domingo, 8 de diciembre de 2013

- LA IGLESIA Y LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL.

La Iglesia solo admite que fue víctima y niega que también fue verdugo.

Francisco Espinosa Maestre. Historiador.

Decía hace poco el obispo de Tarragona, Jaume Pujol, que cuando “ve la memoria histórica” se da cuenta de que le faltan “sus sacerdotes y el obispo”. Según él, se dijo que en esa lista iban a estar “los dos bandos”. Pero rápidamente añade que los suyos “no son de un bando, son otra cosa…”, ya que hay que distinguir entre la persecución religiosa y la guerra civil. Mantiene Pujol que la persecución religiosa venía ya de antes, de los años treinta, aunque tenga que afinar más y dejarlo en “los años 34”, donde dice que ya hubo más de cien muertos. De ahí que se permitan hablar de “los mártires del siglo XX”. Al contrario que otros, la Iglesia, por supuesto, no abre heridas sino que las cura. Pero hay más. Según el obispo, los asesinos de los 522 mártires no han pedido aún perdón, al contrario que la Iglesia: “El papa Juan Pablo II ya pidió perdón en el 2.000 por toda la Iglesia”, lo cual parece que incluye, aunque no nos enteráramos, a la Iglesia española.

Por su parte, el jesuita y jesuítico exportavoz Martínez Camino se mostró partidario de abrir las fosas comunes. Sería “una obligación de piedad y humanidad”, declaró. Y añadió: “Y lo decimos con toda el alma: no se debe olvidar a ninguna víctima inocente”. Martínez Camino también ha dejado perlas como estas: “[El acto de Tarragona es] ejemplo de perdón al enemigo”, “Los cristianos no queremos tener enemigos” o “La Iglesia no olvida ninguna de las víctimas de los totalitarismos”.

Uno lee con cierto asombro estas declaraciones. No solo debemos soportar que la Conferencia Episcopal organice actos como el de Tarragona sino las justificaciones que dan sus responsables, amplificadas por sus múltiples medios. El obispo debe saber que los religiosos asesinados, tanto durante la revolución de Asturias como a partir del golpe militar del 18 de julio de 1936, no tienen por qué estar en lista alguna de la memoria histórica, porque esto sería repetir sus nombres. Además rebosa cinismo al echar de menos en dichas listas a “sus” sacerdotes y al obispo. A todas las víctimas de la Iglesia se las lleva conmemorando como mínimo desde 1939. Todas las diócesis y órdenes publicaron sus martirologios y la Iglesia se encargó a lo largo de la dictadura de que sus nombres no se olvidaran. Lo que llama la atención es que el señor obispo no eche de menos al diezmado rebaño. Precisamente a sus ovejas degolladas, olvidadas durante décadas, va dedicada la memoria histórica. ¿De dónde saca que “en la lista” iban a estar “los dos bandos”? Los suyos, Sr. Obispo, ya estaban en las listas de la memoria histórica del franquismo, mucho más antigua que la que surgió la década pasada. Esa es su memoria y allí sí que solo estaban los suyos.

Los que de verdad no hemos olvidado a nadie somos los historiadores. No los eclesiásticos como Montero, García Cárcel o Martín Rubio, que como Pujol solo tienen ojos para los suyos, sino los que hemos sacado a la luz la matanza fundacional del fascismo español, bendecida por la Iglesia. En nuestras obras constan también las víctimas de derechas y, por tanto, las de la Iglesia. Sabemos por otro obispo, el citado Antonio Montero, que el número de víctimas que la Iglesia considera suyas anda en torno a las seis mil ochocientas en todo el país. Un número altísimo sin duda que representa el 14 % del total de víctimas de derechas. Pero, en todo caso, un número similar al número de víctimas causado por el fascismo en una provincia como Huelva, inferior al de Córdoba o la mitad o menos del que hubo en Sevilla o Badajoz. El terror rojo acabó con más de doscientas religiosas, muchas de ellas beatificadas. Pero sólo entre las cuatro provincias mencionadas el fascismo católico acabó con más de dos mil mujeres, incluidas embarazadas. ¿Las recordarán alguna vez, Sr. Obispo?

El montaje de la Iglesia española con sus “mártires del siglo XX”, que viene de lejos, exige separarlos de la “guerra civil” y convertirlo en un fenómeno especial ajeno a esta. La Iglesia prefiere hablar de “persecución religiosa” y asociarla a la República, más por el intento de modernización que se llevó a cabo en relación con la Iglesia y en el campo de la enseñanza que por la persecución religiosa en sí. Pujol habla de más de cien muertos antes del golpe militar pero, si nos atenemos a la investigación histórica, no hay manera de pasar de los 34 causados por la revolución asturiana. Y en este caso, la mayor parte de los historiadores, incluso los más  moderados, coinciden en que fueron hechos puntuales que no respondían a ningún plan establecido ni a persecución alguna. De hecho, la inmensa mayoría del personal religioso fue respetada.

Lo que busca la Iglesia al llevar el origen de la “persecución” al 34 es lo mismo que los “Moas” al trasladar el “origen de la guerra civil” a octubre de ese mismo año: despegarse del golpe militar y de sus complicidades. La Iglesia sabe que desde el momento en que se produjo la sublevación tuvo lugar un doble proceso: en la zona en que fracasó provocó un movimiento revolucionario que en unos meses se llevó por delante la vida de miles de personas, y en la zona en que se impuso y en los territorios que las columnas van ocupando un calculado plan de exterminio que deja pequeño al otro. En este plan la Iglesia participa de diferentes formas y eso es lo que nunca ha reconocido. La Iglesia solo admite que fue víctima y sigue ocultando y negando que también fue verdugo.

La agresión vino del fascismo y fue con este con el que la Iglesia se alineó. La guerra civil fue consecuencia del fracaso parcial del golpe. La Iglesia formaba parte del poder, era mantenida por el Estado y controlaba desde el siglo XIX sectores básicos de la enseñanza. Este orden fue el que vino a trastocar la República. Para nadie era un secreto la ideología política de la Iglesia ni el privilegiado estatus de que había gozado hasta entonces. La República, al poner fin a la monarquía,  acabó con la vieja alianza entre el Trono y el Altar y convirtió la religión en un asunto privado al que cada uno era libre de dar la importancia que quisiera. El panorama resultó alarmante para la Iglesia. Sólo que en vez de reflexionar sobre las razones por las que tanta gente vivía ajena por completo a ella y a sus preceptos, prefirió culpabilizar a la República. En 1931 eclosionó una moral laica que se había ido forjando desde finales del XIX. Pero esta situación, acorde con los tiempos, suponía una provocación para la Iglesia, que no podía ver cómo la sociedad seguía su marcha sin tenerla en cuenta para nada.

Pujol dice que los religiosos asesinados no son de un bando, pero al obispo hay que decirle que, quisieran o no quisieran, el hecho de pertenecer a la Iglesia los convertía en parte principal del único bando que existió: el de los sectores que propiciaron, alimentaron y se sumaron al golpe militar cuyo objetivo no era otro que acabar con la República. Fueron muchos en todo el país los religiosos detenidos tras el fracaso del golpe. Pero no por la “persecución religiosa”, sino dentro de las medidas que los comités tomaron para controlar la situación. Parroquias, sacristías y depósitos varios albergarán a propietarios, derechistas destacados, falangistas, curas, obreros serviles, etc. Y allí donde se abrió la vía al crimen morirán todos juntos. Sus asesinos los matan por ser enemigos de clase y por representar una institución reaccionaria. Pero le diré algo al Sr. Obispo: si todos los curas detenidos tras el golpe hubieran sido asesinados, el número de víctimas religiosas habría que duplicarlo al menos. ¿Y sabe por qué no llegó a ocurrir tal cosa? Porque el respeto por la vida estuvo más cerca de los comités que se constituyeron para la defensa de la República que de los que se sublevaron y contribuyeron a su destrucción, Iglesia inclusive. Enerva que con este pasado la Iglesia ejerza de defensora de la vida.

Entre las afirmaciones de Pujol una de las más provocadoras es la de que los asesinos de los 522 mártires no pidieron perdón, pero el papa polaco sí. El obispo debe saber que por cada muerte de estas cayó luego mucha gente y que el sistema judicial franquista no se caracterizaba precisamente por el respeto a las garantías procesales. ¿Sabe acaso lo que dijeron antes de morir los culpables que fueron ejecutados? ¿Ha pensado alguna vez el obispo cuántos inocentes cayeron por cada uno de sus mártires? ¿No se ha fijado nunca en el apartado de la Causa General dedicado a los culpables y su paradero? El perdón pedido por Wojtyla en nombre de toda la Iglesia, ¿se refería a las barbaridades cometidas por la Iglesia en el siglo XX o a lo largo de su historia, en Europa o en el mundo? Pues sí que le salen baratos los pecados a la Iglesia. Y para colmo salen los de aquí diciendo que ese perdón incluía el mal que pudo hacer la Iglesia en España. Asunto resuelto. A algunos nos hubiera gustado que el perdón lo hubiera solicitado la Conferencia Episcopal no sin antes haber especificado los pecados cometidos a partir de julio de 1936. Así, en relación con la Iglesia, además de sus “mártires del siglo XX”, podríamos hablar de sus “pecados del siglo XX”.

Sorprende la llamada que hizo el ya exportavoz Martínez Camino a favor de la apertura de fosas comunes. Pues desde su cargo de secretario de la CEE y como experto en los “mártires del siglo XX” podría haber sido de gran utilidad favoreciendo el acceso a la documentación eclesiástica relacionada con la represión franquista. Por ejemplo, las memorias e informes de carácter interno y los expedientes personales de capellanes, párrocos, obispos, etc. Al fin y al cabo son archivos cuyo mantenimiento pagamos todos y que deberían regirse por la Ley de Patrimonio Histórico. Y digo que deberían porque hasta la fecha ellos deciden qué y quién lo puede ver.

La Iglesia española tiene la creencia de que todas sus víctimas eran inocentes, de lo cual yo no dudo, si bien en lo referente a las provincias que he estudiado hay casos en los que podría aportar  inquietantes matices. Sin embargo, los enemigos de la memoria histórica, entre ellos algunos eclesiásticos, han planteado más de una vez dudas sobre la inocencia de las víctimas del franquismo. Dejando caer: ¿y quién dice que estos que estáis recuperando fueron víctimas inocentes? Ya dijo el cura falangista Martín Rubio que la justicia franquista siempre castigaba por delitos concretos. En definitiva estamos ante lo de siempre. La inocencia de unos se da por supuesto; la de los otros habría que probarla.

Finalmente asombra que Martínez Camino afirme que la Iglesia nunca olvida a las víctimas de los totalitarismos. Se ve que el jesuita debe ser de la escuela del sociólogo Juan José Linz, al que tanto debe el franquismo, y que lo que ha querido decir es que no olvidan a las víctimas del nazismo y del comunismo. Como el franquismo, según Linz, fue un régimen autoritario, pues no hace falta recordar a sus víctimas. Quizás por eso la Iglesia no lo ha hecho nunca. Olvidan la frase con la que el historiador Herbert Southworth cerraba su obra El mito de la cruzada de Franco: “Sí, caballeros, tenéis razón; era una cruzada. Pero la cruz era gamada”.

sábado, 7 de diciembre de 2013

- INJERENCIAS PELIGROSAS.

La Agencia Tributaria, la pieza maestra del Estado para combatir el fraude fiscal, está atravesando un periodo de confusión, según los análisis optimistas, o de caos, de acuerdo con los más realistas, debido a la brusca sustitución de varios altos cargos del organismo público desde que se hizo pública la destitución de Dolores Linares. La jefa adjunta de la oficina técnica había rechazado un recurso de la multinacional Cemex, recurso que pretendía anular una sanción de hasta 450 millones por simular pérdidas ficticias para evitar el pago de impuestos. Desde que el nuevo director de la Agencia, Santiago Menéndez, ocupa el cargo ha sustituido a 9 de los 16 miembros del Comité de Dirección de la Agencia, en lo que ya tiene todas las características de una purga política y profesional.

El ministro de Hacienda no contribuye a explicar la situación cuando asegura que los destituidos pertenecían a los equipos del Gobierno anterior. El argumento, que identifica la salida intempestiva de equipos de inspección con cambios directivos rutinarios, es muy débil. La oleada de dimisiones comenzó cuando Dolores Linares fue sustituida por rechazar el recurso de Cemex; existen indicios suficientes de que altos cargos de la Agencia recomendaron que el recurso fuera admitido; las declaraciones públicas de los dimitidos o destituidos, como la del jefe de la Inspección, Luis Jones, insisten en que la dirección de la Agencia no ha seguido los criterios profesionales en ocasiones clave. Las alusiones al caso de Cemex y Nóos son evidentes.

Estamos ante algo más que un simple relevo de cargos directivos socialistas por otros afines al Gobierno actual. Los responsables de la Agencia, y Cristóbal Montoro en primer lugar, deberían examinar con calma las consecuencias que se derivan de las últimas decisiones de la dirección. Por una parte, dan pie a la sospecha de que altos cargos de la Agencia presionaron, con fines espurios, para anular la sanción de Cemex, en contra de la opinión profesional de los equipos encargados de la inspección de la empresa. Una torpeza que compromete la imagen pública de la Agencia.

Aunque pueda despejarse la sospecha de conducta impropia, quedaría en pie el daño mayor. El equilibrio de poderes dentro de la agencia, establecido para salvaguardar los criterios objetivos de la inspección, se ha roto con las injerencias de los responsables políticos en Cemex y Nóos. Hacienda y la dirección de la Agencia parecen decididos a imponer una estricta política de obediencia entre los inspectores, por encima de cualquier otra consideración.

La crisis de la Agencia ha ido tan lejos —los inspectores responsables de casos importantes consideran que se ha maltratado su profesionalidad— que ya no es posible recuperar la confianza de los ciudadanos solo con decisiones administrativas. Es necesario que el ministro y el director de la Agencia comparezcan en el Parlamento para explicar las causas de la crisis; y sería recomendable que los cargos salientes, bien por destitución, bien por dimisión, den a conocer su versión.

jueves, 5 de diciembre de 2013

- CARTA DE LAICIDAD EN FRANCIA.

La Carta de la Laicidad


1. Francia es una República indivisible, laica, democrática y social que respeta todas las creencias.


2. La República laica organiza la separación entre religión y Estado. No hay religión de Estado.


3. El laicismo garantiza la libertad de conciencia. Cada cual es libre de creer o de no creer.


4. El laicismo permite el ejercicio de la ciudadanía, conciliando la libertad de cada uno con la igualdad y la fraternidad.


5. La República garantiza el respeto a sus principios en las escuelas.


6. El laicismo en la escuela ofrece a los alumnos las condiciones para forjar su personalidad les protege de todo proselitismo y toda presión que les impida hacer su libre elección.


7. Todos los estudiantes tienen garantizado el acceso a una cultura común y compartida.


8. La Carta del Laicismo asegura también la libertad de expresión de los alumnos.


9. Se garantiza el rechazo de las violencias y discriminaciones y la igualdad entre niñas y niños.


10. El personal escolar está obligado a transmitir a los alumnos el sentido y los valores del laicismo.


11. Los profesores tienen el deber de ser estrictamente neutrales.


12. Los alumnos no pueden invocar una convicción religiosa para discutir una cuestión del programa.


13. Nadie puede rechazar las reglas de la escuela de la República invocando su pertenencia religiosa.


14. Está prohibido portar signos o prendas con las que los alumnos manifiesten ostensiblemente su pertenencia religiosa.


15. Por sus reflexiones y actividades, los alumnos contribuyen a dar vida a la laicidad en el seno de su centro escolar.

 

Fuente: El País

miércoles, 4 de diciembre de 2013

- PARADOJAS DEL PARO.

Aunque la economía española sigue destruyendo empleo, el dato de noviembre ofrece algunas paradojas. La lista de parados registrados adelgazó en 2.475 empleados, con lo que la cifra muestra una tendencia buena: es el primer descenso del paro en noviembre, un mes malo por razones estacionales, desde 1989. La paradoja es que, aunque este dato sea a todas luces positivo, se sigue destruyendo empleo.
De modo que las cifras inducen a una expectativa de mejora real. Pero conviene no confundirla con una tendencia inequívocamente optimista. Entre otras razones —y es una paradoja más a añadir— porque la generación virtual de empleo registrada se contrarresta por una fuerte destrucción de empleo a lo largo del año, que se hace invisible porque cae la población activa. Los que buscan trabajo se desaniman y desapuntan; muchos jóvenes retornan a las aulas y bastantes inmigrantes vuelven a casa. La potencia laboral española se ha reducido hasta 16 millones de trabajadores, al nivel de finales del siglo pasado.
Si la coyuntura laboral registra ecos de los primeros síntomas de crecimiento económico (aún débil), el Gobierno debería basarse en ellos para multiplicarlos. Y evitar la mezcla de espíritu contable (el angustioso rastreo de una décima positiva) y de tentación propagandística. Así no habrá declaraciones apresuradas sobre la destrucción de empleo, como las recientes del presidente Rajoy, que pueden humillar, aun sin pretenderlo, a tantos. Otra paradoja más procede de la composición del empleo nuevo. Crecen exponencialmente los contratos temporales y parciales en relación a los fijos, que solo suponen un 7,5% de los firmados. Es lo contrario de lo que defendían los autores de la reforma laboral al presentarla como fórmula contra un mercado de trabajo dual, dividido entre contratos fijos (cada vez menos) y temporales (cada vez más). España parece ir ineluctablemente hacia la disminución clara de los contratos indefinidos.

Lo que hace falta es más acción política para dar prioridad a la economía productiva y a una política industrial como propugna la UE; desplegar políticas activas de empleo, entre ellas el impulso a los servicios y agencias de colocación, tanto públicos como privados; y acelerar la aplicación del plan de empleo juvenil. O sea, más hechos, porque palabras ya hay suficientes.