domingo, 30 de marzo de 2014

- EL GOBIERNO DEL PP Y LAS MANIFESTACIONES.

Carne de cañón.

¿Y si resulta que el Gobierno en el 22M utilizó a los antidisturbios como carne de cañón para disparar de muerte a las protestas sociales? 

¿Y si lo que ocurrió en los altercados del 22M es que se abandonó conscientemente a esos quince UIP entre un grupo violento sin prestarles apoyo para conseguir la imagen de policías brutalmente agredidos y el titular de antidisturbios heridos, algunos de gravedad? ¿Y si los responsables políticos utilizaron a los policías como carne de cañón, poniendo en riesgo sus vidas, para criminalizar una protesta que fue mayoritariamente pacífica? Es solo una hipótesis pero tanto las circunstancias como las fuentes que he consultado hacen que sea una posibilidad perfectamente plausible la teoría del montaje que sostienen los organizadores de las Marchas. Analicemos los acontecimientos.

Los hechos. Como sabemos, un retén de solo quince antidisturbios se queda aislado a merced de un grupo mucho más numeroso de manifestantes con el que se inicia una tremenda batalla campal. Los policías piden auxilio pero se produce "un silencio en la emisora durante unos minutos. Pasan demasiados minutos sin apoyo", como ha explicado Miguel Ángel Fernández del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y como corroboran el resto de sindicatos policiales.

¿Por qué calla la emisora durante minutos en una situación de altísimo riesgo que requiere una respuesta inmediata? ¿Por qué se quedan aislada una quincena de antidisturbios en un dispositivo de 1.700? Los mandos aseguran que fue un "error humano", que se tardó en reaccionar y que se envió a los refuerzos a la zona equivocada. Además de que sea muy poco creíble que se equivoquen de posición en un área tan abierta y cercana al núcleo del dispositivo, eso no explica los minutos de silencio en la radio ni por qué avanzan 15 policías solos sin la cobertura habitual de los furgones y de otros compañeros.

Fuentes policiales y observadores independientes que han grabado decenas de manifestaciones, aseguran que los antidisturbios tienen perfectamente localizados los focos de violencia y saben cómo moverse en grupos muy numerosos para acordonarlos. Sin embargo, esta vez ocurrió al revés: fueron rodeados por ellos. Además habían recibido una orden estricta y anormal: no utilizar pelotas de goma, lo que les hace infinitamente más vulnerables. Después la tensión se elevó tanto que las utilizaron sin respetar el rebote reglamentario en el suelo. Se creó el escenario para que ocurrieran desgracias en uno y otro lado, como así ha sido.

La clave está en quién daba las órdenes allí. No fue el jefe de la UIP que no estaba en la calle como es habitual. Su lugar lo ocupaba extraordinariamente el Comisario General de Seguridad Ciudadana, un cargo de confianza del ministro del Interior, nombrado por Jorge Fernández Díaz. Lo normal es que el comisario hubiera estado en su gabinete coordinando el dispositivo, ¿por qué entonces sustituyó en su puesto al jefe de la UIP que desapareció del mapa? ¿A qué se debe este cambio tan inusual? ¿Y a qué se debe que no respondiese a la llamada de auxilio de sus hombres y dejase la emisora en silencio "durante minutos"? Hay silencios que dicen más que mil palabras. Ese silencio podría haberle costado la vida a alguien. Ese silencio solo servía a quienes quieren acallar los gritos en la calle.

Las consecuencias. El resultado es el que venía persiguiendo el PP antes de la manifestación, criminalizarla como había hecho el presidente de la Comunidad de Madrid al compararla con los nazis de Amanecer Dorado. El resultado es que no se ha hablado del éxito de la convocatoria ni de las legítimas demandas ciudadanas solo de los altercados que se han comparado incluso con los de Ucrania. Cifuentes ha llegado a decir que se intentó "matar policías" y que "no había visto nunca una manifestación tan violenta". El jefe de la policía, Ignacio Cosidó habla de "escalada de violencia". Y la siempre imprudente Ana Botella pide que se limite el derecho de manifestación a una zona de la ciudad. Qué casualidad que el único que ha secundado semejante insensatez ha sido el ministro del Interior. Ha tenido que venir la vicepresidenta a desautorizarlo. Por ahora. Veremos qué dice si sigue escalando la tensión. 

Qué casualidad también que esto ocurre cuando el Gobierno trata de sacar adelante la Ley de Seguridad Ciudadana, puesta en tela de juicio esta misma semana, una vez más, por el poder judicial que advierte al ministro de que contiene muchos elementos inconstitucionales. Luego dice Ignacio González que las Marchas vienen a "subvertir el orden constitucional". Para qué, si ya lo subvierte su partido. Para superar las trabas judiciales qué mejor que generar en la opinión pública la necesidad imperiosa de una ley que ponga freno a la "escalada de violencia" que quiere "matar policías".

La escalada la está propiciando el Gobierno con declaraciones incendiarias que criminalizan la protesta sin distinguir entre la mayoría pacífica y la residual minoría violenta, a la que el 22M hace parecer mucho mayor de lo que es. También propician la violencia al agotar todas las vías pacíficas sin ofrecer más respuesta que el silencio y el desprecio a las reivindicaciones sociales. Y lo peor es que están consiguiendo lo que querían: cada vez hay más agresividad en algunos manifestantes y entre los policías, como prueban los 69 antidisturbios heridos, el joven que ha perdido un testículo de un pelotazo y el que ha perdido la visión también por una pelota.

En foros policiales se puede leer estos días frases aterradoras que deberían ser motivo de expediente disciplinario como "los gomazos del cuello para arriba", "usar la pistola llegará, solo es cuestión de tiempo" o "tendrá que morir alguien para que se tomen cartas en el asunto". De hecho ya hubo dos policías que desenfundaron sus pistolas. Parece que eso es lo que van buscando los responsables políticos y unos y otros están cayendo en la provocación, lo que solo beneficia al Gobierno. Un muerto sobre la mesa, sea policía o civil, generaría tal alarma social que las manifestaciones quedarían desactivadas o fatalmente estigmatizadas.

Todo esto me lleva a pensar que se ha utilizado a los policías como carne de cañón para disparar de muerte a la protesta. Con un Gobierno instalado en la mentira y tantas circunstancias sospechosas ocurridas en el 22M, me resulta difícil creer que se deban solo a "errores humanos" como sostienen fuentes oficiales. Demasiados errores juntos parecen un acierto premeditado. Los antidisturbios deberían empezar a cuestionar a quienes les utilizan como carnaza por un sueldo de saldo. Muchos ciudadanos hace años que sabemos que nos usan como carne de cañón. 

Javier Gallego

domingo, 23 de marzo de 2014

domingo, 16 de marzo de 2014

- ¡DURO CON ELLOS!

¡Duro con ellos!

La juez Alaya tiene un club de fans numeroso que jalea todas sus actuaciones, al que le caracteriza el odio a la política. Tiene la juez Alaya un club de fans numeroso que jalea todas sus actuaciones. Si leen sus comentarios y sus parabienes lo que les caracteriza es un profundo odio a la política y, de paso, una nefasta idea de la autonomía. Por ejemplo se expresan así sobre el Parlamento de Andalucía: ¡Duro con ellos! ¡Muy bien entrar en la guarida! ¡Todos a la cárcel! ¡Tanta autonomía y tanta tontería! ¡A por el Parlamento!

Cuando se empezaron a conocer los primeros datos sobre las correrías de Guerrero, sus juergas, borracheras y toneladas de cocaína, convirtieron estas características en una especie de marca para toda la Administración andaluza. Teníamos los chorizos más vulgares de todo el Estado, nada que ver con el seny de los delincuentes públicos catalanes o con el glamour de los protagonistas de la Gürtel. Pero, cuando el público realmente se rindió a los pies de la juez Alaya, y la cubrió de alabanzas entusiásticas, fue cuando elevó el tiro y, según sus propias palabras decidió “dar un paso cualitativo” de la instrucción y apuntar al más alto nivel de la política andaluza.

El delito, dejó en ese momento de ser individual, contable y objetivable, para convertirse en una simple cuestión de organigrama. El verdadero punto culminante de la juez Alaya no es la imposición de una fianza millonaria a Magdalena Álvarez, sino la imputación de 24 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por el simple hecho de haber ejercido como directores generales, secretarios técnicos o puestos de responsabilidad en el Gobierno, sin que se detallen las actuaciones delictivas concretas y personalizas. El foco se desplazó de los Guerrero, Lanzas y Cía, a los más elevados puestos de la política. La tesis principal de la juez Alaya es que existió una conspiración de alto nivel para facilitar el robo de caudales públicos. Se supone que existió en Andalucía toda una banda organizada de altos cargos que se coordinaban para facilitar los delitos. ¿Qué ganaban con ello? ¿A quién encubrían? ¿Qué pruebas existen? No se conoce la respuesta a ninguna de estas preguntas.

Todavía no se ha diagnosticado como patología, pero la misopolítica es una nueva enfermedad que recorre España. No se ha determinado el agente causante de la misma ni la forma de sanarla, pero presenta síntomas muy comunes: un tremendo malestar en la boca del estómago, una irritación profunda que no atiende a argumentos, un ansia desmesurada de descargar las tensiones en los representantes públicos, sin distinciones.

Los políticos son culpables per se. Da igual si se han enriquecido o no con la comisión de los delitos; si su falta fue no vigilar de forma suficientemente eficaz o cobrar por el crimen.

La instrucción de la juez Alaya es una mina para los estudios semánticos de desplazamiento de los contenidos. Así, el procedimiento de las subvenciones, considerado “inadecuado” por la Cámara de Cuentas, se convierte en “irregular” y, a renglón seguido, en “ilegal”.

Debemos a la juez Alaya el uso del término “preimputado” que no existe pero que es una indeleble letra escarlata. Pero, quizá la elaboración más novedosa sea la de considerar que el Parlamento de Andalucía aprueba leyes “ilegales”. Que se sepa, las leyes —en una democracia, claro— no son ilegales más que si así lo declara un tribunal competente o el Tribunal de Justicia Europeo.

Presuponer que las leyes aprobadas por el Parlamento de Andalucía son ilegales y que su finalidad era ayudar a una red de delincuentes a robar dinero público, convierte a todos los representantes públicos en cómplices del delito o en descerebrados personajes que no se enteraban del contenido de las leyes.

En esta trama sin fin, la juez ya ha solicitado la transcripción de los debates del Parlamento de Andalucía para determinar en qué medida conocía o participó en esta macroconspiración.

La juez Alaya, en un acto inaudito, desvela que “con probabilidad cierta” sus imputados serán condenados. El populismo penal triunfa plenamente: todos culpables, todos chorizos, todos ladrones. Pero no es verdad. Hay quien robó dinero público y quien no lo hizo. Hay responsabilidades penales y responsabilidades políticas y no se puede meter todo en la misma coctelera porque afecta a nuestra democracia, a nuestra autonomía y, a la larga, al prestigio de la justicia.

@conchacaballer

martes, 11 de marzo de 2014

- LA IGLESIA CATÓLICA Y EL11 M.

Rouco en el funeral del 11-M: “Mataron inocentes por oscuros objetivos de poder”.

En su homilía, el cardenal-arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha llamado a hacer examen de conciencia: "¿Cómo nos hemos comportado con ellos en estos durísimos años?", ha preguntado, refiriéndose a las víctimas, y ha atribuido la matanza "a personas con oscuros objetivos de poder".

"De un sencillo análisis de lo ocurrido se desprende una primera respuesta: murieron, sufrieron y sufrimos porque hubo personas que, con una premeditación escalofriante, estaban dispuestas a matar inocentes a fin de conseguir oscuros objetivos de poder, porque hay individuos y grupos sin escrúpulo alguno, que desprecian el valor de la vida humana y su carácter inviolable, subordinándolo a la obtención de sus intereses económicos, sociales y políticos", ha dicho Rouco Varela.

Durante la homilía, también se ha referido al perdón, al que "hay que estar abierto siempre, aunque solo se pueda hacer efectivo cuando se muestra arrepentimiento sincero por los crímenes cometidos y se reparan los daños causados".

Este tiparraco, representante de la iglesia católica española, es un “hijodelagranputa” por muy temprano que se levante