martes, 28 de enero de 2025
domingo, 26 de enero de 2025
sábado, 25 de enero de 2025
- PP, VOX Y JUNTS: NO HAY EXCUSAS.
PP, Vox, Junts: no hay
excusas.
- El gobierno de coalición haría bien en meditar
mucho su siguiente movimiento. Si no hacen nada con celeridad se corre el
riesgo de aumentar el malestar social que siempre castiga más al que
gobierna, y que el PP y Junts les responsabilicen de la bajada de la
pensión en la nómina de febrero o de la desaparición de las tarifas
bonificadas en el transporte
Alberto Núñez Feijóo y Cuca Gamarra, en el
Congreso de los Diputados. A. Pérez Meca/Europa Press
24 de enero de 2025 22:18 h
Actualizado el 24/01/2025 22:18 h
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Esta semana las derechas patrias -cada uno la suya- han cruzado una
frontera muy peligrosa. PP, Vox y Junts le han hecho la pinza al gobierno de
coalición con el objetivo de erosionarlo, en el caso del PP y Vox, y para
chantajearlo en el caso de Junts.
La gravedad de su actuación es que el zarandeo al
gobierno lo han ejecutado castigando a la ciudadanía. No solo a los
pensionistas, también a las personas más vulnerables que eran los principales
beneficiarios del Real Decreto Ley 9/2024.
A las pocas horas de votar en contra, PP y Junts
han comenzado la batalla por el relato para eludir sus responsabilidades,
derivarlas hacia el gobierno de coalición o para diluirlas en la tramposa
equidistancia del “todos son responsables”.
PP y Junts justifican su voto en contra por la
naturaleza “ómnibus” del Decreto Ley. Argumentan que contenía normas muy
diversas que no podían votarse al mismo tiempo. Aunque en el debate no
concretaron los contenidos con los que discrepan.
De momento esta excusa, a modo de coartada, se
está abriendo paso y gran parte de la opinión publicada, incluida la
progresista, la ha hecho suya. Hacen bien las personas progresistas en ser
exquisitamente escrupulosas en la defensa de la calidad institucional. Si se
quiere evitar la degradación democrática y la desafección que la acompaña, no
se puede apoyar todo lo que hagan los gobernantes por los que sentimos
simpatías o complicidad.
Pero mi opinión, soy consciente de que, a
contracorriente, es que este no es el caso. No comparto la descalificación del
Decreto Ley 9/2024 por su supuesta condición de ómnibus. Voy a intentar
explicarme, comenzando por dejar claro que también estoy en contra de esa
perversa técnica legislativa.
Pero no podemos quedarnos en la superficialidad
del concepto ómnibus, muy manoseado en la crónica política. Hay que entrar a
analizar en detalle su contenido. Y, en mi opinión, los decretos ley que, en
circunstancias de prórroga presupuestaria, suelen aprobar todos los gobiernos
-estatal o autonómicos- a finales de año están justificados.
Que se me entienda, no lo defiendo con el zafio
argumento de que “ellos hacen lo mismo”. Lo que mantengo es que este tipo de
Decretos Leyes tienen su lógica, sea cual sea el gobierno que los
apruebe.
La inmensa mayoría de las normas contenidas en el
Decreto Ley contienen prórrogas de medidas sociales, económicas, tributarias o
ambientales aprobadas en leyes anteriores para hacer frente a las sucesivas
crisis de la Covid, el volcán de la Palma, Ucrania, Gaza, o la Dana de
Valencia, y cuya vigencia vencía a finales de año.
En condiciones normales, la prórroga de estas
medidas suele incorporarse a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero
cuando estos no se aprueban y se prorrogan los anteriores, el gobierno de turno
se ve en la obligación de recoger en un solo Decreto Ley estas normas para
evitar que decaigan las medidas que se quiere prorrogar.
Si analizamos en detalle el contenido de los
cinco títulos que contiene el Decreto Ley podemos comprobar que siguen esa
lógica, la de la prórroga de medidas sociales, económicas, tributarias y
ambientales aprobadas en los últimos años. La palabra más utilizada es la de
prórroga.
Con una única excepción, la disposición adicional
que acuerda el traspaso y compensación de inmuebles al Partido Nacionalista
Vasco que, al parecer, ya se había pactado anteriormente con Rajoy. Por cierto,
este es el único argumento que, inicialmente, el PP utilizó para justificar su
rechazo al Decreto Ley.
En el caso de Junts no supieron o quisieron
explicar -igual hubiera sido peor para ellos- los contenidos de los que
discrepan. Lo suyo es más intangible, lo justifican por el supuesto
incumplimiento de compromisos anteriores, aunque en el fondo es la respuesta al
desaire que dicen sufrir porque Pedro Sánchez no ha aceptado reunirse con
Puigdemont.
La mejor prueba de que el PP y Junts no están muy
seguros de su coartada “ómnibus” es que en pocas horas han pasado de no
concretar los contenidos del Decreto Ley de los que discrepan a inventarse
razones, a cuál más falsa y esperpéntica. Pretenden tapar su irresponsabilidad
intoxicando con mentiras a la ciudadanía.
Como era de esperar se ha levantado un clamor
social para que se resuelva pronto el desaguisado provocado por la no
aprobación del Decreto Ley. Este podría ser un efecto colateral positivo de
este entuerto, que la ciudadanía sea consciente de la importancia de las
políticas sociales aprobadas por el gobierno de coalición, que no han caído del
cielo, de la misma manera que su no prórroga no es fruto de una maldición
bíblica.
Para encontrar una solución, que no termine en un
nuevo fiasco, resulta imprescindible que PP y Junts concreten qué contenidos
comparten y de cuáles discrepan. El gobierno, al que se le reclama que tome
iniciativas, y sobre todo la ciudadanía, tienen derecho a saber si el PP y
Junts aceptan o rechazan la prórroga de la suspensión de la liberalización de
las inversiones extranjeras directas, acordada para evitar que fondos de
inversión extranjeros puedan comprar a precio de saldo empresas estratégicas españolas.
También sería saludable que el PP y Junts le
explicaran a la ciudadanía si están a favor o no de la actualización y aumento
para el 2025 de las entregas a cuenta de la liquidación definitiva de recursos
a las CCAA y administraciones locales. Y por supuesto, tenemos derecho a saber
si PP y Junts están a favor o en contra de la prórroga del impuesto
extraordinario a entidades financieras.
Las personas más vulnerables tienen derecho a
saber si el PP y Junts consideran necesaria o no la prórroga de la suspensión
de los desahucios y cortes de suministros básicos de personas en situación de
vulnerabilidad social.
Estoy seguro de que a los habitantes de la Palma
les gustaría saber por qué el PP que gobierna con Coalición Canaria ha
considerado oportuno sacrificar las ayudas extraordinarias para así dar un
trompazo al gobierno español. Y lo mismo podemos decir de las personas
afectadas por la Dana en el País Valencià.
Podríamos continuar desgranando el contenido del
Decreto Ley para explicar las razones que me llevan a justificar que, en este
caso, como en el resto de los supuestos parecidos -sea cual sea el gobierno,
insisto- este tipo de decretos leyes de final de año, en los casos de prórroga
presupuestaria, están justificados. Lo que no impide que el propio Congreso
acuerde -así está previsto legalmente- su tramitación posterior como proyecto
de ley, para que cada grupo parlamentario pueda proponer cambios y si no se
alcanzan acuerdos votar en contra de aspectos concretos. Eso hubiera sido lo
lógico y responsable por parte del PP y Junts, pero han preferido desgastar al
gobierno aun a costa de castigar a la ciudadanía.
Se está explicando poco que un Decreto Ley con la
misma lógica y contenidos en buena parte idénticos fue aprobado hace un año. El
Real Decreto Ley 8/2023 de 27 de diciembre fue convalidado con un solo voto en
contra y ocho parlamentarios que no votaron. En aquel caso el PP se abstuvo, un
año después han olido sangre política, la que ha provocado su pinza con Junts
Para dar verosimilitud a sus excusas “ómnibus” y
evitar el desgaste, el PP y Junts han corrido a proponerse como solución al
desaguisado que ellos mismos han provocado. Le han planteado al gobierno que
vuelva a presentar un decreto ley que recoja por separado la actualización y
mejora de las pensiones y la bonificación del transporte colectivo. Pero no nos
dicen nada del resto de contenidos de la norma que, quiero recordar, tienen un
fuerte contenido social.
El gobierno de coalición haría bien en meditar
mucho su siguiente movimiento. Si no hacen nada con celeridad se corre el
riesgo de aumentar el malestar social que siempre castiga más al que gobierna,
y que el PP y Junts les responsabilicen de la bajada de la pensión en la nómina
de febrero o de la desaparición de las tarifas bonificadas en el transporte.
Pero si presentan nuevos decretos ley solo con estos contenidos corren el
riesgo de contribuir al relato de las derechas. Y lo que es más grave dejar colgadas
otras medidas sociales, económicas, tributarias y ambientales que es
imprescindible prorrogar.
Quizás el siguiente movimiento del gobierno de
coalición deba ser exigir al PP y Junts que concreten cuáles son los contenidos
con los que están de acuerdo y de cuáles discrepan. En esta dirección los
medios de comunicación pueden ayudar, exigiéndoles trasparencia, lo que siempre
es una buena aportación a la calidad de la democracia. La transparencia es
mucho mejor que la falsa equidistancia de “rifirrafe entre partidos” o
“los partidos dejan sin revalorización a los pensionistas”. Con estos titulares
y otros parecidos se está premiando a los actores políticos más irresponsables
y alimentando la desafección democrática.
domingo, 19 de enero de 2025
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