Otra vez,
no.
El Gobierno andaluz acaba
de regalarle su discurso político al desangelado PP.
Según Montoro, ministro de Hacienda,
“los salarios no están bajando en España sino que moderan su crecimiento”. El
Congreso de los Diputados está cada día más entretenido. El ministerio de la
verdad es cada semana más surrealista: brotes verdes, salarios en crecimiento
moderado, selección de estadísticas elaboradas por chamanes enloquecidos,
reinado del oxímoron, paraíso del lenguaje encubridor, lugar donde el
topless está prohibido mientras se desnuda “preventivamente” a las
invitadas…
Aunque los salarios —claro que no—,
no bajan, por cuarto año consecutivo los Presupuestos Generales del Estado
decretan la congelación salarial de todos los empleados públicos. No importa que
el ministro prevea mayores ingresos y recuperación económica. A la función
pública, ni agua, debe ser la consigna. Si tienen todavía alguna duda sumen
estos descuentos: el IPC (según datos oficiales del INE) desde 2010 hasta el día
de hoy ha subido un 9,1%. Se espera que el año próximo lo haga un 1,5% lo que
significa que solo por efecto de la congelación salarial la función pública
perderá 10,6 puntos de poder adquisitivo. A esto hay que sumarle la supresión de
la paga extraordinaria efectuada por el Gobierno central que supuso una rebaja
de 7 puntos sobre las retribuciones totales. Y, todavía no satisfechos con esto,
sumen los 10 puntos que se derivan de la supresión de los complementos de la
paga extraordinaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Todo esto sin contar
(no quiero llevarles a la desesperación) el aumento del 5% del IRPF o los
gravámenes de todo tipo de impuestos. La pérdida total de poder adquisitivo de
los funcionarios oscila entre el 20% y el 30% de sus ingresos.
Con este panorama el ministro Montoro
nos explicó, con expresión de quien merece ser calurosamente felicitado, que el
próximo año se mantendrían las pagas extraordinarias.
Ese conflictivo recorte, se le olvidó
decir, lo dejaba al arbitrio de las Comunidades Autónomas.Lo peor del caso es
que la comunidad que inmediatamente tomó el guante fue Andalucía. El Gobierno
andaluz, tras rechazar los Presupuestos Generales del Estado y afirmar que
“estaban diseñados para asfixiar a las Comunidades Autónomas” y que le “restaban
a Andalucía 1.200 millones de euros”, ha decidido suprimir la mitad de las pagas
extras de los funcionarios andaluces. Es decir, que en vez de reclamar ante el
Gobierno central la financiación que le corresponde o buscar nuevas formas de
ingresos, vuelve a golpear a los trabajadores públicos.
Se trata de una medida socialmente
injusta, políticamente suicida y económicamente contraproducente. El Gobierno
andaluz argumenta que lo hace para conservar el empleo público pero, aún si así
fuera, no se puede combatir una injusticia con otra de idéntico calado, máxime
cuando se hace de forma reiterada. Prácticamente todas las comunidades tienen
idénticos complementos y forman parte del salario reglado de sus trabajadores.
No se trata de una paga potestativa ni arbitraria que se pueda suprimir sin
consecuencias.
En el plano político la medida es
suicida porque los mismos dirigentes políticos del PP que aprietan las cuentas
públicas de Andalucía serán los primeros en ponerse a la cabeza de la protesta
por el recorte de las pagas públicas. El Gobierno regional acaba de regalarle su
discurso político al desangelado PP andaluz que andaba a la deriva. El Ejecutivo
de Andalucía perderá toda credibilidad en la oposición a las políticas de
recorte de los servicios públicos, porque no puede haber calidad alguna cuando
el colectivo que los sustenta es vapuleado continuamente. Para la ciudadanía, se
fomenta la idea de que todos son iguales, sin paliativos.
Finalmente, la medida es equivocada
en términos económicos. Los 322 millones que se detraen a los funcionarios no
solo se restan de sus bolsillos, sino de la calle, de las tiendas, de los
servicios, de la actividad económica y del empleo. Empobrecer a un cuarto de
millón de ciudadanos andaluces nos hace más pobres a todos.
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