Si un adolescente español cometiera 50 errores ortográficos en un trabajo de redacción de 18 folios, sería recriminado, cuando no suspendido, se hablaría de su falta de atención, de su poco gusto por el estudio o, incluso, de los fallos generados por los sucesivos cambios de planes de estudios en función del color de cada administración. Sin embargo si quien comete esos errores es un juez, aupado por el Partido Popular como vocal del Consejo General del Poder Judicial, más tarde nombrado magistrado del Tribunal Constitucional, hasta su dimisión por ser detenido conduciendo su moto borracho, sin casco, y ahora magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, todo parece deberse a un error informático que impidió que el corrector ortográfico actuara… ¡sencillamente, patético! Según el razonamiento del juez Enrique López, bastaría con no formar a nuestros estudiantes en ortografía y dotarles de un ordenador con corrector automático para que no cometieran esos errores, aunque mucho me temo que ello no ayudaría a mejorar los resultados del informe PISA para España.
Sin duda, el concepto del mérito y del esfuerzo de Enrique López es bastante peculiar, él siempre supo lo que hacer para promocionarse adecuadamente, desde frecuentar la FAES, hasta hacerse un asiduo de cualquier acto promocionado por el PP, para llegar a que esta formación política hiciera de su inclusión en el Tribunal Constitucional un asunto irrenunciable, que mantuvo bloqueada la renovación de dicho ente durante varios años, para que poco tiempo después de su nombramiento, su protagonismo en unos hechos totalmente reprochables para un ciudadano normal, no digamos ya para un miembro de la magistratura, vocal del CGPJ y miembro del TC, le hiciera renunciar a ser parte del máximo órgano judicial de nuestro sistema, demostrando una conducta poco ejemplarizante.
Pero los perfiles del juez Enrique López no se quedan sólo en sus errores gramaticales, su discutible mérito para haber sido nombrado hasta las responsabilidades que ostenta o sus conductas cívicas reprobables, ya que el escrito en el que incluyó esos 50 errores gramaticales, estaba destinado a defenderse de las recusaciones realizadas contra él por cuatro acusaciones populares, además de ser cuestionado por la Fiscalía Anticorrupción, que ponen en duda su idoneidad para para formar parte del Tribunal que juzgará la causa Gürtel, debido a su evidente cercanía tanto con el PP, como con FAES, lo que incapacitaría su independencia para actuar como juez justo en dicho proceso; utilizando su ironía, y cierto cinismo, para justificar que el hecho de que su cuñado, Miguel Hernán Manovel García fuera mano derecha del empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel o haber cobrado él mismo 11.102,26 euros netos por servicios prestados a FAES, al margen de su total alineamiento político con el Partido Popular.
¿Alguien puede creer que el hecho de que los acusados en el procedimiento Gürtel y sus partícipes a título lucrativo (Partido Popular y Ana Mato) resulten condenados o absueltos, sea indiferente a este juez?Utilizaremos su propia expresión, aun con error ortográfico, de “vallamos pues por partes”, y diremos que no, que es imposible; recordando que la Constitución, nuestra Carta Magna, en su artículo 24.2, establece el derecho a un juez imparcial como garantía fundamental. Dicho queda, en espera de que se cumpla, en el caso Gürtel y en todos.
Mario Martín
