirnos que una mujer disfruta con un aborto, lo cual es la extensión lógica de esa mentalidad arzobispal que ve la práctica del coito como un sufrimiento, un pecado y un sacrificio.

La obra que mejor ha explicado el drama del aborto es Rosemary’ baby, de Ira Levin, que dio pie a una extraordinaria película de terror de Roman Polanski: La semilla del diablo. Lejos del mensaje satánico, Chuck Palahniuk diseccionó el mensaje profundo de la novela: una mujer privada de voluntad propia y sometida al capricho de su marido, de su médico y de una infame secta religiosa. Tienes que parir este niño sí o sí, querida. Tienes que desearlo, amarlo y respetarlo porque para eso te dio Dios un útero. Porque para eso, y para poco más, estás en el mundo.

En España vivimos una película de terror desde que nos gobierna una camarilla satánica que está a dos proyectos de ley de parir al Anticristo. Ni siquiera vale ya el supuesto de que el feto presente malformaciones físicas. A la mujer, ese útero con piernas, no le queda otro recurso legal que consignar en la comisaría cada cópula como una violación en un callejón oscuro. Que es exactamente el meollo del asunto: devolver al sexo el aura de maldad, bestialismo y suciedad que sufrió durante los oscuros siglos del catolicismo. Y también una metáfora de cómo nos sentimos todos, españolas y españoles, después de este aborto de ley: vapuleados, jodidos y violados en bloque por un gobierno que ni siquiera ha tenido el detalle de ponerse un condón en el crucifijo.

David Torres

- EL PP, DE LA MANO DE LA IGLESIA.

El PP está en manos de Rouco Varela, que quería ganar su última batalla, y tenía a un "tonto útil" como Alberto Ruiz-Gallardón para darla.

El PSOE abandonó el marxismo al inicio de la Transición, pero el PP no ha sido capaz de dejar de gobernar bajo las directrices de la Iglesia católica. La reforma del aborto aprobada en el Consejo de Ministros este viernes es la mejor prueba de ello.
Yo he oído decir a miembros del Gobierno que era razonable la actual legislación del aborto, equiparable -incluso a la baja- a las leyes que hay en toda Europa. Yo he recopilado comentarios de miembros del Grupo Parlamentario Popular afirmando que esto era una cabezonería intolerable del ministro de Justicia, que se iba a frenar. Yo he escuchado a diputados del Partido Popular comentándome que no había ninguna necesidad de abrir este debate, cuando con la actual ley el número de abortos había disminuido.
Pero el PP está en manos de Rouco Varela, que quería ganar su última batalla, y tenía a un "tonto útil" como Alberto Ruiz-Gallardón para darla. "Yo soy Iñigo Montoya, tú mataste a mi padre.. ¡Prepárate a morir!". No sé, pero esta frase la tengo todo el día en la cabeza, desde que le escuché hacer demagogia en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.La diferencia es que Iñigo Montoya luchaba por una causa justa y Gallardón, en su venganza personal, se ha propuesto castigar a todas las mujeres de este país.
Ha hecho la ley del aborto más restrictiva de Europa, la que quería la Iglesia, la que vuelve a tutelar a las mujeres en sus decisiones, la más retrógrada que se conoce. Y todo ello, bajo el amparo de la Jerarquía eclesiástica y la celebración de los grupos más ultraconservadores que, al parecer, han sido los únicos consultados.
Gallardón miente en la interpretación de la doctrina del Constitucional, saca pecho porque no se penaliza a la mujer por abortar -ninguna mujer ha ido a la cárcel por ello en toda la democracia- y vende como un gran logro que las mujeres de 16 a 18 años no puedan abortar sin el permiso de sus progenitores como mantenía la anterior legislación, cuando suponen el 0,4% de los casos y, en su mayoría, por motivos que serían hasta muy duros relatar aquí.

Pero esto no es el cumplimiento de una promesa electoral del PP. Es un pacto con la Iglesia católica, que sigue dando las directrices a la derecha española.

No es cierto que sea para contentar a una parte de su electorado, no es verdad que hubiera una necesidad social para hacerlo y, lo que es peor, no va a cambiar nada. Las mujeres españolas seguirán abortando cuando ellas lo decidan. Eso sí, en peores condiciones, con riesgo para sus vidas en muchos casos y, las que tengan posibilidades económica, pasarán tranquilamente las fronteras europeas a otros países con una legislación razonable: "Yo a Londres, tú a Alemania". Movilidad exterior le llaman.
El "progre" de Gallardón ha cumplido su último servicio público. Se ha salido con la suya. "Yo soy Iñigo Montoya, tú mataste a mi padre... ¡Prepárate a morir". Pero, aún a riesgo de volver a equivocarme, esta ley que atenta contra los derechos básicos de las mujeres no le va a salir gratis al Gobierno, ni al ministro de Justicia. Y marcará un punto de inflexión muy importante. Al tiempo.

Manuel Sánchez

- LEY MORDAZA.

10 cosas que estarán prohibidas.

No se trata de un debate entre izquierda y derecha sino entre estado autoritario o democrático.

Todos los gobiernos adoran a las mayorías silenciosas, pero este ha dado un paso más. Por si acaso no hay en el futuro mayorías silenciosas, habrá por ley mayorías silenciadas.

En los primeros años de la crisis los think tank de este capitalismo salvaje se asustaron con la perspectiva de una revuelta popular. Nos dijeron que “lo sentían mucho” y que “no volvería a pasar nunca más”. Anunciaron una refundación del capitalismo pero enseguida vieron que era mucho más productivo refundar el estado del bienestar y volverlo chiquitito, minúsculo tan reducido como los salarios de los que alimentan con su trabajo la maquinaria de sus ganancias.

Inyectaron provisionalidad y miedo en grandes dosis. El tono moral de la sociedad en general ha sido de resignación pública e indignación privada. Arden las redes, sobrevuelan maldiciones en conversaciones de bares y centros de trabajo pero la calle (ay, la calle que cuando se hace millonaria en cuerpos todo lo cambia), ha permanecido silenciosa y tranquila, con gloriosas excepciones de mareas y herederos del 15-M.

Pero la derecha es previsora y barrunta que puede empezar un lento movimiento social que pretenda recuperar derechos, aumentar salarios y devolver la calidad perdida de los servicios públicos. Por eso, justo cuando publicitan el fin de la crisis económica, promulgan una ley represora que intenta cortar las protestas de raíz, por vía gubernativa y sin apelación posible.

Creíamos que no tenían en cuenta a los movimientos sociales pero han tomado exacta cuenta de sus acciones y han diseñado un traje a medida para terminar con sus movilizaciones. Vean algunas de ellas:

Contra el 15-M: ya no se podrá volver a acampar en Sol ni en Las Setas de Sevilla, ni en ningún espacio público.

No se podrá acompañar a las víctimas de los desahucios porque supone obstaculizar la labor de funcionarios públicos.

No se podrán celebrar manifestaciones en torno al Congreso de los Diputados, el Senado, ni el Parlamento de Andalucía. No importa que desde hace 30 años se esté haciendo a diario y sin conflictos. Vaya a manifestarse donde no estén sus representantes.

No se podrán grabar las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni compartirlas en las redes sociales. Si hay violencia policial, debe quedar en la estricta intimidad.

No podrá colgar pancartas ni banderas en edificios.

No podrá instalar tenderetes para recoger firmas o repartir propaganda.

Tenga cuidado de que sus expresiones no supongan una ofensa para España a juicio de la autoridad competente. Diga que recitaba a Cernuda, Machado o Gil de Biedma por si acaso.

No haga reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público. Busque lugares recónditos de tránsito privado.

No pierda el DNI ni dejen que se lo sustraigan tres veces en cinco años porque será multado. Llévelo siempre atado al cuello.

No pronuncie injurias, calumnias ni acusaciones contra las autoridades o instituciones en las manifestaciones públicas. No vuelva a repetir aquello de “Fulanito… trabaja de peón”. Ahora debe decir “Mariano, creo que te estás equivocando”.

El Gobierno creará un registro de infractores que tendrá unos indeterminados efectos administrativos. Quizá no le den licencia de apertura de su negocio, o le prohíban el acceso a cualquier servicio público.

El Gobierno se reserva el derecho a autorizar, disolver y reprimir un derecho fundamental. Para que los jueces no se entrometan han trasladado las decisiones a la vía gubernativa. Bastará la palabra de un funcionario, un policía o una autoridad para ser multado. Si aún así se empeña, las tasas judiciales le convencerán de que está mejor calladito.

Con esta ley, hecha a la medida del Madrid más reaccionario, de las demandas de Aguirre y las frustraciones de Ana Botella, el Gobierno está tocando el nervio del sistema democrático. No se trata de un debate entre izquierda y derecha sino entre estado autoritario o democrático. Una vez más. Treinta y tantos años después. ¡Qué dolor!

@conchacaballer

- ESPAÑA S.L.

JULIA OTERO. Periodista  @julia_otero

España S.L.

Usted y yo podemos ir tranquilamente por la calle y encontrarnos ante la comisión flagrante de un delito o la intención inminente de cometerlo. Pues bien, sepa que usted y yo estamos autorizados, según el artículo 490 de la ley de enjuiciamiento criminal, a evitarlo, previo placaje, obviamente: los delincuentes no suelen ser tipos amables que atiendan a requerimientos verbales educados.

Si esa potestad la tiene en España cualquier ciudadano desde 1882, ¿qué pretende autorizar exactamente Interior a los vigilantes privados? ¿Hacía falta una ley de seguridad privada para repetir el contenido de los artículos de la ley actual? Como la respuesta es claramente negativa, habrá que pensar mal, que es la única forma de acertar. Se nos informa de que esos vigilantes de seguridad podrán exigir nuestra identificación en las calles que patrullen -sí, en el espacio público-, así como cachearnos, registrarnos el bolso o el coche. No podrán hacernos un interrogatorio, pero acto seguido añade el texto que no se considerará como tal la averiguación, comprobación o anotación que se haga de nuestros datos personales. O sea, cambiar el nombre de la cosa para aparentar que es otra.

Para tranquilizarnos, el proyecto de ley resalta que todo se hará en colaboración con las fuerzas de seguridad. Pero ¿eso incluye el acceso a la base de datos policiales para hacer eficazmente las comprobaciones? ¿Inspira seguridad que una empresa privada maneje información de los ciudadanos que solo debe estar al alcance del Estado? La propia policía y la Guardia Civil, a través de portavoces, han alertado de los muchos problemas que surgirán entre vigilantes y miembros de las fuerzas de seguridad. Cuando se extralimiten o equivoquen gravemente, ¿dónde reclamaremos? ¿En la sede de la empresa privada para la que trabajan?

Negocio para unos pocos.

España parece hoy una SL, una sociedad (muy) limitada a la que expropian cada mes parte del patrimonio. Detrás de cada privatización -siempre negada- nos venden eficacia, cuando solo es negocio para unos pocos. No, desde luego, para los vigilantes que pagaremos los contribuyentes a precio de policías -cuando protejan edificios públicos- aunque su empresa les pague a ellos la mitad. Márgenes empresariales, ya saben. Lo privado pagado con dinero público. Las cuentas del Estado no ahorrarán un céntimo, pero el lobi de la seguridad privada subirá extraordinariamente su facturación. En tiempos de apreturas hay los mismos jinetes pero pocos caballos, así que hay que abrir nuevos modelos de negocio.

Por último, ¿han reparado en que el proyecto tuvo los votos de PP, PNV y CiU? La derecha siempre da lecciones de coherencia: se enfrentan por las banderas pero se fuman un puro en cuanto hablan de pasta. Llega un nuevo nicho de negocio privado a cuenta de la seguridad pública.

- LA IGLESIA Y LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL.

La Iglesia solo admite que fue víctima y niega que también fue verdugo.

Francisco Espinosa Maestre. Historiador.

Decía hace poco el obispo de Tarragona, Jaume Pujol, que cuando “ve la memoria histórica” se da cuenta de que le faltan “sus sacerdotes y el obispo”. Según él, se dijo que en esa lista iban a estar “los dos bandos”. Pero rápidamente añade que los suyos “no son de un bando, son otra cosa…”, ya que hay que distinguir entre la persecución religiosa y la guerra civil. Mantiene Pujol que la persecución religiosa venía ya de antes, de los años treinta, aunque tenga que afinar más y dejarlo en “los años 34”, donde dice que ya hubo más de cien muertos. De ahí que se permitan hablar de “los mártires del siglo XX”. Al contrario que otros, la Iglesia, por supuesto, no abre heridas sino que las cura. Pero hay más. Según el obispo, los asesinos de los 522 mártires no han pedido aún perdón, al contrario que la Iglesia: “El papa Juan Pablo II ya pidió perdón en el 2.000 por toda la Iglesia”, lo cual parece que incluye, aunque no nos enteráramos, a la Iglesia española.

Por su parte, el jesuita y jesuítico exportavoz Martínez Camino se mostró partidario de abrir las fosas comunes. Sería “una obligación de piedad y humanidad”, declaró. Y añadió: “Y lo decimos con toda el alma: no se debe olvidar a ninguna víctima inocente”. Martínez Camino también ha dejado perlas como estas: “[El acto de Tarragona es] ejemplo de perdón al enemigo”, “Los cristianos no queremos tener enemigos” o “La Iglesia no olvida ninguna de las víctimas de los totalitarismos”.

Uno lee con cierto asombro estas declaraciones. No solo debemos soportar que la Conferencia Episcopal organice actos como el de Tarragona sino las justificaciones que dan sus responsables, amplificadas por sus múltiples medios. El obispo debe saber que los religiosos asesinados, tanto durante la revolución de Asturias como a partir del golpe militar del 18 de julio de 1936, no tienen por qué estar en lista alguna de la memoria histórica, porque esto sería repetir sus nombres. Además rebosa cinismo al echar de menos en dichas listas a “sus” sacerdotes y al obispo. A todas las víctimas de la Iglesia se las lleva conmemorando como mínimo desde 1939. Todas las diócesis y órdenes publicaron sus martirologios y la Iglesia se encargó a lo largo de la dictadura de que sus nombres no se olvidaran. Lo que llama la atención es que el señor obispo no eche de menos al diezmado rebaño. Precisamente a sus ovejas degolladas, olvidadas durante décadas, va dedicada la memoria histórica. ¿De dónde saca que “en la lista” iban a estar “los dos bandos”? Los suyos, Sr. Obispo, ya estaban en las listas de la memoria histórica del franquismo, mucho más antigua que la que surgió la década pasada. Esa es su memoria y allí sí que solo estaban los suyos.

Los que de verdad no hemos olvidado a nadie somos los historiadores. No los eclesiásticos como Montero, García Cárcel o Martín Rubio, que como Pujol solo tienen ojos para los suyos, sino los que hemos sacado a la luz la matanza fundacional del fascismo español, bendecida por la Iglesia. En nuestras obras constan también las víctimas de derechas y, por tanto, las de la Iglesia. Sabemos por otro obispo, el citado Antonio Montero, que el número de víctimas que la Iglesia considera suyas anda en torno a las seis mil ochocientas en todo el país. Un número altísimo sin duda que representa el 14 % del total de víctimas de derechas. Pero, en todo caso, un número similar al número de víctimas causado por el fascismo en una provincia como Huelva, inferior al de Córdoba o la mitad o menos del que hubo en Sevilla o Badajoz. El terror rojo acabó con más de doscientas religiosas, muchas de ellas beatificadas. Pero sólo entre las cuatro provincias mencionadas el fascismo católico acabó con más de dos mil mujeres, incluidas embarazadas. ¿Las recordarán alguna vez, Sr. Obispo?

El montaje de la Iglesia española con sus “mártires del siglo XX”, que viene de lejos, exige separarlos de la “guerra civil” y convertirlo en un fenómeno especial ajeno a esta. La Iglesia prefiere hablar de “persecución religiosa” y asociarla a la República, más por el intento de modernización que se llevó a cabo en relación con la Iglesia y en el campo de la enseñanza que por la persecución religiosa en sí. Pujol habla de más de cien muertos antes del golpe militar pero, si nos atenemos a la investigación histórica, no hay manera de pasar de los 34 causados por la revolución asturiana. Y en este caso, la mayor parte de los historiadores, incluso los más  moderados, coinciden en que fueron hechos puntuales que no respondían a ningún plan establecido ni a persecución alguna. De hecho, la inmensa mayoría del personal religioso fue respetada.

Lo que busca la Iglesia al llevar el origen de la “persecución” al 34 es lo mismo que los “Moas” al trasladar el “origen de la guerra civil” a octubre de ese mismo año: despegarse del golpe militar y de sus complicidades. La Iglesia sabe que desde el momento en que se produjo la sublevación tuvo lugar un doble proceso: en la zona en que fracasó provocó un movimiento revolucionario que en unos meses se llevó por delante la vida de miles de personas, y en la zona en que se impuso y en los territorios que las columnas van ocupando un calculado plan de exterminio que deja pequeño al otro. En este plan la Iglesia participa de diferentes formas y eso es lo que nunca ha reconocido. La Iglesia solo admite que fue víctima y sigue ocultando y negando que también fue verdugo.

La agresión vino del fascismo y fue con este con el que la Iglesia se alineó. La guerra civil fue consecuencia del fracaso parcial del golpe. La Iglesia formaba parte del poder, era mantenida por el Estado y controlaba desde el siglo XIX sectores básicos de la enseñanza. Este orden fue el que vino a trastocar la República. Para nadie era un secreto la ideología política de la Iglesia ni el privilegiado estatus de que había gozado hasta entonces. La República, al poner fin a la monarquía,  acabó con la vieja alianza entre el Trono y el Altar y convirtió la religión en un asunto privado al que cada uno era libre de dar la importancia que quisiera. El panorama resultó alarmante para la Iglesia. Sólo que en vez de reflexionar sobre las razones por las que tanta gente vivía ajena por completo a ella y a sus preceptos, prefirió culpabilizar a la República. En 1931 eclosionó una moral laica que se había ido forjando desde finales del XIX. Pero esta situación, acorde con los tiempos, suponía una provocación para la Iglesia, que no podía ver cómo la sociedad seguía su marcha sin tenerla en cuenta para nada.

Pujol dice que los religiosos asesinados no son de un bando, pero al obispo hay que decirle que, quisieran o no quisieran, el hecho de pertenecer a la Iglesia los convertía en parte principal del único bando que existió: el de los sectores que propiciaron, alimentaron y se sumaron al golpe militar cuyo objetivo no era otro que acabar con la República. Fueron muchos en todo el país los religiosos detenidos tras el fracaso del golpe. Pero no por la “persecución religiosa”, sino dentro de las medidas que los comités tomaron para controlar la situación. Parroquias, sacristías y depósitos varios albergarán a propietarios, derechistas destacados, falangistas, curas, obreros serviles, etc. Y allí donde se abrió la vía al crimen morirán todos juntos. Sus asesinos los matan por ser enemigos de clase y por representar una institución reaccionaria. Pero le diré algo al Sr. Obispo: si todos los curas detenidos tras el golpe hubieran sido asesinados, el número de víctimas religiosas habría que duplicarlo al menos. ¿Y sabe por qué no llegó a ocurrir tal cosa? Porque el respeto por la vida estuvo más cerca de los comités que se constituyeron para la defensa de la República que de los que se sublevaron y contribuyeron a su destrucción, Iglesia inclusive. Enerva que con este pasado la Iglesia ejerza de defensora de la vida.

Entre las afirmaciones de Pujol una de las más provocadoras es la de que los asesinos de los 522 mártires no pidieron perdón, pero el papa polaco sí. El obispo debe saber que por cada muerte de estas cayó luego mucha gente y que el sistema judicial franquista no se caracterizaba precisamente por el respeto a las garantías procesales. ¿Sabe acaso lo que dijeron antes de morir los culpables que fueron ejecutados? ¿Ha pensado alguna vez el obispo cuántos inocentes cayeron por cada uno de sus mártires? ¿No se ha fijado nunca en el apartado de la Causa General dedicado a los culpables y su paradero? El perdón pedido por Wojtyla en nombre de toda la Iglesia, ¿se refería a las barbaridades cometidas por la Iglesia en el siglo XX o a lo largo de su historia, en Europa o en el mundo? Pues sí que le salen baratos los pecados a la Iglesia. Y para colmo salen los de aquí diciendo que ese perdón incluía el mal que pudo hacer la Iglesia en España. Asunto resuelto. A algunos nos hubiera gustado que el perdón lo hubiera solicitado la Conferencia Episcopal no sin antes haber especificado los pecados cometidos a partir de julio de 1936. Así, en relación con la Iglesia, además de sus “mártires del siglo XX”, podríamos hablar de sus “pecados del siglo XX”.

Sorprende la llamada que hizo el ya exportavoz Martínez Camino a favor de la apertura de fosas comunes. Pues desde su cargo de secretario de la CEE y como experto en los “mártires del siglo XX” podría haber sido de gran utilidad favoreciendo el acceso a la documentación eclesiástica relacionada con la represión franquista. Por ejemplo, las memorias e informes de carácter interno y los expedientes personales de capellanes, párrocos, obispos, etc. Al fin y al cabo son archivos cuyo mantenimiento pagamos todos y que deberían regirse por la Ley de Patrimonio Histórico. Y digo que deberían porque hasta la fecha ellos deciden qué y quién lo puede ver.

La Iglesia española tiene la creencia de que todas sus víctimas eran inocentes, de lo cual yo no dudo, si bien en lo referente a las provincias que he estudiado hay casos en los que podría aportar  inquietantes matices. Sin embargo, los enemigos de la memoria histórica, entre ellos algunos eclesiásticos, han planteado más de una vez dudas sobre la inocencia de las víctimas del franquismo. Dejando caer: ¿y quién dice que estos que estáis recuperando fueron víctimas inocentes? Ya dijo el cura falangista Martín Rubio que la justicia franquista siempre castigaba por delitos concretos. En definitiva estamos ante lo de siempre. La inocencia de unos se da por supuesto; la de los otros habría que probarla.

Finalmente asombra que Martínez Camino afirme que la Iglesia nunca olvida a las víctimas de los totalitarismos. Se ve que el jesuita debe ser de la escuela del sociólogo Juan José Linz, al que tanto debe el franquismo, y que lo que ha querido decir es que no olvidan a las víctimas del nazismo y del comunismo. Como el franquismo, según Linz, fue un régimen autoritario, pues no hace falta recordar a sus víctimas. Quizás por eso la Iglesia no lo ha hecho nunca. Olvidan la frase con la que el historiador Herbert Southworth cerraba su obra El mito de la cruzada de Franco: “Sí, caballeros, tenéis razón; era una cruzada. Pero la cruz era gamada”.

- INJERENCIAS PELIGROSAS.

La Agencia Tributaria, la pieza maestra del Estado para combatir el fraude fiscal, está atravesando un periodo de confusión, según los análisis optimistas, o de caos, de acuerdo con los más realistas, debido a la brusca sustitución de varios altos cargos del organismo público desde que se hizo pública la destitución de Dolores Linares. La jefa adjunta de la oficina técnica había rechazado un recurso de la multinacional Cemex, recurso que pretendía anular una sanción de hasta 450 millones por simular pérdidas ficticias para evitar el pago de impuestos. Desde que el nuevo director de la Agencia, Santiago Menéndez, ocupa el cargo ha sustituido a 9 de los 16 miembros del Comité de Dirección de la Agencia, en lo que ya tiene todas las características de una purga política y profesional.

El ministro de Hacienda no contribuye a explicar la situación cuando asegura que los destituidos pertenecían a los equipos del Gobierno anterior. El argumento, que identifica la salida intempestiva de equipos de inspección con cambios directivos rutinarios, es muy débil. La oleada de dimisiones comenzó cuando Dolores Linares fue sustituida por rechazar el recurso de Cemex; existen indicios suficientes de que altos cargos de la Agencia recomendaron que el recurso fuera admitido; las declaraciones públicas de los dimitidos o destituidos, como la del jefe de la Inspección, Luis Jones, insisten en que la dirección de la Agencia no ha seguido los criterios profesionales en ocasiones clave. Las alusiones al caso de Cemex y Nóos son evidentes.

Estamos ante algo más que un simple relevo de cargos directivos socialistas por otros afines al Gobierno actual. Los responsables de la Agencia, y Cristóbal Montoro en primer lugar, deberían examinar con calma las consecuencias que se derivan de las últimas decisiones de la dirección. Por una parte, dan pie a la sospecha de que altos cargos de la Agencia presionaron, con fines espurios, para anular la sanción de Cemex, en contra de la opinión profesional de los equipos encargados de la inspección de la empresa. Una torpeza que compromete la imagen pública de la Agencia.

Aunque pueda despejarse la sospecha de conducta impropia, quedaría en pie el daño mayor. El equilibrio de poderes dentro de la agencia, establecido para salvaguardar los criterios objetivos de la inspección, se ha roto con las injerencias de los responsables políticos en Cemex y Nóos. Hacienda y la dirección de la Agencia parecen decididos a imponer una estricta política de obediencia entre los inspectores, por encima de cualquier otra consideración.

La crisis de la Agencia ha ido tan lejos —los inspectores responsables de casos importantes consideran que se ha maltratado su profesionalidad— que ya no es posible recuperar la confianza de los ciudadanos solo con decisiones administrativas. Es necesario que el ministro y el director de la Agencia comparezcan en el Parlamento para explicar las causas de la crisis; y sería recomendable que los cargos salientes, bien por destitución, bien por dimisión, den a conocer su versión.

- RESULTADOS, CLASIFICACIÓN, PRÓXIMA JORNADA Y ESTADÍSTICAS.

- CARTA DE LAICIDAD EN FRANCIA.

La Carta de la Laicidad

1. Francia es una República indivisible, laica, democrática y social que respeta todas las creencias.

2. La República laica organiza la separación entre religión y Estado. No hay religión de Estado.

3. El laicismo garantiza la libertad de conciencia. Cada cual es libre de creer o de no creer.

4. El laicismo permite el ejercicio de la ciudadanía, conciliando la libertad de cada uno con la igualdad y la fraternidad.

5. La República garantiza el respeto a sus principios en las escuelas.

6. El laicismo en la escuela ofrece a los alumnos las condiciones para forjar su personalidad les protege de todo proselitismo y toda presión que les impida hacer su libre elección.

7. Todos los estudiantes tienen garantizado el acceso a una cultura común y compartida.

8. La Carta del Laicismo asegura también la libertad de expresión de los alumnos.

9. Se garantiza el rechazo de las violencias y discriminaciones y la igualdad entre niñas y niños.

10. El personal escolar está obligado a transmitir a los alumnos el sentido y los valores del laicismo.

11. Los profesores tienen el deber de ser estrictamente neutrales.

12. Los alumnos no pueden invocar una convicción religiosa para discutir una cuestión del programa.

13. Nadie puede rechazar las reglas de la escuela de la República invocando su pertenencia religiosa.

14. Está prohibido portar signos o prendas con las que los alumnos manifiesten ostensiblemente su pertenencia religiosa.

15. Por sus reflexiones y actividades, los alumnos contribuyen a dar vida a la laicidad en el seno de su centro escolar.

 

Fuente: El País

- PARADOJAS DEL PARO.

Aunque la economía española sigue destruyendo empleo, el dato de noviembre ofrece algunas paradojas. La lista de parados registrados adelgazó en 2.475 empleados, con lo que la cifra muestra una tendencia buena: es el primer descenso del paro en noviembre, un mes malo por razones estacionales, desde 1989. La paradoja es que, aunque este dato sea a todas luces positivo, se sigue destruyendo empleo.
De modo que las cifras inducen a una expectativa de mejora real. Pero conviene no confundirla con una tendencia inequívocamente optimista. Entre otras razones —y es una paradoja más a añadir— porque la generación virtual de empleo registrada se contrarresta por una fuerte destrucción de empleo a lo largo del año, que se hace invisible porque cae la población activa. Los que buscan trabajo se desaniman y desapuntan; muchos jóvenes retornan a las aulas y bastantes inmigrantes vuelven a casa. La potencia laboral española se ha reducido hasta 16 millones de trabajadores, al nivel de finales del siglo pasado.
Si la coyuntura laboral registra ecos de los primeros síntomas de crecimiento económico (aún débil), el Gobierno debería basarse en ellos para multiplicarlos. Y evitar la mezcla de espíritu contable (el angustioso rastreo de una décima positiva) y de tentación propagandística. Así no habrá declaraciones apresuradas sobre la destrucción de empleo, como las recientes del presidente Rajoy, que pueden humillar, aun sin pretenderlo, a tantos. Otra paradoja más procede de la composición del empleo nuevo. Crecen exponencialmente los contratos temporales y parciales en relación a los fijos, que solo suponen un 7,5% de los firmados. Es lo contrario de lo que defendían los autores de la reforma laboral al presentarla como fórmula contra un mercado de trabajo dual, dividido entre contratos fijos (cada vez menos) y temporales (cada vez más). España parece ir ineluctablemente hacia la disminución clara de los contratos indefinidos.

Lo que hace falta es más acción política para dar prioridad a la economía productiva y a una política industrial como propugna la UE; desplegar políticas activas de empleo, entre ellas el impulso a los servicios y agencias de colocación, tanto públicos como privados; y acelerar la aplicación del plan de empleo juvenil. O sea, más hechos, porque palabras ya hay suficientes.