El Ayuntamiento no pedirá crédito al Estado para pagar a los proveedores
La medida es posible gracias a la solvente situación económica del municipio · La deuda total asciende a 200.000 euros por lo que no será necesario un plan de ajuste
CARLOS LÓPEZ / HUELVA, BONARES | ACTUALIZADO 08.07.2012
El alcalde de Bonares, Juan Antonio García, en la Casa Consistorial.
La solvente situación económica del Ayuntamiento de Bonares le va a permitir, a su equipo de gobierno socialista, prescindir puntualmente de las participaciones de ingresos del Estado, sorteando así el tener que recurrir al Plan de Ajustes para hacer frente a las obligaciones con los proveedores. En concreto el alcalde, Juan Antonio García, ha avanzado que actualmente la deuda total por este concepto ronda los 200.000 euros, una bagatela en comparación con las deudas que arrastra el resto de corporaciones del entorno y más aún en el contexto de un presupuesto que en este ejercicio asciende a 3.363.147 euros.
El alcalde ha explicado que la decisión de no elaborar ningún plan se ha realizado de forma deliberada como subterfugio para no tener que formalizar ninguna operación de crédito con las distintas entidades financieras del país, puesto que, en caso contrario, será el propio Estado español quien detraerá esos fondos de las participaciones de ingresos del estado que se libera a los Ayuntamientos. La fórmula permitirá ahorrar los intereses de la operación, toda vez que la institución local goza de liquidez para afrontar las nóminas y gastos de la gestión diaria.
En concreto, a Bonares llegan mensualmente por este concepto 85.000 euros, de modo que según García "si se cumple las previsiones y se procede al bloqueo del 50% de estos ingresos, nos retendrán 42.500 euros cada 30 días, lo que quiere decir que en cuatro meses liquidamos esa deuda". Sin embargo, el edil precisó que "en la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) "se está negociando que la cuantía de dicha retención no sea superior al 25%, lo que facilitaría aun más los pagos".
García recuerda que el Estado aún les adeuda 175.000 euros de "la liquidación del 2010", lo que implica que quizás el pago a proveedores se detendrá de los ingresos que aun resta por liberar. El Plan de Ajustes en la provincia de Huelva ha permitido sacar a flote, de la otra economía sumergida, 50.032 facturas impagadas a proveedores que sumaban un montante global de 249.882.098 euros. De forma desglosada esas facturas correspondían a 3.359 empresas de las cuales 997 eran personas físicas, 2.208 pymes y 154 grandes empresas. En la mayor parte de los ayuntamientos de la provincia, los alcaldes han tenido que realizar fuertes recortes, o como eufemísticamente gustan en llamar, ajustes para cuadrar las cuentas públicas y hacer frente a las facturas acumuladas a lo largo de los años en los que se dejaban de pagar a los proveedores para financiar las nóminas de los trabajadores municipales.
