- LA CRUZ DE HACIENDA.

LA CRUZ DE HACIENDA.

Jesús Maraña.

A las doce de la noche de este próximo viernes, 30 de junio, concluye el plazo para cumplir las obligaciones de todo contribuyente con la Hacienda pública. Si toca pagar y, aun teniendo trabajo, la cacareada recuperación económica no le ha llegado a uno de forma tan estupenda como la pintan, siempre puede dividir el pago al fisco en dos plazos, y entonces tendrá que anotar en la agenda la fecha del 6 de noviembre para apoquinar la segunda parte de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a 2016.

Una de las bases fundamentales de cualquier democracia es la credibilidad de su sistema tributario. Durante el periodo de la actual campaña de la renta, iniciada el pasado 5 de abril, los ciudadanos que tenemos la convicción y la costumbre (por otra parte legalmente obligatoria) de aportar nuestra contribución a la caja común hemos conocido algunos hechos que nos llevan (por enésima vez) a encabronarnos muchísimo con las autoridades (in)competentes, hasta el punto de considerar a algunas de ellas, con el presidente Rajoy y el ministro Montoro al frente, como verdaderas cuñas antisistema empeñadas en tomar por imbéciles a los contribuyentes-votantes-ciudadanos.

1.- Hemos sabido que el Tribunal Constitucional, con casi cinco años de retraso, considera ilegal la amnistía fiscal decidida por decreto-ley por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, de la que se beneficiaron 29.683 españoles que regularizaron lo que nos habían sisado a todos los demás al módico precio de abonar el 10% de las cantidades defraudadas y no prescritas. En realidad, Hacienda recaudó menos de la mitad de lo que tenía previsto, una cifra equivalente al 2,63% de la cantidad total evadida entre 2008 y 2010, según los cálculos oficiales de los técnicos de Hacienda.

La inconstitucionalidad estimada (con mucho retraso) debería ser suficiente para que dimitieran de sus cargos quienes dedican mucho más del 10% de su tiempo en el servicio público a reivindicar el carácter sacrosanto de nuestra Constitución. Pero, con ser grave, no es eso lo más indignante del asunto, sino la explicación misma del dislate. Sostiene ahora el Gobierno que lo de menos es la comisión de esa ilegalidad, teniendo en cuenta que la amnistía fiscal era una herramienta imprescindible para “salvar a España de la quiebra”. Tanto Montoro como su superior, Mariano Rajoy, han afirmado en sede parlamentaria que esa “regularización fiscal” sirvió para evitar que la economía española fuera a la ruina definitiva según el criterio de las autoridades monetarias internacionales. No es exagerado escribir que tal afirmación supone tomar por gilipollas a la ciudadanía. La amnistía ilegal supuso una recaudación total de 1.192 millones de euros, menos de la mitad de los 2.482 millones anunciados por el ministro Montoro. Por dar otra cifra redonda, el 97% de los bienes y rentas defraudados en España durante el periodo en cuestión sigue bajo la alfombra. Se permite el ministro de Hacienda la burla de solicitar una ley que prohiba futuras amnistías fiscales, cuando el TC ya le ha dicho que la suya era ilegal. Tan asentada está esa evasión como firmes Rajoy y Montoro en sus puestos pese a las mentiras y ofensas demostradas. (Baste recordar que, según el Banco de España, nunca recuperaremos los 60.073 millones del rescate bancario cuyas condiciones tienen todo que ver con los recortes al Estado del bienestar ejecutados durante los últimos cinco años).

2.- Hemos sabido que la fiscalía de Madrid considera que el futbolista Cristiano Ronaldo ha cometido “conscientemente” un fraude tributario de 14,7 millones de euros contra la Hacienda pública española. Y hemos comprobado posteriormente que el goleador portugués está enfadado, y el Real Madrid, incluso parte de la afición madridista también, como en su día los fans de Lola Flores, porque creen que a una estrella del fútbol (o a una folclórica) no se le puede incomodar con multas millonarias cuando lo da “todo” por su público. Y otra vez se siente uno insultado. Llámense Ronaldo, Messi, Mendes, Pérez o García, pertenezcan al Madrid, al Barça o al Atleti, tienen que pagar hasta el último euro por los beneficios obtenidos de sus derechos de imagen en España, como todo hijo de vecino tiene que apoquinar a la caja común por su trabajo diario. No nos hagan gastar saliva ni tinta en cuestiones de sentido (y caja) común.

3.- Hemos conocido este último viernes los nombres y apellidos de empresas e individuos que componen la última lista de grandes morosos de la Agencia Tributaria (quienes deben más de un millón de euros 'per cápita'). Se trata de 4.549 personas físicas y jurídicas que adeudan 15.400 millones de euros a Hacienda, que sólo ha logrado recuperar desde que hizo público el primer listado en 2015 un 6% del total de la deuda de quienes no pagan. Utilizan trucos legales como los concursos de acreedores o las "derivaciones de responsabilidad" para esquivar la ejecución de pagos.

A ver si me explico: en esa lista de morosos figuran algunos de los apellidos que poseen grandes fortunas en España desde principios del siglo pasado, atravesando restauraciones, dictaduras, repúblicas, nuevas dictaduras, transiciones, democracias… y hasta hoy. Sin que se les mueva una ceja y conservando palacetes, yates y cuentas en paraísos fiscales. A un servidor (y disculpen que personalice) le han retenido durante meses la devolución de Hacienda por una multa de tráfico no recibida y por tanto (provisionalmente) impagada. Y cuando no ha podido afrontar el pago del IRPF ha solicitado un crédito personal. ¿Lo entiende usted, señor Montoro? No me haga risas con esto porque me está insultando personalmente.

El Gobierno de Rajoy y de Montoro sigue explotando su mayor éxito sociológico: convertir en normal lo que es absolutamente inadmisible en una democracia sólida. Si un presidente de partido y de Gobierno fuera sorprendido apoyando y animando a un evasor fiscal confeso (como Luis Bárcenas) estaría políticamente enterrado. Si un ministro de Hacienda decretara una amnistía fiscal que se demuestra ilegal y además inútil, tendría que renunciar a su puesto en el minuto siguiente en lugar de carcajearse del personal sin el menor pudor.

Pero esto es España, un país en el que los grandes morosos pueden seguir obteniendo jugosas adjudicaciones públicas, como es el caso del empresario Miguel Ángel Ramírez. Un país en el que una fe religiosa concreta (la católica) dispone de casilla propia en la declaración de la renta, y que se permite (con los recursos públicos que obtiene) realizar campañas propagandísticas para convencer al personal de que no marque la cruz del “adversario” en los objetivos sociales sino en la suya… aunque el grueso de lo recibido vaya dedicado a sueldos de curas y obispos.

Aportar a las arcas públicas según las posibilidades de cada cual es una de las claves de la solidez democrática. Por eso los más peligrosos antisistema son precisamente los que contribuyen a desacreditar esa máxima. Recuerden estos datos de la cruda realidad: hace una década, las empresas aportaban en España el 22% de la recaudación tributaria, y ahora su contribución supone un 12%. Dicho con otras cifras, los trabajadores y el consumo soportan el grueso de la recaudación fiscal en nuestro país, mientras la mitad de las grandes corporaciones pagan en concepto de impuesto de sociedades 0 euros. Respecto a la media europea, nuestros ingresos fiscales están entre seis y siete puntos por debajo. Dejen de insistir en la falacia de que hay que recortar gastos, porque lo que nos falta son ingresos.

Si hubiera que proponer cruces en las casillas de la declaración de la renta, a uno se le ocurren varias opciones: por ejemplo, la de reforzar los medios humanos y técnicos para luchar contra el fraude fiscal, que sigue doblando la media europea. O una específica que vaya directamente al sostenimiento de la caja de las pensiones, de modo que no quepa la más mínima duda de que el sistema público de jubilación está garantizado. Será un disgusto para los negociantes a corto plazo, pero esa cruz tendrá mucho más que ver con el bien común que la recaudación de una fe religiosa concreta que, a estas alturas del siglo XXI, debería buscarse la vida por su cuenta.

P.D. El ministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha acumulado méritos para renunciar al cargo y para ser reprobado por el Parlamento. Más de 118.000 ciudadanos han exigido ya a través de infoLibre su dimisión tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegal la amnistía fiscal que defendió y aplicó. Pero Montoro tiene un superior, Mariano Rajoy, que sigue necesitando cortafuegos para no asumir sus propias responsabilidades.

- INJERENCIAS PELIGROSAS.

La Agencia Tributaria, la pieza maestra del Estado para combatir el fraude fiscal, está atravesando un periodo de confusión, según los análisis optimistas, o de caos, de acuerdo con los más realistas, debido a la brusca sustitución de varios altos cargos del organismo público desde que se hizo pública la destitución de Dolores Linares. La jefa adjunta de la oficina técnica había rechazado un recurso de la multinacional Cemex, recurso que pretendía anular una sanción de hasta 450 millones por simular pérdidas ficticias para evitar el pago de impuestos. Desde que el nuevo director de la Agencia, Santiago Menéndez, ocupa el cargo ha sustituido a 9 de los 16 miembros del Comité de Dirección de la Agencia, en lo que ya tiene todas las características de una purga política y profesional.

El ministro de Hacienda no contribuye a explicar la situación cuando asegura que los destituidos pertenecían a los equipos del Gobierno anterior. El argumento, que identifica la salida intempestiva de equipos de inspección con cambios directivos rutinarios, es muy débil. La oleada de dimisiones comenzó cuando Dolores Linares fue sustituida por rechazar el recurso de Cemex; existen indicios suficientes de que altos cargos de la Agencia recomendaron que el recurso fuera admitido; las declaraciones públicas de los dimitidos o destituidos, como la del jefe de la Inspección, Luis Jones, insisten en que la dirección de la Agencia no ha seguido los criterios profesionales en ocasiones clave. Las alusiones al caso de Cemex y Nóos son evidentes.

Estamos ante algo más que un simple relevo de cargos directivos socialistas por otros afines al Gobierno actual. Los responsables de la Agencia, y Cristóbal Montoro en primer lugar, deberían examinar con calma las consecuencias que se derivan de las últimas decisiones de la dirección. Por una parte, dan pie a la sospecha de que altos cargos de la Agencia presionaron, con fines espurios, para anular la sanción de Cemex, en contra de la opinión profesional de los equipos encargados de la inspección de la empresa. Una torpeza que compromete la imagen pública de la Agencia.

Aunque pueda despejarse la sospecha de conducta impropia, quedaría en pie el daño mayor. El equilibrio de poderes dentro de la agencia, establecido para salvaguardar los criterios objetivos de la inspección, se ha roto con las injerencias de los responsables políticos en Cemex y Nóos. Hacienda y la dirección de la Agencia parecen decididos a imponer una estricta política de obediencia entre los inspectores, por encima de cualquier otra consideración.

La crisis de la Agencia ha ido tan lejos —los inspectores responsables de casos importantes consideran que se ha maltratado su profesionalidad— que ya no es posible recuperar la confianza de los ciudadanos solo con decisiones administrativas. Es necesario que el ministro y el director de la Agencia comparezcan en el Parlamento para explicar las causas de la crisis; y sería recomendable que los cargos salientes, bien por destitución, bien por dimisión, den a conocer su versión.

- HACIENDA SOMOS TONTOS.

Hacienda somos todos es un eslogan que se ha quedado desfasado, lo que se lleva de un tiempo a esta parte, digamos desde el Pleistoceno, es: Hacienda somos tontos. Los tontos que pagamos y a quienes se nos queda cara de lo mismo.

A los tontos es fácil descubrirnos porque, llegada cierta edad, nos marcan como a ganado, nos fichan de frente y de perfil, nos estampan las huellas digitales primero y encima esa jeta de susto que nos acompañará toda la vida, aunque periódicamente renovada, que la policía no es tonta. El DNI es el ADN de los españoles, un documento preventivo para anticipar el crimen donde viene a decir, brevemente, que cada ciudadano es un malhechor en potencia y que mejor no andarse con historias, que sabemos quién eres y dónde vives. Lo explicaba muy bien Tom Clancy en una novela donde un espía estadounidense quería hacerse un pasaporte español, el hombre se ponía a sonreír al pajarito y el superior le decía muy serio: “No sonría, coño. Un español no sonríe nunca en los documentos oficiales”.

Más o menos la afirmación tiene la fuerza de una ley nacional, porque raro es el paisano que no aparece en el DNI con esa expresión de pésame o infarto con la que solemos cargar aunque la foto sea de un mes atrás, que por algo el carné se imprime en una comisaría. Sin embargo, hay algunos que se libran, no ya de la mueca patética sino del papelito mismo, gente invisible que va por la manga ancha de la vida sin pagar impuestos y que no aparece ni por asomo en la larga, innumerable lista de los tontos.

Por eso mismo, Montoro, que es un lince, se ha percatado de que las cuentas no cuadran y ha decidido montar una lista de listos, valga la redundancia, una lista donde no se le escape ni uno, no como la de antes, que era un coladero total, una red para pescar idiotas. Dice Montoro que ya está bien de fraude, que no entiende tanto sigilo y cautela hacia quienes no cumplen sus obligaciones fiscales. Yo creía que quienes no lo entendíamos éramos nosotros, los tontos. Debe de ser el roce con Hacienda, que hace el cariño.

Mucho ojo, que Montoro, apenas tenga un momento libre, va a ponerse a la tarea, va a pasar lista de listos y quien no tenga hechos los deberes, se va a enterar: a hacer compañía a Díaz Ferrán, que se creyó que vendía una moto cuando vendía una agencia de viajes (esto ya no se sabe si es cosa de tontos o de listos). La lista de tontos puede incrementarse mucho pero todo depende de lo listo que ande Montoro, que puede acabar como el inspector Closeau, persiguiéndose a sí mismo. Pero, por mucho que se haga el tonto, Montoro sigue siendo un listo con tres pisos en Madrid y la dieta por alojamiento intacta. Yo creo que al final tontos, lo que se dice tontos, nos vamos a quedar los mismos.