domingo, 31 de mayo de 2015
- LA LIMPIEZA DEL PP.
lunes, 18 de mayo de 2015
- LAS PENSIONES Y EL PP.
Un estudio alerta de que la hucha de las pensiones puede llegar a agotarse en cinco años.
El Gobierno ha utilizado durante la legislatura casi 34.000 millones del Fondeo de Reserva de la Seguridad Social, que ahora tiene 41.600 millones.
EUROPA PRESS
MADRID.- El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también conocido como la hucha de las pensiones, podría agotarse, dentro del escenario más pesimista, en un plazo de sólo cinco años, en 2020.
Así lo refleja un estudio de la consultora Towers Watson, a partir del análisis de los registros de la Seguridad Social, el Banco de España y las proyecciones de población para el periodo 2012-2052 del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, viene asegurando los últimos meses que durante 2015 será necesario detraer nuevos recursos de esta hucha, aunque cuenta con que sean menos que el año pasado, cuando se utilizaron 15.300 millones de euros, gracias a la mejora en el empleo y de los ingresos por cotizaciones.
Con los saldos dispuestos en 2014, se elevan a 33.951 millones los millones usados del Fondo de Reserva en lo que va de legislatura, a los que hay que sumar otros 5.350 millones extraídos del Fondo de Prevención y Rehabilitación.
Así, a 31 de diciembre de 2014 la hucha de las pensiones tenía 41.634 millones de euros (-22,53%), con un valor de mercado de 47.721 millones (-15,4%), tras recibir 279 millones de los excedentes de gestión de las mutuas y pese a no haber recibido dotaciones presupuestarias. A estos ingresos habría que sumar los rendimientos netos, que el año pasado ascendieron a 2.911 millones.
El informe de Towers Watson pronostica la evolución de este saldo a partir de proyecciones sobre variables como salarios, desempleo o edad de entrada en el sistema de cotizaciones y en la jubilación. Al margen de ese escenario pesimista, otro más neutro sitúa el consumo total del Fondo en 2024 y el más optimista, en 2028.
Towers Watson asegura que si se pretende mantener el nivel del Fondo en los 41.634 millones de euros con los que se cerró el pasado año, la rentabilidad anual de la hucha debería ser superior al 10%.
En la práctica, la rentabilidad acumulada anualizada a precios de mercado se situó en 2014 en el 5,06% y la rentabilidad anual conseguida por el fondo fue del 11,85%, un 2,71% superior a la del año anterior y la cifra más alta a cierre de un ejercicio desde que se creó este instrumento.
Ahora bien, la rentabilidad actual de la deuda española se sitúa en negativo en el caso del papel a seis meses y cercana al 1,3% a 10 años. El informe indica que en este contexto, si se mantiene ésta opción como vía de inversión del fondo, "es muy improbable lograr la rentabilidad adecuada para su supervivencia".
Towers Watson cree que necesario tomar medidas "con cierta urgencia" y propone tres. La primera es acelerar la puesta en marcha de las reformas de la Seguridad Social; la segunda pasa por seguir introduciendo nuevas reformas; y la tercera supone, en paralelo a las dos anteriores, buscar nuevas formas de inversión para el fondo que sean más rentables.
"Sin estas medidas, no vemos la posibilidad de revertir la evolución negativa del Fondo. Y si éste se llega a agotar, no quedará más remedio que afrontar una agresiva política de incremento de impuestos y, en paralelo, reformar asimismo la Ley que, precisamente, impide que la Seguridad Social se financie mediante impuestos", concluye el responsable del área de Previsión Social de Towers Watson España, Gregorio Gil de Rozas.
miércoles, 6 de mayo de 2015
- LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP.
La caja C del PP.
En realidad, en el Partido Popular lo que siempre parece haber funcionado es la caja C de caradura.
La caja B y el dinero negro existen en el PP desde que el partido se fundó.
Este martes lo desvelaba en exclusiva eldiario.es, también conocido como la "hoja parroquial" que siguen con más fervor los dirigentes populares. La caja B va en el ADN del Partido Popular desde el día que se fundó. En realidad, Luis Bárcenas continuó una tradición que pasaba de padres a hijos y de tesoreros a gerentes. Los tesoreros del Partido Popular no están todos imputados por una casualidad o un mal golpe del destino. Lo están porque la financiación ilegal conformaba un sistema en el Partido Popular.
En su defensa alega el inolvidable Hernández Mancha que no podía haber caja B porque ni siquiera había caja A. Tiene razón. En realidad, en el Partido Popular lo que siempre parece haber funcionado es la caja C de caradura. Se manejaba con sencillos pero efectivos criterios contables: uno para mí, otro para ti, otro para el partido y otro para pagar otra ronda. El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, contando los billetes en el coche hasta llegar a los "dos millones de pelas" no es una anécdota. Es un símbolo y se convertirá en un icono de la mitología popular.
Rosendo Naseiro y Manuel Fraga sentaron las bases de un sistema pedestre y descarado de financiación ilegal e irregular que facilitaba la ilusionante tarea que, ya entonces, en los ochenta, jóvenes y ambiciosos militantes como Vicente Sanz, entonces secretario general del PP valenciano, o Eduardo Zaplana, alcalde de Benidorm, se habían autoimpuesto: "Estar en política para forrarse" o "hacerme rico porque estoy arruinado y… me lo gasto todo en la política".
La Justicia anuló por un vicio procedimental las grabaciones donde se les escuchaba proclamar tan altos fines. El caso Naseiro y las pruebas sobre la financiación ilegal popular se esfumaron mientras que el caso Filesa abría en canal la financiación ilegal de los socialistas. En esta materia el bipartidismo no fue tan perfecto y los populares aprendieron la lección.
Bajo el liderazgo de Aznar, aquel sistema rudimentario y bandoleril propio del fraguismo aprendió a volar por debajo del radar, refinó mínimamente sus métodos y mejoró notablemente los sistemas de recaudación y reparto del botín. Tampoco es que se mataran a pensar y ejecutar complejas tramas y entramados de empresas pantalla y paraísos fiscales, pero al menos intentaban blanquear mínimamente aquel río de dinero 'black' que regaba las campañas y los cargos del partido.
La sensación de impunidad de los últimos años del aznarismo y la pasión por todo lo que "brilla-brilla", propio de los nuevos ricos, les volvió algo descuidados y vagos. Lo justo para que, como a Naseiro, les pillaran casi de rebote mientras se investigaba otras actividades ilegales. Tras siete años de investigación boicoteada y bloqueo a la acción de la Justicia por cualquier medio necesario, ahora ya sabemos que aquella caja C del Partido Popular se hizo mayor en una versión más grande, más voraz, más saqueadora y, por imposible que parezca, más C de caradura.
Cuentan que el Partido Popular prefiere nuevas elecciones en Andalucía a permitir que gobierne Susana Díaz. No me extraña. Será por dinero…
Antón Losada.
domingo, 3 de mayo de 2015
- CLASIFICACIÓN FINAL 2ª ANDALUZA.
Resultados de todos los partidos del C.D. BONARES BONAFRU en la temporada 2014-15.
jueves, 30 de abril de 2015
- LA CENSURA DEL PP.
Una idea inadmisible.
El Gobierno sugiere un debate que llevaría a coartar la información de procesos judiciales.
Muy desbordado debe de sentirse el Gobierno con la gestión de los casos de corrupción y fraudes cuando su ministro de Justicia, Rafael Catalá, se permite sugerir la implantación de sanciones para los medios de comunicación que publiquen datos de asuntos que se encuentran bajo investigación judicial, incluso la prohibición de difundir sumarios judiciales. Esas ideas constituyen otro jalón en la cadena de dislates en que está incurriendo un Ejecutivo manifiestamente nervioso. La propuesta equivale a restablecer la censura en un amplio número de temas sensibles como remedio para evitar la circulación de noticias que, por su naturaleza escandalosa, pueden incidir en las perspectivas electorales.
Lo peor es que la idea no es nueva. Alberto Ruiz-Gallardón, antecesor de Catalá, ya planteó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretendía facultar al juez para requerir el cese de la publicación de informaciones que comprometieran el derecho a un proceso justo. El intento, aparentemente abandonado, reaparece de la mano de Catalá, quien matiza que no hay un proyecto encima de la mesa, sino que quiere abrir “una reflexión”.
¿Qué clase de debate es el que propone? ¿El de forzar la oscuridad sobre los abundantes casos de corrupción y fraudes en que presuntamente han incurrido numerosos miembros de la clase política, muchos de ellos del Partido Popular? ¿El de cubrir con un manto de silencio el cúmulo de irregularidades observadas en las últimas actuaciones de la Agencia Tributaria; por ejemplo, sobre la fulminante detención y la no menos fulminante puesta en libertad de Rodrigo Rato, ambas confusamente judicializadas?
Por supuesto que las filtraciones interesadas pueden afectar al honor y la fama de los investigados antes de que sean juzgados: sanciónese, por tanto, a los autores de cada filtración. Ni siquiera se ha hecho pública investigación alguna sobre las últimas y enrevesadas fugas de datos que la Agencia Tributaria tiene el deber de custodiar, y en cambio se pretende actuar contra los medios de comunicación.
Los ciudadanos, los políticos también, disponen del derecho a defenderse de las acusaciones que reciban. Lo inaceptable es que los medios queden a merced de la interpretación que el poder decida hacer sobre la presunción de inocencia en cada caso. Esto recuerda a una censura propia del pasado dictatorial, más que al funcionamiento de una democracia moderna.
La inadmisible propuesta conduce a la impresión de que el Gobierno no entiende lo que es la libertad de información (consagrada por la Constitución) ni el papel que desempeñan los medios en una democracia. El político no es el propietario ni el administrador de la libertad de información. El debate y la contradicción van de la mano del pluralismo. Tener que enfatizar estas cosas puede obligar a interrogarse por el estado de las libertades en España.
EditorialEl país 3 0/04/15