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El próximo domingo, día 3 de octubre, si el tiempo no lo impide, se celebrará en la Plaza de España de Bonares, el III DÍA DE LA TAPA, suspendido varías veces por la inclemencias climáticas.
Esperemos que el tiempo aguante y pasemos un buen día degustando las tapas caseras y unas cervecitas.
Pésimo indicador.
JAVIER PÉREZ ROYO 24/09/2010
En democracia se puede discutir casi todo o sobre casi todo, pero no todo. Hayprincipios que no pueden ser siquiera sometidos a discusión porque constituyen el núcleo esencial del consenso en el que tiene que descansar la construcción de toda sociedad y todo Estado democráticos dignos de tal nombre. Los derechos fundamentales no son discutibles. Se podrá discutir respecto de algunos de ellos y no respecto de todos, el alcance con que deben ser reconocidos en el texto constitucional, pero su reconocimiento en cuanto tal no puede serlo. Es la indiscutibilidad de estos derechos lo que nos permite discutir civilizadamente todo lo demás. Sin dicha indiscutibilidad estaríamos en la jungla.
Pero en democracia no solo hay principios que no se pueden discutir, sino que hay temas sobre los que, aunque se pueda discutir, no se debería hacerlo, porque el juicio moral sobre los mismos es necesariamente incontrovertible y su discusión solo puede acabar en posiciones miserables. Su inclusión en el debate político es un indicador de una situación patológica, que debería hacernos reflexionar.
Uno de estos temas debería ser el de la reparación moral de aquellas personas que fueron vejadas en la guerra civil. Cuando tuve conocimiento ayer de la decisión del Gobierno de la Junta de Andalucía de indemnizar a las mujeres que puedan acreditar que fueron salvajemente vejadas durante la guerra o en la década posterior, sentí vergüenza de que a estas alturas del guión todavía no se hubiera producido por parte de la sociedad a través de sus órganos representativos un reconocimiento de la injusticia que se había cometido con ellas y que no se hubiera acordado alguna medida de reparación moral.
Obviamente, no se trata de dinero. No hay manera de indemnizar a una persona que ha tenido que vivir desde la adolescencia con las secuelas de una vejación pública, que no ha podido no dejarle heridas muy profundas. Se trata de que esas personas vean que la sociedad en que ellas actualmente viven levanta oficialmente acta de lo que a ellas les sucedió y reconoce su dolor como un elemento más de los que han contribuido a acabar forjando la democracia que hoy tenemos. Es un reconocimiento de que su dolor no ha sido completamente estéril.
Sobre una reparación moral de esta naturaleza no debería abrirse ningún tipo de discusión política. Si no hay unanimidad ante un hecho como éste, ¿ante qué lo puede haber? ¿Cómo se puede decir, como ha dicho Francisco Granados, consejero en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se trata de una medida "vomitiva", que supone añadir una nueva vejación para las mujeres a las que está dirigida esta reparación moral? ¿Cómo se puede entender que el portavoz del PP en Almería diga que con esta decisión el Gobierno socialista pone de manifiesto que sólo le interesan los muertos como instrumento para hacer política? ¿Cómo pueden traerse a colación los principios de "igualdad y no discriminación", como ha hecho María Dolores de Cospedal, afirmando que, con esta decisión, se está discriminando positivamente a las mujeres que sufrieron vejación en la guerra e inmediatamente después respecto de las que la sufren hoy?
Cuando sobre algo no se puede discutir, porque es de una claridad meridiana y no admite más que una respuesta desde una perspectiva moral, y sin embargo se discute, se acaba desbarrando de manera inevitable. Creo que tanto el presidente del PP en España como el de Andalucía deberían poner fin a una discusión, que nunca debería haber empezado y que no es más que un nuevo indicador de la forma tan poco saludable de debatir políticamente que se está imponiendo en nuestro país.
"Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veamos una tierra nueva". La estrofa pertenece al Canto a la libertad de José Antonio Labordeta, cantautor, político y escritor, que ha muerto hoy en Zaragoza a los 75 años tras una larga enfermedad y una vida repleta de poesía.
El último acto público que protagonizó se produjo el pasado día 6 de septiembre, cuando recibió en su casa a los ministros de Defensa, Carme Chacón, y Educación, Ángel Gabilondo, quienes le entregaron la Gran Cruz de la Orden Civil Alfonso X El Sabio. Este reconocimiento se lo concedió el Gobierno de España, que también le otorgó la medalla al Trabajo, por su sabiduría, su pasión, sus convicciones y su defensa de la libertad y del pueblo.
"Llenó la tribuna del Congreso con momentos memorables de poesía".
La ministra Chacón destacó entonces que este tipo de reconocimientos dan prestigio a quien los recibe, pero hay veces que, por el contrario, el premiado "da prestigio a las distinciones", como es el caso de José Antonio Labordeta.
Una persona, dijo Chacón, que durante toda su trayectoria vital ha puesto voz a la bondad, a la justicia y a la libertad, primero cantando, después "con la mochila a cuestas" y, luego, en la tribuna del Congreso "con momentos memorables de poesía o con una voz más popular".
Labordeta presentó en mayo pasado el último libro que escribió, con el título 'Regular, gracias a Dios', una obra marcada por el cáncer de próstata que le detectaron en 2006, en el que expresa su gratitud a su familia, a los amigos y los sanitarios que le han atendido en esta etapa.
Es un libro escrito "a tajos", dijo en un encuentro con los medios de comunicación, tras volver a su casa después de un tratamiento médico en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, a cuyo personal se lo dedicó, por la dureza que le supuso escribir entre cada estancia clínica.
Su convivencia con el cáncer, "un mazazo que le dan a uno en la cabeza", dijo en una entrevista, está insertada en cada capítulo de este libro, porque Labordeta cree que la gente debería hablar de sus problemas, algunos "dramas muy gordos" al lado de los cuales el suyo "no es nada".
Pero Labordeta, que era catedrático de Filosofía, estaba contento con su vida. "Tengo una mujer que funciona de maravilla, tres hijas, dos nietas, una morena y otra rubia, un yerno que canta muy bien y no cambiaría nada. Tengo muchos amigos, estoy muy contento con lo que me ha tocado", manifestó.
Aún pretendía escribir un nuevo libro de tema policiaco, pero se lo impidió el agravamiento de su salud en los últimos meses, en los que expresó su gratitud por las muchas muestras de cariño y reconocimientos de todo tipo que ha recibido, incluido un homenaje de sus amigos del mundo de la música en el Teatro Principal de Zaragoza, en el que participaron Miguel Ríos, Víctor Manuel, Ana Belén, Rosana o Carmen París.
Si quieres escuchar Canto a la libertad pincha en este enlace: http://www.youtube.com/watch?v=i15eFc_BCu4
CONCHA CABALLERO 18/09/2010
El río Guadalquivir no va entre naranjos y olivos, sino que discurre por los pasillos del Tribunal Constitucional. Un río de tinta ennegrece sus aguas, unas voces ajenas lo pueblan. La sentencia, al parecer, está dictada: el Guadalquivir no es andaluz.
Teníamos que haberlo previsto cuando leímos la sentencia del Estatuto catalán y algunos reveladores votos particulares de este singular tribunal, más preocupado por defender sus convicciones políticas y morales que por el ajuste jurídico de nuestra legislación. En ella, algunos de sus autores exhibían con indisimulado desparpajo, que el Estado de las autonomías no es una forma de Estado con una distribución competencial descentralizadora sino un modelo jerárquico y excluyente.
Consideraba, además, este ínclito tribunal que los artículos de los Estatutos que no sean copia literal del texto constitucional, son una atribución unilateral de competencias o, en el mejor de los casos, una simple declaración de intenciones sin vinculación alguna. Olvidaron, por completo, que los Estatutos están sujetos a una larga y penosa tramitación en el Congreso y Senado, y que su texto definitivo es un acuerdo político y jurídico entre la Comunidad que lo propone y las instituciones representativas de la soberanía nacional.
Claro que el Constitucional suele olvidar demasiadas cosas. Los mismos redactores de estas sentencias, se expresan con términos morales en temas como la nueva ley de aborto. Han estado a punto de paralizar la ley e incumplir sus propias normas. Han escrito afirmaciones tan penosas como que no se puede dejar unilateralmente en manos de las mujeres la decisión de abortar, o que el derecho a la vida es contrario absolutamente a una ley de plazos. Alguno de ellos ha avanzado que, llegado el caso, votará "en conciencia". O sea, que no lo hará por motivos jurídicos ni constitucionales sino por sus creencias, sus perjuicios o su orientación religiosa. Una declaración que en cualquier país democrático sería motivo de escándalo.
Si finalmente, el Constitucional resuelve la inconstitucionalidad de las competencias andaluzas del Guadalquivir, habrá puesto el cartel definitivo de "abandonad toda esperanza". El artículo 51 del Estatuto de Autonomía para Andalucía tuvo varias redacciones para evitar cualquier viso de inconstitucionalidad. Su redacción circunscribió las competencias andaluzas a las aguas, para respetar la unidad de cuenca que exige la legislación. Estableció con claridad que se refería a las aguas que transcurren por el territorio andaluz; concretó que la planificación general, las obras públicas de interés general y la protección del medio ambiente corresponden a la Administración central y, para que no existiera duda afirmó que, todo ello, dentro de lo previsto en el artículo 149 de la Constitución.
Una sentencia contraria a este artículo del Estatuto de Autonomía no estaría fundada en motivos jurídicos, sino estrictamente políticos e ideológicos. En voz baja se argumenta que tras la sentencia del Estatuto catalán, el texto andaluz no puede pasar incólume. Se comenta, también, que la competencia exclusiva sobre el Guadalquivir -aún con todas sus limitaciones- supone un precedente peligroso en la batalla del agua que enfrenta a algunas comunidades. Los argumentos carecen de base jurídica y suponen una manipulación política. Andalucía no ha formado parte de la guerra del agua, siempre ha estado dispuesta a afirmar el criterio de solidaridad y de reparto de recursos. El Guadalquivir no solo transcurre en más del 90% por tierras andaluzas, sino que al hacerlo en su ciclo bajo, ninguna decisión andaluza podría menoscabar el caudal o los aprovechamientos de otras comunidades. ¿Por qué, entonces, mutilar el Estatuto andaluz? Mal asunto cuando los intérpretes de la Constitución consideran que la forma de defender al Estado es humillar a las comunidades autónomas.
