sábado, 9 de agosto de 2025
sábado, 19 de julio de 2025
- PIRATAS DE LO PÚBLICO: LA RAPIÑA CONTINÚA.
Piratas de lo público
2: la rapiña continúa.
Montoro y su equipo encarnan a la perfección eso que Joseph Stiglitz ha bautizado como el “capitalismo granuja”: todo vale para hacer negocio, especialmente hacer la ley y las trampas. Pero también revela una manera de entender el poder.
18 de julio de 2025 22:59 h. Actualizado el 19/07/2025 09:40 h
En noviembre de 2013 la editorial
Deusto publicaba 'Piratas de lo Público', 368 páginas de datos y análisis
para demostrar lo que hoy parece una evidencia, pero entonces no lo parecía
tanto: que la Gran Recesión estaba siendo aprovechada por redes organizadas de
burócratas corsarios para capturar y explotar la capacidad regulatoria del
Estado y asaltar el núcleo duro de las políticas del bienestar; igual que antes
la crisis de los ochenta fue aprovechada para tomar por asalto y repartirse el
botín del sector industrial público.
A la desastrosa realidad de los
cuadros económicos le acompañaba un discurso neoliberal corsario donde todo era
mejor que un sector público al que había que deteriorar cuestionando su
fiabilidad y equidad, descapitalizar con recortes masivos y finalmente
desmantelar para transferir el negocio a los operadores privados. Entonces lo
de los piratas me pareció una metáfora algo atrevida, hoy me parece que se
quedó corta y timorata.
En ese libro ya salían el bueno
de Cristóbal Montoro y su asesoría, o amiguetes como Miguel Ferré, cuadros que
ahora mandan en la Comunidad de Madrid o los hermanos Nadal; también Alberto,
actual superasesor económico de otro Alberto: Núñez Feijóo. Allí se contaban
las regulaciones y políticas que había facilitado a los oligopolios
energéticos, bancarios, de transportes o de telecomunicaciones capturar por
completo la regulación y el mercado para convertirnos a los ciudadanos en
rehenes que pagan cada año un precio mayor por un servicio peor. Los mismos
oligopolios y empresas que han guardado silencio y pagado estos años porque
resultan los principales beneficiarios de un sistema diseñado para que siempre
ganen y, además, acabemos pagando también el plus de su corrupción. El siglo
XXI iba a ver cómo el asalto corsario se extendía a las pensiones, a la sanidad
o a la educación.
Montoro
y su equipo encarnan a la perfección eso que Joseph Stiglitz ha bautizado como
el “capitalismo granuja”: todo
vale para hacer negocio, especialmente hacer la ley y las trampas. Pero también
revelan una manera de entender el poder, rastreable en el caso Gürtel, el caso
Kitchen o la “policía patriótica”. Esto es suyo, lo público y el Estado les
pertenecen y España entera debería darles las gracias por dejarnos disfrutarlo.
Pueden disponer de lo común cuando quieran y para lo que quieran. Pueden
venderlo, revenderlo, alquilarlo, cederlo, subcontratarlo o usarlo contra quien
no le parezca bien o se resista. Es su derecho.
Lo
público sólo es bueno cuando es bueno para los negocios, los restos es lo que
queda para los demás. No se trata de un lobby o de dos o de
trescientos. Son bandas de piratas al asalto de lo de todos en nombre de la
eficiencia, la libertad y las bajadas de impuestos. Llevan décadas saqueando lo
público usando un mapa del tesoro marcado con corrupción, fraude y privatizaciones. Ya lo dijo Montoro, “que caiga
España que ya la levantaremos nosotros” Si es que no hay
mejor ciego que quien no quiere ver.
viernes, 27 de junio de 2025
- CORRUPTORES, CORRUPTOS Y CIUDADANÍA.
Corruptores, corruptos y
ciudadanía.
La prohibición de concurrir a
concursos públicos de las empresas corruptas debería ser más contundente. Y
abarcar a todo su grupo empresarial para evitar que, “hecha la ley, hecha la
trampa”. Quizás sea oportuno aplicar el concepto fiscal de grupo de empresas a
las sanciones por prácticas irregulares.
Entiendo la preocupación de las
progresistas por el impacto de este último episodio de corrupción. Pero lo
inmediato, que también es importante, no debería hurtar la reflexión sobre los
factores estructurales que propician la existencia de corruptores y corruptos,
en simbiótica relación.
Por supuesto, no comparto la
idea de que todos los políticos son iguales. Hay mucha gente digna en los
diferentes ámbitos de la política y para comprobarlo basta mirar fuera de la
ciénaga. Es importante recordarlo en estos momentos para no contribuir aún más
a la deslegitimación de la política y la democracia.
Pero la evidencia de que no
todos los partidos se comportan igual ante la corrupción no me lleva a abrazar
la maniquea división entre organizaciones puras e impuras. No he creído nunca
en los pueblos elegidos, tampoco en los partidos ungidos por la beatitud.
En cambio, sí considero que hay
ideologías que favorecen la acción de los corruptores. Cuando Milton Friedman
acuñó el dogma neoliberal de que la principal función de las empresas es crear
valor para el accionista sentó las bases de muchos desmanes. Entre ellos, un
concepto perverso de competitividad. Y unas políticas empresariales, como los
sistemas retributivos de la alta dirección, que incentivan todo tipo de
actuaciones reprobables, ética y legalmente.
Por cierto, las prácticas
empresariales corruptas no se dan solo en las relaciones con el sector público,
también entre empresas privadas. Con el agravante de que mientras la cosa
pública tiene mecanismos de control -todo lo imperfectos que se quiera- en la
esfera de lo privado son menores o inexistentes. Además, la búsqueda de
beneficios a cualquier precio normaliza y legitima estas actuaciones corruptas.
Lo confirman las prácticas reiteradas y probadas del cártel de las grandes
constructoras para alterar los concursos públicos impidiendo la libre y sana
competencia.
En España, esta cultura viene
facilitada por el peso que en nuestra economía tiene el capitalismo parasitario
de amiguetes. No es algo nuevo, tiene raíces en el franquismo e incluso algunas
más profundas. La España del XIX, con su bipartidismo turnista entre
conservadores y liberales, ofrece muchos ejemplos de ello.
La indistinción en el conchabeo
de la política con este capitalismo parasitario ha llegado hasta el siglo XXI,
a través de los grandes partidos, PP y PSOE, que han gobernado la mayoría de
las instituciones en las últimas décadas. El compromiso de ruptura con estas
prácticas por parte del gobierno de coalición no ha ido acompañado de una
estrategia contra la corrupción, a pesar de disponer de orientaciones y
múltiples propuestas. Ahora, este último episodio que afecta al PSOE ha
supuesto un buen revolcón para las expectativas de atajar un mal endémico que
cuesta decenas de millones de euros de las arcas públicas y sobre todo erosiona
la democracia.
Pero como no creo en las
maldiciones bíblicas ni en el destino inexorable de los pueblos, estoy
convencido de que se pueden hacer cosas para romper con este modelo empresarial
parasitario. Es imprescindible que de esta nueva crisis nazcan de una vez medidas
de regeneración democrática. A mi entender, las más determinantes son las
dirigidas a desincentivar prácticas empresariales corruptas y a establecer
correctivos que penalicen a los corruptores.
No es fácil, las medidas
adoptadas hasta ahora no han surtido efecto. Una deficiente tipificación de los
delitos, las atenuantes introducidas en el Código Penal por el PP en 2015, la
dificultad probatoria de relacionar las mordidas con las adjudicaciones
tramposas, la deficiente protección de los denunciantes o la lentitud
investigadora que culmina en la prescripción de los delitos son, entre otros,
obstáculos que dificultan la efectividad de las políticas de castigo penal a
corruptores.
Además, como se acaba de ver
con Acciona, es muy fácil, cuando se descubre la corrupción, dejar caer al
peón, por muy alta que sea su responsabilidad. Al final a los corruptores y a
sus empresas les sale rentable el riesgo de ser descubiertos.
Por eso es imprescindible que
las medidas administrativas y penales se dirijan al núcleo duro de las empresas
que las practican. La publicidad de las condenas o sanciones firmes puede ser
una de ellas, aunque, en un entorno tan complaciente con la corrupción, los
costes reputacionales no son suficientes.
La prohibición de concurrir a
concursos públicos de las empresas corruptas debería ser más contundente. Y
abarcar a todo su grupo empresarial para evitar que, “hecha la ley,
hecha la trampa”. Quizás sea oportuno aplicar el concepto fiscal de
grupo de empresas a las sanciones por prácticas irregulares. Por cierto, la
persecución de los corruptores debería ser una exigencia también de las
organizaciones empresariales en defensa de las empresas que compiten en buena
lid.
En relación con los partidos y
los entornos que propician la acción de los corruptos, deberíamos evitar las
lecturas moralistas y fijar la mirada en el papel que juegan las relaciones de
poder en toda colectividad humana.
Las organizaciones con el poder
concentrado en un único vértice, sin contrapesos ni contrapoderes generan
entornos que dificultan los mecanismos internos de control.
Loshiperliderazgoss, tan propios de este momento de crisis de las estructuras
de mediación social, debilitan a las organizaciones y propician todo tipo de
riesgos. Sobre todo, si van acompañados de virreinatos todopoderosos.
En este sentido hay momentos
especialmente peligrosos para las organizaciones políticas. Al acceder al
gobierno de las instituciones los partidos desaparecen sepultados por las
lógicas y prioridades gubernamentales. Eso sucede en todos los niveles institucionales.
Otro de los factores de riesgo para todas las
organizaciones colectivas aparece cuando, en los momentos de conflictos
internos, se generan bandos que, en su pugna legítima por la mayoría, avalan la
connivencia con prácticas poco éticas.
Creo, quiero creer, necesito creer que Pedro
Sánchez no conocía la existencia de prácticas corruptas en el PSOE. Pero al
mismo tiempo estoy convencido de que había sido alertado desde el País Valencià
de las cutres -por ser benevolente- costumbres de Ábalos. El problema es que,
en esos momentos de conflictos internos, conseguir el control de la
organización pasa a ser la prioridad. Y se impone una máxima perversa, la de
que “entre bomberos, no nos pisamos la manguera”.
En los políticos y altos funcionarios corruptos
se da un perfil ideológico común, sea cual sea su partido, el desprecio a la
comunidad, a lo público. Reforzar el carácter colectivo de las organizaciones y
potenciar los equilibrios de poder internos en una lógica federal, de verdad y
no solo nominalmente, no evita que haya corruptos, pero se lo pone más difícil
a la impunidad.
Entre corruptores y corruptos se sitúa un tercer
actor, la ciudadanía. Algunas voces dan por hecho que la corrupción penaliza
electoralmente. Yo no lo daría por seguro. Algunos estudios demoscópicos y
nuestra historia reciente ofrecen contundentes evidencias de que eso no es así.
Los factores que atemperan y modulan el impacto
de la corrupción en la ciudadanía son muy diversos. La indignación cuando se
descubre la corrupción va acompañada de un nivel importante de tolerancia
ciudadana hacia las prácticas corruptas. Una connivencia social auspiciada, en
algunas ocasiones, porque los beneficios directos o indirectos de la corrupción
alcanzan a muchos, por ejemplo, en los casos de abusos urbanísticos.
Hay otro factor a tener presente. Muchas
personas, que no minimizan la corrupción, en el momento de votar la sitúan en
un marco más amplio, en el que también tienen en cuenta otros aspectos de las
diferentes opciones políticas.
A estas alturas es imposible vaticinar nada,
entre otras cosas porque desconocemos la profundidad que ha alcanzado este
último episodio de corrupción y en qué condiciones se celebrarán las
elecciones. Pero sí constato, al menos en el mundo en el que me muevo, que la
preocupación sincera por la corrupción, va acompañada de la inquietud por las
consecuencias que en términos de derechos socioeconómicos, pluralidad nacional
o libertades civiles puede comportar la caída del gobierno de coalición y la
configuración de una mayoría de las derechas.
Las izquierdas debieran estar especialmente
interesadas en combatir la corrupción. No por razones de superioridad ética
sino porque la corrupción erosiona las instituciones democráticas y las
debilita en su función de control del verdadero poder, el económico. El
resultado final de una política corrupta y una democracia deslegitimada es una
sociedad con más desigualdades de todo tipo.
martes, 3 de junio de 2025
lunes, 2 de junio de 2025
- ARTÍCULO DE OPINIÓN. CUERPO A CUERPO.
Cuerpo a Cuerpo.
- A nadie debe sorprender que nunca se pregunte
nada sobre economía, resaltada con cierta envidia entre nuestros socios
europeos, al ministro del ramo, Carlos Cuerpo. En el PP lo rehúyen, al
mismo tiempo que se confiesan devotos partidarios de los gritos
- — Feijóo vuelve a pedir apoyos para una moción de
censura y convoca una manifestación contra Sánchez
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1 de junio de 2025 21:15 h Actualizado el 02/06/2025 10:56 h
La ofensiva de desgaste continúa
día a día, filtración a filtración, instrucción a instrucción,
bulo a bulo, torpeza a torpeza del PSOE. Mientras, el PP sigue firme en sus
alianzas presentes y de futuro; en esto, el sueño de Feijóo es avanzar
tanto que no necesite contar mucho con Vox. Por su parte, Aznar no
pone reparos a decirlo ya a las claras, son hermanos descarriados: compartimos
programa y objetivos con la extrema derecha. En realidad es lo mismo, solo que
uno lo deja claro y el otro lo pretende ocultar.
La estrategia está muy consolidada en
ciertos sectores, en ausencia de argumentos de los que de verdad afectan a la
ciudadanía, pongamos que la economía. En economía, el PP no pretende entrar, le
interesa más crear un malestar difuso que hace que la gente diga que está mal
pero no sepa el porqué. Por eso, no debe extrañar que el Parlamento, la casa de
la palabra, se haya convertido en un corral del guirigay en donde el ruido no
deje ver.
A nadie debe sorprender que nunca se
pregunte nada sobre economía, resaltada con cierta envidia entre nuestros
socios europeos, al ministro del ramo, Carlos Cuerpo. En el PP rehúyen el
cuerpo a Cuerpo, al mismo tiempo que se confiesan devotos partidarios de
los gritos y algazaras y no del diálogo y la conversación pública sosegada que
frecuenta el ministro.
En la manifestación estarán un presidente censurado
por corrupción y otro que presidió un Consejo de Ministros que era una especie
de mara aún hoy perseguida por la justicia
Entonces Feijóo huye y se va a la calle. Mafia o
democracia. Gesticulación fuera del Parlamento, porque en él, donde el pueblo
se sienta, ya se decidió una vez en una moción de censura, y se
optó por democracia, mientras el interpelado y hoy registrador vagaba
entre valores espirituosos.
Libres en la calle, como si esto fuera una
democracia y no otra orgánica que muchos añoran en donde solo se podía
manifestar uno sin palos en la Plaza de Oriente, un acto
democrático para desdecir a los que en la concentración proclamarán como
hace su dirigencia que estamos en una autocracia en España.
En ella estarán un presidente censurado por
corrupción, rodeado de alguno de sus ministros protagonistas de la creación de
grupos mafiosos dentro de las instituciones del Estado o a la sombra de éste;
otro presidente, que presidió un Consejo de Ministros que era una especie
de mara aún hoy perseguida por la justicia. Y muchos otros ministros y
presidentas de comunidad autónoma incursos en mafias gubernamentales, ministros
evasores o patrióticos de las profundidades del criptoestado, narcoamigos…
otros no podrán asistir sin permiso penitenciario o judicial. Y un largo
etcétera.
Si fuera verdad que se pronunciaran a cielo abierto en esa elección entre mafia y democracia en favor de la democracia, sería un momento feliz para la democracia. Sería una gran concentración de arrepentidos, la mayor.
martes, 6 de mayo de 2025
domingo, 4 de mayo de 2025
sábado, 3 de mayo de 2025
martes, 29 de abril de 2025
lunes, 21 de abril de 2025
lunes, 14 de abril de 2025
- A POR LA III REPÚBLICA.
Monarquía o democracia. ¡Viva la República!
Por Manu
Pineda
Responsable de
Relaciones Internacionales del PCE
Hace 94 años, el pueblo trabajador
español puso fin a un régimen monárquico, antidemocrático por definición. La
ciudadanía no solo exigía democracia y el derecho a elegir a su jefe de Estado,
sino también la mejora de sus condiciones de vida y trabajo. Al derrocar a la
corrupta monarquía de los Borbones e instaurar la II República, se impulsaron
importantes avances sociales, políticos y culturales, muchos de ellos muy
adelantados para su tiempo.
Así, se reconocieron derechos sociales y laborales, tales como la
consolidación legal de la jornada laboral de ocho horas o la promulgación de la
ley de contratos de trabajo y seguros sociales, que regulaba las condiciones
laborales, las vacaciones y los salarios. También hubo un reconocimiento del
derecho a huelga y se crearon jurados mixtos de trabajadores y empresarios para
resolver conflictos laborales.
Durante la II República se avanzó
en materias como la educación y la cultura. De
este modo, se produjo una expansión del sistema educativo público, laico y
gratuito, se construyeron miles de escuelas y se impulsó la formación de
maestros y maestras. Se implementaron las misiones pedagógicas para llevar
educación, cultura y libros a zonas rurales y desfavorecidas. Asimismo, se
estableció la libertad de cátedra en las universidades.
Aquel periodo histórico también fue
grande en avances en igualdad y derechos de la mujer, con
el reconocimiento del sufragio femenino y el derecho al voto de las mujeres o
el establecimiento de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Además, se
introdujo el derecho al divorcio y se llevó a cabo una reforma del Código Civil
para ampliar los derechos de la mujer. También se desarrollaron políticas para
facilitar el acceso de las mujeres a cargos públicos y a profesiones
tradicionalmente masculinas.
Otro hito importante republicano
fue la reforma agraria, lo que
supuso la creación del Proyecto de Reforma Agraria para redistribuir tierras no
cultivadas y reducir el poder de los grandes terratenientes (aunque su
aplicación fue limitada y conflictiva). También se impulsaron las cooperativas
agrícolas y se mejoraron las condiciones de los jornaleros. El periodo de la II
República sirvió también para profundizar en la separación
Iglesia-Estado, con la consolidación de un Estado laico,
garantizando la libertad de culto, suprimiendo el presupuesto destinado al
clero y prohibiendo la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Además, en
este sentido, se legalizaron los matrimonios civiles y el divorcio.
También se puede contar como un
logro del periodo republicano los avances territoriales en autonomías, pues se promulgaron estatutos de
autonomía para Cataluña (1932) y se iniciaron procesos similares para Galicia y
el País Vasco. Además, se promocionaron lenguas y culturas regionales.
La II República Española fue una
época de enormes avances sociales y progresistas, lo que la convirtió en un
blanco para el fascismo nacional e internacional, a pesar de la heroica
resistencia de un pueblo que se organizó en milicias para defender su democracia
y sus instituciones republicanas durante tres años. ¡Honor y gloria a nuestros
mártires!
Hoy, cuando la "bestia"
fascista, además de haberse instalado en la Casa Blanca, recorre y se extiende
por toda Europa, y cuando el Gobierno de coalición de España es visto como una
anomalía a erradicar, nos encontramos nuevamente en tiempos oscuros en los que
se persigue, expulsa o lincha a quienes son diferentes. La escalada belicista
pone en peligro la existencia misma de la humanidad y del planeta, mientras la
ONU y el Derecho Internacional parecen sepultados bajo los escombros de Gaza,
junto a los cuerpos destrozados de miles de niños y mujeres palestinos.
Hoy, como ayer, es imprescindible
organizarnos, forjar alianzas y acumular fuerzas para alcanzar una república de
ciudadanas, ciudadanos y pueblos libres, iguales y fraternos. Una república que
implique necesariamente la caída de la monarquía, pero que vaya más allá: una
Tercera República que, tal como recogía el artículo 6º de la Constitución de la
II República de 1931, decrete que “España renuncia a la guerra
como instrumento de política nacional” y, en coherencia con este
principio, no destine ni un euro para la guerra.
Una república que garantice empleo y sueldo digno, vivienda y servicios
públicos esenciales —educación, sanidad, pensiones, protección social y
ambiental, cultura— y que asegure un presente y futuro de oportunidades para la
juventud; una república que profundice en un sistema basado en la democracia
plena, participativa y popular, laica, plurinacional y republicana, junto a un
modelo económico y social sostenible al servicio de la mayoría.
Para ello, se requiere unidad y
lealtad en la movilización: durante este mes de abril se celebrarán
movilizaciones republicanas que desembocarán en una gran concentración unitaria
estatal en Madrid, la segunda Marcha Republicana, el próximo 15 de junio, coincidiendo
con el undécimo aniversario de la proclamación del último Borbón.
Monarquía o democracia. ¡Viva la
República!
domingo, 6 de abril de 2025
- LA ESCUELA PÚBLICA.
La escuela pública: hacer barrio y hacer democracia desde el aula.
Por Esteban Álvarez León
Portavoz de educación del GPS en la Asamblea de Madrid
Hay algo que pasa desapercibido hasta que falta: la escuela pública. Puede que no tenga la fachada más bonita, ni las instalaciones más modernas, pero cuando está, lo cambia todo. Y cuando no está, la ausencia pesa. Porque la escuela pública es mucho más que un lugar donde aprender a leer, sumar o saber quién fue Galileo. Es un lugar de encuentro donde se construye comunidad cada día. La educación pública es un elemento fundamental de cohesión social. Por eso, ahora que estamos en el período de admisión en escuelas, colegios e institutos, es el momento de defender los centros públicos e incorporarnos a su comunidad educativa.
A menudo, cuando se habla de educación, pensamos en leyes, currículos, evaluaciones… Pero más allá de eso, la escuela pública es antes que nada la posibilidad de que todos y todas, vengan de donde vengan, tengan la oportunidad de construir su vida, de que ningún niño o niña se quede atrás por no tener recursos, por venir de otra cultura o por vivir en un barrio olvidado.
Hay historias que nos recuerdan de dónde venimos. Barrios levantados a pulso por familias trabajadoras, donde las casas eran chabolas y el agua corriente llegaba mucho después que los sueños. En esos rincones, donde todo faltaba, la lucha por una escuela no era un lujo, era una necesidad. Porque si no hay escuela, no hay futuro. El barrio de Palomeras Bajas, donde se encuentra hoy la Asamblea de Madrid, es un buen ejemplo de ello. Quienes crecimos allí, lo sabemos bien.
Levantar una escuela pública, aunque no lo parezca, es casi un acto de rebeldía. De los buenos. De esos que cambian las cosas desde abajo, sin ruido, pero con fuerza. Es decirle que sí a lo que nos une y a lo que nos diferencia, es decir que sí al respeto y a aprender de quien no piensa como tú. A lo justo. A que nadie se quede atrás solo porque le tocó nacer en un sitio complicado. A que aquí cabemos todos sin importar de dónde vinimos, quiénes son nuestros padres o cuánto dinero tienen. Al bien común. La justicia social y la igualdad de oportunidades y condiciones. Al final, se trata de eso: de hacer barrio, y hacer democracia desde el aula.
Los colegios públicos son más que horarios y temarios. Hay algo ahí que no entra en el boletín, pero se nota. Es lo que pasa en el patio, en la puerta, en las charlas entre familias. Están las maestras y maestros que, muchas veces sin los medios necesarios, sacan adelante a grupos diversos, complejos, con cariño y vocación. Están los niños, las niñas y los jóvenes, que aprenden, sí, pero también conviven, que escuchan, que entienden que hay otras formas de ver el mundo.
Y cuando una comunidad se organiza para defender su escuela, para mejorarla, para cuidarla, está haciendo algo mucho más grande que pelear por un edificio o una línea más de presupuesto. Está defendiendo su identidad, su dignidad, su derecho a existir.
No es casualidad que cuando se recortan presupuestos, una de las primeras víctimas suela ser la educación pública. Porque lo público molesta. Molesta a quienes prefieren convertir derechos en negocios. Molesta a quienes ven la escuela no como un lugar para formar ciudadanos críticos, sino como un espacio donde entrenar consumidores obedientes.
Pero la escuela pública resiste. Sobrevive. Porque hay gente que se deja la piel, que no enseña solo para aprobar exámenes, sino para para acompañar, para cambiar vidas a paso lento pero firme. Y eso, claro, no gusta a quienes no quieren que nada cambie.
En los pueblos más alejados, esos colegios donde estudian unos cuantos niños, cumplen una función que ningún algoritmo puede reemplazar. Son motor cultural, centro social, esperanza de vida. Hacen comunidad sin necesidad de grandes discursos. Con solo estar. Y eso lo sabemos bien quienes cada día llevamos a nuestros hijos a centros como el de Cabanillas de la Sierra, pequeño, pero nuestro.
Y cuando miramos hacia países que salieron adelante gracias a una apuesta firme por la educación pública —una educación con los pies en la tierra, ligada al entorno, al trabajo comunitario, al respeto mutuo— vemos que hay un patrón que se repite: la educación pública es el principio de una sociedad fuerte y solidaria donde cabemos todos y todas.
Por eso, defender la enseñanza pública no es nostalgia, ni romanticismo. Es urgencia. Es compromiso con el presente y con el futuro. Es entender que no hay democracia plena sin educación accesible, equitativa y de calidad. Y que ningún país puede avanzar si deja a una parte de su gente en el andén, mirando cómo pasa el tren sin poder subirse.
La escuela pública es mucho más que un edificio. Es ese lugar al que vas sabiendo que alguien te espera. Y eso, perdonad que insista, no se compra ni se vende.
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