Una idea inadmisible.
El Gobierno sugiere un debate que llevaría a coartar la información de procesos judiciales.
Muy desbordado debe de sentirse el Gobierno con la gestión de los casos de corrupción y fraudes cuando su ministro de Justicia, Rafael Catalá, se permite sugerir la implantación de sanciones para los medios de comunicación que publiquen datos de asuntos que se encuentran bajo investigación judicial, incluso la prohibición de difundir sumarios judiciales. Esas ideas constituyen otro jalón en la cadena de dislates en que está incurriendo un Ejecutivo manifiestamente nervioso. La propuesta equivale a restablecer la censura en un amplio número de temas sensibles como remedio para evitar la circulación de noticias que, por su naturaleza escandalosa, pueden incidir en las perspectivas electorales.
Lo peor es que la idea no es nueva. Alberto Ruiz-Gallardón, antecesor de Catalá, ya planteó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretendía facultar al juez para requerir el cese de la publicación de informaciones que comprometieran el derecho a un proceso justo. El intento, aparentemente abandonado, reaparece de la mano de Catalá, quien matiza que no hay un proyecto encima de la mesa, sino que quiere abrir “una reflexión”.
¿Qué clase de debate es el que propone? ¿El de forzar la oscuridad sobre los abundantes casos de corrupción y fraudes en que presuntamente han incurrido numerosos miembros de la clase política, muchos de ellos del Partido Popular? ¿El de cubrir con un manto de silencio el cúmulo de irregularidades observadas en las últimas actuaciones de la Agencia Tributaria; por ejemplo, sobre la fulminante detención y la no menos fulminante puesta en libertad de Rodrigo Rato, ambas confusamente judicializadas?
Por supuesto que las filtraciones interesadas pueden afectar al honor y la fama de los investigados antes de que sean juzgados: sanciónese, por tanto, a los autores de cada filtración. Ni siquiera se ha hecho pública investigación alguna sobre las últimas y enrevesadas fugas de datos que la Agencia Tributaria tiene el deber de custodiar, y en cambio se pretende actuar contra los medios de comunicación.
Los ciudadanos, los políticos también, disponen del derecho a defenderse de las acusaciones que reciban. Lo inaceptable es que los medios queden a merced de la interpretación que el poder decida hacer sobre la presunción de inocencia en cada caso. Esto recuerda a una censura propia del pasado dictatorial, más que al funcionamiento de una democracia moderna.
La inadmisible propuesta conduce a la impresión de que el Gobierno no entiende lo que es la libertad de información (consagrada por la Constitución) ni el papel que desempeñan los medios en una democracia. El político no es el propietario ni el administrador de la libertad de información. El debate y la contradicción van de la mano del pluralismo. Tener que enfatizar estas cosas puede obligar a interrogarse por el estado de las libertades en España.
EditorialEl país 3 0/04/15
